Afirma, en su calidad de jurista, que en el horizonte planea el perdón papal. Navarro-Valls es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
(Distribuido por la agencia Zenit)
Para el hombre medio, el Derecho se asemeja a un enigmático castillo, rodeado de niebla. A veces, esta se disipa, los espectadores se acercan y el telón se levanta. Es lo que está sucediendo con el juicio cuya segunda sesión se tuvo ayer en la Ciudad del Vaticano.
Del singular escenario judicial destaca el Tribunal, que ha pasado de ocuparse de la microcriminalidad habitual (pequeños rateros que actúan entre los turistas vaticanos) a un caso enfocado desde todos los ángulos por las networks internacionales. Un tribunal laico, que utiliza un derecho contenido en el Código penal de la época más liberal de Italia, en el que la dignidad del encausado es defendida con uñas y dientes. Por eso su Presidente ha ordenado una investigación en cuanto se ha hablado de “malos tratos”.
La gravedad del caso enjuiciado no radica tanto en lo que técnicamente se llama “hurto doméstico”, cuanto en la violación de la privacidad de quienes escribían en conciencia a quien debe por su misión evaluar conciencias, esto es, el Papa. Lo ha reconocido con dolor el propio acusado. El “cuervo” vaticano (Paoletto, el mayordomo) es una especie de “Garganta Profunda” que utilizó pólvora de salvas, pues lo robado – y posteriormente filtrado- simplemente trasluce un modo de trabajar en la curia vaticana en la que quien tiene o cree tener algo que decir lo dice o, más bien, lo escribe y lo hace llegar al Papa. Muy distinto a ese cartucho de dinamita que fue el Wartergate, y que explotó en un escándalo que conmovió los cimientos de la presidencia de Nixon.
La abogada defensora está ejerciendo bien su cometido. Se agarra a cualquier posibilidad de defensa. Por eso ha llevado al acusado a hablar de “malos tratos”, lo que desvía la atención del acusado al acusador. Malos tratos muy dudosos, dado que durante todo el tiempo de internamiento, Paoletto dispuso de asistencia legal y médica. También hábil el recurso de negar el delito, pero no los hechos. Un modo sutil de confesar de facto, pero no de iure.
Por lo demás, el horizonte judicial de este proceso apunta al perdón. Cuando Ali Agca fue condenado a cadena perpetua por la judicatura italiana, la intercesión de Juan Pablo II (al que intentó asesinar) favoreció la conmutación de la pena. También ahora, la tendencia pontificia de atemperar la justicia con la misericordia probablemente actuará de nuevo. Por cierto, ustedes se preguntarán por qué el delito del turco Ali Agca – cometido en territorio vaticano - fue juzgado por jueces italianos y éste, el del mayordomo “infiel”, lo es por un Tribunal del Vaticano. La razón estriba en la interpretación judicial de una disposición del Tratado Lateranense (que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano) por la que la Plaza de San Pedro, no obstante ser territorio vaticano, está bajo la vigilancia policial italiana. Si ésta arresta allí a un delincuente, cae bajo la jurisdicción italiana, sin necesidad de autorización de la Santa Sede. No ha sido el caso de Paoletto, descubierto por un puzzle de gendarmería vaticana, comisión de cardenales y el propio secretario del Papa. Por eso, éste ha sido llamado como testigo. Nada del otro mundo, contra lo que parecen sugerir los titulares.
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