Avalan en lo particular reforma d de la Ley Orgánica de EPN

Después de declararse en sesión permanente y haber decidido un receso alrededor de las 16:40 horas de ayer, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública reanudaron su reunión a las 00:30 horas de este jueves, para discutir las reservas, y terminaron a las 4:50 horas de hoy.
Y por fin aprobaron royecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Se dispensaran todos los trámites, se somenterá a discusión y votación
*
Avalan en lo particular reforma de EPN
El dictamen fue aprobado por 41 votos a favor y 11 en contra
Notimex
Ciudad de México  (22 noviembre 2012).-   Después de ocho horas de receso y cuatro de discusión, legisladores de las comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública aprobaron en lo particular por 41 votos a favor y 11 en contra el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La iniciativa, propuesta por Enrique Peña Nieto, considera eliminar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hacer de Gobernación una "supersecretaría" que se haga cargo de la seguridad interior y coordine al Gabinete.
Las 15 reservas que fueron presentadas por el PAN, el PRD y el PT a diferentes artículos del dictamen de la iniciativa que reforma esta legislación fueron rechazadas.
La fracción de los legisladores opositores a estas reservas fue compuesta por miembros del PRI, del PVEM y del Panal.
Sin embargo, los diputados panistas lograron convencer a los integrantes de estas dos instancias legislativas de modificar el artículo 31 fracción I inciso c) y de derogar las fracciones VII y X.
Ello con el fin de evitar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social y se mantuvieran como organismos autónomos.
Por otra parte, la reserva al dictamen elaborado por estos dos grupos de trabajo fue aprobada por unanimidad de votos.
Asimismo, lograron modificar la redacción del artículo 27 para especificar los alcances del uso de la fuerza pública, que finalmente quedará bajo la responsabilidad de la Segob.
La diputada del PAN Elizabeth Yañez Robles detalló que la reserva al artículo 26 se realizó para requerir que pese a la fusión de las dos secretarías se respeten las facultades vigentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en tanto que manifestó su desacuerdo con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En lo que respecta a la transferencia de la SSP federal a Gobernación, la legisladora precisó que su bancada aboga porque se mantengan las atribuciones de la dependencia tal y como se encuentran en este momento, por lo que la medida impediría aumentar, modificar o exceder sus facultades vigentes.
La finalidad, agregó, es que no se violenten los derechos humanos ni las facultades de los diferentes niveles de Gobierno con las nuevas atribuciones a la Segob.
En referencia a la sectorización de Segob y de otras instituciones, que por este decreto se están considerando, apuntó, se deberán respetar los niveles de los funcionarios públicos que realizan las tareas correspondientes.
Los trabajadores concernidos por esta reserva son los subsecretarios, titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos y funcionarios en general, ya que tienen derechos adquiridos, declaró.
Acción Nacional no tomará decisiones sobre la eliminación de la SFP en tanto no exista un organismo constitucional autónomo que favorezca o establezca todos los mecanismos y normas que fortalezcan el combate a la corrupción y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, añadió Yañez Robles.
"Se debilita el sistema de control y fiscalización de la administración pública federal al establecer una dependencia jerárquica y funcional de las unidades de auditoría preventiva con respecto al ente auditado", detalló.
"No hay que olvidar que actualmente la Secretaría (SFP) fiscaliza y controla a entidades y dependencias, pero también a estados y municipios sobre recursos federales, por lo que de aprobarse el dictamen como tal dejarían de realizarse las siguientes acciones".
Entre otras tareas, la SFP se encarga de auditorías a fondos federales en programas coordinados con estados y municipios que hoy se realizan a través de la unidad de operación regional y contraloría social de la dependencia.
"Refrendamos que debe mantenerse a la SFP en los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente y en ese sentido proponemos que en el artículo 26 se incluya a la dependencia dentro de la lista de las dependencias tal como aparece en el texto vigente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", apuntó Yañez.
Sin embargo, la reserva de la legisladora panista fue rechazada por 34 votos y 6 abstenciones.
Al hablar a favor de la reserva al artículo 27 fracción XVIII y XIX de la Ley, el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández enfatizó que el objetivo de modificar este artículo es el de acotar los términos de uso discrecional de la fuerza.
Indicó que debe quedar perfectamente establecido que estas facultades que se buscan endosar a la Secretaría de Gobernación no están sujetas a una interpretación discrecional, por lo que toca a la calificación de los hechos graves y que quede expresamente señalado que son aplicables en términos de ley.
Así como lo correspondiente a la fracción XVIII, que la facultad de reforzar la tarea policial y seguridad en los municipios y localidades, no sea una facultad unilateral del Ejecutivo federal, sino que siempre responda a una solicitud de la autoridad local competente.
Explicó que la reserva busca justamente acotar y limitar estas posibles circunstancias que a su juicio no abonarían en la certidumbre jurídica de la norma que hoy está en consideración.
La diputada panista Esther Quintana Salinas propuso modificar el artículo 32 fracción I inciso c) así como derogar las fracciones VII y X del dictamen de la reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
A la propuesta se sumaron de inmediato legisladores del PRD, PVEM, PRI, Panal, Movimiento Ciudadano y PT, por lo que fue aceptada por unanimidad.
Hora de publicación: 07:08 hrs.
*
En lo general, el dictamen fue avalado ayer por PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, aunque diputados de Acción Nacional tuvieron reservas en lo particular; lo rechazaron PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
En lo particular, se hicieron modificaciones a dos artículos del dictamen. A las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, así como el inciso c, y las fracciones VII y X, del artículo 32.
El primer cambio se aprobó con 37 votos a favor y nueve en contra, a partir de la reserva presentada por el diputado del PAN Alfredo Rivadeneyra Hernández para cambiar las fracciones XVIII y XIX del artículo 27, a fin de acotar el uso de la fuerza pública por parte de la Secretaría de Gobernación.
Para ello, se aprobó la siguiente redacción del mencionado artículo: “Auxiliar del Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios.
Auxiliar cuando así lo requiera la PGR en la investigación y persecución de delitos y disponer de la fuerza pública en términos de disposiciones legales aplicables en situaciones de alteraciones graves de orden público”.
La segunda enmienda se aprobó por unanimidad, luego de que la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) propuso modificar el inciso c y eliminar las fracciones VII y X, del artículo 32.
De esta forma, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Inmujeres no serían sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que mantendrán su autonomía jurídica y económica.
La reserva de la diputada Elizabeth Yáñez Robles (PAN) al artículo 26, para no desaparecer la Secretaría de la Función Pública hasta crear un organismo anticorrupción autónomo, fue rechazada.
El proceso para discutir la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue cuestionado desde un principio de la reunión, encabezada por los presidentes de las comisiones de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), y de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN).
El Partido del Trabajo, en voz de Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que se violentaban los procedimientos, pidió suspender el encuentro de análisis y propuso invitar a la discusión a las comisiones de Desarrollo Social, de Reforma Agraria y de Hacienda.
En la reunión se aprobó el orden del día e inició el posicionamiento de seis diputados a favor de la iniciativa (PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza), y seis en contra (PRD, PT y Movimiento Ciudadano).
Los diputados del PRI, entre ellos el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, José Montano Guzmán, opinó que las reformas buscan fortalecer a la Secretaría de Gobernación, evitarían dispersión de la información delictiva y consolidarían un sistema de seguridad humana, con la prevención como de las acciones.
Los legisladores de ese partido también rechazaron que las modificaciones propuestas deriven en una súper secretaría o que haya un vicepresidente, como se ha dicho”. Frente a ello, el diputado panista Juan Aquino Calvo afirmó: “Estamos de acuerdo en que se trasladen las funciones de la Seguridad Pública a Gobernación, pero que no se utilice a la policía con fines políticos”.
Mónica García de la Fuente, del PVEM, afirmó que reorganizar la Administración Pública pretende modernizar el sistema y la coordinación entre dependencias; en tanto, Luis González Roldán (Nueva Alianza) dijo que establece un esquema funcional de las dependencias federales.

Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) calificó las reformas propuestas como “restauradoras del viejo régimen y recetas del pasado”, con las cuales quieren responder a los retos del presente. Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano), por su lado, advirtió: “si se desmantela a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se dispararía la corrupción”.

En una segunda ronda de posicionamientos, se expresaron a favor Alfonso Robledo Leal (PAN), Francisco González Vargas (PRI), Arturo Camarena García (PVEM), Sonia Rincón Chanona (NA), Simón Valanci Buzali (PRI) y Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI).
En contra hablaron Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) Luis Arias Pallares (PRD), Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) Julio César Moreno (PRD), Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT).
Al concluir esta ronda, se consideró que el proyecto de dictamen había sido suficientemente discutido, se votó en lo general y fue aprobado. La Comisión de Gobernación registró 22 votos a favor y ocho en contra, mientras que la de Seguridad Pública tuvo 19 a favor y cinco en contra.
Los diputados del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PAN emitieron su voto a favor en lo general, aunque el PAN anticipó que tenía reservas en lo particular; legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se expresaron en contra.
Después de declararse en sesión permanente y haber decidido un receso alrededor de las 16:40 horas de ayer, las Comisiones Unidas reanudaron su reunión a las 00:30 horas de este jueves, para discutir las reservas, y terminaron a las 4:50 horas de hoy.