Votación en lo general y particular del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que ya hemos cumplido con este importante requisito consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y a votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia tiene el uso de la palabra don Alejandro Moreno Cárdenas...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, una moción.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Espéreme, señor diputado, no se me alebreste. Mire usted, las mociones suspensivas vienen después de la fundamentación, una vez que el dictamen está a la consideración del pleno. Y lo hacemos con un enorme gusto y afecto, que le daremos el uso de la voz.
Don Alejandro Moreno, tiene usted la palabra para la fundamentación del dictamen. Éste ha sido un viejo debate y siempre se ha resuelto. Por cierto, Juan Pablo Gómez como ponente -tiene usted el uso de la voz.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que hoy presentamos y planteamos aprobar con las modificaciones sugeridas en materia social e indígena, tiene el objetivo de organizar de manera mejor el gobierno para rendir mejores resultados a los ciudadanos, ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo en el que reconocemos el interés y participación de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que aportaron sus puntos de vista y valiosas opiniones en un debate necesario para reformar y analizar todas estas propuestas.
Es una reforma que el Grupo Parlamentario del PRI
ha hecho suya, porque reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo
gobierno, el próximo primero de diciembre es indispensable transformar el
diseño institucional y administrativo para cumplir con los compromisos de
conducir un cambio con rumbo y tener un gobierno y un Estado eficaz.
Entendemos claramente –y así lo hemos manifestado
en el seno de las comisiones dictaminadoras– el loable propósito de adecuar el
marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para
que el gobierno de la República pueda contar con instrumentos legales y
administrativos que le permitan aplicar sus nuevas políticas públicas y
gobernar con eficacia.
En función de lo anterior, comprendemos el
propósito de lograr una coordinación eficaz al interior del Gabinete para tener
una administración eficiente y de resultados, en particular en áreas de interés
general como la seguridad pública y fronteriza, el sistema penitenciario y de
protección civil, y la promoción y defensa de los derechos humanos. Ello habrá
de fortalecer las bases institucionales de la gobernabilidad y la seguridad del
país y renovar las fuentes de cohesión y unidad nacional.
En materia social, la iniciativa tiene como fin dar
un sentido integral a los esfuerzos de la política social, de reducir la
pobreza que lacera y divide al país, y focalizar de manera más eficiente los
programas sociales con las personas como propósito fundamental de acciones,
para así prevenir y eliminar la discriminación y fortalecer la inclusión y la
cohesión social.
A este respecto se ha atendido la preocupación de
los grupos parlamentarios y organizaciones civiles por la propuesta de
sectorización del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional
de los Pueblos Indígenas y acordado que en ambas entidades conserven su estatus
en los términos actuales.
Entendemos también la necesidad urgente de
reordenar el desarrollo territorial, urbano y agrario del país a partir de la
creación de una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, que tendrá como tarea la coordinación con las autoridades estatales y
municipales en las políticas de planeación y ordenamiento de los asentamientos
humanos, la regularización de la propiedad agraria y la concertación con el
sector social, así como la promoción del desarrollo urbano y metropolitano
sustentable y el fomento de la vivienda.
Con el fin de lograr un nuevo sistema de control
gubernamental, se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que
implica la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y la
distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, principalmente en
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de instrumentar una concepción moderna y
honesta de la administración pública con suficientes órganos de control y
facultades de investigación y sanción no para la burocratización, sino para la
rendición de cuentas y el ejercicio transparente del gobierno.
Finalmente, se propone el ordenamiento legal de la
Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la
administración pública centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría
del titular del Ejecutivo federal en la instrumentación de políticas públicas y
otras funciones prioritarias que se le asignen.
Compañeros legisladores, hemos hecho uso de la
política para construir acuerdos en torno a esta relevante reforma
administrativa. En el marco de la división y el equilibrio de poderes,
corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía
popular pedir cuentas de la instrumentación de estas reformas y esperar mejores
resultados para el beneficio de nuestro país.
El objetivo final de esta reforma debe ser el que
le vaya bien a México y a los mexicanos. Que tengamos más y mejores empleos.
Que tengamos más seguridad; que se combata eficazmente la pobreza; que se logre
un crecimiento urbano más ordenado con un mejor desarrollo de las zonas rurales
del país. Todo ello con un gobierno más eficaz, transparente y que rinda
cuentas.
Eso, compañeros legisladores, es lo que espera el
pueblo de México de nosotros. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Y es mucho, don Alejandro.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el artículo 122 del Reglamento permite la
interposición de una sola moción suspensiva; una. No se pueden interponer más.
Sin embargo, esta Presidencia ha sostenido el criterio de permitir que se
presenten varias mociones suspensivas en tanto haya una sola votación de las
mismas.
Luego entonces tiene el uso de la palabra doña
Loretta Ortiz Half, del Partido del Trabajo, de tal suerte de presentar la
primera de las mociones suspensivas. Esta Presidencia le concede tres minutos.
La diputada Loretra Ortiz Half: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el
dictamen aprobado no cumple con los requisitos señalados en las fracción VI,
VII, VIII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Las reformas que se proponen a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, debieron haber sido turnadas a las
comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo Metropolitano,
Vivienda y Hacienda y Crédito Público, entre otras.
Pero además este proyecto de reforma, el dictamen,
es violatorio de varias disposiciones constitucionales. Es decir, es una ley
que pretende reformar a través de este mecanismo, a la propia Constitución.
Es contrario en lo referente al Ministerio Público
por cuanto vulnera un principio fundamental en todos los países modernos que es
la autonomía del Ministerio Público. Y con esta reforma se pretende, por cambio
de palabra, se puede decir auxiliar, coordinar o cambiarla por cualquier
sinónimo que se guste, modificar este término, sigue siendo vulneratorio del
artículo 19 constitucional y del artículo 102 constitucional.
Pero además también vulnera el artículo 124
constitucional por cuanto no se puede coordinar a los ministerios públicos que
ejercen sus funciones en las respectivas entidades federativas, es decir, los
que se destinan a la persecución de los delitos del fuero común.
También en lo relativo a extradiciones vulnera el
artículo 18 y 124 constitucionales y más grave todavía, en lo relativo a
derechos humanos, por cuanto pretende promover y coordinar todas las acciones
relativas a la protección de los derechos humanos, haciendo caso omiso de la
regulación del artículo 102 constitucional que establece que es facultad
precisamente la promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en
su caso también, de las respectivas entidades federativas a través de las
comisiones estatales de derechos humanos.
También vulnera este dictamen y esta propuesta de
reforma constitucional, en lo relativo a seguridad pública, no solamente el
artículo 1o., constitucional, el 29 constitucional y dos disposiciones de dos
tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el artículo 4o; y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Para no excederme el tiempo y que el presidente no
me regañe, acabo aquí esta relatoría de inconstitucionalidades del proyecto de
reforma que se pretende precisamente aprobar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero Presidente, compañeros diputados: en los términos del
artículo 122 del Reglamento de esta Cámara, venimos a plantear que se suspensa
la discusión del dictamen que presentan las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública de esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diferentes
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Lo hacemos porque consideramos que se trata de un
albazo y de un traje a la medida del impuesto. Se está pretendiendo inaugurar
no sólo ya la iniciativa preferente, sino una iniciativa ultra preferente, más
expedita, más express, más rápida, más autoritaria, sin discusión, sin debate,
sin la suficiente asepsia legislativa, con tal desaseo que ni siquiera se dio
vista a las comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo
Metropolitano y Vivienda, entre otras, que son materia también de la presente
iniciativa.
Es tal la prisa que no se cuidan ni las formas
reglamentarias con tal de quedar bien con quien hizo esta iniciativa. Se
utiliza a los grupos parlamentarios del PRI y del Verde como meros recaderos,
como meros mensajeros de la oficina de transición de Enrique Peña Nieto.
En el proyecto que circularon el día de ayer, sin
ningún pudor, sin ningún recato hacían expreso lo que es de todos sabido, que
esta iniciativa se elaboró en la oficina del equipo de transición, y así lo
decían expresamente, hasta que el diputado Alfonso Durazo hizo alusión en la
deliberación en la comisión y ahí lo borraron.
Pero es tal la desfachatez y el cinismo con que
asumen los dictados del impuesto que ahora quieren hacerle un traje a la
medida.
Nosotros no estamos de acuerdo en que se quiera
convertir, como lo pretende el PRI en la lógica más autoritaria, a esta Cámara
como una mera oficialía de partes, como una instancia para aprobar al vapor los
dictados del nuevo tlatoani.
Por eso estamos planteando que se regrese el
dictamen a las comisiones y que se delibere con intensidad una reforma de esta
naturaleza. Tienen tal prisa por asumir y arrebatar el poder que ya se les
queman las habas y quieren estas reformas. Por eso estamos planteando esta
moción suspensiva en los términos del artículo 122.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de
tomarse en cuenta para su discusión las dos mociones suspensivas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si son de aceptarse a
discusión las dos mociones presentadas. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la negativa, presidente.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En este caso tiene el uso de la palabra don Luis Antonio González
Roldán, de Nueva Alianza, para fijar postura.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, la
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy
discutiremos abre una oportunidad para refrendar nuestra vocación democrática y
republicana.
En Nueva Alianza estamos convencidos que la
elección democrática de nuestros gobernantes garantiza estabilidad y
legitimidad, máxime cuando se apega al principio de legalidad.
El presidente electo Enrique Peña Nieto, al recibir
el respaldo mayoritario del electorado mexicano tiene todo el derecho de
proponer el rediseño de los instrumentos legales e institucionales que
considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno.
Por eso manifestamos nuestro apoyo al dictamen en
discusión, vamos a votar a favor. Porque es razonable proporcionar al próximo
gobierno las condiciones institucionales que requiere, para desarrollar sin
menoscabo la gestión gubernamental que la mayoría de los mexicanos le confirió;
irrestrictamente, como grupo parlamentario seremos firmes en la evaluación en
el desempeño y asumimos con responsabilidad republicana en base a nuestro
sistema político basado en la división de poderes, reinando un ánimo de
colaboración y entendimiento para hacer posible un diálogo entre pares que
reporte beneficios al país.
Entre las reformas a la administración pública
federal que se proponen, resalta el fortalecimiento de la Secretaría de
Gobernación.
En los últimos años hemos sido testigos de
múltiples exhibiciones de desorden, falta de coordinación y hasta
confrontaciones entre las distintas dependencias del gobierno federal, algunas
muy graves como la actual pugna entre la Procuraduría General de la República y
la Secretaría de Seguridad Pública.
La necesidad de poner orden en el gobierno federal
es reconocida por propios y extraños, sobre todo en materia de seguridad
pública, seguridad interior y seguridad nacional, porque es un ámbito que si no
atiende de manera responsable y eficiente puede generar zozobra e
ingobernabilidad. En función de ello, nos parece pertinente facultar a la
Secretaría de Gobernación para coordinar al gabinete federal.
En este sentido, la propuesta de transferir las
atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de
Gobernación, parece ser una medida que responde a la urgencia de replantear la
estrategia de seguridad pública que se ha venido aplicando en los últimos años.
En el Grupo Parlamentario de Nueva alianza estamos
convencidos que el desafío de los distintos grupos de la delincuencia
organizada no debe enfrentarse privilegiando el uso de la fuerza policiaca,
sino con una estrategia integral que contemple un intenso trabajo de
inteligencia, golpear a sus enclaves financieros y sobre todo un amplio
programa de prevención y educación que reconstruya los valores cívicos de
solidaridad social y respeto a la legalidad.
La transferencia de la Policía Federal y el
mecanismo de inteligencia denominado Plataforma México a la Secretaría de
Gobernación, debe formar parte de una profunda revisión de la estrategia de
seguridad pública que ha dejado más de 60 mil muertos. Es indispensable que el
grave problema de la inseguridad y la delincuencia organizada se enfoquen en
una perspectiva política, capaz de convocar a todos los sectores a colaborar en
el combate de las causas de inseguridad, asumiendo un uso racional de la fuerza
policiaca.
Para lograr estos objetivos es necesario que el
nuevo gobierno garantice desarrollo social; empleos; educación de calidad;
combate a la corrupción; transparencia y rendición de cuentas. Por ello también
apoyamos los cambios encaminados a fortalecer la política de desarrollo social,
establecer órganos de control en cada dependencia pública y ordenar el uso del
territorio nacional.
Reconocemos el acuerdo político alcanzado entre
todos los partidos políticos para que el Instituto Nacional de las Mujeres y la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conserven su
naturaleza jurídica actual, como organismos no sectorizados.
Saludamos el consenso, el consenso interno y el
consenso interno. Somos convencidos que todo aquello que nace por consenso
tiene por ello mismo vocación de permanencia.
Compañeras y compañeros, Nueva Alianza siempre
estará en la disponibilidad y apertura para el diálogo en la construcción de
los acuerdos políticos necesarios para el bien de México. Exigimos desde esta
alta tribuna que el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación no derive
en el tratamiento autoritario de la seguridad pública interior, que el
fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social sirva realmente para
superar los enfoques asistencialistas de la política social, y no derive en una
nueva versión de clientelismo.
Concluyo, señor presidente. Votaremos a favor del
dictamen en un acto de responsabilidad republicana, como lo exige la ciudadanía
y estaremos pendientes de la buena aplicación de los instrumentos que estamos
otorgando al próximo presidente de la república. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias a usted. Don Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia. El Partido del Trabajo, a través de
un servidor presentó un voto particular en contra. Estoy convencido que la
mayoría de los diputados de la coalición prianista y sus adláteres no lo han
leído, porque desgraciadamente no acostumbran leer lo que aquí debatimos.
La intención era ayudar a orientar esta discusión
porque lo que aquí estamos discutiendo no es cualquier cosa. No es un asunto de
cortesías, como alguien lo planteó ya más al calor del debate, el propio
responsable de dirigir esta coalición, otro de los empleados de quien coordina a
los que gobiernan el país, a esa mafia que hemos denunciado, lo dijo con todas
sus palabras, no es una reforma cosmética.
¿Y por qué lo digo? Porque el diseño de la
estructura institucional que se presenta en el dictamen de la iniciativa que se
discute, prefigura la política pública del nuevo gobierno en materia de
política interior y seguridad pública.
Con la iniciativa de reforma se atribuye a la
Secretaría de Gobernación nuevas funciones. Se dice que para garantizar la
seguridad interior del país y la protección de sus habitantes, para lo cual
coordinará las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del
delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, así como
la información sobre seguridad pública y nacional.
En las nuevas atribuciones de la dependencia
responsable de la política interior, la seguridad interna presenta un tema
sustancial para la gobernabilidad, obviamente en esta coalición de gobierno no
hay el entendimiento a una gobernabilidad democrática, ni les interesa.
Los que los mandan, los extranjeros que dominan
este país, les instruyen, como ahora que van a ir a pedir, ya una vez que ya
cumplieron y aprobaron esta reforma, van a ir a pedir permiso ahora si pueden
poner a algunos de los que van a sugerir al Gabinete. No vaya a ser que los
vayan a tener por allá enlistados en la DEA o en estas cosas que hay por allá.
Yo decía que el enfoque se da a la seguridad como
parte de la gobernabilidad, es el de la criminalización de disturbios o
desorden social, a través de la formulación de una supuesta política criminal
de prevención al delito y la paz y el orden social, para lo cual se podrá
intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que
afecten la seguridad interior. Esto es, se establecen bases para operar desde
el Poder Ejecutivo federal al Estado gendarme.
A partir de políticas de seguridad interna y de
políticas contra el crimen se pretende, cito textualmente: “Coadyuvar a la
prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y
riesgo, y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz pública”.
Hemos argumentado en comisiones, lo vamos a hacer
en el debate particular, cuando menos nueve razones por las cuales no se
debería de aprobar esta reforma. Omitieron ampliarle el turno a comisiones,
como la de Desarrollo Social, Reforma Agraria, Hacienda, Derechos Humanos,
Desarrollo Metropolitano, obviamente los diputados de esas comisiones ni
reclaman porque aquí nada más vienen a levantar el dedo en lo que les ordenan
sus jefes, y eso es contrario a los reglamentos de la Cámara.
Falta –y esto es muy importante- en el debate, el
impacto presupuestal que este dictamen aprueba, violando los reglamentos. Ya
mis compañeros que proponían las mociones hablan hasta de las violaciones
constitucionales a lo que hay referencia.
Invaden funciones en muchas otras leyes y áreas de
gobierno, pero yo insisto, en el debate en lo particular vamos a insistir en
esto.
Yo quiero decirles que ustedes también tienen otro
gran problema, un gran error conceptual al abordar el tema de la tarea de la
reconstrucción del tejido social. Esto no es algo que tengan que reconstruir,
fíjense ustedes, los mexicanos y las mexicanas están inmersos en valores y
principios que a pesar del alto grado de inseguridad y corrupción día a día
luchan por conservar sus relaciones culturales, políticas, laborales o
económicas.
El tejido social ha resistido el ataque del crimen
organizado, el cual ha permeado en la clase política y empresarial de este
país. La tarea, compañeros diputados, debería encaminarse a recuperar la razón
de Estado y atender con justicia y equidad a la población mexicana. Culmino,
presidente.
Yo les decía ayer que ojalá entiendan que lo que
mal empieza mal acaba. Acuérdense de Calderón. Y ahora con el que va a llegar
aquí, ojalá tuviera, es difícil, la capacidad de entender que como está
empezando está empezando muy mal. Y ustedes, pues ni modo, a cumplir.
No es personal, ya también se los dije. Sabemos que
los que mandan denigran la función pública, algunos los apoyan un poquito con
sus formas de ser, pero esto algún día va a cambiar gracias al pueblo de
México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz
por cinco minutos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, nuestra labor como
legisladores debe ser de análisis cuidadoso de los cambios que impactan a
nuestros representados.
No entendemos, por tanto, las razones por las que
esta reforma se esté discutiendo en tan poco tiempo. La iniciativa enviada no
tiene carácter de preferente, aunque de facto es ultra preferente.
Como consecuencia tenemos un dictamen apresurado,
un dictamen poco meditado. Yo les aseguro, sin ofender a nadie, que una gran
mayoría de diputados y diputadas no lo ha leído, se los aseguro. Tienen una
noción de lo que se trata o han leído las reseñas de prensa, pero no saben cuál
es la profundidad de lo que van a aprobar esta tarde.
Me da mucha tristeza escuchar a diputados que dicen
es que tiene el derecho, el que ganó, para diseñar su estructura institucional.
¿Cómo es posible que afirmen que tenga el derecho, por encima de la división de
poderes, conduciéndose como príncipe, conduciéndose como rey o reyezuelo,
imponiendo normas para poder gobernar a un país de lacayos?
¿Cómo puede un diputado afirmar que tiene el
derecho como si fuera estrictamente un fin patrimonialista? Nosotros no
aceptamos esa consideración. Y déjenme decirles por qué. Son varias
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la
relativa a la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública, la Función
Pública y la modificación a reforma agraria.
Recuerdo a Benjamín Franklin y él decía una frase
que a mí me impactó desde hace muchos años, decía él: El hombre que sustituye
la libertad por la seguridad no merece ni recibirá ninguna de las dos.
Por eso ahora que estamos discutiendo en lo general
este dictamen nos parece que es un despropósito. Es incongruente con los
intereses, aspiraciones de objetivos nacionales. Es gravísimo que el miedo al
peligro y la atrofia de las normas pongan a la república entre la espada y la
pared.
Cabe hacer mención especial en que la policía está
y deberá estar al servicio de la justicia, así como al servicio de la
administración general. Este dictamen en comento de ser aprobado generará una
crisis política constitucional de seguridad nacional.
En nuestra opinión la pretensión de poner a disposición
de un órgano político, como la Secretaría de Gobernación, una tropa de policía
prevista de arma de fuego y formada en unidades militares en disposición de
atacar puede convertirse en un ejército de guerra civil, que de manera legítima
puede combatir sublevaciones o manifestaciones civiles, pero de manera
ilegítima también puede ser impuesta para generar problemas internos.
Nuestra tradición interpretada en el Estado es en
forma gráfica. Yo recuerdo a Thomas Hobbes, en el Leviatán, es como –exactamente
la encarnación, los que han leído a Tomas Hobbes– el Leviatán bíblico, que
ustedes lo recordarán muy bien, que al mismo tiempo protege y amenaza a sus
ciudadanos, pero hay que domarlo, atarlo con una cadena de derechos
fundamentales. Y los derechos y garantías contra este Leviatán amenazante,
cuando los ciudadanos se levantan en defensa de su libertad porque el Estado es
aquello que reparte, no se les olvide, tanto esperanza como temor, que cuida y
castiga, pero también cuya omnipotencia hay que romper y conseguir a través de
la ley vigente.
Miren, es tan grave, ciudadano diputado —y solo
termino en un minuto, presidente—, porque lamentablemente, miren a mí me da
mucha tristeza que siempre el tiempo no nos deja ni siquiera debatir.
Yo recuerdo los más grandes debates que mi vida
parlamentaria me formó, aquí los escuché, lo sabe María Elena Algarín, y era
una cosa extraordinaria aprendías mucho de los debates. Hoy ni siquiera tienes
la posibilidad de debatir, son monólogos paralelos.
Pero miren, lo que están aprobando es grave porque
tiene que modificarse cuando menos antes de la aprobación, 11 ordenamientos
jurídicos, los digo rápido: 11, el 21 constitucional, el artículo 73, el 115,
la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, 11
ordenamientos jurídicos que tienen que modificarse antes de aprobar esta ley.
Voy a seguir discutiendo, por fortuna reservamos y
yo quería agotarlo para no molestarlos más tarde; pero reservamos casi todos
los artículos y trataremos de irlo desarrollando y respetándolos a todos.
Pero medítenlo bien. Yo sé que hay abogados serios
y sé que sin ser abogados hay gente con capacidad jurídica que sabe que lo que
estoy diciendo, tengo razón. El propio nombre de gendarmería, tiene que
modificarse antes el 115 constitucional, y muchos otros que iremos discutiendo.
Presidente, lo felicito por las últimas fechas de
su conducción, a pesar que quizás en su partido no lo entiendan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Bueno qué quiere que le diga.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Doña Mónica García de la Fuente, del Partido Verde
Ecologista de México, tiene el uso de la voz.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el
Partido Verde Ecologista de México, ejerciendo su derecho a impulsar
iniciativas de gobierno presentó la iniciativa que hoy generó el dictamen que
estamos discutiendo.
El primero de diciembre próximo dará inicio un
nuevo ciclo político y administrativo con el cambio del titular del Poder
Ejecutivo de la Unión. El entorno es por demás complejo. Pobreza en al menos la
mitad de la población, modesto crecimiento económico y, por ende, precaria
oferta de empleos; y la peor crisis de inseguridad y de violencia que haya
vivido nuestro país.
La oferta política del nuevo presidente de México
debe ser congruente con el marco administrativo que rige la función de las
entidades y las dependencias del gobierno federal. La respuesta a las nuevas
exigencias del México actual y del México que viene, debe encontrar origen y
sustento en la ley.
En erecto, la materia del dictamen que nos ocupa y
que será votado a favor por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, contempla efectos tan relevantes como los siguientes.
Una Secretaría de Gobernación integral que retoma
la conducción de la política de Seguridad en nuestro país, lo que hará posible
una mejor y mayor coordinación que hoy es indispensable para atender los graves
problemas que en materia de seguridad enfrentamos.
Además, la Secretaría de Gobernación –por
instrucción del presidente– coordinará las acciones de los secretarios de
Estado y titulares de las entidades paraestatales cuando las políticas y
circunstancias administrativas o estratégicas así lo ameriten.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
congruencia con sus facultades de fijar las políticas de gasto y organización
administrativa, asume las tareas en materia de vigilancia preventiva del gasto
público, así como las de impulsar de manera permanente políticas y prácticas
que fortalezcan la eficiencia y calidad de la gestión con apego a los
principios de legalidad, eficiencia, eficacia y honradez de la administración
pública federal.
La Secretaría de Desarrollo Social, además de
fortalecer sus facultades y sus políticas para el combate a la pobreza,
coordinará las políticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno de los
grupos vulnerables y fomentará sobre todo la participación de la sociedad
civil.
Asimismo, conforme al espíritu de esta iniciativa
de reorganizar y modernizar la administración pública federal, se transfieren
funciones que tenía la Secretaría de Desarrollo Social en materia de asentamientos
humanos, desarrollo regional, urbano y vivienda, a la Secretaría de Desarrollo
Agrario.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, impulsará, en coordinación con las autoridades estatales y municipales,
la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo
aprovechamiento a través de políticas públicas basadas en criterios de
desarrollo sustentable que armonicen el crecimiento de asentamientos humanos,
la regularización de la propiedad agraria, tierras ejidales, la pequeña
propiedad, el desarrollo urbano con criterios uniformes, el desarrollo de
vivienda y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas
regiones enfocadas en la localidad de cada parte de nuestro país.
Es por todo esto que el Partido Verde votará a
favor, porque así como es legítimo y legal que el Poder Judicial federal pueda
crear órganos jurisdiccionales y el Congreso de la Unión comités y comisiones
para el ejercicio de las funciones, es legítimo que el Poder Ejecutivo pueda
modificar la estructura y las funciones de las entidades y dependencias de la
administración pública, así lo han hecho los dos titulares del Ejecutivo
federal recientes y así también lo ha consentido el Congreso Federal en las
pasadas legislaturas.
Votaremos a favor porque el Partido Verde
Ecologista de México reconoce su corresponsabilidad política en las tareas del
nuevo gobierno, un gobierno más eficaz y mejor organizado, un gobierno que
encabezado por Enrique Peña Nieto transformará al Estado.
Pero también el Partido Verde Ecologista de México
será un garante permanente, un vigilante para que en la práctica esas políticas
públicas a las que hoy les estamos dando un marco legal, se conviertan en
instrumentos para recuperar la paz y la tranquilidad de la gente, que se retome
con fuerza el camino del crecimiento económico y se combata de manera frontal
la pobreza.
De igual manera el Partido Verde estará atento al
impuso de los programas que racionalicen el gasto para que los recursos
públicos se utilicen de manera real y eficaz para el bienestar de todos los
mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias a usted, diputada. Don Fernando
Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Seguimos siendo un país en tensión,
entre el pasado que se niega a morir y el futuro que aún no alcanzamos a
construir.
Monterroso resultó profeta. El dinosaurio no sólo
estaba ahí, estaba más fuerte, coleando, cuando lo encontramos.
Somos una izquierda constructiva pero que tiene
memoria. No olvidamos de dónde venimos, no olvidamos las luchas que hemos dado,
no olvidamos al régimen que hemos combatido desde que el Partido de la
Revolución Democrática nació, pero también desde antes, de otras luchas
fundamentales, de las luchas por la libertad sindical, de las luchas
estudiantiles como la del 68, las luchas de los médicos, las luchas del
movimiento social, urbano, popular, que se enfrentaron a un régimen autoritario
que ahora al menos vemos o vislumbramos su retorno, porque claro que hay
señales ominosas o por lo menos señales preocupantes en la reforma que nos
presentan.
Nos quieren presentar soluciones a problemas del
presente, a las deficiencias del presente con recetas de pasado; pretender
concentrar el poder, no buscan equilibrios, no buscan contrapesos. Va a haber
un triunvirato formado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Hacienda y la Oficina de la Presidencia, tres dependencias con enorme poder y
no encontramos contrapesos.
Y por supuesto el asunto de que Gobernación sea la
que acapare las policías, la inteligencia, la seguridad que nos huele al
pasado, nos huele al viejo autoritarismo. Reconocemos por supuesto que un
gobierno puede organizarse como mejor le parezca.
También sabemos que nuestra función va a ser
vigilar y cuidar que dé resultados ese gobierno. Es parte de nuestra
responsabilidad. Organízate, pero te vamos a exigir resultados. Pero no puede,
en su organización, ni violar la ley, no puede violar la Constitución y no
puede invadir atribuciones de otras entidades, municipios o dependencias.
Por eso vamos a dar una fuerte batalla en lo
particular sobre los puntos que nos parece que son violatorios. Además, quiero
decir que es cierto que nosotros vamos a construir acuerdos, vamos a ser una
izquierda, como digo, constructiva y leal con el país, responsable con nuestros
electores, vamos por supuesto a evitar la regresión autoritaria. Nos van a
encontrar en esta tensión.
Hemos tomado partido desde el principio. Vamos a
empujar la consolidación democrática. Ojalá algún día entienda el partido del
nuevo gobierno que no hay vuelta al pasado, que la gobernabilidad en este país
no la vamos a conseguir concentrando el poder, volviendo a generar dependencias
todopoderosas, que no rinden cuentas y que concentran un enorme poder, sino que
vamos a demostrar que la gobernabilidad está en la pluralidad —ojalá lo
entiendan—, en la construcción de los acuerdos, en la diversidad de este país y
que no hay vuelta al pasado.
Hay algunas cosas que tengo que decir respecto del
dictamen. Primero, reconocer el primer gran triunfo que se dio con esta
iniciativa que fue en contra de un posicionamiento que era inaceptable. Vi como
las mujeres de todos los grupos parlamentarios dieron la batalla para defender
a Inmujeres, defender al Instituto Nacional de la Mujer, la dieron juntas, es
una victoria de todas las mujeres y de los diputados indígenas y de las
diputadas indígenas para mantener su autonomía.
Pero también de la sociedad. No es una victoria de
una persona. No es una graciosa concesión. Fue la fuerza de la sociedad, el
peso de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de distintos
editorialistas, de la opinión pública la que hizo reconsiderar para dar
autonomía.
Todavía no entiendo por qué Sedesol va a tener la
Conapred, que es un asunto de justicia, no de asistencialismo, ni tampoco del
Conavim, que es un asunto de cuidar las recomendaciones de organismos contra la
violencia contra las mujeres. Qué tiene que ver Sedesol en ello. Esto tampoco
es un asunto asistencialista, es un asunto de gobierno, de justicia. Pero
parece que va a haber secretarías consentidas en esto.
Además de este triunvirato todopoderoso, va a haber
secretarías consentidas que más que tener una idea de gobierno lo que quieren
es cumplir caprichos o hacerlo a la medida de algunas personas.
Quiero decirles que es una gran batalla la que
estamos dando los mexicanos por consolidar nuestra democracia, porque la
transición no está concluida, apenas empieza. Vamos a darla con todo el rigor
en esta Cámara. Le vamos a exigir resultados al gobierno y por supuesto vamos,
en todo momento, a cuidar, a vigilar, a denunciar cualquier exceso de poder que
se haga desde estas nuevas instancias de poder porque la verdad es que –con
esto concluyo– Peña Nieto nos dio la razón. Dijimos que era un proyecto
restaurador del pasado autoritario y la reforma que nos presentan nos muestra
que efectivamente ése es su plan de gobierno, pero la sociedad no lo va a
permitir y esperemos que podamos construir un país verdaderamente democrático
con una legislación que de corresponsabilidad a la pluralidad y que lo que se
busque no es con hombres todo poderosos o rescatar a los viejos tlatoanis que
ya no sirven al país. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Doña Esther Quintana, del PAN, tiene el uso de la
voz.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados,
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, desde el primero de
septiembre fijó en esta misma tribuna su voluntad para seguir construyendo el
país que durante 12 años el pueblo de México nos concedió el privilegio de
dirigirlo. Siempre hemos estado, estamos y estaremos abiertos al diálogo.
Creemos en las diferencias de pensamiento y de
visiones. Creemos en la inclusión y en el pluralismo y estamos claros que
pensar de diferente manera no nos convierte en mejores personas. Y precisamente
el mundo ha evolucionado porque hemos pensado, los seres humanos, de manera
distinta. Por eso reconocemos la prerrogativa del presidente electo, de
organizar su gobierno.
Así lo hicimos nosotros, en su momento, y de
nuestra parte no se verán ni hoy ni nunca posiciones mezquinas, porque México
es caro a nuestro corazón, y también a nuestra responsabilidad, y más, pero más
grande que cualquier consideración en otro sentido.
Durante los gobiernos panistas se trabajó para
garantizarle a todos los ciudadanos mayores libertades, derechos y beneficios. De
ahí el cuidadoso análisis del contenido de la iniciativa enviada por el
presidente electo, porque es elemental conocerla para cuidar que no se
propicien retrocesos ni cambios que impliquen poner en riesgo el futuro de los
mexicanos.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
acatamos la voluntad soberana de los ciudadanos que eligieron un nuevo gobierno
en la pasada elección, y por ello en lo general, vamos a votar a favor de la
iniciativa.
Sin embargo –y lo digo con toda claridad–, en
nombre de mi grupo parlamentario tenemos reservas de fondo que no podemos dejar
de señalar y que estimamos que deben ser revisadas y en su caso replanteadas.
Coincidimos con la necesidad de contar con un
órgano constitucional autónomo, responsable del combate a la corrupción. Así lo
hemos propuesto con anterioridad en Acción Nacional y celebramos que el
gobierno que inicia el 1 de diciembre esté dispuesto a atender esa
problemática. Sin embargo, dicha propuesta implica reformas constitucionales
que requieren de un amplio proceso legislativo, por lo tanto no coincidimos con
la desaparición de la Secretaría de la Función Pública hasta que se cuente con
dicho órgano constitucional autónomo.
Celebramos y lo impulsamos porque creemos en él, el
acuerdo para impedir la incorporación del Instituto Nacional de las Mujeres y
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la
Secretaría de Desarrollo Social. Sectorizar estas instituciones no sólo
constituía una regresión, sino también el desconocimiento de la realidad
mexicana y un desdén al espíritu y a los ciudadanos que las fundaron. Por eso
celebré ayer, porque fue lo mejor que pudo pasar, que en este tema fuimos
capaces de ponernos de acuerdo, porque es algo más grande que todos nosotros.
Advertimos que el traslado del Instituto Mexicano
de la Juventud, del sector educativo al social, puede entenderse como un
menoscabo del próximo gobierno para los jóvenes. Los jóvenes de este país
requieren oportunidades, becas y educación de calidad para aspirar a mejores empleos,
no políticas asistenciales. Por ello, Acción Nacional velará porque no se
disminuyan las facultades y funciones de este Instituto y desde esta Cámara, en
pleno ejercicio de nuestras facultades, vamos a procurar y a trabajar para que
este Instituto cuente con más recursos para ampliar sus programas a favor de lo
más grande y bello que tiene este país, que son los jóvenes.
También aprovechamos este momento para convocar a
todas las fuerzas políticas y al gobierno electo, para que transformemos al
Instituto y lo hagamos más de lo que es hoy; la juventud espera y merece más
que un simple cambio de sector.
En materia de seguridad, un tema tan sensible, tan
a flor de piel, votaremos a favor de que se trasladen las facultades de la
Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, pues no
constituye un peligro ni un aumento en sus facultades. El cambio es una
transferencia administrativa y organizacional, pero que quede claro; no es un
cheque en blanco. México ya cambió, no es el mismo de los tiempos hegemónicos;
por eso creemos que sería peligroso utilizar a la policía con fines políticos.
La tranquilidad, la seguridad y la paz de los
mexicanos, al igual que la salud y la vida, son prioridades en Acción Nacional,
para combatir el crimen organizado puede haber distintas estrategia y eso lo
entendemos perfectamente, en lo que sí no transigimos es en que haya pactos ni
claudicación.
Finalmente, no podemos dejar de señalar, de
destacar la importancia de los derechos laborales de los trabajadores de las
instancias que se verán afectados con esta reforma. Los derechos de los
trabajadores son derechos por los que el PAN y los mexicanos hemos luchado, y
tienen que quedar garantizados bajo el imperio de la ley.
Acción Nacional ha sido y es la fuerza política
–termino, presidente– que ha modernizado a México con responsabilidad y con
visión. Le damos la bienvenida a las reformas que velan por el bienestar de
toda la sociedad, y por ello -insisto y subrayo-, aprobaremos en lo general la
iniciativa.
Las reservas que hemos hecho responden a una visión
de responsabilidad con nuestro país, porque como ya hemos dicho antes, no vamos
a permitir que México sea menos de lo que la gente necesita. Es cuanto,
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Y fue mucho. Don Abel Octavio Salgado Peña, del
PRI, tiene el uso de la voz.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados,
al iniciar todo periodo de gobierno es óptimo que uno de los asuntos iniciales
por definir sea precisamente el de la estructura de la administración, con la
que dicho gobierno pretenda impulsar sus políticas públicas y sacar adelante
sus compromisos.
Es por ello, que quienes suscribimos la iniciativa
de referencia que dio origen a este dictamen, integrantes del Grupo
Parlamentario del PRI y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tenemos el
propósito de efectuar cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, parar que el nuevo gobierno pueda contar con las dependencias que le
permitan, desde un principio, cumplir debidamente con sus objetivos
prioritarios.
El objetivo de esta reforma se centra en lo
siguiente:
Garantizar la coordinación del Gabinete, así como
el seguimiento puntual de sus políticas, para que éstas se orienten siempre en
consolidar una administración eficaz y enfocada en resultados.
Generar un nuevo esquema de organización
institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida
protección de sus habitantes.
Dar un impulso integral al sentido de las políticas
sociales, mediante el planteamiento de una estrategia, que además de continuar
combatiendo la pobreza, se ocupe de generar mejores mecanismos de integración
entre mexicanas y mexicanos, de grupos diversos, a fin de consolidar una
sociedad plenamente incluyente y democrática.
Propiciar condiciones de armonía y orden en el
desarrollo territorial del país, para su aprovechamiento óptimo y generación de
bienestar y vida digna en todos sus ámbitos: agrario, urbano, ejidos,
comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas y
desarrollo regional y de vivienda.
Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental,
que a la vez de vigilar la correcta gestión y manejo de los recursos, estimule
prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad en el
desempeño público, eficaz, transparente y honrado de la gestión pública.
De lo anterior, queremos señalar que este proyecto
propone los cambios siguientes en la estructura de la administración pública
federal. Reformas a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, para que
lleve a cabo funciones de coordinación del gabinete por acuerdo del presidente
de la República, condición sine qua non, sería imposible llevarla a cabo.
La intención es unificar la política pública de
seguridad interior en una sola dependencia, como lo es la Secretaría de
Gobernación.
Proponemos la desaparición de la Secretaría de
Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, principalmente las
de la Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de
prevención del delito, se transfieran para su coordinación a la propia
Secretaría de Gobernación.
Las reformas a la Secretaría de Desarrollo Social
que proponemos, tienen como objetivo trabajar en el combate a la pobreza y a
favor de los derechos de diversos grupos para consolidar así una sociedad
plenamente incluyente y sin discriminación.
Proponemos redefinir las atribuciones de la
Secretaría de Desarrollo Social a partir de una nueva concepción del desarrollo
social, que tiene a las personas como propósito fundamental de sus acciones.
Estas nuevas atribuciones buscan construir una
política basada en el desarrollo, la inclusión y la cohesión social. Se plantea
que la Sedesol asuma funciones de coordinación de órganos y entidades que
realizan funciones vinculadas directamente con el desarrollo de las personas
que en algunos casos se encuentran dispersas en el ámbito de varias
dependencias.
Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, tomando en cuenta diversas atribuciones, tanto de la
actual Secretaría de la Reforma Agraria, así como de la Secretaría de
Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda.
En este tema consideramos necesario actualizar y
despojar de intereses políticos, ajenos de la tenencia de la tierra para
transformar sus funciones en un desarrollo ordenado en temas de urbanidad tanto
regional, así como de vivienda.
Creación de un nuevo régimen de control
gubernamental a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva
en las dependencias y entidades de la administración pública federal con
distribución de facultades de la actual Secretaría de la Función Pública en
distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda.
Consolidación de la oficina de la Presidencia de la
República como una instancia cercana al Ejecutivo federal para apoyo y
seguimiento permanente de sus tareas y de las políticas públicas. Esta
atribución para el mejor desempeño de las políticas públicas generadas en la
oficina presidencial.
No es intención, compañeras y compañeros diputados,
minimizar o descalificar los esfuerzos realizados por la administración del
presidente Felipe Calderón Hinojosa en temas de gobernabilidad, seguridad o
política social.
No se trata de ver quién hace mejor las cosas, se
trata de ejercer las atribuciones necesarias para el mejor cumplimiento y
desempeño de la administración pública y sostener un techo mínimo de
gobernabilidad que sea transformado en paz social y tranquilidad para llevar
condiciones de desarrollo y seguridad.
Nuestro objetivo es continuar con este esfuerzo
desde la óptica de la propuesta y el debate político. Bienvenidas las ideas,
bienvenidas las propuestas y bienvenidas las intenciones que reformen la
estructura de la administración pública federal para generar condiciones de
desarrollo, seguridad y estabilidad de los mexicanos. Es cuanto, diputado
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Y, bueno, pues fue mucho.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Miren ustedes, hemos culminado con la fijación de posición. Según la
fracción VIII del artículo 104 cuando hay oradores solamente registrados en un
solo sentido tiene que ser tres. Nosotros tenemos registrados siete. Esta
Presidencia informa que será escrupulosa con el Reglamento, pero preguntará a
la asamblea de tal suerte de si es permisible o no ampliar el número de
oradores.
En principio le vamos a dar la voz a Alfonso
Durazo, luego a Lizbeth Rosas y luego a Rubén Camarillo. El primero de
Movimiento Ciudadano, la segunda del PRD, el tercero del PAN. Tiene el uso de
la voz don Alfonso Durazo.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Don Tomás Torres. ¿Con qué objeto, don Tomás
Torres?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Con el objeto, señor presidente, de que le precise a
la asamblea si es con relación a alguna reserva en lo particular para que sea
señalada y el sentido de la participación de los legisladores. El Partido Verde
Ecologista tiene también participaciones consideradas en el contexto de las
reservas cuando usted nos las anuncie, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Solamente que no estamos en reservas, estamos en el contexto de lo
general. Una vez que se fijan posiciones vamos a tres oradores en un solo
sentido, preguntaremos a la asamblea si abrimos a otra ronda de oradores y esta
Presidencia tendrá la obligación de cantar las reservas, de tal suerte de saber
y estar conscientes todos de lo que vamos a votar en lo general. Adelante, don
Alfonso.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Compañeros diputados, bajo la lógica del botín que
establece que: el que gana, gana todo el PRI y el PAN han impulsado esta
reforma a la administración pública, que pretende entregarle a Enrique Peña
Nieto una administración personalizada.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
rechazamos la propuesta con base en cuatro objeciones principales:
1. El peligro de restaurar a la Secretaría de
Gobernación como una policía política.
2. El riesgo de que al crear una secretaría de
tamaño monstruoso se genere aún más ineficiencia en su operación de la que ya
registra actualmente.
3. La propuesta de sectorizar diversos organismos
autónomos a Sedesol, con el consiguiente retroceso que ello implica, al pasar
de sujetos de derechos a grupos vulnerables.
4. La ausencia de una visión integral en las
modificaciones al régimen de control gubernamental.
Hay que tener claro que al hablar de cambios a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no estamos hablando de la
estructura administrativa del gobierno de Peña Nieto, sino del andamiaje
institucional del Estado mexicano.
Yo recuerdo, y reconozco el sentido de Estado de
los priístas, espero sean hoy congruentes con él. Es legítimo, por supuesto,
que el PRI gobierne bajo sus postulados y prioridades, no lo es en cambio, que
solo pueda serlo con una estructura administrativa personalizada a la pequeña
medida de Enrique Peña Nieto.
Es debido a esta lógica y a los cambios sexenales
que la acompañan que en México no ha cuajado ninguna estructura administrativa,
sencillamente porque no le hemos dado tiempo. La continuidad institucional es
imprescindible para que las estructuras maduren suficientemente su eficacia, de
otra manera la burocracia nunca alcanza su nivel de funcionamiento óptimo y la
experiencia adquirida por los funcionarios públicos se vuelve inservible.
Ahora, si no podemos definir una estructura
administrativa de Estado, imagínense ustedes si vamos a tener capacidad para
definir una política de Estado. Entonces la cuestión a debatir es si la
propuesta de modificación a la administración pública en los términos que ha
sido propuesta resulta útil para el país, no si es políticamente cómoda para
Peña Nieto.
Por ello yo propongo que hagamos un análisis
reprosado y profundo para no volver a cometer el error que se cometió en 2000 y
que hoy supuestamente pretendemos corregir. Hace 15 días pasó por esta Cámara
la Ley de Reforma Laboral, 15 días después se está modificando por la premura
con la que fue aprobada.
El PRI ha pretendido hacer un mérito, la propuesta
de regular la explotación de los pocitos. Lo que sucedió con los pocitos, ésa
gravísima omisión lo estaremos viviendo con esta ley en el transcurso de un par
de semanas. Por eso a nombre de Movimiento Ciudadano, propongo a ustedes, pido
a ustedes, que seamos responsables, que rechacemos esta propuesta con el ánimo
de analizarla a profundidad, pero también con el ánimo de aprobar en lo que
proceda esta estructura administrativa, que en estos momentos no se justifica
en los términos propuestos. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: A usted.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Doña Lizbeth Rosas Montero, del PRD.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el
dictamen que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de
Seguridad Pública de la iniciativa que propuso Enrique Peña Nieto a través de
los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM para reformar diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el resultado de una
visión compartida en lo fundamental por las fuerzas políticas del PAN y el PRI
y que, a través de sucesivas votaciones mecánicas y sin discusión ni debate, ha
dado fondo a temas torales violando el Reglamento de manera flagrante de la
Cámara de Diputados, sin escuchar los planteamientos de descalificación sobre
la serie de propuestas que hicieron los diversos grupos de izquierda
representados en este Congreso, violando el irrestricto orden constitucional de
las leyes que nos representan.
Ese dictamen no solamente tiene el propósito formal
de reorganizar la estructura del gobierno federal, que encabezará a partir del
primero de diciembre, sino también –y éste me parece el punto central de la
discusión que hemos dado al interior de las comisiones y grupos parlamentarios-
es una concentración excesiva de las facultades que tan solo en tres
secretarías de Estado quedan conferidas.
Pero las facultades de la Secretaría de Gobernación
la convierten en una supersecretaría, equiparándola a una jefatura de Gabinete
propia de un sistema semipresidencial con la gran diferencia, compañeros diputados,
de que en otros países donde existe esta misma figura, ésta es electa y
ratificada por la mayoría de su Congreso.
Sin embargo, nuestro sistema jurídico y político no
prevé la figura de quien pueda asumir las funciones para las que fue electo
nuestro titular del Ejecutivo. En los hechos con esta reforma se configurará
una renuncia de las facultades para las que fue electo Enrique Peña Nieto. Si
no quería gobernar, ¿para qué fue la elección entonces?
El uso de la fuerza pública queda sumando, pero
puede intervenir en estados, municipios y en el Distrito Federal ante
situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente, es decir, la tentación
de invadir, compañeros, facultades de estados y municipios en materia de
seguridad, esto ha sido obra también de esta propuesta.
Se da más facultad en la parte coercitiva que la
parte de la verdadera reconstrucción de nuestro tejido social, atendiendo los
diferentes problemas sociales que nos ocupan.
Nos preocupa que al restaurarse la Oficina de la
Presidencia, se pretenda eximir al mismo presidente de encabezar la propia
administración pública federal, como está el texto vigente.
El PRD ha sido una posición de plantear diálogo en
cuanto a nuestros desempeños y por eso hacemos una crítica muy fuerte al
desempeño actual de la Secretaría de Seguridad Pública federal, debido a su
total fracaso en relación a la disminución del índice delictivo y a la propia
ética y actuación de su titular y de sus elementos, lo cual ha redundado en una
inversión gigantesca de recursos financieros del Estado, sin que hasta ahorita
hayamos tenido un solo beneficio para la sociedad.
Expresamos nuestra preocupación en relación a las
funciones eminentemente políticas de a Secretaría de Gobernación y las
funciones que ahora como ejecutor de la política de la seguridad encabeza.
Asimismo no consideramos conveniente que un solo órgano de la administración
sea quien posea el sistema de bases sobre datos criminales.
Por otro lado queremos reconocer que la fuerza
social de la participación organizada de las mujeres, pudo parar la intentona
de subsumir instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y la
Comisión de Pueblos Indígenas, al sector del desarrollo social, ya que resultaba
un fuerte retroceso en materia de transversalidad y equidad del diseño de las
políticas públicas, privilegiando la adición asistencialista y clientelar
contra la izquierda; pero tenemos un serio pendiente, los niños y niñas y los
adolescentes.
Creemos que éste es un paso pero es importante que
tengan su propio órgano de participación.
Compañeras y compañeros, esta propuesta de reforma
es una reforma que marcará al menos a una generación entera de mexicanas y
mexicanos, por eso en el grupo parlamentario del PRD no avalaremos controles
policíacos ni la represión como medida de una simulada gobernabilidad, más y en
aras de dejar patente de que entendemos el propio principio de derecho que les
asiste de organizarse como mejor lo crean y con el ánimo de avanzar, votaremos
no a favor ni en contra, votaremos como una vigilante y escéptica abstención.
En el ejercicio de gobierno habremos de forzar como
si fuera necesario, una corrección y en su caso, expresaremos lo que funcione
de su gobierno y denunciaremos lo ilegal que no cumpla los principios básicos
de una administración pública y buen gobierno.
En el grupo parlamentario del PRD demostramos una
capacidad de diálogo y siempre siendo críticos y propositivos, pugnaremos
siempre por ser punta de lanza de mejores prácticas de gobierno. Este mejor
ejercicio de gobierno exigiremos, sobre todo con la calidad moral que nos
asiste y los hechos, con el ejemplo de nuestros gobiernos –como es el caso del
Distrito Federal–, siendo fieles contrapesos a los autoritarismo o tentaciones
que puedan ser.
Y avalaremos y pugnaremos por fortalecer a la
Auditoría Superior de la Federación como el órgano eficiente, profesional y
confiable, verdadero evaluador de las políticas públicas de nuestro país, que
sobre todo a los que van dirigidos y por los que nosotros tenemos que
representar. Es por el bien de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Es
cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Y mire que fue mucho. Don Rubén Camarillo, tiene
usted el uso de la voz.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Compañeros y compañeras, buenas tardes. Vengo el día de hoy a
ejercer, de cara a los ciudadanos de este país, el más alto valor al que puede
aspirar un representante popular. Es la capacidad de disentir aun dentro de su
propio grupo parlamentario.
Vengo a honrar una vieja práctica parlamentaria del
PAN. Me refiero al voto de conciencia que consiste en que, cuando en asuntos
trascendentales de la vida nacional en nuestro grupo parlamentario, después de
discutirse y votarse un asunto, quien no esté de acuerdo con lo decidido por la
mayoría tenga la posibilidad de públicamente expresar sus motivos para votar en
forma diferente a lo acordado por el grupo parlamentario.
Es así que de manera sucinta expresaré lo que a mi
juicio no se puede otorgar por una cortesía parlamentaria al nuevo gobierno.
Rechazo, por insostenible, el argumento de que el Ejecutivo tiene el derecho de
libremente decidir la estructura para ejercer sus funciones. Sostengo que la
Constitución prevé de manera muy clara que es responsabilidad del Poder
Legislativo la aprobación de dicha estructura de gobierno.
Por otro lado y en el fondo del asunto, debo decir
con claridad que no puedo estar de acuerdo con la pretendida reforma por las
siguientes razones: primero, no puede ser posible que ahora lo viejo pretenda
ser lo nuevo. Considero que regresarle a la Secretaría de Gobernación la posibilidad
de ejercer el control político a través de la ley del garrote es profundamente
regresivo. El pretender regresarle el control de la policía federal a esa
dependencia lo menos que sugiere es una vuelta al pasado totalitario e
intolerante que se ejerció, desde esa dependencia, en décadas pasadas.
Segundo. Se dice que el nuevo gobierno está
comprometido con el combate a la corrupción. El contenido de esta iniciativa
sugiere exactamente lo contrario. No se puede interpretar otra cosa cuando lo
que se pretende es que ahora las dependencias se autoauditen, es decir, las
unidades de auditoría preventiva dependerán de su titular. De hecho, el auditor
es contratado por el secretario o el director general de dicha dependencia. En
otras palabras, el pretendido combate a la corrupción a mi juicio es sólo una
mentira piadosa para quienes todavía confían en que el nuevo gobierno no es un
cambio, pero en reversa.
Tercero. Los cambios propuestos a la Secretaría de
Desarrollo Social dejan ver claramente una intentona de echar a andar una
maquinaria pro-priista con fines electorales, la concentración pretendida de
facultades para la atención de sectores sensibles de la sociedad como los
jóvenes, las mujeres, los mayores de 70 años, con el objetivo legítimo, sin
duda, del combate a la pobreza, no vaya acompañado de las ya conocidas
prácticas clientelares que los ha caracterizado en el pasado.
No deja de llamar la atención, también, la
concentración de facultades en la ya omnipotente Secretaría de Hacienda o la
pretendida injerencia en el ámbito local en materia de planeación urbana por
parte también de la pretendida Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, solamente por mencionar algunas razones.
Quiero terminar, finalmente, y aquí me dirijo a mis
compañeros diputados de Acción Nacional, quiero solicitarle a mis compañeros
panistas a que ejerzan su voto de conciencia, no pasa nada, está en nuestro
Reglamento, es una vieja práctica parlamentaria del PAN.
Les pido que demos muestra de lo que ha
caracterizado, nos ha caracterizado en una convivencia democrática a quienes
decidan votar a favor, como a quienes decidan acompañarme en este voto en
contra en lo general, a ambos les reitero mi más profundo respeto y
reconocimiento.
Amigas y amigos, en el PAN sí se vale disentir. La
disciplina ciega, esa; esa es práctica de otros. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si está
suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se
encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de
recabar votación nominal.
Esta Presidencia informa, antes de abrir el
sistema, que tenemos la reserva del 7 de don Ricardo Mejía.
El artículo 10 don Ricardo Monreal y don Víctor
Manuel Manríquez González.
El artículo 25 don Francisco Coronato Rodríguez.
El artículo 26, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, don
Rodrigo González Barrios, Yazmín Copete Zapot, Víctor Manuel Bautista López y
Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El artículo 27, Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
Ricardo Monreal, Fernando Belaunzarán, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Lilia
Aguilar Gil, Julio César Moreno Rivera, Marco Rosendo Medina Filigrana, Lilia
Aguilar Gil, José Humberto Vega Vázquez, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Víctor
Manuel Manríquez González.
El artículo 31, José Alfredo Botello Montes,
Magdalena Núñez Monreal, Ricardo Monreal Ávila.
El artículo 32, Lizbeth Eugenia Rosas Montero,
Lilia Aguilar Gil, Luisa María Alcalde Luján.
El artículo 37, Rocío Esmeralda Reza Gallegos y
Magdalena Núñez Monreal.
El artículo 41, Víctor Serralde Martínez, Rodrigo
González Barrios, Yazmín Copete Zapot, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María
Fernando Romero Lozano.
El artículo 44, José Arturo Salinas Garza (para
derogación), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Loretta Ortiz Ahlf.
El artículo tercero transitorio, José Antonio
Botello Montes y Aleida Alavez Ruiz.
El artículo cuarto transitorio, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara.
El artículo quinto transitorio, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara.
El artículo sétimo transitorio, Manuel Huerta
Ladrón de Guevara.
El artículo décimo transitorio, Rodrigo González
Barrios.
El artículo décimo primero transitorio, Alfonso
Durazo Montaño.
La eliminación de un transitorio décimo tercero,
José Arturo Salinas Garza, y
El artículo décimo séptimo, Yazmín Copete Zapot.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos,
para recabar la votación en lo general y de los artículos no reservados, que
son un poco más, poco menos que la mitad de los artículos que tiene el
proyecto. Adelante.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco
minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los
artículos no reservados.
(Votación)
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Estamos en votación, diputado Monreal, permítame.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recuerda a las señoras diputadas y a los señores diputados, que los
reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que
transcurra el tiempo de la votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará
ningún voto.
Se ruega al diputado Rodrigo Chávez Contreras, que
tomó protesta el día de hoy, emitir el sentido de su voto de viva voz, por
favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación
electrónico. Presidente, le informo, se emitieron 333 votos en pro, 50 en
contra y 84 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Aprobado en lo general
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y en lo que se refiere también a los artículos no reservados. Tiene el
uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, para presentar reserva al artículo 7o.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, estamos en contra del artículo 7 de la Ley
Orgánica, donde se establece que el presidente de la república podrá convocar
directamente o a través del secretario de Gobernación.
En los hechos lo que están planteando es un cambio
de régimen político, dándole el nivel al secretario de Gobernación de jefe de
Gabinete o de primer ministro, y esto nos parece que es un subterfugio para
evadir el artículo que regula, en la Constitución, que el poder de la república
recae en un solo individuo.
Sin duda, son tiempos obscuros para el país, varios
elementos así lo confirman. La conversión de la Secretaría de Gobernación en la
Secretaría de la Policía Política como un ministerio de contención y represión,
utilizando los aparatos de seguridad y de inteligencia, como la espada de
Damocles en contra de grupos sociales y políticos, contrarios al gobierno
impuesto, es un mensaje de cerrazón y endurecimientos políticos.
Pretenden crear, en la Secretaría de Gobernación,
un Big Brother, como la novela de George Orwell, para vigilar y controlar la
vida política del país.
Este Frankenstein que quieren crear, no tengo la
menor duda que vigilará al propio Peña Nieto para supervisar que cumpla con los
dictados de los poderes fácticos que lo impusieron y compraron la Presidencia
de la República.
La desaparición de la Secretaría de Seguridad
Pública es el epitafio a la gestión de Felipe Calderón y el epílogo de un
sexenio sangriento.
Vemos además, que el PAN acepta con mansedumbre la
desaparición de esta dependencia en un juego de arreglos y contubernio. No
faltarán ahora gobiernos estatales que presurosos eliminen las secretarías de
Seguridad Pública en un ejercicio de mimetismo y cortesanía vergonzantes.
Sin embargo, el fracaso de la gestión de Genaro
García Luna, quien por cierto ya no podrá comparecer, porque ni siquiera habrá
Secretaría, no debe confundirse con las funciones de la dependencia que le
asignaron.
Separar las funciones de Gobernación y las
funciones policiacas no es en sí mismo un mal diseño institucional. Que
Calderón y su gobierno hayan fracasado no quiere decir que separar ambas
funciones no sea óptimo. Estamos viviendo, sin duda, la restauración del
presidencialismo y del sí señor presidentismo. Sí, señor presidente, lo que
usted diga.
Como parte de una política autoritaria y de
abyección vuelve, sin ninguna limitante, la visión patrimonialista del poder
público y del gobierno federal al concebirlo como algo de su propiedad y
apremiar para que se haga un traje a la medida del nuevo Ejecutivo impuesto por
el dinero.
El presupuesto y el gobierno federal como botín de
guerra, además de la imposición, como piratas van al abordaje del gobierno.
Para ello, lo mismo disponen al pretender correr a miles de servidores públicos
federales del llamado servicio profesional de carrera que pretender aprobar más
rápido que una iniciativa preferente la ley que envió alguien que ni siquiera
ha asumido, todavía, la titularidad del Poder Ejecutivo. Señoras y señores
diputados...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Diputado Tomás Torres, ¿con qué objeto? Detenga el
reloj, por favor.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Para plantear a usted, señor presidente, con la
finalidad de que se dé un desarrollo debido y con apego al Reglamento, le pido
a usted con apoyo en el artículo 114, fracción I, dé trámite a una moción de
orden.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Qué parte del orden reclama.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La exclusión.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): En principio, para que haya atención al orador y por
la otra, está muy concurrida la Mesa Directiva que le acompaña, señor
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Me informa que vienen a darme calidez, la verdad es
que lo que me están dando es compañía. Vamos a continuar con el desahogo. Y la
petición que me están haciendo cuando lleguemos al artículo 27 la someteremos a
la consideración del pleno.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Diputado Torres Mercado.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Si usted ve conveniente el acompañamiento y es usted
quien conduce la asamblea entonces declino, desisto, de la moción y que sea
usted acompañado como usted lo pide.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Le aprecio su gentileza. Y le voy a rogar a mis
compañeros de Movimiento Ciudadano que me acompañen desde sus curules.
Continúe, don Ricardo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias. Señoras diputadas y señores diputados, la Ley Orgánica de la
Administración Pública no se puede reformar a contentillo de cualquier sujeto
por más importante que sea. La Ley Orgánica de la Administración Pública es
para salvaguardar instituciones y ni el gobierno federal ni el presupuesto
público son propiedad de Peña Nieto, ni mucho menos su botín.
Por eso nosotros planteamos que siga la Secretaría
de Gobernación desempeñando funciones inherentes a la política y a la
conducción de las relaciones institucionales, y que la Secretaría de Seguridad
Pública atienda su función con eficacia y sin represión.
Nosotros estamos en contra de que quieran hacer del
secretario de Gobernación un virtual primer ministro, y vamos a estar en
contra. Proponemos que el artículo 7 de la Ley Orgánica se mantenga en su
actual estado, y por esa razón de no obsequiarse esta solicitud estaremos en
contra. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: ¿Dejó alguna reserva? ¿Dejó reserva? Pregunte la
Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite...
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado
Monreal? Usted no me vino a acompañar.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Me da mucho gusto su sentido del humor a pesar de que
al país ustedes lo están desgraciando. –Ya los extrañaba, chiveros.
Presidente, le voy a pedir a mis compañeros, para
eso era la moción de orden, que platiquemos y que posteriormente conversemos
con usted para intentar desarrollar la asamblea en un clima propicio.
Lo único que deseamos es deliberar, debatir y que
los compañeros que se han preparado en varias reservas en los artículos del
dictamen que está a discusión puedan participar. Creo que no habría ningún
inconveniente. Les voy a pedir a los compañeros del Movimiento Ciudadano que
nos sentemos y que ahorita retomemos la conducción con usted, para intentar
ordenar la discusión, creo que a todos nos conviene y además avalo lo que están
haciendo los compañeros del Movimiento Ciudadano.
Pero les hago un llamado para que podamos conversar
y después con usted acordar el orden y el turno que nos corresponde, de acuerdo
con las reservas de los artículos del dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Le aprecio mucho su generosidad. Continúe la
Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a
discusión la propuesta del artículo 7o. presentada por el diputado Ricardo
Mejía Berdeja. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa,
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Tiene el uso de la voz, don Ricardo Monreal, para
presentar reserva del artículo 10... –Perdón.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): ¿Y las abstenciones?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte por abstenciones la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Perdón. Los diputados y las diputadas que estén por abstenciones
(votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores hago un llamado
respetuoso a los coordinadores para que se permita el debate. Cuando actuamos
como oposición a una ley, a un reglamento, a un decreto, lo que menos debemos
pedir es atención y respeto, aun cuando no estén de acuerdo con lo que decimos
o como lo planteamos; pero es facultad de los legisladores hacerlo.
Y si ni esta oportunidad tenemos, quienes
constituimos oposición, es muy triste el papel del Congreso, obstaculiza, frena
o calla el que se expresen voces distintas a la mayoría.
Yo he querido reservar este artículo porque me
parece muy lamentable. Este artículo 10 del dictamen, con proyecto de decreto
que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala entre
otras cosas que la Secretaría de Gobernación en los hechos tendrá preeminencia
sobre todas las secretarías.
Por definición constitucional, el artículo que
comento establece que las secretarías de Estado tendrán igual rango entre ellas
y, por lo tanto, no habrá preeminencia alguna.
Sin embargó, más adelante de este artículo señala:
sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la
Secretaría de Gobernación coordinarás las acciones de la administración pública
federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Es decir, es una disposición
tautológica porque se contradice, primero, al establecer igualdad en las
secretarías y, en seguida, al establecer que por acuerdo del presidente la
Secretaría de Gobernación coordinará el resto de las secretarías de la
administración pública. Por eso proponemos una redacción alterna.
Pero déjenme decirles que lo que estamos
discutiendo es muy grave. De verdad, compañeros, si ni siquiera nos permiten
discutir y debatir por fracción lo que nosotros consideramos es irregular y
adolece de constitucionalidad en el dictamen, qué lamentable sería que se
aprobara sin siquiera escuchar nuestros argumentos.
Me alegra también que dentro de los partidos
políticos haya voces independientes que estén reflexionando en torno al
instrumento jurídico que intentamos o pretendemos crear con el voto en contra
nuestro.
Miren, en principio esta iniciativa debió haberse
turnado –por la práctica parlamentaria y la experiencia legislativa que modestamente
cuento– a la Comisión de Gobernación, sí; de Puntos Constitucionales, pero
también de Derechos Humanos, de Justicia, de Seguridad Pública y de Defensa
Nacional. ¿Por qué razón? Debido a la multicitada iniciativa, esta iniciativa
impacta a todo el sistema de seguridad y justicia.
Yo sólo voy a referir lo que no pude hacer hace un
rato. Sólo les voy a referir técnicamente por qué razón debió haberse turnado a
estas comisiones y además cómo impacta a disposiciones constitucionales pero
también a leyes generales que es necesario revisar antes de aprobar este
dictamen y que lamentablemente de técnica legislativa es un error grave lo que
intenta hacer la mayoría por las prisas.
Entre otras modificaciones y ordenamientos
jurídicos que tienen que revisarse para darle congruencia a la nueva redacción
que contiene el dictamen, está el artículo 21 constitucional vigente y
reformado en tránsito de implementación; el artículo 73, fracción XIV, relativo
a facultades del Congreso para levantar y sostener a las instituciones armadas
de la unión, a saber Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y
para reglamentar su organización y servicio; el artículo 115 constitucional; la
Ley de Seguridad Nacional; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Código Penal Federal;
el Código Penal de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República en su artículo 22, que en su fracción III establece
como auxiliar directo del Ministerio Público federal, en términos del artículo
21 constitucional; la Policía Federal; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea, en su artículo 1o., que establece que el Ejército y la Fuerza Aérea
Mexicana son instituciones armadas permanentes, que tienen las misiones
generales siguientes: defender la integridad y garantizar la seguridad interior
y en el artículo 2o., sobre las misiones enunciadas, la Fuerza Aérea y el
Ejército, que en forma conjunta con la Armada, forman parte de todo el sistema
de justicia del país.
Por esa razón nosotros consideramos que las prisas,
la premura, el exceso, el patrimonialismo, esta teoría del botín, está llevando
a crear leyes imperfectas, con vicios graves en su creación que pueden ser
combatidas por la vía jurisdiccional y que me temo las vamos a combatir.
Pero no es necesario hacerlo si nosotros con
cuidado realizamos con seriedad también una reflexión en torno a lo que estamos
creando.
No debería incluso del gobierno apresurarse en
constituir estos instrumentos jurídico constitucionales porque tarde que
temprano van a ser impugnados y van a resultar, va a ser claro el resultado de
ineficacia que éstos tienen.
Por cierto, presidente, concluyo, por cierto, le
podría preguntar, presidente, si usted como Presidente de la Mesa Directiva ha
autorizado para que personal del Estado Mayor Presidencial esté dentro del
recinto, de este Congreso, de esta Cámara de Diputados. He visto a personal del
Estado Mayor ya dentro de la institución; sucede siempre, no me extraña, es lamentablemente
una tradición histórica y política que días antes ocupan, de hecho ocupan,
invaden nuestro recinto fuerzas armadas, fuerzas del Estado Mayor Presidencial.
Le pediría respetuosamente si usted ha dado la
autorización para que personal del Estado Mayor Presidencial esté dentro ya del
recinto; les han dado algún distintivo, no les han dado gafete, pero incluso
tenemos las fotografías de ellos, para que vean que no estoy hablando simple y
sencillamente. No tienen remedio, trata uno de hablar con seriedad, pero el
Bronx se impone, no tienen remedio. De veras, qué lástima, qué lástima que no
tengan la capacidad de escuchar; no todos, no generalizo, porque veo a gente
que escucha con respeto a pesar de que puedan no coincidir conmigo. Pero qué
lamentable, les hace ver mal a la asamblea. Los jóvenes que nos visitan cómo
creen que se van. Esos jóvenes que invitan ustedes, estudiantes, que los saludo
con afecto. Pero cuando crezcan no sean como los que gritan y chiflan, mejor
debatan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si la
propuesta de don Ricardo Monreal se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión
la propuesta presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila relativa al
artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: ¿Abstenciones?
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: ¿Abstenciones? No hay, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Manríquez
González, del PRD, para presentar reserva del 10.
El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
quiero poner ante ustedes las razones a considerar para modificar la redacción
del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La democracia en México ha significado la
construcción de pluralidad. Mediante las reformas a las leyes se ha logrado el
reconocimiento de que México no es un país de un solo individuo ni un solo
grupo ni de un único proyecto de país.
En otras cosas, el tránsito a la democracia
posibilitó en nuestro país el desmantelamiento de las estructuras de represión
política propias de los regímenes autoritarios y dictatoriales como el
nacionalsocialismo o el fascismo.
Por ello no debemos permitir una regresión hacia
formas de control político que socaven el ejercicio pleno de los derechos
civiles y políticos.
En consecuencia, el artículo 10 de la Ley orgánica
de la Administración Pública Federal que propone el presidente electo de facto
le otorga una preeminencia y control sobre las otras secretarías, pero al mismo
tiempo lo pone en estado de excepción jurídica al negar el reconocimiento de
este hecho.
Entre estas facultades se encuentra por ejemplo la
coordinación del gabinete presidencial, la interlocución del gobierno federal
con los poderes legislativos, niveles de gobierno, partidos políticos y otros
actores del sistema político. La dirección y coordinación de la seguridad
interior, la coordinación de los cuerpos policiales de resguardo fronterizo y
del sistema penitenciario.
Compañeros diputados, si esto no es preeminencia
entonces qué es.
El Secretario de Gobernación es de facto el jefe de
gabinete y se le impide que rinda cuentas a la sociedad en tanto no exista una
negación formal de sus funciones.
Es cierto, consideramos prudente que el gobierno
tenga la posibilidad de estructurar la administración que encabezará. Sin
embargo, esto no es pretexto para que se cometan abusos. Por tanto, es muy
importante resaltar que el Secretario de Gobernación si está por encima de las
otras secretaría del Estado haciendo esta aclaración, es pertinente señalar la
responsabilidad que le toca a cada funcionario como parte de la administración
pública.
Por estos argumentos le solicito a toda las fuerzas
políticas representadas en esta Cámara, su consideración para modificar la
redacción del artículo décimo y evitar una contradicción legal.
Quiero reiterar que esto no va en detrimento de la
reforma que propone el presidente electo, sino que deja en claro las
responsabilidades que le tocan a cada quien, principio fundamental para le
ética dentro del servicio público.
Quiero recordar a ustedes que también hay
democracias que han sido derrocadas por mayorías avasallantes. La propuesta que
se hace es una propuesta no de cambio de redacción, sino es una propuesta que
se modifique el orden que tiene esta redacción, porque el artículo 10o. dice, o
la propuesta es: Las secretarias de Estado tendrán igual rango y entre ellas no
habrá, por lo tanto, preeminencia alguna sin perjuicio de lo anterior, por
acuerdo del presidente de la República. La Secretaría de Gobernación coordinará
las acciones de administración pública federal para cumplir sus acuerdos y
órdenes, es lo que propone la comisión.
Nosotros estamos proponiendo que diga el artículo
10o.: Por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación
coordinará las acciones de la administración pública federal para cumplir sus
acuerdos y órdenes.
Las demás secretarías de Estado tendrán igual rango
y entre ellas, no habrá por lo tanto preeminencia alguna. Es la misma
redacción, nada más con el cambio de órdenes. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta del señor diputado.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión
la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Manríquez González,
relativo al artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Abstenciones
(votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: En sus términos. Don Francisco Coronato Rodríguez,
tiene el uso de la voz para presentar reserva del 25.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
A nombre propio y de los integrantes del grupo
legislativo de Movimiento Ciudadano, procedo a presentar al pleno de esta
asamblea la siguiente reserva al artículo 25 del dictamen con proyecto de
decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al
tenor de lo siguiente:
Como bien sabe, el artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo,
fracción I, que toda la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública, y solo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los
términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad.
Por otra parte, el artículo 8º de la misma Carta
Magna nos consagra uno de los derechos fundamentales, como es el derecho de
petición, que constriñe a toda autoridad –reitero, en forma obligatoria- a dar
respuesta cuando ésta es solicitada en forma escrita y respetuosa, debiendo
hacerlo expresamente. Así lo señala en breve término, sin embargo, el espíritu
del cambio del artículo 25 contenido en el dictamen, implica reorganizar la
estructura orgánica y de acceso a la información de la administración pública
federal, condicionando cualquier entrega de solicitud de informe requerido por
algún secretario de Estado o la oficina de la Presidencia, a lo que determine
la Secretaría de Gobernación. Esto es, a lo que ésta considere en forma
unilateral.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de
toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los
órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra
entidad federal.
Además, exige a todos los sujetos obligados a hacer
pública toda la información que se considere de utilidad o relevante,
resultando como consecuencia dicho precepto del presente dictamen no sólo
contrario a preceptos constitucionales, sino a instrumentos normativos e
incluso propicia violaciones a derechos humanos de gobernados, implícitamente.
Es por ello que el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
muestra su profundo rechazo a la presente modificación, el acceso a la
información pública es, sin duda, una conquista social y un derecho como bien
saben, consagrado en los tratados internacionales, así como en la propia Carta
Magna, y como consecuencia estos tratados son también ya norma suprema para las
y los mexicanos.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración
de la asamblea la siguiente reforma; que se propone que la redacción se
mantenga igual que en la Ley vigente. Esto es, se mantiene que las secretarías
de Estado, cuando necesiten informes, datos o la cooperación técnica de
cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. Es
cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia saluda
con mucho afecto a los estudiantes de la FES Acatlán y Aragón. Servido, don
Carlos Barroso, compañero twittero.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta del diputado Coronato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Francisco Coronato Rodríguez, relativa al artículo 25. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Diputadas y diputados por la abstención (votación). Señor
presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Doña Elizabeth Oswelia Yáñez
Robles, tiene usted el uso de la voz para presentar reserva del 26. Doña Betzi,
de Celaya.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita
diputada Elizabeth Yáñez Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, me permito presentar ante esta soberanía, la reserva del
artículo 26 del dictamen por el que se reforma y derogan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta reserva al artículo 26 se realiza por el
Partido Acción Nacional, para manifestar que en referencia a la Secretaría de
Seguridad Pública se requiere respetar sus facultades vigentes y que no se
comparte la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior bajo las siguientes consideraciones:
En lo que respecta a la Secretaría de Seguridad
Pública, en el traslado de ésta a Gobernación, debe garantizarse el que se
mantengan todas y cada una de las atribuciones y facultades tal y como se
encuentran en este momento, por lo que la medida impediría aumentar, modificar
o exceder sus facultades vigentes.
La razón de lo expresado, es con la finalidad de
que no se violenten derechos humanos ni facultades de los diferentes niveles de
gobierno, con las nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación.
En referencia a la sectorización de la Secretaría y
de otras instituciones que por este decreto se está considerando, se deberán
respetar los niveles de los funcionarios públicos que realizan las tareas
homólogas correspondientes, sean subsecretarios, titulares de unidad,
directores generales, directores generales adjuntos y funcionarios en general,
ya que tienen derechos adquiridos.
Referente a la Secretaría de la Función Pública,
Acción Nacional no tomará decisiones sobre la eliminación de esta dependencia
en tanto no exista un organismo constitucional que favorezca o establezca todos
los mecanismos y normas que fortalecen el combate a la corrupción y el
cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los funcionarios
públicos, condiciones que no se cumplen en la iniciativa presentada.
En consecuencia, reiteramos que la Secretaría de la
Función Pública se conserve tal y como lo establece la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal vigente, por las siguientes razones.
Se debilita el sistema de control y fiscalización
de la administración pública federal, al establecer una dependencia jerárquica
y funcional de las unidades de auditoría preventiva respecto al ente auditado.
Esta estructura generará mayores incentivos para la
corrupción. En Acción Nacional estamos convencidos que es falsa la premisa que
el titular de la entidad es el principal interesado de que la honradez y la
transparencia de la institución se conserven.
No hay que olvidar que actualmente la Secretaría
fiscaliza y controla a entidades y dependencias, pero también a estados y
municipios sobre recursos federales, y de aprobarse el dictamen como tal,
dejarían de realizarse las siguientes acciones.
Auditorías a fondos federales en programas
coordinados con estados y municipios, que hoy se realizan a través de la Unidad
de Operación Regional y Contraloría Social. Imposición de sanciones
administrativas a servidores públicos estatales o municipales. Se dejarían de
conocer las inconformidades que se presenten contra licitaciones que llevan a
cabo estados o municipios. Tampoco se podría sancionar a particulares,
licitantes, proveedores o contratistas que cometen irregularidades con motivo
de actos contractuales, que no son actos de corrupción.
En virtud de lo expuesto en el punto anterior, la
coordinación con las entidades federativas respecto de la vigilancia de los
recursos federales transferidos a éstas, prácticamente desaparecerían con la
consecuente pérdida de control.
Por lo ya expresado, Acción Nacional buscará la
mejor forma para fortalecer el combate a la corrupción, tema que no tiene
colores sino un sentido de nación.
Refrendamos que debe mantenerse a la Secretaría de
la Función Pública en el texto de los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal vigente, por los motivos ya expuestos. Y solo
le tomaremos la palabra al PRI siempre y cuando exista un análisis de mayor
estudio legislativo, justamente ahora, en esta Cámara hay varias iniciativas
propuestas sobre este tema que ofrecen muy buenas opciones para avanzar en el
combate a la corrupción.
La Secretaría de la Función Pública tiene
facultades que han permitido un avance importante tanto en mejorar el
funcionamiento del gobierno federal como combatir la corrupción.
Los legisladores priistas le están generando un problema
al próximo gobierno al desaparecer esta dependencia sin que antes exista un
órgano que garantice las facultades que la Secretaría de la Función Pública
realiza y que tienen un objetivo claro de mejorar la administración pública y
el tener acciones que combatan y acoten la corrupción.
¿Será esta acción una irresponsabilidad? ¿O estará
perfectamente planeada? Ya que si desaparece la Secretaría de la Función
Pública y no se crea el organismo constitucional y autónomo que proponen, este
próximo gobierno no tendrá ningún órgano de fiscalización y vigilancia ni
mecanismos para rendición de cuentas. Ya termino.
Señores, compañeros priistas, esperamos que su
grupo parlamentario opte verdaderamente por dar muestras de mayor determinación
en la generación de acuerdos y no prosiga, como sucedió ayer y hasta la
madrugada de hoy, en un comportamiento compulsivo y sistemáticamente alevoso,
que no escucha las numerosas violaciones constitucionales y de derechos humanos
incluso en las que se está incurriendo; ni las desastrosas consecuencias
estructurales, jurídica, logísticas, operativas y presupuestales que
experimentará la administración pública federal por la aprobación de un
dictamen entregado tardíamente en una reunión de comisiones unidas, sin
resolver de fondo el combate a la corrupción.
El presidente electo firmó un compromiso con la
transparencia y combate a la corrupción. Las acciones de todos ustedes están
mandando un mensaje totalmente diferente al país.
Y hablando de ello quiero hacer una observación y reflexión
para el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, les invito
a que nos reunamos para tratar de construir una armonía necesaria y certera que
en el juego político de pesos y contrapesos haga sentido y logremos oponer
nuestra fuerza a la absurda y mezquina manera con la que el PRI está
pretendiendo gobernar en esta soberanía, porque ambos queremos lo mejor de
México.
Propuesta: Incluir a la Secretaría de la Función
Pública en el artículo 26 y mantener el artículo 37 como está vigente en este
momento. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite
a discusión la propuesta o las propuestas de la diputada Elizabeth.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Elizabeth Oswelia Yáñez Robles. Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: A ver, secretaria, vuelva a preguntar, por favor,
si se admite a discusión las propuestas de la diputada Elizabeth.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente,
mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Don Rodrigo González
Barrios, del PRD, su reserva al artículo 26. Esta votación se dio en escenario
de mayoría, de minoría y de abstenciones. Si hay algún orador que me quiera
reclamar estoy para escucharlo. Ábrase el sistema electrónico de votación por
tres minutos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del artículo 144 del Reglamento de la Cámara de
Diputados –¿Por cuánto, presidente?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Por tres minutos, para preguntarle a la asamblea
si se admite a discusión la propuesta de Betzi.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ábrase el sistema electrónico por tres minutos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Esta Presidencia no ejercerá su derecho de voto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz, el sentido de su voto, diputados.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Abstención.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 154 votos en pro, 232 en
contra, 44 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Don Rodrigo González Barrios, del PRD, también para
presentar reserva del artículo 26.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Sí diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Permítame un segundo, por favor.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): Señor presidente, cotidianamente este aparatito
moderno, mi votación y mi huella no la registra, siempre tengo problemas para
votar. Como ahorita le pedí la palabra y nada más volteo para aquel lado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Su voto quedó registrado, diputado.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): No, no quedó registrado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Continúe por favor, diputado.
El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, diputado presidente. Previo a la reserva de este artículo 26,
no quiero dejar de hacer algunos comentarios en el marco de la reforma a la Ley
Orgánica para la Administración Pública Federal, porque mantuve una posición en
la Comisión de Gobernación y el día de ayer también –al finalizar hoy en la
madrugada, a las cinco y media de la mañana la aprobación del dictamen
correspondiente.
Yo quiero decirles, ciudadanas y ciudadanos
diputados, que en términos de la composición de la Cámara y en términos también
de cómo se están dando los debates, es sumamente complicado dentro del debate
buscar la manera de convencer de una posición y también de convencer de la otra
posición.
En este caso específico, yo hacía el comentario que
quien va a ser presidente de la República y va a tomar protesta el día primero
de diciembre –seguramente aquí en San Lázaro-, hizo un compromiso por una
presidencia democrática de 10 puntos; y en el séptimo punto señaló –está
publicado, está escrito– que iba a mantener un pleno respeto por el Poder
Legislativo.
Sin embargo, hoy que está planteada esta iniciativa
–que ya se votó esta reforma, que ya se votó en lo general-, prácticamente no
se cumplió –como señalaron ya varios compañeros- el procedimiento
correspondiente.
Yo le preguntaba en esa reunión al presidente de la
Comisión de Gobernación que por qué no nos había entregado cinco días antes el
proyecto de dictamen correspondiente –cosa que no se hizo–. Jamás me dijo si
tenía mi firma de que me había entregado ese documento.
Pero seguramente no es tan grave que él no nos lo
haya entregado. Lo grave es que las y los ciudadanos diputados de esa comisión
finalmente aceptamos autocensurarnos en una circunstancia donde teníamos
derecho y el Reglamento nos amparaba en ese sentido.
No me parece correcta esta circunstancia,
compañeros y compañeras y voy a estar reclamando este tipo de situaciones de
manera permanente porque estamos obligados a hacer respetar la ley; así
protestamos el día que lo hicimos al iniciar esta Legislatura.
Les quiero comentar por qué la preocupación. Y se
los decía también, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, en un proceso
también de elección complicado, el jefe prácticamente de gabinete, el
secretario de Gobernación fue Fernando Gutiérrez Barrios, y en el Partido de la
Revolución Democrática hubo más de 500 asesinatos de compañeros nuestros.
Por eso es la preocupación. No estamos hablando de
oídas en el sentido de lo que pueda suceder si es que llega, además de todas
estas atribuciones que va a tener el secretario de Gobernación, que
prácticamente va a ser un subcomandante de las Fuerzas Armadas porque hoy en
que las Fuerzas Armadas están en la calle, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército
y prácticamente van a depender del secretario de Gobernación y tiene
atribuciones para utilizar la fuerza pública en lo que se le venga en gana,
evidentemente que tenemos una preocupación y ahí están 500 militantes
perredistas que murieron después de que tomó protesta Carlos Salinas de
Gortari. Ésta es la preocupación, no estamos hablando de oídas. Por eso quise
dejar asentado esto.
Y ya para terminar, estoy planteando la reserva al
artículo 26 porque me parece que no debe de crearse la “secretaría de
desarrollo agrario, territorial y de vivienda”, y esa parte que es de Sedesol
debiera de transferirse en este caso específico, a lo que es la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque debiéramos de tener una visión de
futuro.
Todo lo que tiene que ver con colonias, con agua
potable, con drenaje, con industrias, todo, absolutamente todo, todo, todo,
tiene que ver con manifestaciones de impacto ambiental.
Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, por mandato de ley, está obligada a la planificación territorial de
manera ambiental. Por eso me parece pertinente que no se quite la Secretaría de
la Reforma Agraria, que permanezca y en este caso las atribuciones que tiene
Sedesol en términos de vivienda y en términos de territorio, pasen a la
formación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y que se le
agregue también “territorio y desarrollo urbano”. Muchas gracias, ciudadano
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias a usted. ¿Deja su reserva por escrito? Por
ahí déjela. Pregunte la Secretaría a la asamblea... Y no se olvide de sus
gafas, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Rodrigo González Barrios, relativo al artículo 26. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(votación). Diputadas y diputados por abstención. Señor presidente, mayoría por
la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Diputada Yazmín Copete
Zapot, del PRD.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Compañeras y compañeros diputados: las modificaciones a diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en lo
particular del 26 establecen la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano propuesta por Enrique Peña Nieto y no por el PRI.
A todas lucen son inconstitucionales en virtud de
que contravienen el artículo 27 constitucional, fracción VII en su primer párrafo.
Le pediría al diputado Presidente instruya a la Secretaría para que le dé
lectura a ese artículo en esa fracción y que se detenga mi tiempo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Deténgase el tiempo de la diputada y obséquiese la
moción de ilustración. Léalo la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el
asentamiento humano como para actividades productivas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Adelante, diputada.
La diputada Jazmín Copete Zapot: Gracias, diputado Presidente. Como nos podemos dar cuenta, este
precepto constitucional quedará subordinado a la norma secundaria del
desarrollo territorial y urbano que se impondrá con este albazo legislativo.
En la exposición de motivos queda de manifiesto que
en ninguna de las políticas que aplicará la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano se protegerá la figura constitucional de los núcleos de
población ejidales y comunales ni la protección de sus tierras paras el
asentamiento humano y sus actividades productivas.
Al contrario, el objetivo central de esta reforma
ordinaria es la de dividir, fraccionar y enajenar los ejidos sin haber
ejecutado la reforma constitucional del artículo 27, fracción VII. La reforma
es un regalo para los grandes desarrolladores urbanos y turísticos que apoyaron
la campaña del autor de esta reforma.
Esta reforma inconstitucional demuestra el
verdadero rostro depredador que se impondrá en el próximo sexenio. Los datos
estadísticos los proporciona, incluso, la misma exposición de motivos cuando
señala que en México de las 196.4 millones de hectáreas de superficie, poco más
de 100 millones son núcleos agrarios. La suma asciende a más de 31 mil.
En conclusión, el 52 por ciento de la superficie
territorial de México presenta rasgos de carácter agrario, es decir, esta
propiedad agraria, compañeros legisladores, será aniquilada y aplastada por la
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
Para demostrar aún más, compañeros diputados, la
subordinación de la figura jurídica constitucional de los núcleos de población
ejidales y comunales al desarrollo territorial y urbano, sólo basta seguir
analizando los datos estadísticos que nos proporciona la misma exposición de
motivos cuando señala que el censo de población y vivienda de 2010 nos dice que
de los 112.3 millones de habitantes del país, el 62.5 por ciento, es decir,
alrededor de 70 millones de personas viven en 383 localidades de más de 15 mil
habitantes, de las cuales 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas.
Estas 56 zonas metropolitanas en su mayoría tienen
alrededor o colindan con núcleos de población ejidales y comunales. Con la
presente reforma inconstitucional los arrasarán. Los grandes desarrolladores
inmobiliarios, urbanos y turísticos tendrán sumas millonarias de ganancias e
ilícitas como las que obtuvieron en los dos últimos sexenios, incluso panistas,
quienes impusieron la aniquilación de los ejidos.
Los diputados del PAN forman parte de la aplanadora
que ha impuesto los legisladores del PRI en comisiones para no discutir nada y
legislar al vapor. Esta postura la asumen los panistas porque son parte del
gran negocio territorial y urbano de zonas metropolitanas; esto es,
copartícipes del saqueo que le han hecho a la nación en perjuicio de los
mexicanos sumidos en la pobreza.
En las zonas metropolitanas del país por la marcha
del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de
conjuntos habitacionales se convirtieron en avecindados o ejidatarios
contraviniendo la legislación agraria. El objetivo, tener los beneficios del
dominio pleno y mediante esta figura adquirieron las tierras parcelarias y se
las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias.
Los grandes desarrolladores inmobiliarios
realizaron jugosos millonarios negocios con la complicidad de autoridades
municipales y funcionarios de los gobiernos estatales, de los gobernadores
principalmente en el estado de México en los últimos 12 años. Fueron grandes
promotores de beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano
y territorial, específicamente Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto.
La legislación agraria después de la reforma de 92
señala que las sierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico
de la vida en la comunidad ejidal, que esta propiedad es imprescriptible,
inalienable, inembargable. La legislación agraria vigente señala que sólo se podrán
enajenar a terceros si se presenta utilidad para el núcleo de población ejidal.
Esto no sucedió así; los desarrollos urbanos y
turísticos, los desarrolladores acabaron con las tierras de uso común y con las
tierras de asentamientos humanos, en donde por años vivieron los ejidatarios.
En pocas palabras, en estas zonas urbanas y turísticas arrasaron y extinguieron
la propiedad ejidal.
Compañeras y compañeros, por ello solicito a
ustedes se mantenga tal cual el artículo 26 de la Ley actual, y en consecuencia
se siga salvaguardando los intereses de las comunidades ejidales y de los
ejidatarios.
Diputado presidente, agradeceré ponga a
consideración que prevalezca el artículo 26 de la Ley actual. Gracias,
compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a
discusión la propuesta de la diputada Yazmín.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez
Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta
presentada por la diputada Yazmín Copete Zapot, relativa al artículo 26. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
abstención sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Bautista
López, del PRD.
El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. La fórmula que presenta el Grupo
Parlamentario del PRI para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pretende entre otras
cosas, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y subordinar dicha
actividad al desempeño de la Secretaría de Gobernación.
Esa fórmula la conocemos bien en el estado de
México, la utilizó ya Enrique Peña durante todo su mandado y los resultados
fueron tan desastrosos para la población mexiquense, que el propio candidato
del PRI ofreció en la campaña, en la pasada campaña a gobernador –estoy
hablando de Eruviel– en 2011, una medida diametralmente diferente a la que hoy
discutimos aquí.
El compromiso 5 mil 821 del gobernador Ávila fue
crear la Secretaría de Seguridad en el estado de México, y si hacemos caso a lo
que tantas veces señalaron, tanto el presidente electo cuando era gobernador,
así como muchos de los que hoy son diputados del PRI y que fueron diputados
locales en el estado de México, al señalar que era esa estrategia de
compromisos la que convencía al ciudadano para conseguir su voto.
De ser así, la mayoría de los ciudadanos que
votaron en el estado de México por el PRI, 3 millones de mexiquenses, que
sufragaron por el señor Eruviel Ávila, manifestaron su acuerdo con el tránsito
del modelo, de una dependencia de seguridad pública adscrita a la Secretaría
General del Gobierno del Estado, respaldando la propuesta para la creación de
una Secretaría de Seguridad.
Y aquí está la iniciativa diseñada por Enrique Peña
y enviada y presentada por un diputado mexiquense, en un método muy parecido,
por cierto, a la contrarreforma electoral mexiquense, la que en ese entonces se
llamó la Ley Peña.
Hoy estamos discutiendo esta nueva Ley Peña, por lo
que vimos en la reunión de la comisión, ésta medida prosperará. Por eso, al
explicar a la nación el sentido de nuestro voto en contra de esta propuesta, es
más que oportuno esbozar los resultados que nos esperan como consecuencia de
esta medida.
Entre el primero y sexto año de gobierno del señor
Enrique Peña Nieto, en el estado de México, la incidencia delictiva, casos,
creció de la siguiente manera: robo a casa habitación con violencia en un 35
por ciento; robo a empresas con violencia en un mil 300 por ciento; robo a
banco en un 31 por ciento; robo en transporte público en un 328 por ciento;
robo de vehículo con violencia en un 102 por ciento; robo de vehículo sin
violencia en un 45 por ciento. Esos son los verdaderos resultados que en
materia de seguridad pública obtuvo el modelo policial que hoy se discute y el
que se pretende imponer.
Por esa razón, cuando en el estado de México los
que en ese entonces éramos diputados locales, y aquí habremos varios no me
dejarán mentir, entre ellos algunos diputados del PRI, quienes integrábamos los
grupos parlamentarios de la oposición, recibimos la iniciativa del actual
gobernador para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No sólo la recibimos, la discutimos, sino que
también colaboramos a realizar la más profunda transformación legal en la
materia, pero bueno, en el país son tiempos de retroceso.
Y hay otro aspecto que es indispensable considerar.
Como ustedes saben, durante el mandato de Enrique Peña, en el Estado de México,
ocurrieron hechos lamentables, el caso de San Salvador Atenco; que digo
lamentables hechos, la descarada y sistemática represión desatada en contra de
la población de este municipio y diversas personas que se encontraban en ese
lugar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó
los hechos y juzgó que los mandos superiores encargados de planear, organizar y
ejecutar el operativo, eran responsables por acción u omisión de los hechos
ocurridos. Como consecuencia, el titular de la Agencia de Seguridad Estatal,
Wilfrido Robledo Madrid fue removido de su cargo, pero ni el secretario general
de Gobierno ni el propio gobernador, asumieron la responsabilidad que les
correspondía a ellos.
Al primero por ser como se propone, para secretario
de Gobernación, el responsable de la seguridad; y en segundo, porque en ese
diseño institucional rehúya a la obligación que le impone el orden
constitucional de detentar el mandato de la fuerza pública y ser el principal
responsable de la actuación y resultados en la materia.
Con este diseño institucional el próximo presidente
de la República buscará fortalecer un modelo de seguridad en el que los
responsables de dicha función ocupen jerárquicamente un lugar subordinado para
él.
De esta manera, diluir la propia responsabilidad
del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, pero sobre todo, para usar las
corporaciones policiacas con una perspectiva represiva, sin que tenga que
asumir los costos de esta decisión que vulnera la vida democrática, los
derechos humanos y el estado general de derecho.
Pero también representa un repliegue bajo el cálculo de los beneficios políticos que en el estado de donde provengo propició el incremento de la inseguridad y el aumento de responsabilidades a los otros órdenes de gobierno en detrimento de la indispensable seguridad de todos. Esperamos que reflexionen y no consuman esta decisión fallida que puede poner en riesgo el futuro del país en su conjunto.
Por eso vengo a esta tribuna a solicitar que el
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se mantenga
en sus términos. Y como estoy convencido que no va a haber debate, quiero
aludir a mi ex compañero y actualmente compañero, diputado federal José Manzur,
diputado del PRI, quien presentó esta iniciativa de modificación a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, lo quiero aludir, señor
diputado, termino presidente, al igual que usted yo fui diputado local en la
anterior legislatura del estado de México y siendo usted presidente de la Junta
de Coordinación Política recibimos la iniciativa del actual gobernador para
sustituir la Agencia de Seguridad Estatal, dependiente en ese entonces de la
Secretaría General de Gobierno para crear en su lugar la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Usted como presidente de la Junta de Coordinación
Política del estado de México promovió a toda costa la aprobación de dicha
propuesta, que supongo estuvo correcta. Por qué ahora presenta una propuesta
diametralmente opuesta a la que promovió y respaldó con tanta decisión en 2011
para el estado de México. Por su respuesta, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admiten a
discusión las propuestas de don Manuel Bautista.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez
Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta
presentada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, relativa al artículo
26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente,
mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: En sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, tiene usted uso de la voz para presentar su reserva al 26. Y si desea
de una vez presentar su reserva al 27, ya que está en la tribuna.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La atmósfera antidemocrática que se recrudece en el país por estos
días, sin duda acelera la movilidad política en la sociedad y en este mismo
Congreso, en lo que estoy viendo el día de hoy aquí.
En las comisiones he estado planteando, en el
debate, la necesidad de que se mantenga a la Secretaría de Seguridad Pública y
a la Secretaría de la Función Pública en la actual estructura de la Ley Federal
de la Administración Pública.
He oído a los diputados del PAN, he visto a los
diputados del PRD, desde ayer y hoy, y sin duda que, le decía al diputado del
PRI, pues a él le conviene lo que está ocurriendo.
Es muy importante entender que estas leyes son
impactos estructurales a la administración pública, que está violentando a la
Constitución y al propio reglamento orgánico. En particular en esta iniciativa
se omite precisar al responsable de la seguridad pública de la federación, para
efectos del artículo 21 constitucional.
El artículo 12 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional se integra por los
siguientes, conforme a este artículo: el presidente de la República, el
secretario de Gobernación, entre otros el secretario der Seguridad Pública.
Cito lo anterior porque en la fracción XIV del 27
del dictamen se establece como nueva atribución del secretario de Gobernación
la de presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública,
remover a su secretario técnico y designar tanto a quien presidirá como a quien
fungirá como secretario técnico de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario.
Sin embargo, es necesario precisar que la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública forma parte del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se integra por los titulares de las
dependencias encargadas de la seguridad pública de la federación, los estados,
el Distrito Federal; y será presidida por el secretario de Seguridad Pública.
Resultando que la reforma del artículo 27, que
impacta al 26, que se presenta en el dictamen, no propone específicamente o en
forma específica quién será el responsable de la seguridad pública de la
federación. Y además invade competencias del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
Este tipo de aberraciones son las que están
aprobando los diputados de esta mayoría que se está construyendo como en otros
años. Recuerdo mucho el 88, era avasallador el salinato con esta mayoría que
armó, obviamente a través de la defraudación electoral y de corromper a muchos
diputados. Recuerdo en ese tiempo, el frente cardenista, el Partido Popular
Socialista, el PAN, que votaban como hoy veo a algunos diputados hacerlo sin
rubor aquí.
Y digo esto porque igual ocurre en lo del tema de
la Función Pública. Es decir que es importante para el PT que no coincidimos
con la propuesta adicional, las atribuciones de la Secretaría de la Función
Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos en que se
dice en artículos posteriores al dictamen, para reformar la Ley de la
Administración Pública debido a que se convierta ésta en una dependencia
controladora, centralizadora y concentradora de absolutamente todo el ciclo
presupuestario.
La secretaría que manejara el presupuesto en la
federación y también administrara la parte relativa a las auditorías, a través
de auditores preventivos, eliminando la función de la actual Función Pública
del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales ante el órgano
competente; Hacienda será juez y parte.
Por todo esto, nuestra fracción está por fortalecer
la Secretaría de Función Pública, que redunda en una eficiente vigilancia y
fiscalización de los recursos públicos. Y por eso queremos que se mantengan las
dos secretarías en la actual forma de la estructura.
Entendemos la prisa de los priístas, de sus
adláteres, aliados, paleros o como les quieran llamar. Pero no entendemos si de
veras Acción Nacional quiere defender la ley, la Constitución, si los
compañeros de la izquierda estamos por la necesaria defensa de la Constitución,
que estemos votando para facilitarle las cosas a Peña Nieto.
Yo sinceramente lamento mucho que esta atmósfera
antidemocrática nos llegue al Congreso y quisiera que reflexionáramos y en
libertad votáramos a favor de impedir que se consuma el atropello que produce
esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Bueno, no hay reserva y se queda en sus términos.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora bien, es el momento de hacer un corte. Vamos a abrir el sistema
electrónico para votar los artículos 7o., 10, 25 y 26, de tal suerte de
posteriormente pasar a las demás reservas.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres
minutos, a efecto de recabar votación nominal en sus términos de los artículos
7o., 10, 25 y 26.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento
Interior de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres
minutos para proceder a la votación de los artículos 7o., 10, 25 y 26 en
términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los
reportes de fallas en sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra
el tiempo para la votación. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún
voto. Diputada Nieves. De viva voz.
La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 312 votos en pro; 109
en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Aprobados los artículos 7, 10, 25 y 26.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, tiene usted el uso de la voz para presentar su
reserva del 27.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Gracias. Seguimos con esto de la movilidad
política; en particular con la reforma que se presenta ya y, con lo que siguen
votando, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la mayoría de sus
atribuciones se transfieren a la Secretaría de Gobernación, a la entidad
responsable de la política interior. Esto es a la entidad que el Estado
confiere la responsabilidad de la gobernabilidad y de garante de la integridad
de los derechos de las personas.
Se le dota el mando de la Policía Federal y se le
dan atribuciones que determinan políticas y programas públicos para investigar
e informarse de datos en materia criminal. Esto es datos personales de las y
los mexicanos.
La reforma implica aún más; veamos con mucha
atención. La fracción XII del artículo 27, al insertar el concepto de
“seguridad interior”, concepto que no se analiza en el dictamen que se
presenta, por cierto, por lo que no se establecen los alcances del mismo.
La atribución de formular y ejecutar las políticas,
programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la nación
y sus habitantes, puede tener diversas interpretaciones. Veamos por qué.
El término “seguridad interior” se encuentra en el
artículo 89, fracción V constitucional, en el que se determina que entre las
facultades y obligaciones del presidente está la de “preservar la seguridad
nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la
Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Concepto que también se encuentra en el artículo 1
de la ley Orgánica de la Armada de México, en la que se establece que “entre
otras cosas la misión es emplear el poder naval de la Federación para defensa
exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país”.
De igual forma lo encontramos en la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el artículo 1, fracción II:
“garantizar la seguridad interior”.
Este concepto, el de seguridad interior, no se
identifica o ubica en ninguna otra ley en nuestro sistema normativo.
Si la función de garantizar la seguridad interior
se atribuye a las Fuerzas Armadas, de las que podrá disponer el presidente de
la república conforme al artículo 89, procede preguntar lo siguiente: hasta qué
punto o en qué situación las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las
autoridades civiles.
La atribución que se otorga al secretario de
Gobernación para garantizar la seguridad interior ¿le faculta para disponer de
las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles?
Diputados y diputadas, con esta atribución el
secretario de Gobernación podrá disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio de
autoridades civiles lo que ha venido sucediendo con la fallida guerra de
Calderón contra el crimen organizado.
No cuestionamos la legalidad del uso de las Fuerzas
Armadas en auxilio de las autoridades civiles, situación que ha sido definida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado que “las
Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de autoridades civiles cuando éstas
soliciten su apoyo”. Además los institutos armados están constitucionalmente
facultades para actuar en materia de seguridad pública en auxilio de las
autoridades competentes.
Ahí no radica la cuestión. En la fracción XVIII se
establece la atribución para auxiliar a las autoridades federales, estatales y
municipales que soliciten su apoyo, en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, cuando así se requiera o estime. La tarea policial y
seguridad de los municipios, localidades rurales y urbanas e intervenir ante
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
Por otra parte en la fracción XXVI se le faculta
para establecer un sistema de investigación e información que contribuya a
preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Fracción XXVIII: coordinar, operar e impulsar la
mejora continua del Sistema de Información, Reporte y Registro de Datos en
Materia Criminal, su debido suministro e intercambio entre autoridades
competentes, así como la fracción XXIX, entre otras.
No estamos ante un nuevo big brother;
estamos ante una política pública policiaca al reiterar atribuciones de
recopilación de información de los ciudadanos por encima del sistema nacional
de seguridad pública que deriva del artículo 21 constitucional.
Por ello resulta indispensable estudiar más
ampliamente los alcances legales o inconstitucionales de las nuevas
atribuciones en materia de policía y seguridad interior.
El nuevo diseño de la administración pública
centralizada del Poder Ejecutivo federal prefigura la instrumentación de una
política interior fundada en la fuerza del Estado para enfrentar disturbios.
Aunque más adelante le vayan a poner hechos de violencia; a ver quién califica
eso. Ya sabemos que eso es parte de los menjurjes y enjuagues que traen por ahí
vendiendo espejitos por problemas de fondo como el que estoy planteando aquí,
como ya lo debatíamos ayer con los señores del PAN. U otras acciones que
implican violencia o riesgo inminente.
Es por eso –y culmino– que nuestra propuesta es
eliminar las fracciones XII, XIII, XVII, XIX, XXVII, XXIX del artículo 27.
Pido permiso a la Presidencia. Miren, esto que
decía el diputado Monreal sobre el tema del Estado Mayor sí es grave. En lo
personal ya algunos ciudadanos nos dicen que ya a algunos de nosotros nos están
investigando. Bueno, aquí estamos, podemos públicamente dar nuestros datos. Yo
le pido al Presidente que nos informe porque es serio.
Miren, diputados, deberían de estar preocupados
porque a un diputado le estén tratando así, sin que lo autorice el Presidente,
y yo le pido al Presidente considerar que escuche mi planteamiento para que me
diga si usted autorizó la presencia del Estado Mayor Presidencial, cuánta gente
entró aquí, quiénes son porque no vaya a ser que ya la delincuencia esté
entrando al Congreso federal, a la Cámara de Diputados, con la autorización de
ustedes.
Tienen que dar una explicación. No tienen que
evadir su responsabilidad porque usted es responsable de lo que me ocurra a mí
o a cualquier compañero diputado de esta Cámara. Ojalá asuma y diga las cosas
como son y no llegue el Estado Mayor, como ahorita está llegando, como el big
brother. Tienen ustedes esa responsabilidad de contestar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Está bueno, diputado. Le informo que es personal de
la empresa que tiene a cargo el sistema electrónico de votación.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a
discusión los planteamientos de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a
discusión la reserva presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara
relativa al artículo 27.
Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén en abstención, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Honorable asamblea, en una
amigable composición con el Movimiento Ciudadano, abrimos la discusión del artículo
27 en varias fracciones, y le doy el uso de la voz, además con un enorme gusto,
a doña Luisa María Alcalde Luján. La fracción I, luego vendrán otras fracciones
presentadas por el Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. La propuesta de modificación del artículo 27 no
contiene una innovación en el ramo administrativo de la gestión pública; por el
contrario, deja totalmente de lado los principios básicos de la modernización
administrativa como lo son la descentralización, la simplificación, la
especialización, el combate a la corrupción, el fomento a la transparencia y el
mejoramiento en la rendición de cuentas.
La propuesta pretende atiborrar de facultades al
secretario de Gobernación, situación que puede derivar, entre otras cosas, en
el manejo discrecional de los asuntos del presidente de la República.
Las reformas administrativas son ambiguas y poco
sólidas. Además, su implementación efectiva se verá frustrada porque tales
reformas no son de carácter sincrónico.
La fracción I del artículo 27 delega al secretario
de Gobernación la facultad de subordinar, no coordinar, a las demás secretarías
de Estado y a los funcionarios de la administración pública federal ubicándola
por encima de las demás en un afán controlador y antidemocrático. Orwell, ya
hablaba de un estado similar en su novela de 1984, sólo se equivocó de año y
que aquí nuestro gran hermano será Miguel Ángel Osorio Chong.
El trasfondo de esta reforma refleja un alto grado
de retroceso en el camino de la consolidación del estado de derecho y de la
institucionalidad gubernamental. Se pretende enaltecer al secretario de
Gobernación otorgándole facultades extraordinarias que pueden servir de
trinchera para cobijar aún más la corrupción política y administrativa de los
altos funcionarios a través de arreglos institucionales.
Con el pretexto de reorganizar la administración
pública se refuerza el modelo verticalista en cuanto a la toma de decisiones,
lo que implica que una secretaría –en este caso la de Gobernación- será la
cabeza y órgano de dirección, control y supervisión marcando asimetrías
riesgosas con el resto de las dependencias, para beneficio exclusivo del que
será no solamente un impuesto, sino claramente un incapaz titular del Ejecutivo
federal.
No debe existir distinción alguna entre
Secretarías, ya que cada una de ellas cumple tareas distintas en cada uno de
los ámbitos de sus respectivas competencias, y deberíamos aspirar a que las
decisiones de sus titulares y de cada uno de sus funcionarios fueran autónomas
y a favor de la nación, no que respondan a amiguismos, pago de favores y temor
reverencial.
Recordando otra vez a George Orwell, éstos que
ahora llegan al poder más bien me recuerdan tristemente a La rebelión en la
granja, pero con una diferencia; ustedes no van a gobernar borregos, se los
garantizo.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración
del pleno esta reserva para que se conserve el texto vigente del artículo 27,
que no contemple la infame fracción I. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta de doña Luisa María Alcalde.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Felipe Camarena,
¿con qué objeto?
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quisiera conminar a
la compañera diputada María Luisa, que se retracte del insulto que hace a todos
los compañeros y compañeras diputados, si quieren y buscan el respeto que tanto
señalan que tienen, al igual que lo ha hecho el diputado Ladrón de Guevara.
Cada subida a tribuna es insulto y creo que todo
tiene un límite y nosotros los diputados se lo debemos de imponer a los de la
izquierda, que se enseñen a respetar a los compañeros diputados. Muchas
gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Doña Luisa María, tiene usted la pelota en su
cancha.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): No me retracto, compañero. Lo invito a leer el libro,
es una descripción y me retractaré en el momento en el que ustedes sean capaces
de valer por cada uno de lo que representan. En ese momento me retractaré.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: La dejamos de ese tamaño. Tiene el uso de la voz
don Juan Luis Martínez Martínez... ¿Con qué objeto, diputado? Ya le enseñaron
las credenciales del personal. Lo escucho.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Miren, ayer y hoy mismo lo dije, estos asuntos no son
personales. Fíjense. Las verdades a veces duelen...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: A ver, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Las verdades a veces duelen. No estoy hablando porque
miren, yo no me voy a retractar de verdad, yo hubiera querido que los diputados
de la mayoría le exigieran al presidente por las garantías de todos nosotros,
porque hoy aquí estamos metidos... ¿cómo que son de los que trabajan aquí? ¿Qué
los que trabajan aquí traen perros?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: A solicitud de usted, diputado, que nos rogó que
fuéramos a revisar su equipo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): ¿Qué los que trabajan aquí traen armas? No, aquí está
metido el Estado Mayor. Eso sí es preocupante, y decir esas verdades es lo que
les duele, pero hay que decir las verdades como son. Está un Estado policía
instaurándose el día de hoy aquí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Está bueno. Don Juan Luis Martínez Martínez, de
Movimiento Ciudadano, por favor, para presentar la reserva a la fracción XIX.
Ah, estábamos en algún trámite, adelante. Sí, por favor, culmine con el
trámite. Le ruego me disculpe.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Bueno, eso parece. Queda en sus términos. Don Juan
Luis Martínez, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeros, compañeras diputadas, a nombre de los integrantes de la
fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, me permito presentar al pleno de
esta honorable asamblea, la siguiente reserva del artículo 27 de la fracción
XIX, del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, al tenor de lo siguiente:
Los retos, así como el presupuesto en materia de
seguridad pública, han crecido en los últimos años de manera exponencial. En
estricto sentido, incorporar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la
Secretaría de Gobernación, es una vuelta al pasado y una determinación
retrograda, ya que ahora se estarían integrando elementos en materia de
seguridad pública como en auxilio a otras dependencias, órganos de gobierno,
entidades federativas y municipios, así como la persecución de los delitos y el
uso de la fuerza pública como mecanismo de sometimiento.
De esta manera, la reestructuración que se pretende
implementar obedece a un solo fin, que es el de retomar dirección en materia de
seguridad que perdió durante los sexenios panistas.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de
esta honorable Cámara de Diputados, para que se mantenga el texto único como
actualmente lo establece la ley vigente, que a la letra reza: “Administrar el
Archivo General de la Nación, así como vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de información de interés público”.
Compañeras y compañeros, consideramos que dotarle
de superfacultades a la Secretaría de Gobernación estaríamos corriendo el grave
riesgo una vez más, como el antecedente trágico, el artero asesinato de los
jóvenes estudiantes, un crimen de lesa humanidad, como ocurrió en el año 68.
Por eso, compañeros, consideramos hacer las
reservas pertinentes, a efecto de que el texto se mantenga como actualmente
está estipulado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a
discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Bueno, pues queda en sus términos. Tiene el uso de
la voz doña Merilyn Gómez Pozos, para presentar reserva.
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputadas, diputados. El artículo a discusión en su fracción XXI
propone que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de organizar, dirigir
y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito, así como
llevar a cabo la celebración de acuerdos de colaboración con otras
instituciones del sector público y privado. Sin embargo, en México existen
múltiples instituciones encargadas ya de cumplir con las funciones que ahora le
quieren atribuir a la Secretaría de Gobernación, lo que implica una pérdida
importante en la facultad de decisión de los órganos existentes, ya que estos
dependerán de las normas y políticas de la Secretaría en comento.
Es por eso que el Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano propone que la ley se quede como está en estos momentos, que por
favor seamos capaces de entrar en una dinámica de diálogo, de debate y que nos
demuestren con argumentos que esta propuesta es la indicada para poderlo
discutir aquí. Demuéstrennos con argumentos que esto es lo necesario para el
país.
La presente iniciativa es un mero reacomodo a
conveniencia de la administración entrante, por lo que se considera que es
innecesaria la sobredosis de atribuciones al secretario de Gobernación, porque
existen instrumentos en el Estado en materia de derechos humanos y atención a
víctimas de delitos y en vez de dejarlos en el abandono deberíamos nutrirlos y
fortalecerlos con herramientas que les permitan el desarrollo eficiente de sus
funciones.
Derivado de lo anterior someto a esta asamblea la
propuesta de que se quede la ley como está en estos momentos. Es cuanto, señor
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la
asamblea si se acepta a discusión la propuesta de Merilyn Gómez Pozos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Doña Nelly del
Carmen Vargas Pérez, del Movimiento Ciudadano, reserva el artículo 27, fracción
XXIII. ¿Viene la oradora?
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros
diputados, para mi es la primera ocasión que tengo la oportunidad de estar en
esta Cámara de Diputados. Soy de perfil ciudadano, y una de las cosas que
discutimos en la ciudadanía y que les señalamos a los legisladores desde el
espacio donde estamos es la poca participación y el debate en esta Cámara de
Diputados.
A mí me entristece en la mayoría de las ocasiones
observar cómo en temas tan importantes, tan vulnerables, tan sensibles para el
país no tenemos el carácter y la gran sensibilidad de debatir y demostrarle a
millones de mexicanos que sí podemos llegar a acuerdos importantes en esta
Cámara. Ojalá muy pronto cambie la actitud de todos los que estamos aquí.
Entre los mayores problemas del dictamen que se
discute el día de hoy se encuentra la creación de una súper secretaría que
controle todo, ¿hasta el presidente?, al proponer que la Secretaría de
Gobernación absorba dentro de su estructura las funciones de la actual
Secretaría de Seguridad Pública.
La única tarea de Gobernación debe ser la
conducción de la política interna, entendida como la relación del gobierno
federal, con los diferentes niveles de gobierno, Poderes de la Unión y partidos
políticos, una armonización y trabajo político y no de control y de fuerza.
Ese México autoritario ya no lo queremos. La
ejecución de las penas por delitos del orden federal y administración del
sistema penitenciario federal deben continuar perteneciendo a la Secretaría de
Seguridad Pública, pero que reoriente la política criminológica y la formación
real de la policía, ya que el objetivo que se busca al ceder estas facultades a
Gobernación es vanagloriar el pasado hegemónico del gobierno priista; es decir,
regresar a la conducción política, el brazo policiaco que había perdido.
Si bien es cierto que la aplicación de la justicia
en nuestro país es deficiente y que en el sistema penitenciario no existe la
figura de reinserción social el que se haga cargo el secretario de Gobernación
no significa que cambie la forma en la que se están llevando estos temas. Al
contrario, esta acción fomenta la impunidad absoluta que se observó durante
décadas debido a la supremacía de esta secretaría sobre las demás.
Esta acción nos muestra otro estilo de la
instalación del miedo en el país; peligrosa, regresiva y que tensa más la
cuerda. Y la pregunta es: ¿Cuántos presidentes tendremos en México? ¿Habrá un
presidente constitucional y uno de facto que lo tendrá secuestrado?
Es nuestro deber como legisladores vigilar que el
balance de poder entre los órganos se respete, por lo que no podemos permitir
esta modificación. Llegar al poder con la fuerza económica y obscura, y
sostenerlo con la fuerza policíaca es regresivo y peligroso. Derivado de lo
anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados que
la siguiente reserva quede como sigue:
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Ejecutar las penas por delitos del orden federal y
administrar el sistema penitenciario federal y de tratamiento de menores
infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto
apego a los derechos humanos, así como organizar y dirigir las actividades de
apoyo a liberados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a
discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en los términos del dictamen. Don José
Antonio Hurtado Gallegos...
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Don Fernando Belaunzarán. Sonido en la curul de don
Fernando Belaunzarán. Creo que tiene que hacer ahí algún trámite.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Nada más apuntar una cosa, señor presidente. El
respeto siempre se tiene que dar, en mi opinión, es mi convicción. En cierto
sentido, de cualquier manera uno puede decir que sea recíproco.
Yo escuché con mucha atención a la diputada Nelly y
planteo sus ideas con respeto ante todos, dio argumentos, dio razones, no le
faltó el respeto a nadie, y creo que estamos dando un espectáculo poco amable
de lo que debe de ser la Cámara de Diputados; entonces hago una moción para ver
si podemos guardar un poco de respeto entre todos. Nelly dio razones y
argumentos y no merecía de ninguna manera las exclamaciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Bueno ya lo escucharon y espero que este asunto nos
llegue a todos sin distinción partidaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Don José Antonio Hurtado Gallegos, tiene el uso de
la voz.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Muchas gracias. Quiero agradecer públicamente a mi compañero Arturo
Durazo, su intervención para que se nos permitiera hablar. Haciendo mención
también a esta Presidencia, que nuestro legítimo derecho es hacer uso de la
palabra como legisladores. Muchas gracias.
Reserva al dictamen con proyecto de decreto que
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27,
fracción XXVIII.
Con su permiso, diputado presidente, compañeras y
compañeros legisladores, el artículo que se encuentra a discusión ante el pleno
de esta Cámara pretende establecer mecanismos e instancias para la coordinación
integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para
el análisis y sistematización integral de la investigación e información de
seguridad pública y de seguridad nacional, a través de una supersecretaría de
Estado.
La reforma que presenta Enrique Peña Nieto, no
contempla a la racionalidad como un eje transcendental para la toma de
decisiones, al querer dotar de facultades a un solo personaje sin saber si éste
tiene la capacidad de llevar a cabo el manejo de los asuntos que se le
requieren conferir, tan importantes para nuestro país.
De aprobar esta reforma contribuiremos al fin que
quiere alcanzar el presidente electo. Un gobierno intervencionista y
arbitrario, obligando a todas las dependencias gubernamentales a que se manejen
en forma politizada para acceder a un trato privilegiado.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
velará porque se mantenga una institucionalidad alejada de valores autoritarios
y para que se establezcan de manera clara las formas en las que la sociedad se
desarrolle con mayor certidumbre.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración
de esta Cámara de Diputados la siguiente reserva.
Único. Se mantiene el texto como en ley vigente.
Compañeras y compañeros diputados, respetuosamente
el de la voz les invita, los exhorta a que saquemos nuestra esencia. Hagamos lo
que nuestra conciencia nos dicte. El país nos reclama. ¿Qué le vamos a decir a
nuestro país si aquí hay un desorden? El desorden más fuerte va a estar afuera,
créanmelo.
Aquí venimos por la confianza y el voto de la gente
que creyó en nosotros. Hoy, como en otras ocasiones, compañeros -y créanme,
todas las veces que suba a tribuna lo voy a decir respetuosamente-, hoy como en
otras veces, estamos haciendo lo mismo. Estamos decepcionando a las mexicanas y
a los mexicanos. Hagamos conciencia. Votemos por nosotros, no por lo que nos
obliguen. Compañeros, disculpen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la
asamblea si se admiten a discusión los planteamientos del señor diputado que ha
expresado con todo respeto.
La Secretaria diputad Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Queda en sus términos el dictamen. Doña Martha
Beatriz Córdova Bernal, tiene la palabra.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados,
con esta reforma se pretende ahondar el peso de la Secretaría de Gobernación
arrogándole irresponsablemente una serie de facultades para recuperar el brazo
coercitivo del Estado, cuando está acreditado que en dicha secretaría no han
podido digerir adecuada y responsablemente los asuntos de política interior.
Tales reformas propuestas no están de conformidad
con la realidad actual en la que la extrema verticalidad administrativa puede
tender al paroxismo en vez de constituir una solución.
La creación de la Secretaría de Seguridad Pública
estaba encaminada precisamente a la desconcentración y especialización
administrativa de sus cuerpos y mandos, tomando en cuenta las cada vez más
importantes tareas de seguridad del Estado mexicano.
El renacimiento de una mega secretaría colmada de
competencias, atribuciones y facultades para concentrar y centralizar la
política interior y la política de seguridad, encuentra su único fundamento en
el imaginario del pasado que aún añoran las glorias vividas cuando fueron
bautizados como “partido hegemónico y pragmático”.
No hay motivos o razonamientos objetivos para creer
que estas reformas pueden acarrear alguna funcionalidad que beneficie a la
sociedad.
Si se está pretendiendo concentrar las tareas de
seguridad, de política interior, migratoria, de población y de coordinación
administrativa, en una sola dependencia, poco falta para que subsista tan sólo
en una secretaría fuera de la presidencia.
Ciertamente en México tenemos una de las
burocracias más obesas, caras, improductivas e ineficientes; pero esos
problemas no se resuelven experimentando con cambios legislativos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, que en el papel sólo significan
una grave descompensación, por lo que ve a las facultades y atribuciones que
son propias de las dependencias que integran el gabinete del Ejecutivo.
Cualquier cambio de este tipo, debe estar precedido
ineludiblemente por una reforma integral en el derecho burocrático mexicano, en
el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y en el sistema
educativo. Se requiere una verdadera reforma de Estado.
Sin lo anteriormente, no tiene sentido vaciar de
sustancia a la Secretaría de Seguridad Pública ni mucho menos mermar a las
facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tiene actualmente
la facultad de expedir permisos sobre la portación y posesión de armas de fuego
en nuestro país.
Si bien el artículo 10 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que los habitantes de nuestro país
tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima
defensa, es responsabilidad absoluta del presidente llevar el registro y
control de cada una de las armas en territorio nacional.
Pero la expedición de permisos es facultad de la
Sedena, como lo estipula el artículo 4º de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
Compañeras y compañeros: los invito de verdad a
debatir. No hagamos las cosas como se están haciendo en esta tribuna. Vengo de
Ciudad Juárez, una ciudad y un estado, Chihuahua, bañado de sangre y la gente,
nuestro pueblo, está esperando que tomemos decisiones en serio; no está
esperando a que nos mayoriteemos por intereses de unos cuantos.
De verdad los invito a debatir. Lástima de veras
que no quieran debatir todos estos cambios y todas reservas a los artículos que
estamos planteando.
La propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano es que se mantenga vigente el texto. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Está bien, diputada. Pregunte la Secretaría a la
asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Don Fernando
Belaunzarán Méndez, la fracción XXI del artículo 27.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. A nadie escapa la estela de dolor y
tragedia que ha acompañado a miles de familias mexicanas en los últimos años
por una violencia desbordada.
Podemos discrepar de las causas de la violencia,
podemos discrepar sobre quién tendría responsabilidad, si se pudo haber
abordado de mejor manera, si equivocamos la estrategia o no. En eso podemos
discrepar.
Pero creo que podemos tener un consenso. El
consenso es que las víctimas de la violencia han tenido un sufrimiento fuerte,
han quedado en el desamparo muchas de ellas y hay que atenderlas con
profesionalismo y hay que darles justicia, que haya justicia, que no haya
impunidad y que haya una solidaridad social, estatal con quienes están en esa
situación.
Asimismo, lo dice una reforma constitucional que se hizo, y la voy a
leer. El artículo 20 constitucional dice, en el Apartado C, De los derechos de
la víctima o el ofendido.
El artículo 1 dice: Recibir asesoría jurídica, ser
informado de los derechos que a su favor establece la Constitución y cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo y procedimiento penal. Hay varios
derechos de las víctimas y del ofendido.
Lo que buscamos con esta modificación es,
precisamente, que la ley secundaria que tiene que ver con este artículo que
todavía no se ha hecho, tenemos varios pendientes con las víctimas, una de
ellas es la Ley de Víctimas que tenemos que encontrarle una solución, mi
posición es que se publique. Hay otra posición distinta, no importa, pero todos
estamos de acuerdo en que está pendiente la solución de la Ley de Víctimas,
pero también la Ley Reglamentaria.
Dice originalmente, que sería facultad de la
Secretaría de Gobernación organizar, dirigir y administrar un servicio para la
atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con
otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de
esta atribución.
Pero esto sería una camisa de fuerza para la
legislación que tenemos acordar, muy importante con las propias víctimas, entre
ellas, por supuesto con el Movimiento por la paz, con justicia y dignidad que
las ha representado de una manera, en mi opinión, muy digna.
Y lo que nosotros proponemos es que diga, en el
inciso 21, participar en la atención integral a las víctimas y coadyuvar en la
celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector
público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.
Me parece que esta redacción ayudaría mucho a una
atención integral a las víctimas y, por supuesto, que hay que reconocer que el
Congreso de la Unión ha sido solidario con ellas, tuvimos un acuerdo de unanimidad.
Bueno, tuvimos institucionalmente porque fue la anterior legislatura para
atender este problema.
Creo que todos sabemos de la deuda que tenemos.
Tenemos que solucionar el problema de la violencia, pero también tenemos que
solucionar de alguna manera sus efectos y consecuencias.
Esta redacción ayudaría mucho mejor a la
legislación que vendría y la atención, y además, nos ayudaría más a tener una
relación de una mejor manera con las víctimas, con las organizaciones que las
representan. Me parece que es una deuda pendiente y ojalá se acepte esta
modificación. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si
se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Fernando Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén abstención (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte si se aprueba que el texto pase a formar
parte del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en
votación económica, si se admite la reserva en los términos presentada por el
diputado Fernando Belaunzarán a la fracción XXI del artículo 27. Las diputadas
y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Muy bien. Doña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del
PRD, las fracciones XX y XXIII del propio artículo 27.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Creemos que en el caso del artículo
27 podemos llegar a acuerdos, sobre todo en los temas sustantivos que nos
ocupan. Nos parece que si bien existe
una instancia de coordinación horizontal en donde convergen diversas
instancias, como es la Presidencia de la República, Gobernación; Defensa;
Marina; la propia Procuraduría General de la República y el propio secretario
ejecutivo, así como los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito
Federal, en el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, creemos
importante que precisamente es desde esta instancia donde se deben de proponer
las políticas orientadas a trabajar el tema de la prevención del delito y la
reconstrucción de nuestro tejido social.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD propone la
siguiente redacción.
Fracción XX. Proponer al Consejo Nacional de
Seguridad Pública, el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y
reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de la
delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las
autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentar la
participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención
en materia de delitos federales y por conducto del Sistema Nacional de
Seguridad Pública en los delitos del fuero común. Promover y facilitar la
participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el
ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública, y
atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al
ejercicio de estas atribuciones.
Ahí cerramos el párrafo y creemos que esto nos va a
permitir seguir trabajando este tema, que nos preocupa a todos, con una visión
integral y desde una instancia plural de toma de decisiones.
Es cuanto, diputado presidente, en esta fracción.
¿La votaríamos de manera separada, presidente? Consulto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Son las fracciones, sí, creo que sí. Vamos a
votarlo por separado, no vaya a ser. Pregunte la Secretaría a la asamblea, la
de la fracción XX.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta presentada por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas,
relativa a la fracción XX del artículo 27. Las diputadas y los diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte si se aprueba para que pase a formar parte
del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea en
votación económica si es de aceptarse la reserva presentada por la diputada.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra:
Se modifica el dictamen en esos términos. Ahora la XXIII, si se acepta y
de aceptarse, si se aprueba.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. El mismo caso del artículo 27,
fracción XXIII, compañeros diputados,
nos parece sumamente importante que actualicemos los conceptos, pero que se
adecúen a nuestro marco legal normativo, que finalmente se estableció desde
marzo de 2012 y que ha sido una amplia discusión en materia de atención a los
menores infractores.
Actualmente ya no existe este tema como tal, en materia de tratamiento
de menores infractores tenemos actualmente una ley precisamente que trabaja el
tema de manera integral, que se determina Ley de Justicia para Adolescentes.
La propuesta del Grupo Parlamentario del PRD va en
razón de modificar la redacción, para quedar como sigue: Ejecutar las penas por
delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de
justicia para adolescentes, en término de la política especial correspondiente
y con estricto apego a los derechos humanos, así como organizar y dirigir las
actividades de apoyos a liberados.
Creemos que esto finalmente establece como un
acuerdo la posibilidad de seguir garantizando el respeto irrestricto a los
derechos humanos de los adolescentes, de los menores de 18 años. Es cuanto,
diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea,
los dos pasos, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Lizbeth Rosas, relativa a la fracción XXIII del artículo 27. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ahora si se aprueba.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa,
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Se modifica el texto. Don Julio César Moreno
Rivera, las fracciones XVIII y XXIV.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la
fracción XVIII del artículo 27 del dictamen a discusión, entre otras facultades
concede a la Secretaría de Gobernación, la de reforzar, cuando así se requiera
o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades
rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro
cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen
violencia o riesgo inminente.
En nuestro país, la participación ciudadana se ha
incrementado notablemente, expresándose de diferentes maneras legítimas al no
poder satisfacer sus distintas necesidades.
No permitamos que estas manifestaciones puedan ser
consideradas como disturbios y por ese motivo también puedan ser reprimidas por
la autoridad.
Por consiguiente, el hecho de señalar disturbios implica el riesgo de
que se pueda dar de manera discrecional una violación a la libertad de
asociación y a la libre manifestación de las ideas, por lo que
mi reserva lo que pretende es garantizar que dichas libertades, consagradas en
la Carta Magna, por lo que a fin de respetarlas y salvaguardarlas, así como
mantener la certeza jurídica de los derechos de los ciudadanos, mi propuesta es
suprimir el término disturbios para quedar de la siguiente manera.
Reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea
policial y de seguridad y los municipios y localidades rurales y urbanas que lo
requieran e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados
por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente. Con lo cual se
salvaguarda la pacífica manifestación de las ideas y la libre asociación,
contempladas en los artículos 6 y 9 de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto, por supuesto, es conocido por todos
ustedes.
Por lo cual, compañeras y compañeros diputados,
llamo a votar a favor de la presente reserva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Julio César Moreno Rivera, relativa al artículo 27, fracciones XVIII y XIX. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Perdón, ¿presentó las dos? Presentó una sola.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Disculpe, presidente. La fracción XVIII del artículo 27. Los diputados
y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ahora proceda, a ver si se acepta que pasen a
formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor
presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Se modifica el dictamen en los términos propuestos.
Doña Lilia Aguilar Gil, la fracción XXIII del artículo 27. Esta fracción ya
tuvo una modificación propuesta por Lizbeth Eugenia Rosas Montero, pero
presente la suya.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Si usted me permite, señor presidente, presentaré tres reservas que
tengo enlistadas, que sería la fracción XII, la fracción XVIII y la fracción
XIX . Espero que haya libertad también del tiempo.
Para iniciar, antes de las reformas, quisiera dar
un discurso de entrada, de lógica, de qué es lo que estamos proponiendo. Y
quisiera dirigir especialmente este discurso –porque sé que la asamblea está un
poco difusa– a los jóvenes y a aquellos diputados que están preocupados por sus
estados y por la gobernabilidad de los mismos.
Esta reforma, como muchos han dicho ya en esta
tribuna –recuerdo un poco a Gutiérrez Barrios–. Y no es que haya sido ya mayor
en los tiempos de Gutiérrez Barrios, pero si me permiten la generosidad de una
historia rápida.
Crecí en un Estado de construcción, mis padres
fueron perseguidos políticos en un sistema de Estado policiaco y a los 10 años
tuve que vivir a escondidas de la persecución estatal que daba precisamente
este Estado policiaco y que no permitía la diferencia de opiniones; y que
entonces nos perseguía no solamente a los adultos que expresaban estas
opiniones, sino también a los hijos de estos adultos para que no creciéramos
revolucionarios.
Cuando alguien me preguntaba antes si volveríamos a
los tiempos del viejo PRI yo decía con esperanza que probablemente no. Y
esperaba que no de verdad, de corazón, y ahora les puedo decir que no sé porque
esta reforma no nos deja saber qué es lo que pretende este nuevo gobierno.
Hoy discutimos loa pretensión de regresar las
facultades a una súper secretaría que, como ya se ha dicho en esta tribuna
–pero hay que ser conscientes de qué es lo que estamos votando–, controlaría no
solamente la seguridad pública, regularía la portación de armas, controlaría la
garantía y el respeto a los derechos humanos, coordinaría el gabinete, marcaría
la política interior de este país, interferiría en los municipios y en los estados
cuando así lo considerara necesario, así como muchas otras atribuciones.
La pregunta, compañeros diputados y compañeras
diputadas, del PRI y del PAN, y de los partidos que votan a favor de esta
reforma, es: ¿Se puede? ¿La teoría política nos dice que se puede? Y les digo
que estamos creando un pequeño monstruo, y se los digo con todo respeto.
En teoría política México se considera un país
democrático a partir del 2002 no por el cambio de partido político en la
Presidencia de la República, sino que entramos en 2002 a esta tercera ola de la
democratización junto con Ghana, Croacia y Senegal por la transversalidad en el
reconocimiento de derechos de grupos minoritarios, la división de poderes y el
respeto al federalismo, y obviamente a los órganos autónomos que logran una
contraloría social real.
Pero más allá pareciera entonces que el recuerdo
del pasado no nos llega y por eso decía que quería dedicar esta intervención a
los diputados jóvenes, porque la persistencia de la memoria nos falla.
Tal vez sería bueno un repaso a la historia
inmediata para recordar quién fue Gutiérrez Barrios y que las nuevas
generaciones recordemos a todos los demás que utilizaron la capacidad absoluta
de un gobierno inquisidor y autoritario que no respetaba ninguna regla.
Decía un guerrillero de aquellos tiempos que hoy ya
no está en vida: Era un coronel tan fino, tan fino Gutiérrez Barrios, que hasta
parecía licenciado y mataba sin molestar a nadie. Esto era el ejercicio del
poder más agresivo del estado policíaco que tenía –esperemos– el viejo PRI:
Y por eso que entonces venimos a presentar
reservas, no solamente para evitar este estado policíaco, sino además para que
este Estado no caiga en una crisis de gobernabilidad y en una crisis política
posterior, con una subsecretaría que tendría un poder absoluto.
Señor presidente, las reservas que presento en
primer término serían al artículo 27, fracción XIII y a la fracción XVIII del
mismo que tienen que ver con la autonomía y la soberanía de los estados. Y
llamo la atención de los señores diputados, porque todos aquí venimos de
estados diferentes y queremos que la autonomía y la soberanía de nuestros
estados se respete.
El artículo 27, en su fracción XII dice que la
Secretaría de Gobernación presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública
con ausencia del Presidente de la República y propondrá las acciones tendientes
a asegurar la coordinación entre la federación, el Distrito Federal y los
estados.
Nosotros lo que estamos proponiendo es que estos
lineamientos de seguridad pública nacional sean en estricto apego al
federalismo y a la autonomía de los estados. ¿Por qué? Porque ni siquiera el
sistema de seguridad pública actual que está en el artículo 30 Bis, que ahora
sí ya se derogó en las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública, es tan
autoritario, inquisitivo con los estados.
Lo que nosotros estamos pidiendo es la inclusión de
los estados y el respeto a la autonomía y a la soberanía de los mismos para que
puedan ser parte del sistema de seguridad pública nacional.
En la fracción XVIII del mismo artículo, igualmente
estamos tratando de evitar michoacanazos, para ser claros y concretos. Y leo la
fracción XVIII que dice a la letra: La Secretaría de Gobernación es auxiliar a
las autoridades federales, estatales y municipales o del Distrito Federal,
competentes que soliciten apoyo al marco del sistema nacional de seguridad
pública, en la protección de la integridad física de las personas y la
preservación de los bienes, reforzarla cuando así requiera o estima la tarea
policial de seguridad de los municipios y localidades rurales.
Lo que nosotros estamos proponiendo en esta reforma
es que se diga que esta reforma será, siempre y cuando los titulares de los
ejecutivos de los municipios y los estados, soliciten la intervención de la policía,
la Secretaría de Gobernación o haya un estado de gravedad; es cuando esta
facultad de la Secretaría de Gobernación sea ejercida.
Si no, ¿qué es lo que vamos a tener? Un sistema
nacional de seguridad pública que cuando considere prudente el secretario pueda
intervenir en los estados y tener lo que ya tuvimos en Michoacán hace algunos
años con la detención de varios funcionarios públicos de este estado.
Esto sería en lo que se refiere a la fracción XII y
a la fracción XVIII de este artículo 27, señor diputado; y si me permite,
pondría aparte la fracción XIX porque en ésta creo que puede haber un consenso
en la asamblea.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: ¿Qué hacemos? Vamos a preguntar a la asamblea
respecto de estas dos, ¿le parece? Pregunte por favor, don Fernando Bribiesca.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil en la
fracción XIII del artículo 27.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: En las dos de una vez. Son dos; XIII y XIX.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Fracciones XIII y XVIII.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Fracciones XIII y XVIII. La XIX la apartó.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se va a votar en lo relativo al artículo 27, fracción XIII y fracción
XVIII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Quedan en sus términos. La XIX... Si nos permite,
señor secretario. Adelante.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Finalmente agradezco su generosidad con el tiempo para dar salida a
estas tres reservas, señor presidente. La fracción XIX, la propuesta que
estamos haciendo es que quede en los mismos términos que tiene el 30 Bis actual
para la Secretaría de Seguridad Pública y simplemente se omita la última parte
de este artículo que dice después del punto y coma (;): Auxiliar al Poder
Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República cuando así
lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones, como otras
dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios.
Auxiliar a la Procuraduría General de la República
en la persecución de los delitos y disponer de la fuerza pública en términos de
las disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del
orden público. La propuesta es cortar después de disponer de la fuerza pública
en términos de disposiciones legales aplicables en las situaciones de
alteración grave del orden público. Sé que hay otras reservas al respecto en el
mismo sentido. Es lo que se podría a consideración de la asamblea, señor
presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a
discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta
presentada por nuestra compañera Lilia Aguilar Gil, en relación al artículo 27,
fracción XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Don José Humberto Vega
Vázquez y don Ernesto Alonso Robledo Leal tienen reservas en estas fracciones
¿las mantienen? Don José Humberto Vega ¿también? Del PT. Adelante.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, creo
que hemos avanzado en la parte de la productividad legislativa.
Hace unos días la ley que nos metieron para
reformar la Ley Laboral y afectar a los trabajadores, y ahora una ley fast
track que se la sacan de la manga pero que en muy poco tiempo se va a
aprobar. Lástima que no sea a favor de los mexicanos, que esté llena de
inconsistencias y de anomalías, pero en cuanto a tiempo, hemos mejorado.
Aunque parezca exagerado, los que de alguna manera
vivimos la parte de los gobiernos represores, sabemos que este tipo de
gobiernos en su momento son realmente peligrosos para nuestra sociedad porque
el carácter militarizado de esos gobiernos, ponen en riesgo verdaderamente a
los derechos de los ciudadanos, son represores y confunden las pocas reservas
que se han modificado, la esencia no se quita, la esencia se sigue dando y
además de manera confusa porque pareciera ser que dentro de estos cambios en la
Secretaría de Gobernación, pudiera ser que hay detrás del poder, alguien. Eso
es lo que tenemos que ver y así lo vemos y es de manera sincera.
Y ojalá, diputados, no llevemos en el pecado la
penitencia, los aliados y los que se entibiaron no lleven en el pecado la
penitencia porque es grave.
El artículo 29 constitucional establece con claridad
que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente
el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de
las secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República y con la
aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no
estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar
determinado el ejercicio de los derechos y de las garantías que fuesen
obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá
hacerlo por un tiempo limitado, por medio de las prevenciones generales y sin
que la restricción o la suspensión se contraigan a determinada persona.
La iniciativa sobre la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal propone, en su artículo 27, en su fracción XIX,
otorgarle a la Secretaría de Gobernación lo siguiente: disponer de la fuerza
pública en términos de las disposiciones legales aplicables en las situaciones
de alteración grave del orden público.
La Constitución habla de perturbación grave de la
paz pública y es el término de la definición reconocida en la ley al utilizarse
en la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una
expresión similar, situaciones de alteración grave del orden público. Se está
tergiversando el sentido de la Constitución y se evade el espíritu del artículo
29 que justamente aspira a garantizar que los ciudadanos no vean violentados
sus derechos bajo el pretexto de que el Estado enfrenta una perturbación grave
de la paz pública.
En nuestra opinión, la iniciativa sobre la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, está
interfiriendo en las atribuciones de otras instancias como el Poder Judicial de
la federación y de la Procuraduría General de la República, cuyas funciones
están claramente establecidas, y argumenta para ello la intención de auxiliar,
cuando así lo requieran.
No se debe confundir la coordinación entre las
entidades gubernamentales con el derecho de la Secretaría de Gobernación y
suplantarlas en sus atribuciones.
Por lo anteriormente expuesto, descrito en el
artículo 27 de la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal en su fracción XIX, debe ser rechazado para evitar esas transgresiones
y que caiga en la tentación de suplantar las atribuciones de otros poderes del
Estado y derive ahí atribuirse el derecho de suspender el ejercicio de los
derechos y garantías de los ciudadanos, que no le corresponde. Es cuanto,
ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea. ¿No
dejó propuesta, verdad? ¿No dejó propuesta? ¿Sí? Ah, entonces pregunte si se
acepta a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Vamos a sustanciar, ya que estamos
en esta del 19, la de Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN, y luego vamos a
escuchar a don Marcos Rosendo Medina Filigrana.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su permiso, señor presidente. Vengo a reservar del dictamen puesto a
discusión por lo que toca a la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, en lo relativo a las facultades de la
Secretaría de Gobernación para el auxilio que debe prestar dicha Secretaría de
Estado al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la
República cuando así lo requieran, y así también a otras dependencias o entes
públicos en la persecución y combate del delito.
En el caso particular del dictamen se propone que
dicha facultad sólo se puede ejercer en situaciones de alteración grave del
orden público, y sin embargo consideramos que dicha restricción haría nugatoria
la facultad concedida a la Secretaría de Gobernación, ya que estaría obligada a
calificar y a fundar la existencia de un estado de alteración grave de la paz
pública que no tenemos en ningún código ni en ningún reglamento ni en ningún
ordenamiento legal en este país.
Estimamos que dentro del rediseño de la
Administración Pública Federal debemos pugnar por facultades flexibles y
apropiadas para el combate de la delincuencia organizada, por lo que esta
reserva es en el sentido de eliminar de la fracción XIX del artículo 27 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el supuesto de que sólo se
puede ejercer tal atribución en casos de gravedad.
Lo anterior es así en razón de que en Acción
Nacional estamos a favor de un marco de cooperación entre los diversos poderes
y la Secretaría encargada del gobierno interior del país. Y por ello creemos
que la atribución en cuestión no debe estar acotada sino que debe apuntar hacia
un marco de cooperación y ayuda entre las instituciones públicas, máxime si se
trata de dotar de seguridad y combate al delito.
Finalmente estimamos que la adecuación del marco
legal para el combate, investigación y persecución de la delincuencia, debe
tener como presupuesto la existencia de facultades claras y precisas de las
autoridades y de ahí el sentido de la presente reserva.
Simplemente es en la fracción XIX donde inicia
“...auxiliar al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General”,
todo queda igual hasta donde dice “...y disponer de la fuerza pública en
términos de las disposiciones legales aplicables”. Y el resto, después de punto
y coma, se eliminaría quedando la frase: en las situaciones de alteración grave
del orden público, eliminada.
Es todo, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite
la propuesta del señor diputado del Partido Acción Nacional.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Alfonso Robledo Leal, relativa al artículo 27 fracción XIX. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte si se acepta que pase a formar parte del
dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la
propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Willy. ¿Con qué objeto?
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Si pudiera el promovente volvernos a leer, de favor,
el artículo 27 fracción XIX, para que esta asamblea tenga más claridad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Bueno, puede ser el proponente o el secretario,
que la tiene a la vista. Señor secretario, por favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Leo la fracción XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la
Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, para el debido
ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno,
entidades federativas y municipios. Auxiliar, cuando así lo requiera, a la
Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los
delitos, y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones
legales aplicables.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte si se acepta que forme parte del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Se modifica el texto. Tiene el uso de la palabra
don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, para presentar reserva a la
fracción XVIII.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, presidente, gracias, vicepresidenta. La reserva que hemos
presentado en lo particular a la fracción XVIII de este artículo 27 que estamos
discutiendo, es porque genera realmente preocupación el intento que aquí se
está realizando de pretender crear una súper Secretaría de Gobernación. Estamos
ante un hecho sin precedente en la historia contemporánea. No tenemos en el
siglo XX, en el siglo pasado el siglo XX, ninguna ocasión en que la Secretaría
de Gobernación haya tenido bajo su mando una fuerza policiaca y mucho menos del
volumen que hoy se le pretende incorporar ni siquiera en la época del
tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz.
Lo que hoy se pretende aquí instaurar es un modelo
de paz porfiriana que los mexicanos pensábamos que habíamos superado desde hace
más de un siglo. Si en esta Cámara hubiera debate, seguramente habría quien
vendría a esta tribuna a decirme que hay otros países donde el similar de la
Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior tiene bajo su mando la
fuerza pública.
En efecto, si nos vamos al derecho comparado, en
España, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 10,
pone el mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo el
Ministerio del Interior. Algo similar pasa en Francia, con el Código de la
Seguridad Interior, en su artículo L411-1. Sin embargo, hay algo que estamos
omitiendo, se trata de países radicalmente distintos al nuestro.
Estamos hablando de dos países con regímenes
unitarios, pero más aún, estamos hablando de dos países con regímenes
parlamentarios, donde el ministro del Interior está sometido a la consideración
del Parlamento.
Hoy lo que van a aprobar ustedes, compañeras y
compañeros, es una súper secretaría, en la cual el secretario de Gobernación no
va a estar sujeto a la rendición de cuentas frente al Congreso de la Unión.
Vamos a ver un súper secretario sujeto únicamente al ánimo y a la amistad de su
jefe y de su correligionario que ocupe el Ejecutivo federal.
Demasiado hemos sufrido este sexenio, con los
accesos y las arbitrariedades de quien hoy funge como secretario de Seguridad
Pública y ahora nos vamos a enfrentar al monstruoso panorama de tener un súper
secretario de Gobernación, con una Fuerza Armada considerada en miles de
hombres.
Es algo similar a lo que en 97 pasó, cuando crearon
la Policía Federal Preventiva, se fueron copiando el esquema de la Policía
Nacional de Colombia, de los Carabineros de Chile y de la Guardia Civil
Española, pero en la práctica se acordaron que éramos un país federal y que
también las entidades federativas y los municipios tienen sus propias policías.
Los llamo, compañeras y compañeros, los llamo,
respetuosamente, a la reflexión y a que dimensionemos el monstruo que hoy
pretenden aprobar en detrimento de la vida democrática de todos los mexicanos.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Está bien. A ver, pregunte si la modificación
propuesta por don Rosendo...
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Se queda el artículo en las condiciones que se encuentra actualmente,
presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Muy bien, pregunte si se acepta que quede en las
condiciones. Esta Presidencia recuerda a la asamblea que este artículo ya quedó
modificado por la propuesta del compañero Julio César Moreno Rivera, del PRD.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el compañero
Medina Filigrana. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la
negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en los términos de la modificación propuesta
por otro compañero del PRD.
Finalmente, en tratándose del artículo 27, ahora
por la fracción XXV, el diputado Víctor Manuel Manríquez González del PRD.
El diputado Víctor Manuel Manríquez González (desde la curul): Declino.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Declina.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Presidente, falta mi reserva.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Sí, diputada, su reserva es en otra. Perdón, no la
tengo registrada, diputada. Bueno, a ver, tiene usted el uso de la voz.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados. Vengo
a presentar una reserva al artículo 27, fracción XI, que como está en el
dictamen señala que una de las facultades de la Secretaría de Gobernación sería
vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las
autoridades del país, coordinar los trabajos y tareas de promoción y defensa de
los derechos humanos.
Esta disposición es contraria al artículo 102 de la
Constitución, que precisamente establece, en la parte conducente, el organismo
que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. Subrayo, contará con autonomía de gestión, presupuestaria,
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Es decir, que si va a ser coordinada por la
Secretaría de Gobernación, las funciones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos pasarán a ser un dulce sueño.
Todavía con la redacción anterior, en la
administración anterior se justificaba esta disposición parcialmente, por
cuanto no tenía las funciones la Secretaría de Gobernación en materia de
seguridad pública, sin embargo, hoy, si se aprueba este dictamen como está,
pues entonces vamos a tener que el encargado de la seguridad pública va a ser
juez y parte. Y que finalmente, darle seguimiento al respeto de los derechos
fundamentales o de los derechos humanos, y de toda esta labor que ha hecho esta
misma legislatura para la protección efectiva de los mismos a través de la
reforma del 1o. constitucional quedarán en letra muerta.
Basta traer a colación, como ya señaló uno de los
compañeros diputados, que precisamente a través de cuerpos de seguridad se dio
la violación a los derechos humanos en Atenco.
Entonces, les ruego, les solicito hagan conciencia
en este punto para que se derogue la fracción XI del artículo 27, aquellos que
estén comprometidos con los derechos humanos y con aquellos ciudadanos que los
llevaron a ejercer esta función, que están llamados a ejercer con
responsabilidad. Muchas gracias, presidente, compañeros diputados y compañeras
diputadas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pues será para que no se apruebe, porque para
derogarse tendría que estar aprobada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si
se acepta a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión
la propuesta presentada por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, relativa al
artículo 27, fracción XI. Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).Presidente, mayoría por
la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras legisladoras y señores legisladores, vamos a votar el artículo
27. A petición de nuestros muy queridos amigos de Movimiento Ciudadano vamos a
votar el 27 a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII y, porque
ellos quieren tener la diferenciación en la votación.
Entonces, todo el 27 a excepción de estas
fracciones que comenté vamos a votarlas en este momento e inmediatamente
después estas fracciones. Todo el 27 a excepción de las fracciones XVIII, XIX,
XX, XXI, XXIII, que votaremos inmediatamente después, a menos de que me reclame
el trámite la asamblea.
Vamos todos. Vamos a votar todo el artículo 27.
Ábrase el sistema. –Ah, por separado. Bueno. Okey, por separado. Vamos a votar
todo el precepto a excepción de estas fracciones. Adelante. Por tres minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación
para proceder a la votación nominal del artículo 27, a excepción de las
fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII, por tres minutos.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De viva voz, diputados.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, son 320 votos a favor...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Le estaban señalando desde antes, la diputada. De
viva voz, por favor.
La diputada Silvia Márquez Velasco (desde la curul): A favor.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): A favor.
El diputado Simón Valanci Buzali (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ya se cerró el sistema, secretario, le ruego por
favor dé la lectura de la votación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, son 323 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Aprobado el artículo 27.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora vamos a votar las fracciones que ya hemos comentado y que fueron
modificadas.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Vamos a votar los modificados. El XXI, el XX, el
XXIII, el XVIII y el XIX que están modificados. Eso es lo que vamos a votar,
por tres minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la
votación nominal del artículo 27, en sus fracciones XXIII, XIX, XX, XXI, XXIII,
con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Perdón, XVIII.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a los señores diputados que los reportes de fallas en el
sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo de
votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Julio César Moreno, su voto por favor, de viva voz.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): A favor.
El diputado Rosendo Serrano Toledo (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se
emitieron 415 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Aprobadas las fracciones XXI, la XX, la XXIII, la XVIII
y la XIX del artículo 27. Dejo la Presidencia en las expertas y prudentes manos
de don José González Morfín.
El
Presidente diputado José González Morfín: Para
presentar su reserva al artículo 31, tiene el uso de la tribuna el diputado
José Alfredo Botello, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, son
distintas fracciones las que se pretenden reformar y adicionar del artículo 31
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero al momento en que
se aprueben, considero que se desnaturalizan las funciones que tiene la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya visión, al día de hoy, es ser
una institución vanguardista, eficiente y altamente productiva en el manejo y
la administración de las finanzas públicas, que participa en la construcción de
un país sólido donde cada familia mexicana logra una mejor calidad de vida y
también se propone dirigir y controlar la política económica del gobierno
federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública,
así como de estadística, geografía e información, con el propósito de
consolidar un país en crecimiento económico, de calidad, equitativo, incluyente
y sostenido.
Al presentar esta propuesta por el equipo de
transición del próximo presidente Enrique Peña Nieto, no se presenta de manera
integral, ya que en todo caso, justo con ésta deberían haberse presentado
modificaciones a las siguientes leyes en las que se contienen las facultades
que se le pretenden trasladar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público; Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las
mismas; Ley General de Bienes Nacionales; Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y muchas otras leyes.
Por lo mismo, en el PAN consideramos que estarían
en el limbo también jurídico y sin sustento las atribuciones que se pretenden
adjudicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que por lo demás hoy su
trabajo está más que calificado en cuanto a lo que hoy tiene la Secretaría de
Hacienda, de tal manera que no necesita más atribuciones para realizar el trabajo
que hoy tiene, no obstante que este trabajo ha sido calificado en el ámbito
mundial.
Asimismo, se dejaría en el limbo jurídico todo el
capítulo de sanciones porque se pasa sin sustento a las denominadas unidades
preventivas de auditoría; así que los malos funcionarios tendrían la puerta
abierta para que se ganara en tribunales cualquier procedimiento sancionador en
su contra y considerando que dichas unidades son auditar y no sancionar, por lo
que se pretende la desnaturalización total de estas unidades.
Se le dan también facultades de auditoría, pero es
de lógica entender que un órgano auditor no puede ser dependiente del órgano
auditado, por lo que con su subordinación pierde su autonomía y por lo tanto
estamos en presencia tan solo de una simulación.
De manera ejemplificativa, basta referirnos a la
pretendida reforma en su fracción XXIX al artículo 31 que se pretende traspasar
a la Secretaría de Hacienda, ya que se dice que es para conducir la política
inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere
a las playas, zonas federales, etcétera, etcétera; sin embargo, con este asunto
no nos retrotraemos a hace 12 años, que es cuando prácticamente se fundó la
Secretaría de la Función Pública, sino incluso a algunas décadas, ya que en
1946, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley de
las secretarías y departamentos de Estado, quedaban fuera del ámbito de
competencia de la secretaría de lo que hoy es de Hacienda las funciones de
control y regulación relativas a bienes nacionales y contratos de obras
públicas, pasando éstas a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección
Administrativa en aquel entonces.
Es muy claro, compañeras y compañeros diputados,
que al no haber una integralidad es improcedente que aprobamos el contenido
íntegro del artículo 31 de la reforma que se plantea, por lo que solicito que
votemos en contra de ese artículo 31. La reserva ha sido entregada en la
Secretaría, y que siga el artículo 31, con las mismas fracciones y las mismas facultades
que hoy por hoy tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por
cierto es de las mejores calificadas no únicamente en América, sino a nivel
mundial por el manejo sano de las finanzas públicas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea,
en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
José Alfredo Botello Montes, relativo a artículo 31. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación).
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a pedir que se abra el tablero para recoger la votación sobre el
trámite, en el entendido de que el voto a favor es porque se admite a discusión
y el voto en contra es porque no se admita a discusión.
Ábrase el tablero electrónico por tres minutos y no
se aceptará ningún voto posterior al cierre del tablero, a menos que se haya
pedido con antelación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres
minutos para proceder a la votación nominal.
(Votación)
Se les recuerda a las señoras diputadas y señores
diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse
antes de que transcurra el tiempo para la votación.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): A favor.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Abstención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: La diputada Karen Quiroga, ¿ya? Ciérrese el sistema electrónico. Señor
presidente, se emitieron 172 votos a favor, 222 votos en contra y 20
abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, corresponde
el uso de la tribuna al diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario
Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al mismo artículo 31, fracción
XXVI.
El diputado Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros, lamento que en este momento
no se encuentre en la conducción de esta sesión el diputado Arroyo, porque
quiero hacer un comentario que lo involucra, y no quiero que parezca de mal
tono, de mala manera el que lo haga estando él ausente de la conducción. Así es
que aclaro que si lo extraño no es porque conduzca bien, sino porque me gustaría
que estuviera aquí para que fuera él receptor de mi comentario.
Yo creo que las malas maneras son muestra de
inmadurez política, y en esta Cámara hemos visto, hemos sido testigos
frecuentes de malas maneras. Pero yo creo que las buenas maneras, las buenas
maneras políticas debe impulsarlas la autoridad, porque una autoridad
políticamente sensible sabe que un ciudadano digno funciona con palmadas, no
con nalgadas.
Yo creo que el presidente, el diputado Arroyo,
cuando ha presidido esta Cámara ha confundido la fuerza política de su fracción
parlamentaria con su derecho a coartar la expresión de uno que otro legislador.
Ya entrado en materia quisiera hacerlo con respeto, porque de veras así lo
registro. Le reclamo su ocasional mal tono, su inflexibilidad y también con
frecuencia su fallida ironía, que con frecuencia termina convertida en agravio.
Quiero compartirles a ustedes, perdón, debí haber
aclarado, es una digresión, entro en un minuto más al artículo 31, pero quiero
compartirles que el día de ayer en una larguísima sesión de las Comisiones
Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, fue patente la flexibilidad de
los presidentes de ambas comisiones para conducir el debate, y quiero decirles
que ese debate fue ejemplo de respeto.
No nos quedamos absolutamente sin debatir ningún
tema y no recuerdo absolutamente ningún agravio. Hubo uno, de mi parte, que
retiré y expresé las disculpas correspondientes a quien había sido objeto de
ese agravio.
Así es que reconozco hoy, al diputado Alejandro
Moreno y al diputado Guillermo Anaya, esa flexibilidad que nos permitió
desahogar, en un ambiente de concordia, absolutamente todos los temas.
No soy ingenuo, no voy a dejar de reconocer, no
puedo dejar de reconocer la fuerza política de estas dos fracciones, así es que
nos aplicaron invariablemente la aplanadora, pero están en su derecho, no es
una actitud democrática, pero están en su derecho.
Así es que lo que quiero proponer hoy a esta
Presidencia, es que podamos importar esa flexibilidad, de tal manera que
cancelemos a este pleno y a las cámaras de televisión, que nos llevan a muchos
hogares en el país, la vergüenza que representa venir a hacer escándalos aquí
para poder hacer uso del derecho de acceder a esta tribuna, en los términos
reglamentarios y más respetuosos, pero siempre en ejercicio de un derecho
inherente a nuestra condición de diputados.
Y para reflejarles a ustedes la importancia que
para mí tiene poder acceder o hacer uso de este derecho, declino hoy mi reserva
respecto al artículo 31. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Durazo.
El
Presidente diputado José González Morfín: Creo que
como responder y por ser un artículo de características muy especiales, procede
que se abra el sistema electrónico de votación, en razón de que no fue aceptada
la propuesta del diputado Botello ni presentadas las otras, que se abra el
sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal sobre el
artículo 31 en los términos del dictamen. Por tres minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres
minutos para proceder a la votación nominal del artículo 31 en sus términos.
(Votación)
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Abstención.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Abstención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 220
votos a favor, 124 en contra y 58 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, aprobado el artículo 31 en los términos del dictamen.
El
Presidente diputado José González Morfín: Tiene la
palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo
Parlamentario del PT, para presentar su reserva al artículo 32, fracción I,
inciso c).
La diputada Lilia Aguilar Gil: Con su permiso, señor presidente. La modificación de la reserva que
estamos proponiendo el día de hoy en el artículo 32, fracción I, inciso c), es
para modificar lo que el día de ayer en la Comisión de Gobernación, y quiero
felicitar desde esta tribuna a las compañeras diputadas y a los compañeros que
defendieron la autonomía de las mujeres y de los grupos indígenas de este país,
para que sectores que han desarrollado ya una política transversal no sean
considerados simplemente como sectores –valga la redundancia– sectorizados
ahora a una secretaría.
La propuesta que el Partido del Trabajo trae ante
ustedes es el artículo 32, inciso c), que actualmente dice que la atención a
los derechos de los pueblos, comunidades indígenas, de la niñez, de la juventud,
de las mujeres, y el impulso a la igualdad de género, de los adultos mayores y
las personas con discapacidad será sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Social.
Ahora, en el inciso c), hablemos solamente del
combate contra la discriminación en los términos del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es finalmente el
artículo que nos da los derechos de igualdad a todos nosotros.
La razón es la siguiente, compañeras diputadas y
compañeros diputados, así como el día de ayer en la Comisión de Gobernación
diputadas de todos los partidos –diputadas del PRI, del PAN, del Partido Verde
Ecologista, del PRD– se pronunciaron diciendo que hay políticas públicas en el
tema de mujeres y de indígenas que han avanzado con órganos como el Inmujeres y
con órganos como el CDI lo mismo sucede en el tema de jóvenes.
El día de ayer en la Comisión de Justicia aprobamos
un dictamen o aprobaron un dictamen que llega como minuta del Senado, donde se
aprueba que los jóvenes entre 12 y 18 años, y hasta 25, pasando la mayoría de
edad, puedan ser privados de la libertad e imputables a acciones antisociales
consideradas para adultos como delitos.
Pero, en este artículo, mientras por un lado los
queremos meter a la cárcel o internar, como ustedes quieran llamarle, por otro
lado decimos que debe ser la Secretaría de Desarrollo Social quien fije las
líneas del desarrollo de la juventud de este país.
Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo en
este tema es congruencia. Y estamos pidiendo que este artículo finalmente se
cambie, que se quiete a los jóvenes de esta concepción de ser grupos
vulnerables.
No somos grupos vulnerables. Si por un lado dice
que somos lo suficientemente grandes para meternos al bote, bueno, pues también
somos lo suficientemente grandes para que el Instituto Mexicano de la Juventud
pueda terminar las políticas de desarrollo de los jóvenes de este país, y
creemos que así debe ser.
Y es lo que le estamos solicitando a esta asamblea,
haciendo un llamado a los diputados jóvenes de esta asamblea y haciendo también
un llamado a las diputadas y a los diputados que el día de ayer en la Comisión
de Gobernación y la Comisión de Seguridad Pública bajaron el tema de mujeres,
de equidad de género y de derechos indígenas de esta sectorización para que nos
apoyen, para que los jóvenes también tengamos derechos, porque somos pensantes,
porque somos también hacedores de políticas públicas, porque tenemos una
concepción clara de qué es lo que queremos para este país. No nos sectoricen y nos
bajen de esta tutela que ahora se nos quiere dar en el artículo 32 de esta
reforma. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en
votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la
diputada Aguilar Gil.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Lilia Aguilar Gil, relativa al artículo 32, fracción I, inciso c). Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión.
El Presidente diputado José González Morfín: Para presentar su reserva al mismo artículo, a la misma fracción y al
mismo inciso, tiene la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. La propuesta de modificación presentada en
el dictamen sobre el artículo 32, fracción I, inciso c), busca que la
Secretaría de Desarrollo Social absorba la tutela de las políticas públicas que
elabore el Ejecutivo federal en materia de niñez, personas con discapacidad,
adultos mayores y juventud.
Ahora pretenden que las políticas públicas a favor
de estos grupos, que son una obligación del Estado mexicano en materia de
derechos humanos y que por ende se deben respetar y proteger de forma
transversal por todas las entidades de la administración pública federal, se
conviertan en meras políticas asistencialistas que quedarán como botín de la
Sedesol y por lo tanto del Ejecutivo federal. Nada harán por resarcir la
discriminación que antaño han sufrido.
Las necesidades y demandas de la mayor parte de la
población no se pueden atender solo por una dependencia, sino deben ser
abordadas con visión de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos
humanos, como bien está establecido en todos los Tratados de Derechos Humanos y
No Discriminación de los que México es parte.
Al integrar a la Secretaría de Desarrollo Social la
tutela exclusiva de las políticas públicas dirigidas a niños, adolescentes,
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, se busca convertirlos en
clientela de la asistencia social, negando el reconocimiento constitucional que
se establece en el artículo 1o. y que reconoce el derecho a la no
discriminación y el principio de que todas las personas somos iguales ante la
ley.
Sin duda deben existir acciones afirmativas en
favor de los grupos históricamente discriminados, pero éstas deben tener
carácter temporal y buscar erradicar la situación de discriminación en la que
se encuentran. Solamente mediante la redistribución del ingreso, la
transversalización del principio de igualdad y la adecuada distribución del
presupuesto para ello, se logrará el cambio de conciencia de los funcionarios y
de las personas en general, tan necesario para erradicar la desigualdad
imperante.
La juventud, la niñez, los adultos mayores y las
personas con discapacidad, deben ser tomados en cuenta para diseñar políticas
gubernamentales efectivas. No es tarea de una sola secretaría.
La tendencia manifestada en este dictamen deja en
manos de un solo aparato burocrático el diseño de instrumentos de desarrollo
que debieran ser integrales, bien diseñados, pero sobre todo transversales.
Pero aun con todo lo anterior, quizá lo más
lamentable es que en el dictamen original se incluía también a las mujeres y
comunidades indígenas en el inciso que se discute, situación que permaneció así
hasta que el día de ayer, cuando Enrique Peña Nieto ordenó dar marcha atrás a
esta parte del dictamen, a lo que los diputados y diputadas del PRI y del Verde
Ecologista respondieron de inmediato. Es decir, no cedieron ante los argumentos
que la oposición les esgrimía ni a las organizaciones civiles ni a los
institutos de investigación.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración
de este pleno la siguiente reserva para que se derogue el inciso c) de la
fracción I del artículo 32 de la ley en comento. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le voy a pedir a la Secretaría consulte a la
asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta
presentada.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Luisa María Alcalde Luján, relativa al artículo 32, Fracción I, inciso c). Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. En consecuencia el artículo
32, fracción I, inciso C), queda en los términos del dictamen y se reserva para
su votación en conjunto con los siguientes artículos.
Tiene la palabra la diputada Rocío Esmeralda Reza
Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar su reserva al
artículo 37.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su permiso, presidente. Seré muy breve, presidente, únicamente
relacionado al artículo 37 y comentar que como observamos, no contempla el
planteamiento del presidente electo ninguna conformación de un sistema de
gobierno que atienda a la modernidad y a los temas que en la actualidad
demandan en nuestro país; se retrocede a un modelo de hace 12 años, creando dos
súper secretarías como tanto se ha reiterado aquí: la de Gobernación y la de
Hacienda.
Me refiero en esta ocasión al tema anticorrupción
que es el que nos ocupa y preocupa como grupo parlamentario del PAN.
Este dictamen que hoy se vota, no toma en cuenta
que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, confiere una
facultad exclusiva a la Secretaría de la Función Pública para investigar la
posible comisión de cohecho trasnacional, así como determinar las
responsabilidades de servidores públicos que deriven de la misma, de aplicar
las sanciones correspondientes.
Todos aquí hemos dicho que es fundamental brindar
el combate frontal a la corrupción. Como membrete se escucha muy bien. Lo
trascendente es encontrar un modelo integral que coordine qué sanciones, que
tenga rango constitucional que garantice y sobre todo que le brinde a este país
y a los mexicanos, la posibilidad de erradicar un mal que no permite elevar a
una mayor competitividad.
De qué le sirve a México un planteamiento
anticorrupción sin sanciones, como lo plantea el presidente electo.
Señoras y señores diputados del PRI, lo mejor que
pueden hacer para ayudarle al presidente electo, es diciéndole en dónde se
encuentra equivocado.
Lo peor que se puede hacer con la clase gobernante,
es la adulación. Y a este país, ni siquiera el propio Peña le sirve una mayoría
en este Congreso ciego, sordo y mudo.
Aprovechen, compañeros diputados la gran coyuntura
de contar con una oposición seria y responsable; pero no transgredan lo que
mueve a esta oposición que ve más que nada a México.
Si tienen verdadero amor a la patria no cuentan con
otro espacio mejor en la historia para demostrarlo que éste. México no merece
regresar al pasado.
Señores diputados de la izquierda, de las
izquierdas, los exhorto a establecer un diálogo que fructifique en lo que sea
mejor para México. No es un asunto menor el dejar que se estructure un gobierno
como mejor le parezca; es válido. Lo que no es válido es permitir que de inicio
presenten un modelo retrógrada que no obedece a la realidad de México.
Reitero de nuevo: no avalamos la transferencia de
funciones de la Secretaría de la Función Pública a otra como la de Hacienda
sólo para decir que han cumplido. Los diputados del PAN venimos hoy a brindar
un voto razonado; como verdaderos demócratas, actuamos, brindamos de forma
responsable las condiciones para el inicio de un gobierno bajo su visión, pero
jamás, jamás cederemos ante lo que históricamente nos hemos comprometido con
México. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea,
en votación económica, si la propuesta se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Rocío Esmeralda Reza relativa al artículo 37. Las diputadas y los diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación); las
diputados y los diputados que estén en abstención sírvanse manifestarlo
(votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión el artículo. Se reserva para su
votación en conjunto con otros artículos.
Perdón, diputado, a juicio de la Secretaría es muy
clara la votación y también a juicio de quien preside, diputado. Sonido primero
en la curul del diputado que estaba pidiendo el uso de la palabra y después de
la diputada Malú Mícher.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente, solicito que la votación se haga por la
vía electrónica porque no es una votación mayoritaria.
Me parece importantísima la propuesta que está
haciendo la compañera del Partido Acción Nacional, compañeros del PRI. Creo que
deben reflexionar en la situación en la que están. Felicito al diputado Manlio
Fabio Beltrones por la eficacia en cómo ha mantenido la disciplina de su
bancada, pero creo que es necesario que los diputados del PRI superen el
síndrome Colosio.
Ciertamente, el señor Colosio, dio su vida por
expresar sus ideas y eso le valió una bala en la cabeza. Pero compañeros del
PRI, superen ése síndrome, por favor, porque hoy la patria necesita otro tipo
de diputados. Un tipo de diputados que hagan valer esta gran institución.
Por eso saludamos la propuesta de la compañera del
PAN, de hacer ese llamado a cambiar esta actitud. Y reitero mi felicitación a
Manlio Fabio Beltrones por esa capacidad, pero es necesario que suelte las
trancas para que podamos discutir abiertamente.
Solicito votación nominal...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, ya su intervención ha sido registrada. A ver, sonido en la
curul en la que se encuentra la diputada Mícher Camarena.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Diputado, si bien se sometió a votación a favor, en
contra y abstención, cuando se preguntó “...diputados y diputadas que estén por
la abstención...” ni siquiera habíamos levantado la mano y el diputado
secretario dijo “mayoría”. No habíamos levantado la mano.
Yo le pido, por favor, para aclararnos todas las
dudas, démonos un trato respetuoso. Todavía no levantábamos la mano y el señor
secretario dijo “mayoría, señor presidente”. Creo que no es correcto. Si me
permite y a solicitud de lo que acabamos de pedirle, pues por favor que haya
una votación nominal, nada más por eso. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por tres
minutos, para recoger la votación nominal sobre el trámite, solamente. Si se
admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Rocío Reza, respecto
del artículo 37 de la ley. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres
minutos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En términos del artículo 144, numeral 2, del Reglamento Interior de la
Cámara. Ábrase el sistema de votación por tres minutos.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: No, no se ha votado el fondo del artículo, es solamente si se admite a
discusión la propuesta de la diputada Reza, en el entendido de que el voto a
favor es porque se admita a discusión; el voto en contra es porque no se admita
a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los
reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que
transcurra el tiempo para la votación.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): en contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
La diputada Teresa de Jesús Mujica Morga (desde la curul): a favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, le informo que
existen 169 votos en pro, 218 votos en contra y 16 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión la propuesta.
El
Presidente diputado José González Morfín: Antes de
regresar la conducción de la sesión al vicepresidente Arroyo voy a tener que
someter a votación los dos artículos que ya han sido discutidos pero no
votados, el 32 y el 37, y se tendrán que votar por separado en razón del propio
debate que aquí hemos escuchado.
Entonces habrá dos votaciones consecutivas. Primero
ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del
artículo 32, en los términos del dictamen, por tres minutos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144...
El Presidente diputado José González Morfín: Es el 32.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: ... a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la
Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para
proceder a la votación nominal del artículo 32 en los términos del dictamen.
(Votación)
Se recuerda a las señoras diputadas y a los señores
diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse
antes de que transcurra el tiempo para la votación.
La votación del diputado Chávez Contreras, por
favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le
informo que existen 383 votos en pro, 21 votos en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 32 en los términos del dictamen.
El
Presidente diputado José González Morfín: Ahora falta
solamente la votación del artículo 37, en el entendido, por supuesto, que el
voto a favor es en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico de
votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 37.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del
Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres
minutos para proceder a la votación nominal del artículo 37, en los términos
del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los
reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que
transcurra el tiempo para la votación.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Abstención.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Señor presidente, le
informo que existen 219 votos en pro, 133 votos en contra y 50 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 37 en los términos del dictamen.
Adelante.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aquí estamos, a sus apreciables órdenes. Tiene el uso de la voz don
Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar la
reserva a las fracciones X y XVII.
El diputado Víctor Serralde Martínez: Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados, en repetidas ocasiones
se ha dicho en este recinto que un presidente tiene derecho a reorganizar su
gobierno.
En Acción Nacional estamos convencidos de que esto
no debe ser nada más una línea discursiva, estamos profundamente comprometidos
con el sentido democrático con el cual se ha forjado nuestro partido y queremos
abonar en la construcción de un gobierno que resulte eficaz para gente.
Es justamente por eso que Acción Nacional se
conduce ante esta iniciativa no como un partido de oposición, sino como una
fuerza transformadora que aspira a darle a este país condiciones para que
alcancemos el estado de bienestar que la gente espera allá en nuestros
distritos.
Quisiera pedirle, de manera muy especial, a los
compañeros diputados del PRI que aprecien esta disposición que hoy encuentran
en nuestro partido, en los diputados y diputadas de Acción Nacional.
Quisiera pedirles que lo valoren, pero que tengan
muy presente que los diputados de Acción Nacional si bien estamos dispuestos a
darle condiciones a un nuevo gobierno también estaremos dispuestos a fiscalizar
cada una de las acciones.
Dentro de las iniciativas o dentro de esta
iniciativa se han propuesto una serie de cambios, y particularmente el que se
refiere al artículo 41 ha motivado que a título personal y en representación de
los diputados de Acción Nacional presente estas reservas, específicamente a las
fracciones X y XVII, en las cuales se describen los asuntos de los cuales podrá
despachar la secretaría que se pretende crear.
Quiero pedirles que reciban esta reserva, esta
modificación a la redacción que se planteó porque nosotros estamos
profundamente convencidos de que esta secretaría debe tener un marco plenamente
definido en su relación con los estados y con los municipios.
Si bien es cierto que tendrá facultades de
planeación y ordenamiento éstas no deben transgredir en ningún momento las
facultades que le ha conferido la Constitución a los estados y a los
municipios.
En este sentido quiero pedirle a la Mesa Directiva
que reciba una redacción distinta, en la fracción X, nosotros consideramos que
debe de versar de esta manera.
Artículo 41, fracción X. Planear y proyectar la
adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los
centros de población, ciudades y zonas metropolitanas bajo criterios de
desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la
administración pública federal competentes.
Cuando el Ejecutivo federal convenga con los
gobiernos de las entidades federativas y municipios la realización de acciones
en esta materia con la participación de los sectores social y privado.
Igualmente en la redacción de la fracción XVII,
consideramos que debe decir lo siguiente:
Artículo 41, fracción XVII: Facilitar las acciones
de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y
metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo hayan
convenido.
De esta manera en Acción Nacional consideramos que
quedan protegidas las facultades que tienen en materia de ordenamiento
territorial los municipios y los gobiernos estatales.
Señor presidente, el documento que se le hizo
llegar a la Mesa Directiva contempla un error que ha sido corregido en mi
ponencia. Le pido que por favor me reciba este documento para que así se
suscriba. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Sí, señor. Si me lo deja en la Secretaría, si es
usted tan bondadoso. Le ruego a la Secretaría, preguntar a la asamblea si se
admite a discusión la propuesta del señor diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Víctor Serralde Martínez relativo al artículo 41, fracción X y fracción XVII.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación)...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Permítame un segundo. Don Tomás Torres, ¿con qué
objeto?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señor presidente, para rogarle a usted, porque además
así se ha estado atendiendo la votación por separado de este artículo 41, por
separado lo relativo a la fracción X y la XVII.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Sí. Pregunte por la fracción X, por favor
secretaria, si es tan bondadosa.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Víctor Serralde Martínez, relativa al artículo 41, fracción X. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la abstención
(votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ahora por favor pregunte, por la fracción XVII.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Víctor Serralde, relativa al artículo 41, fracción XVII. Diputadas y diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor
presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte si se acepta el texto de tal suerte de que
forme parte del dictamen.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si se
acepta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
Diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Señoras y señores diputados, estamos votando si se
acepta. Estamos votando el fondo de esta fracción XVII del artículo 41.
Desde esta Presidencia no se observa con claridad
el sentido de la votación. Le rogamos a la Secretaría repetir la votación.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se acepta la modificación de la fracción XVII del artículo 41.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Se modifica la fracción XVII del artículo 41. La
diputada Yazmín Copete Zapot, tiene usted el uso de la voz para presentar su
reserva.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Compañeras y compañeros diputados, pareciera que no tuviera sentido el
venir a plantear que se sostenga el artículo 41, en virtud de que se ha votado
ya la reforma al 26 y con ello la desaparición de la Secretaría de la Reforma
Agraria. Pero si esa propuesta pasa, obligaría entonces a que se mantuviera.
Voy a continuar con la segunda parte de mi
intervención. El máximo órgano de interpretación constitucional en México, que
es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno resolvió el pasado 14 de
octubre del 2008, la controversia constitucional 66 2005 y que causó sentencia
ejecutoria el primero de diciembre de 2008.
La resolución fue que los acuerdos son inconstitucionales
cuando las licencias de uso del suelo las autorice el gobierno del estado y no
los municipios.
No obstante esta sentencia ejecutoria del primero
de diciembre del 2008, el gobierno del estado siguió autorizando las licencias
de uso de suelo. ¿Cuáles licencias?
El 90 por ciento de los 352 conjuntos
habitacionales construidos en los años a los que hice mención del 99 al 2011,
en el periodo de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, fueron los que emitieron
acuerdos de autorización que son inconstitucionales, toda vez que las licencias
de uso del suelo las autorizó el gobierno del estado de México y no los
respectivos municipios de la entidad mexiquense, porque muchos de estos
asentamientos humanos se construyeron en propiedad ejidal, concretamente en los
ejidos de San Francisco, Santa María Tonanitla, San María Chiconautla, Santo
Tomás, San Pablo y en los municipios de Tecamac y Tultitlán y sus barrios en
Cuautitlán Izcalli.
No obstante se han seguido autorizando licencias
indebidamente. Los beneficiarios de esos desarrollos en el estado de México son
Urbi Desarrollos Urbanos, Promociones de Vivienda Integrales, Consorcios de
Ingeniería Ara, Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, Comex Geo, entre otros,
cometiendo el delito grave de fraccionadores porque enajenaron, vendieron y
gravaron las viviendas sin tener el permiso previo para enajenar o vender esto
por la instancia correspondiente.
Todo ello fue con la finalidad de difundir la
publicación de los conjuntos habitacionales en comento, teniendo permisos para
enajenar, permisos que no fueron dados por la autoridad responsable, no
cumplieron con los términos de autorización, no promovieron prórrogas para
terminar las obras de urbanización y equipamiento de las viviendas. Se les
devolvieron las fianzas al 100 por ciento a favor del gobierno del estado de
México, sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanización,
con la complicidad de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo
Urbano.
En algunos municipios incluso no han realizado las
actas de entrega total y definitiva de los citados conjuntos habitacionales, es
decir, no están municipalizados. Simularon actas de entrega parciales, totales
y definitivas. También simularon la supervisión de bitácoras de construcción.
Ésta es la herencia que deja el actual presidente electo en el desarrollo
territorial urbano que hoy nos quiere imponer a todos los mexicanos y
beneficiar a los grandes desarrolladores.
Esta reforma inconstitucional que extingue a la
Secretaría de la Reforma Agraria son para intereses principalmente muy
particulares de sus promotores y en específico del compadre incómodo del
presidente electo, y me refiero al ex candidato perdedor de la alcaldía de
Monterrey, Nuevo León, y ex diputado federal Felipe Henríquez, personaje que
cuando fungió como secretario particular de la titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, utilizó su puesto para apoderarse
de predios de propiedades ejidales. Esta afirmación no es ninguna difamación.
Existen incluso medios de comunicación que lo han destacado y uno de ellos es
el Reporte Índigo del pasado 30 de mayo del 2012.
Asimismo, se hace el señalamiento de que ex
funcionarios de la Reforma Agraria adquirieron de manera ilícita tierras con
litigios ejidales en la Isla Blanca del norte de Cancún, al poniente de Mérida,
Yucatán, y en Tulum, Quintana Roo, en donde pretenden construir grandes
complejos con la figura jurídica constitucional de los núcleos de población
ejidal. Y así podría reseñar muchas otras cosas.
El pasado 12 de noviembre también la periodista del
diario La Jornada, Angélica, hizo la publicación del reportaje titulado Holbox:
el paraíso del Caribe en peligro. Y bueno, como si lo anterior no fuera
poco, ha sido publicado también la compra de tierras con sobreprecio por
familiares del actual gobernador de Nuevo León.
Compañeras y compañeros. Si se hubiese dado vista a
la Comisión de la Reforma Agraria, esta discusión la hubiésemos hecho al seno
de la comisión, pero no como se dio vista, tenemos que hacerlo aquí, en la
tribuna, donde ustedes seguramente, incluso, muchos desconocen realmente cuál
es el fondo de esta reforma que en un momento dado hoy nos ocupa.
Compañeras y compañeros, éste es el verdadero
espíritu de los desarrolladores inmobiliarios para extinguir la Secretaría de
la Reforma Agraria. Por tal motivo solicito se quede como está el artículo 41
en comento. Diputado presidente, por su tolerancia, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias, diputada. Por favor, pregunte la
Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por Yazmin
Copete Zapot, relativa al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente,
mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en términos del dictamen. Don Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, del PT, tiene uso de la voz para presentar reserva del 41.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Buenas noches a todos y a todas. Fíjense que me interesaba mucho llegar
a este momento de la asamblea. Quiero compartir una reflexión. La verdad vengo
sin la esperanza de que nos hagan caso en la propuesta, pero sí en reflexionar.
Vale la pena la reflexión sobre este asunto.
Miren, el viejo PRI tenía cosas positivas, hay que
reconocer. Creó grandes instituciones en este país, una de ellas, sin duda el
ejido. Ésta fue una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución
Mexicana y se estuvo prohijando en algunos gobiernos priistas, sobre todo el
del general Lázaro Cárdenas, que algunos recordamos con mucho cariño.
Sin embargo, el nuevo PRI, el nuevo PRI que es por
ahí del 88, que ya hemos hablado y no quiero provocarlos ahorita, pero ustedes
saben que pensamos que fue en ese acuerdo de Salinas con Acción Nacional, que
provocó reacciones estructurales con reformas que hicieron en esta Cámara,
todavía estábamos en el Centro Médico y en esta misma Cámara con las reformas,
sobre todo al artículo 27 constitucional, que empezaron a acabar con la función
social de la tierra, del suelo y ustedes saben que una minoría dimos la
votación en contra, como hoy ocurre aquí, y a la larga a los años demostramos
que en nuestros argumentos teníamos la razón.
Aún con todo eso, en 1992 presidía la Comisión de
Asentamientos Humanos un perredista distinguido, parece que creo que acaba de
renunciar, el senador Alejandro Encinas, actualmente, y él -dicen que todavía
no, es la prensa mala la que anda informando- pero el asunto es que ese senador
que es militante perredista distinguido, de la izquierda, era presidente de la
comisión y logro un consenso inédito para la reforma a la Ley de Asentamientos
Humanos.
Unos dudábamos votarlo a favor, porque aunque tenía
cosas de avanzada esa ley, cosas como el asunto del ordenamiento territorial,
el asunto de las conurbaciones, el asunto del hábitat se introducía como un
elemento donde la vivienda y el suelo se contemplaran, hicimos el esfuerzo
porque al interior del PRI había un debate, había un secretario de Desarrollo
Urbano, Colosio, que quería parece ser la gobernabilidad democrática, traía
otro proyecto al interior del PRI.
Obviamente ustedes saben lo que ocurrió, porque ya
está hasta en película, ese proyecto de un intento de nuevo PRI murió, lo
mataron, literalmente lo mataron y quedó trunco.
¿Qué pasó con esta Ley de Asentamientos Humanos a
20 años? Evidentemente las dudas que teníamos nos lo confirmaron, esta alianza
maléfica para el país ha desarrollado una política que yo lo platicaba en la
Comisión, en el caso concreto de mi ciudad, Xalapa, por ejemplo, pero lo vemos
en la mayoría de las ciudades, salvo el Distrito Federal por algunas causas, se
ha extendido la ciudad al doble, verdadero ecocidio, la densidad de población
no aumenta, viviendas que ustedes las ven en sus distritos de muy mala calidad,
negocios para las trasnacionales como aquí se está diciendo; la gente la verdad
que se amuele, porque vive en una ilusión, como la ilusión que vive el país con
esa burbuja financiera que el capital internacional está generando con esta
producción privada de la vivienda.
Eso nos preocupa, porque también otras
instituciones en materia de vivienda, lo he platicado con el presidente de la
Comisión de Vivienda, el mismo Infonavit se está yendo hacia este tipo de
producción, y nosotros vemos que esta ley ya ahora en descaro, pretende que
este suelo social que todavía existe, la tierra ejidal, comunal que todavía
queda, arrasen con ella en aras de lo urbano, de las necesidades de vivienda
urbana, como sabemos, déficit de vivienda, pero también la que no se ocupa por
las condiciones en que la economía la están dejando.
Para mí era importante decir que nosotros estamos
proponiendo que este artículo desaparezca de la iniciativa, porque obviamente
violenta las propias leyes de Asentamientos Humanos, pero por el fondo de lo
que está ocurriendo, y ojalá de verdad, ya a estas horas del debate hubiera un
acto mágico que hiciera que la mayoría instalada en este Congreso modificara,
pero sabemos de nuevo que va a ser imposible, porque las consignas están dadas.
Este modelo no es un asunto de cortesía nada más de
que “hay, vamos a organizar el gobierno”, en el fondo esto está más fuerte que
la reforma laboral. Están aprobando modelos de administración del nuevo
gobierno, donde le van a entregar el poder evidentemente a los que mandan en
este país, que evidentemente no es ni el Ejecutivo, no son ustedes, no es el
Legislativo, no es tampoco el Ejecutivo porque él tampoco va a mandar, él está
obedeciendo a los capitales internacionales, a la mafia que está atrás, a los
30 que deciden en este país.
Sí, voy a culminar, sé que cuando digo estas cosas
les duele, pero hay que decir la verdad. En este país mandan 30 personas, es el
tema, y algunos funcionan nada más como verdaderos -en este caso recordando al
viejo PRI- levantadedos, títeres, que cuando dicen a votar, viene la aplanadora
y le siguen dando en la torre al pueblo de México.
Por desgracia, yo quisiera que sucediera la magia,
cambiaran estas actitudes, pero sabemos que los que mandan ya les dieron la
consigna. Es todo y muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite
la propuesta de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta presentada por Manuel Huerta, relativa al artículo 41.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Doña Gisela Mota, tiene
usted el uso de la palabra.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Gracias. Con su permiso, presidente. Nos hemos olvidado, los
legisladores, del espíritu legislativo. En las repúblicas democráticas,
modernas, los ciudadanos se han dotado de los instrumentos políticos que
garanticen sus derechos, pero también en esencia, que garanticen la
perfectibilidad de la nación.
Los fundadores del Estado mexicano, conscientes de
su condición humana, sabían que todo es perfectible, incluso sus actos, por lo
mismo en dichas república existe el Poder Legislativo.
Me refiero a esto, porque esta Cámara ha suprimido
el debate de lo perfectible por un burocratismo supeditado a las élites
económicas del país. Esta ley propuesta tiene destinatarios, beneficiarios y
son éstos los grandes desarrolladores inmobiliarios del país.
Me atrevo a decir que la única manera en que
pudiéramos respaldar este fortalecimiento de la Secretaría de la Reforma
Agraria, es que se invirtiera la proporción de la inversión pública en el campo
mexicano. Esto es, que el 70 por ciento de los recursos económicos públicos
destinados al campo sean ejercidos en la propiedad social, en la figura de los
ejidos y las tierras comunales, y no como ocurre actualmente, que es la
inversa.
En esta tribuna, en estos tres meses de trabajo se
han mencionado, en innumerables ocasiones, que el país está en riesgo de
seguridad, debido a la pérdida de la soberanía alimentaria y Enrique Peña, que
aun no entra en funciones, nos presenta una propuesta no para resolver esta
situación sino para que se sigan construyendo casas en los ejidos del país.
Por último y quizá lo más grave, es que tratándose
de la modificación de facultades a la ahora Secretaría de la Reforma Agraria,
no haya sido convocada la Comisión de Reforma Agraria a las comisiones unidas
que trabajaron este dictamen.
Quiero pensar que fue un error de la Mesa Directiva
que no se haya turnado y no que existan razones ajenas al interés nacional, que
privan en lo económico, como para que nuestra comisión haya sido excluida de la
discusión.
En específico, nos oponemos a la fracción I, inciso
a) del artículo 41 de la propuesta, que a la letra dice que corresponde a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsar la planeación y
el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la
formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de
asentamientos humanos y centros de población.
Es decir, la facultad que se le pretende otorgar a
la Secretaría, con todo derecho ahora para seguir sembrando lotes para la
construcción de viviendas y no de elotes de maíz, sustento principal del
régimen alimentario mexicano.
Y nos oponemos no solo por oponernos, sino porque
vemos que la dependencia alimentaria, como se ha mencionado reiteradamente
aquí, alcanza niveles alarmantes y la falta de inyección de capital al campo
mexicano es lo que lo hace improductivo. No así la falta de fertilidad sino la
falta de apoyos reales al agro mexicano, lo que orilla al campesino a que
decida la enajenación de su parcela o peor aun, la migración al país del norte.
¿Por qué no proponer mejor el aumento de
presupuesto para que el campo mexicano sea productor de sus alimentos para los
mexicanos? ¿Por qué seguir creyendo que la siembra de lotes para la
construcción de viviendas nos dará un mejor país?
Pensemos en el futuro de nuestros hijos y de las
generaciones venideras. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Una tenencia de la tierra
pulverizada y destinada solamente a la construcción de vivienda o la siembra de
parcelas solo por las transnacionales? ¿Destinos turísticos a los que solo
acceden los extranjeros? O mejor el paraíso que nos fuera legado como tierra
productora de una de las diversidades alimentarias más ricas del mundo, la cual
debería ser base fundamental para alimentar al pueblo mexicano.
Es necesario recuperar la exposición de motivos de
la creación de la reforma agraria. En ella se establecía la urgente necesidad
de que los ejidatarios aprendieran a hacer la tierra más productiva y no como
lo que ahora se pretende, que es sembrar casas.
Para orientar el esfuerzo del gobierno federal a la
recuperación de la soberanía alimentaria, proponemos que la fracción I, inciso
a) del artículo 41 sea eliminar el dictamen y se mantengan íntegras las
facultades que concedían a la Secretaría de Reforma Agraria, establecidas en
las fracciones II, III, IV y VII de la ley en vigor. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a
discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta presentada por la diputada María Fernanda Romero
Lozano...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: No. Es la diputada Mota.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Perdón usted, presidente. La diputada Mota, relativo al artículo 41. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Finalmente, en el artículo
41, la diputada María Fernando Romero Lozano, fracciones X y XIII y XIX.
La diputada María Fernando Romero Lozano: Compañeras diputadas y compañeros diputados, resulta importante
considerar que en el dictamen que hoy se nos presenta para su aprobación se
violan diversas disposiciones constitucionales y legales. Me ocuparé únicamente
lo relativo a los asentamientos humanos y desarrollo urbano.
En materia de asentamientos humanos el artículo 41,
tal y como se encuentra planteado en el dictamen, viola lo dispuesto en la fracción
XXIX, inciso c), del artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso de
la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno
federal de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias en materia de asentamientos humanos.
De igual forma viola las disposiciones de la Ley
General de Asentamientos Humanos, cuyo objeto se centra en establecer la
concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios
para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio
nacional, para fijar sus normas básicas, definir lo relativo a provisiones y
reservas que regulen la propiedad en los centros de población y establecer las
bases en la participación social en la materia, entre otros.
El artículo 6 de la propia ley establece que: Las
atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado,
serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades
federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente el artículo 8 del mismo ordenamiento
indica que las entidades federativas deberán coordinarse con la federación, con
otras entidades federativas y con sus municipios para el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros
de población.
Por todo lo anterior consideramos que las fracciones
X, XIII y XIX del artículo 41 de la reforma que hoy nos ocupa viola los
principios fundamentales que han regido en la relación corresponsable de los
tres ámbitos de gobierno en la materia.
Es por lo anterior que proponemos que en todas esas
fracciones se especifique que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano de nueva creación debe coordinarse con las entidades federativas y los
municipios con el fin último de preservar el pacto federal y la integridad,
autonomía e independencia de los estados y municipios que componen nuestra
nación.
Para mantener vigente una república federal y
democrática que respete decisiones y necesidades de las comunidades y
municipios, debe dejarse de lado prácticas, medidas o acciones de carácter
centralista o autoritarias para dar paso a la reivindicación de los
ayuntamientos, los cuales deben dejar de ser un gremio de burócratas que
defienden mayormente sus propios intereses o los de sus partidos políticos para
convertirse en una institución en la que los ciudadanos participen directamente
de las decisiones y se conviertan en la base de la vida política de las
entidades federativas.
De ahí que lo relacionado con el ordenamiento
territorial, rural o urbano, con la regulación de los asentamientos o poblaciones
debe ser competencia de entidades federativas y ayuntamientos. Necesariamente
debe contarse con la participación de estos órdenes de gobierno y de los
ciudadanos que conviven en estos espacios.
Resulta indispensable que la secretaría que hoy se
propone crear asuma el carácter de coordinadora de las políticas públicas,
principalmente en materia de asentamientos humanos. Pretender dictar desde la
federación estos lineamientos equivale a querer establecer desde la capital de
la República, el lugar y las condiciones en que van a desarrollarse los centros
de población, sin tomar en cuenta las características específicas de cada uno
de ellos.
Hoy propongo la modificación de estas tres
fracciones, con el objetivo único de preservar las facultades que las entidades
federativas y los municipios tienen, principalmente en materia de distribución
y ordenamiento territorial de los centros de población, de los programas para
el suelo urbano y la preservación de las reservas territoriales, de los
programas de vivienda y desarrollo urbano y metropolitano y de los programas
especiales de desarrollo regional e inversiones. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, si se admite
a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión
la propuesta relativa al artículo 41, en sus fracciones X, XIII y XIX. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse
manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos el dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pasamos al artículo 44. Don José Arturo Salinas
Garza, del PAN.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Saludo
también, aprovecho, a todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional con quien hemos venido trabajando estas reservas que hemos
presentado el día de hoy.
Acción Nacional siempre ha demostrado su vocación a
favor de la transparencia y combate a la corrupción. Creemos que es muy
necesario impulsar instrumentos eficaces que promuevan la responsabilidad en el
ejercicio de gobierno y también puedan combatir de manera eficaz este mal
endémico que es la corrupción y que hemos vivido por muchos años. Los mexicanos
y las mexicanas perciben que la corrupción es una de las principales
debilidades y problemas que tiene el sistema político mexicano.
Acción Nacional no puede entregar un cheque en
blanco al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, sobre todo en un tema tan relevante
como es éste, bajo una simple promesa de crear una Comisión Nacional
Anticorrupción cuya dictaminación es futura, incierta y se encuentra en este
momento en la Cámara de Senadores.
Además la desaparición de la Secretaría de la
Función Pública y la creación de las unidades de auditoría preventiva, como se
han propuesto en este dictamen, rompen con el sistema de control, vigilancia,
fiscalización que actualmente se encuentra vigente y, sobre todo, no considera
la independencia y la autonomía que debe de tener una autoridad fiscalizadora
respecto a la entidad fiscalizada.
A mayor abundamiento, la falta de autonomía e
independencia de las unidades de auditoría preventiva de las dependencias y de
las entidades de la administración pública federal, no es consecuente con las
convenciones internacionales anticorrupción que ha suscrito el gobierno de
México.
Creo que a todos nos cabe la duda razonable de cuál
es la intención atrás de esta iniciativa de que quien audita dependa
orgánicamente del auditado. En esta virtud, se corre un riesgo de que el
sistema de control gubernamental se debilite, máxime si se considera que
conforme al esquema propuesto, la Secretaría de Hacienda, como autoridad
coordinadora de dicho sistema, no contaría con facultades de fiscalización que
permitan realizar auditorías para asegurar que los sistemas de control interno
de las instituciones públicas, efectivamente funcionen.
En conclusión, con esta modificación al artículo 44
se debilita el Sistema de Control y Fiscalización de la Administración Pública
Federal al establecer una dependencia jerárquica y funcional en las Unidades de
Auditoría Preventiva con respecto al ente auditado.
Asimismo para dar viabilidad jurídica al esquema de
reestructura propuesto que requiere reformas simultáneas, al menos, en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Por último, esta iniciativa pretende conferir
atribuciones a la Secretaría de Hacienda para determinar competencias para la
propia dependencia y para las Unidades de Auditoría Preventiva, lo cual no
resulta procedente desde el punto de vista jurídico.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros
diputados, debe el artículo 44 de esta Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal quedar como actualmente está, es decir, derogado, como lo es
desde el 4 de diciembre de 1997. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a
discusión la propuesta del diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
José Arturo Salinas Garza, relativa al artículo 44. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Jorrín
Lozano, de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Mi participación es en relación a la
reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y en específico el artículo 44.
Todos los diputados que tuvimos la oportunidad de
recorrer nuestro distrito y poder conversar y recoger las opiniones de la
comunidad, una de las más importantes es el tema de la transparencia y del otro
lado el tema de la corrupción.
Una de las propuestas que marca Peña Nieto dijo que
sería la transparencia. Lo que observamos, a través de la modificación de este
artículo, es que no corresponde lo que se dice a lo que se hace.
En este dictamen se menciona que se les va a dar a
las instituciones la facultad de que puedan ellos mismos elegir a sus propios
auditores, es decir, van a tener la facultad de hacerse las auditorías a la
medida, como es el caso que ha ocurrido en varios estados de la república y
municipios. Tenemos el caso de Coahuila, tenemos el caso de Cuernavaca y
tenemos el caso de Acapulco, en donde las auditorías municipales determinan una
cosa, la auditoría que hace el estado determina otra y la auditoría que
determine la Auditoría Superior de la Federación será distinta.
Les vamos a dar la oportunidad a los secretarios, a
todas las secretarías, que ellos mismos determinen quién será su auditor y
solamente le tendrá que decir: si te hace falta algún recurso que no fue
justificado, acomódalo a la medida de tal manera que podamos salir adelante.
Entonces tendremos auditores pagados por la misma secretaría.
Por el contrario, qué es lo que se propone. Que
aquí intervenga la Auditoría Superior de la Federación y que ella seleccione,
como dice en sus artículos. En el artículo 22 y lo especifica también en el
artículo 1º del artículo 14, fracción I, que la Auditoría Superior de la
Federación tiene la facultad de poder enviar a los auditores o despachos
especializados, pero tienen que ser separados de la dependencia, no
seleccionados por el secretario de Estado.
Aquí es muy importante que si queremos evitar la
corrupción tenemos que darle transparencia a esta ley para que se puedan hacer
las auditorías y no sea ni el mismo municipio ni el mismo secretario el que se
mande hacer su propia auditoría.
Dejemos las facultades a la Auditoría Superior de
la Federación para que ella realice estos actos de supervisión del recurso que
es del pueblo. La transparencia tiene que rendir los frutos que la sociedad nos
está pidiendo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la
asamblea si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta
a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado
Víctor Manuel Jorrín Lozano relativa al artículo 44.
Las diputadas y los diputados que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la
negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: En sus términos. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT.
La última reserva al artículo 44 y luego tenemos varias reservas en relación
con los transitorios.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados.
La reserva que hoy vengo a presentar con relación
al artículo 44 se enmarca dentro de una, precisamente, eliminación del dictamen
que se presenta hoy. Las razones de fondo ya se expresaron; sería no solamente
ser contrario a la transparencia, a la anticorrupción, sino violar también un
capítulo importante de la Constitución Política de los Estados Unidos de
México, que es precisamente todo lo relativo a la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos, porque este capítulo va a pasar a ser letra muerta.
Si las auditorías preventivas y las antiguas
contralorías no van a tener más que un control, precisamente van a ser juez y
parte por parte de la Secretaría de Gobernación, entonces van a pasar como en
el caso de todo lo relativo a derechos humanos, dulces palabras y sueños.
Desde el punto de vista técnico, proponemos también
la eliminación del artículo 44, porque nos parece incongruente con el
transitorio décimo tercero, que establece: en tanto se expide el Reglamento que
hace referencia al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, las unidades de auditoría preventiva tendrán las facultades que
establecen actualmente diversas leyes para los órganos internos de control.
Sin embargo, en el propio artículo 44, no se prevé
ninguno de esos cuatro párrafos, la expedición de ningún reglamento. En
consecuencia, si este artículo 44 supedita su vigencia a la expedición de un
reglamento como lo prevé el transitorio décimo tercero, este artículo 44 no tendría
por qué existir. En todo caso se tendría que precisar en alguno de los cuatro
párrafos la existencia de dicho reglamento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite
la propuesta de la diputada.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Loretta Ortiz Ahlf, relativa al artículo 44. Las diputadas y los diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor
presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: En sus términos. Señoras y señores diputados, vamos
a proceder al tercer transitorio con doña Aleida Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita
diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, propongo modificar el párrafo
tercero del artículo tercero transitorio bajo las siguientes consideraciones.
La división de poderes es uno de los principios
fundamentales de la democracia, nuestra Carta Magna establece de manera
concreta las facultades y obligaciones de cada uno de ellos.
Una de las facultades que compete exclusivamente a
esta Cámara de Diputados, es la de discutir, aprobar y fiscalizar el gasto
público. La Cámara de Diputados, depositaria de la representatividad de la
sociedad mexicana, tiene en sus manos la determinación del uso de los recursos
públicos para participar en el desarrollo del país. No obstante, el dictamen
que hoy se presenta diluye los contrapesos legislativos de fiscalización de los
recursos públicos al hacer de lado al Congreso en su función de determinación
del gasto de las instituciones del país.
En el párrafo tercero del artículo tercero
transitorio del presente decreto, se pretende otorgar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público la facultad de dictar los lineamientos generales
para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales a las
dependencias que así lo requieran por lo dispuesto en ese decreto, sin que
medie vista alguna de la Cámara de Diputados.
Este acto por parte del Ejecutivo federal sustituye
de facto la facultad exclusiva que tiene esta Cámara para determinar sobre el
destino del gasto público. No debemos renunciar a esta facultad. Éste es un
llamado muy sentido a la responsabilidad que nos impone el texto
constitucional.
Tenemos el mandato legal y ciudadano, debemos estar
atentos a que estas transferencias se den con transparencia y claridad, por lo
que resulta preponderante que se informe a este órgano legislativo los
lineamientos que seguirán para dar cauce a esta reforma administrativa. No
permitiremos que se relaje ni se determine de manera caprichosa el erario, sino
con estricto apego a lo que ordena la Constitución de la república.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la
modificación en el párrafo tercero del artículo 3 transitorio de este dictamen,
para quedar como sigue:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime
necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y
materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo, debiendo
informar de manera inmediata a la Cámara de Diputados la expedición de dichas
normas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Gracias, doña Aleida. Pregunte la Secretaría a la
asamblea si se admite a discusión la propuesta de doña Aleida.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada
Aleida Alavez Ruiz, relativa al artículo tercero transitorio. Las diputadas y
los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
(votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: En sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, va a presentar sus reservas al cuarto, quinto y séptimo transitorios.
Si quiere usar su tiempo para los tres será un privilegio escucharlo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Era muy importante, en algún lugar de la Cámara espero se encuentre el
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, porque yo me he subido a la
tribuna con la intención de convencerlo a él de la bondad de lo que vamos a
proponer aquí.
Tengo la esperanza, necesito que tengan tolerancia
y se dejen ayudar con esta propuesta, porque ya están a punto de consumar un
grave daño a la nación, pero desde ayer se los he estado diciendo en las
Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, que nuestras
intervenciones, aunque a algunos les duele mucho por las verdades que a veces
decimos, y lo comprendemos, no son asuntos personales con ninguno de ustedes,
sí están creando, con estas prisas legislativas, severos problemas, severos
problemas para la propia administración pública.
De verdad, es con ese ánimo esta propuesta. Pueden
ocurrir dos cosas, que en la soberbia de cara a la nación sigan la ruta de la
imposición y tarde que temprano van a tener estos problemas. Sabemos que en su
cultura no les puede interesar mucho, ahí están casos como los de Montiel y
otros que hicieron destrozos en sus gobiernos, y personajes muy queridos de
ustedes, omisos, sumisos, les enderezan la plana.
Y la otra expectativa es que de veras reaccionaran,
que ocurriera el milagro y que dieran muestras de una voluntad de querer
escuchar, comprender y tratar de enmendar a algunos de los problemas en los que
se meten.
También aprovecho para decirles que era importante
dar este debate, la nación se tiene que enterar dónde están las posiciones
políticas de cada fracción parlamentaria, esto es enriquecedor, no es
masoquismo, no es sadismo.
Es penoso que no se haya dado el debate de mejor
manera, pero por mi parte yo con esto concluyo el debate de esta ley, y está en
sus manos la decisión que vayan a tomar. Miren, estoy nada más proponiendo una
adición al cuarto transitorio, es lo único, y por eso me estoy dando mi tiempo,
piénsenlo bien, reflexiónenlo, no se sulfuren, traten de poner un poquito de
neuronas en lo que van a escuchar y traten de votar en conciencia, pero se lo
dirijo a Manlio porque sabemos que él mueve a su fracción y si no está aquí, a
lo mejor no da la línea bien y quién sabe qué vayan a hacer.
Miren, la adición es un tercer párrafo al cuarto
transitorio. Lo dejo aquí en la Mesa para que posteriormente lo lean y la
argumentación es la que se necesita escuchar.
Desde el punto de vista jurídico-formal existe un
conjunto de principios que en el orden técnico-jurídico hacen que unas
disposiciones se subordinen a otras. Que la producción normativa de un órgano
prime sobre la de otro.
Que unas puedan dejar sin vigor a otras anteriores
y que puedan existir leyes generales junto a leyes específicas para ciertas
circunstancias e instituciones que permitan regularla de forma diferenciada. Y
aun así, ambas tengan valor jurídico y fuerza obligatoria.
A través de las disposiciones transitorias de los
artículos cuarto, quinto y séptimo, se pretende ordenar la afectación de otras
leyes por la desaparición de las Secretarías de Seguridad y Función Pública y
la reasignación de sus atribuciones y estructuras administrativas.
Para ilustrar el tema, cito el párrafo segundo del
artículo cuarto transitorio que determina lo siguiente, miren ustedes lo que
propone: las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en
cualquier disposición respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman
por virtud de este decreto, se entenderán referidas a las dependencias que
respectivamente adquieran tales funciones.
Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la
Función Pública será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que
determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a
las unidades de auditoría preventiva. Acaba la cita.
Ello no es suficiente para atender el señalamiento
de las dependencias que desaparecen y seguirán registradas en leyes generales o
particulares, como es el caso de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en el que se registra que la Secretaría de Seguridad Pública
es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, o bien, el registro de
la Secretaría de la Función Pública en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Señor presidente, usted me autorizó a ejercer mi
tiempo con calma para desahogar la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: ¿Está desahogando las tres?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí. Lamento mucho que el presidente no esté atento a la asamblea pero
lo informé. Entonces, tengo el tiempo suficiente para el trámite. Muchas
gracias y qué bueno que ya estamos despertando.
Leyes que en lo particular deberán ser reformadas
para realizar las adecuaciones correspondientes, en atención a lo dispuesto en
el artículo 72, inciso e) de la Constitución general, que determina que en la
interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos se observarán los
mismos trámites establecidos para su formación.
Por lo que atendiendo al principio de la
consistencia interna que debe observarse en un ordenamiento jurídico, para
tener una correcta coordinación, pues la vinculación de las normas del sistema
jurídico garantiza que las relaciones sean reguladas de una forma uniforme,
dotando de estabilidad al sistema. Por tanto, se propone adicionar un tercer
párrafo al artículo cuarto transitorio en los siguientes términos.
Se adicione: El titular del Poder Ejecutivo federal
deberá presentar las reformas correspondientes a las leyes generales o
particulares afectadas por la asignación de nuevas funciones derivadas de este
decreto en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la
entrada en vigor del presente decreto. Eso es todo.
Miren, si no va a ocurrir lo que decía el diputado
Monreal, aparte de que están violando la Constitución y son sujetos a reclamos
judiciales van a tener un severo broncón administrativo, porque evidentemente
ya con las reformas que hicieron al no hacerlo bien, al nada más seguir la
consigna y la prisa del queda bien, del que nada más obedece sin pensar, pues
no están dejando oportunidad a que puedan resolverse.
Es como los que están chiflando. Esos que están
chiflando, que ya les urge irse porque tienen dudas de que quién sabe qué esté
pasando en su casa, o no sé, o no están dispuestos a cumplir con el cometido
que les encomendaron sus electores. Y por eso estamos como estamos, por estas
cuestiones que ustedes no tienen la voluntad, el ánimo.
Un amigo me dijo: bueno, cabe la posibilidad de que
es tan importante y puedes despertar la inquietud, y quieren corregir, quieren
enmendar, pues aprueben el párrafo. El otro dijo: no, estás soñando, estos no
reaccionan. Si no les dan línea no van a componer las cosas y este país va a
continuar.
Está en sus manos la decisión, y por eso ojalá –por
el bien cuando menos la parte administrativa– hagan bien las cosas. Y si no
pues ya el pueblo se los estará reclamando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: A ver, pregunte la Secretaría a la asamblea si las
propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara son de aceptarse a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a
la asamblea si se admite a discusión las propuestas presentadas por el diputado
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, relativa al cuarto transitorio, quinto
transitorio y séptimo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por
la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente,
mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Queda en sus términos. Don Ricardo Monreal tiene
usted el uso de la voz para presentar reserva al undécimo transitorio.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputada
Copete? Sonido con la diputada Copete. Sonido con la diputada Yazmin Copete.
Adelante.
La diputada Jazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Diputado presidente, en virtud de que prevalece el
espíritu impositivo y que lo que se propone en beneficio, por supuesto de la
administración pública que tenemos los mejores deseos por supuesto, para que
los mexicanos puedan salir del atraso en que se encuentran, por lo menos 60
millones de pobres, pero aquí vemos que hay cerrazón y, en consecuencia, ya no
tiene caso estar pasando a tribuna para convalidar toda esta situación.
Qué bueno como lo podrán ustedes observar, prefieren
que el pueblo de México que votó por la oposición siga como está, sin ser
escuchado. Estamos a la vieja usanza donde no nos ven ni nos oyen.
Por ello, su servidora, declina la participación
con relación al artículo decimo séptimo transitorio, y bueno el premio
seguramente será bueno para los bien portados. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: El decimo séptimo transitorio queda en sus
términos. Adelante, diputado, disculpe la interrupción.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿No podría reconsiderar diputada, para que me diera ese tiempo en lugar
de declinar? Está por concluir un ejercicio donde se impuso, se impone una
mayoría mecánica. La premura, la irreflexión, la ausencia de debate, el
monólogo es la única característica que priva en la asamblea. Un ejercicio más
de ofensas, un ejercicio vacio y agresión a los ciudadanos.
Se suprime una secretaría, se convierte en
subsecretaría, se da paso a una vicepresidencia política con facultades
plenipotenciarias y desmedidas, que desnaturalizan la función pública; que por
cierto la seguridad pública en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia
puede ser considerada seguridad interior. Escuché aquí algunas confusiones
semánticas.
Y ahora estamos dando paso a esa subsecretaría
política, estamos reviviendo la vieja policía política, el estado gendarme, el
estado represor y totalitario. Es engañoso el discurso de que no se otorgarán
cheques en blanco, y votan en favor. Es contradictorio y afirmar que es regresiva
la reforma, y votan en favor. Es falso alegar el principio de la división de
Poderes y someterse incondicionalmente al Ejecutivo.
Al reservar este undécimo transitorio, presidente y
legisladores, me hace recordar la historia de la Secretaría de la Función
Pública. De 1982 al 2012, en muchos años, casi 20 años –más de 20 años-, 30
años, generó sanciones económicas a funcionarios por 75 mil millones de pesos,
pero quien cobra éstas es el SAT y sólo se cobraron 93 millones de pesos.
A los dos últimos funcionarios de Ferronales los
sancionaron con mil 874millones de pesos cada uno. La Secretaría de la Función
Pública los encubrió. Fue más grave que el Pemexgate.
La Secretaría de la Función Pública tenía la
obligación de ver que se cobrara y sancionara el SAT, pero no sucedió nada, se
encubrió. La Secretaría de la Función Pública presentó denuncias penales en la
PGR y ninguna prosperó. Todos los asuntos de la Secretaría de la Función
Pública, todos los asuntos, terminaron en la impunidad.
Cambiar de nombre a la Secretaría de la Secretaría
de la Función Pública no sirve de nada. Seguir con el tema de sanciones
económicas a funcionarios corruptos que no se cobran, sólo simulan combatir la
corrupción. Seguir con denuncia contra servidores públicos corruptos que la PGR
encubre, no sirve de nada.
En la iniciativa y en el dictamen no saben qué es
auditoría y qué es control interno. Antes la Secretaría de la Función Pública
nombraba a los contralores. Ahora serán los titulares de las dependencias
quienes nombrarán a sus contralores. Existe un conflicto de intereses.
La ACFE y el IFAI turnan los asuntos a la
Secretaría de la Función Pública y hasta ahora no han prosperado. Nosotros
hemos insistido en un Tribunal de Cuentas autónomo. Hasta ahora no ha sido
posible.
Quiero pedirle, presidente, plasme un documento que
señalé y que preparé, que establece la reserva al dictamen de este undécimo
transitorio, que a mí me parece de la mayor importancia y que requeriría la
menor cortesía de ustedes en escucharlo.
Miren, la reforma plantea que ahora los órganos de
control interno de las secretarías y de las dependencias, los nombren los
propios secretarios, como está actualmente la ley lo nombra la Secretaría de la
Función Pública.
Esto es una regresión, quieran o no, porque quién
de los funcionarios que tenga la Auditoría Preventiva se va a atrever a
enfrentarse a su jefe que es el que decide a quién poner. Sí es una regresión.
Es como en los municipios y en los estados. En
muchos de los municipios del país el contralor del municipio resulta ser el que
propone el partido de segunda o primera minoría, casi en todos los municipios.
Ahora es tan sencillo como que el presidente
municipal también pueda proponer al contralor. Por esa razón nosotros
proponemos en este undécimo transitorio, que pueda la Auditoría Superior de la
Federación, designar a los titulares de las Unidades de Auditoría Preventiva,
dentro de los 90 días siguientes.
Señor presidente, sé que están muy cansados, avisen
en sus casas que aquí están, pero déjenme decirles por último, presidente, que
es lamentable que no haya debate; es un monólogo miserable, de verdad.
Por qué en el PRI teniendo más de 200 diputados y
diputadas no se atreven a subir a debatir, no se atreven a argumentar, no se
atreven a defender lo que están votando. Es complicidad, es un silencio
verdaderamente lamentable.
Por cierto ya he descubierto a uno de los que
chiflan, es el diputado satélite, de San Luis Potosí, que por cierto tiene una
historia que algún día se las voy a contar.
Pero qué lástima porque miren, me formé en una
organización campesina, en la CNC, sí me formé en el PRI, nunca lo he negado,
por cierto y tengo amigos todavía en el PRI, que guardo desde entonces, así es
de que para mí no es una vergüenza haber pasado por ahí.
El pecado político de haber votado en el PRI, hoy
me parece que es un pecado político seguir en el PRI frente a las
circunstancias que en el país existen. Pero a mí no me avergüenza eso, tengo
muchos amigos ahí.
Pero les decía que me da mucha pena y mucha
tristeza que la gente de la CNC que estimo y respeto, sea la que grite. ¿Por
qué no viene a defender? Porque no son así los campesinos, yo soy de origen
campesino y estos son líderes corruptos que abusan del poder, que abusan de sus
agremiados y ojalá vinieran a debatir. ¿Qué pierden? Debatan de frente a la
nación, frente a sus electores.
¿Qué les van a decir a todos los diputados ahora en
sus distritos? ¿Qué les van a decir? ¿Por qué no subieron, por qué defendieron?
Van a hacer conferencias de prensa, se las van a pagar los gobernadores del
PRI, van a hacer grandes cosas, grandes cartelones, grandes desplegados de que
fue lo mejor para el país. Pero no son capaces de venir aquí a debatir, a
argumentar, a razonar y a convencer. Nosotros al menos tenemos esa dignidad y
decoro y no vamos a descansar. No nos vamos a cansar, no vamos a declinar hasta
que este país sea transformado profundamente.
Muchas gracias, presidente, ésta es mi última
intervención y le reitero mi reconocimiento por su tolerancia, presidente.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, señor. Ábrase el sistema electrónico de votación. Vamos a votar
los artículos 41, con la modificación de la fracción VII, 44 y los
transitorios. Con qué objeto, diputado Orihuela.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente, quiero hacer una moción de hechos y
hacerle un llamado a nuestra compañera Yazmín, a la diputada Yazmín Zapot para
que no renuncie no sólo a su derecho sino a su obligación de tomar la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ya declinó.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Ya declinó, pero estoy haciendo una moción porque es
lamentable, compañeros, que nos quiera ganar en esta discusión el silencio. Es
lamentable que nos quiera ganar...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ya lo escuchamos, diputado.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Permítame porque esto va a sentar un precedente grave
en esta Cámara de Diputados, compañeros. No podemos permitir que la sordera
acabe con esta discusión. Nosotros no nos vamos a cansar de estarles...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco
minutos a efecto de recabar votación nominal de los artículos a los que he
hecho mención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral dos,
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por
cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados
por el presidente: 44, Tercero transitorio, Cuarto transitorio, Quinto
transitorio, Séptimo transitorio, Décimo transitorio, Décimo Séptimo
transitorio...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Y aparte estamos votando el 41 con la modificación
aceptada a la fracción XVII.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recuerda a las señoras diputadas y señores diputados, que los
reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que
transcurra el tiempo para la votación. Una vez cerrado el sistema, no se
aceptará ningún voto.
El diputado José Arturo López Cándido (desde la curul): En contra.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente 293 votos a favor; 94
votos en contra, cero abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para los
efectos constitucionales.
El
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (21:01 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar
el martes 27 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas, y se les informa que el
sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30. Muchas
gracias.
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