Freno
a la restauración del autoritarismo/Jesús Cantú
Revista Proceso # 1860, 24 de junio de 2012
Según los resultados de la mayoría de las encuestas de preferencia
electoral, el próximo domingo 1 de julio se decidirá la restauración del
autoritarismo. Tales encuestas indican que Enrique Peña Nieto, candidato de la
coalición Compromiso por México, ganará con más de 40% de los votos y que los
candidatos de los partidos de la coalición que lo postulan conseguirán la
mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, al obtener más de 42% de las
preferencias, con lo cual se acabaría el llamado gobierno dividido, surgido en
las elecciones intermedias de 1997 y prevaleciente hasta hoy.
La contención de los afanes autoritarios de los distintos presidentes
mexicanos desde ese momento hasta hoy fue posible por ese equilibrio de poderes
que surgió el 1 de septiembre de 1997: primero, entre el Ejecutivo y el
Legislativo, y, posteriormente, a partir de septiembre de 2000 (cuando el pleno
de la Corte falló a favor de la solicitud de información de la Cámara de
Diputados sobre el caso Fobaproa), entre los tres: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
Hablar de restauración del autoritarismo no es exagerado, ni significa
revivir fantasmas del pasado; es una realidad del México de hoy. Desde luego, a
nivel de los presidentes mexicanos la historia de las represiones y matanzas es
interminable, por más que se quieran negar u ocultar y que la Fiscalía
Especializada en la Atención de los Delitos del Pasado haya fracasado en su
intento de fincar responsabilidades penales a los responsables.
Basta recordar los cientos de perredistas asesinados durante el sexenio
de Carlos Salinas de Gortari, las dos docenas de periodistas que también
cayeron abatidos o los casos de comunicadores que fueron forzados, por diversas
vías, a abandonar sus medios de comunicación por resultar incómodos para el
presidente en turno. Sin mencionar los excesos de Raúl Salinas.
Todavía más presentes están los abusos y atropellos de los gobernadores
priistas de Oaxaca, Ulises Ruiz (con flagrantes violaciones a los derechos
humanos, según la recomendación de la CNDH por el conflicto con la APPO, y con
varias decenas de luchadores sociales asesinados); de Puebla, Mario Marín (con
la persecución y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho, en el caso de
Kamel Nacif); de Coahuila, Humberto Moreira (con el excesivo endeudamiento de
la hacienda pública, violando todas las leyes); o de los tamaulipecos Tomás
Yarrington y Eugenio Hernández (con sus vínculos con el narcotráfico).
Pero incluso el mismo candidato Enrique Peña Nieto tiene su historia de
abusos y excesos, entre los que se encuentra la represión en Atenco, en la que
el Pleno de la Corte reconoció que hubo violación generalizada de los derechos
humanos, pero procurando no atribuir responsabilidades directas al gobernador
–aunque él mismo reconocería en la Universidad Iberoamericana que era el único
responsable. Asimismo, tenemos la reforma electoral a modo que Peña Nieto
consiguió para asegurar la permanencia en el poder de su partido, gracias a la
mayoría que logró en el Congreso local a través de los diputados del tricolor y
la compra de voluntades de otros legisladores que sucumbieron ante el poder del
dinero; la compra de medios y periodistas, como han informado Proceso y The
Guardian, o el espionaje a los principales actores políticos, como también se reveló
oportunamente.
En esta misma campaña política por la Presidencia de la República,
algunos conductores de programas de radio renuentes a regresar a las viejas
prácticas refieren que los maletines con dinero en efectivo ya están de vuelta
en las instalaciones de los medios para modificar los comportamientos de los
comunicadores.
El autoritarismo se manifiesta mediante la represión, la corrupción, la
violencia, la censura y la persecución política, entre otras formas del mismo
que están presentes en México y que serán una realidad impuesta a nivel
nacional si se concreta el escenario que perfilan la mayoría de las encuestas
de preferencia electoral.
Sin embargo, todavía hay dos formas de evitarlo: una, votando en la
elección presidencial por el candidato opositor a Peña Nieto con mayores
posibilidades de ganarle; y dos, sufragando por los candidatos a diputados y
senadores del PAN y la coalición Movimiento Progresista. Cruzar las boletas por
los del Panal no tiene ningún efecto, pues el acuerdo entre Peña Nieto y la
lideresa Elba Esther Gordillo es evidente.
En el primer caso, la elección presidencial, conforme a la encuesta
realizada por el Observatorio Universitario Electoral (OUE), el aspirante que
tiene posibilidades de derrotar a Peña Nieto es Andrés Manuel López Obrador; la
candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, perdió demasiados sufragios por sus
errores, particularmente al inicio de las campañas, cuando ocupaba el segundo
lugar, y hoy no tiene posibilidades reales de remontar.
Araceli Damián, del OUE, en un documento que circula en correo
electrónico, expone en forma contundente, con información extraída de dicha
encuesta, por qué López Obrador es quien tiene las posibilidades reales de
ganar. Particularmente tres datos son irrebatibles: el hecho de que, entre los
hombres, AMLO y Peña Nieto estén empatados en 33% de las preferencias brutas
(con un 15% de indecisos), mientras Vázquez Mota se encuentra prácticamente a
la mitad de ellos, con 17%; en el caso de las mujeres, el tricolor sí lleva una
ventaja de 12 puntos porcentuales, pero Andrés Manuel ocupa el segundo lugar.
Este dato coincide con el que proporciona la encuesta de Reforma, donde en el
transcurso de la campaña Vázquez Mota perdió 9 puntos porcentuales de la
preferencia entre las mujeres, mismos que subió AMLO, quien, aunque no logra
rebasarla, se ubica sólo un punto abajo.
Otro de los datos muy relevantes son las respuestas a las preguntas de
si el país necesita que el PRI regrese al gobierno, que el PAN continúe en el
gobierno, o que gobierne una opción distinta a las dos anteriores. El 38% elige
la tercera opción, contra 32% de la primera y solamente 18% de la segunda.
Esto todavía se hace más evidente cuando se divide por sexo, pues 42% de
los hombres y 35% de las mujeres seleccionan la tercera opción, con lo cual
crece la posibilidad de que AMLO se quede con el 15 y el 24% de hombres y
mujeres que todavía no definían su voto al momento de la encuesta.
El tercer dato es que, al preguntar por cuál candidato nunca votaría,
Josefina acapara el 27% de las respuestas; Peña Nieto, el 25, y AMLO, el 21.
A estos tres datos se agrega uno obtenido de la encuesta del Grupo
Reforma, según el cual entre 38% de los electores que no declaran afinidad
partidaria definida (de acuerdo con la misma encuesta), López Obrador acapara
41% de las preferencias, contra 26 de EPN y 23% de JVM.
Como puede verse, quien tiene probabilidades reales de remontar la
diferencia que lo separa del puntero Peña Nieto es Andrés Manuel López Obrador,
considerando el resto de la información que puede extraerse de las encuestas de
preferencia electoral y el altísimo porcentaje de indecisos que todavía existen
en todas las encuestas.
Ahora bien, si el ganador fuese López Obrador, los riesgos de que se
cumplan todas las amenazas con las que los enemigos del perredista tratan de
asustar a sus posibles votantes son nulas, pues los partidos que lo postulan
(PRD, PT y Movimiento Ciudadano) no reúnen ni siquiera la tercera parte de las
preferencias electorales en el Congreso de la Unión, con lo cual el equilibrio
entre Ejecutivo y Legislativo está asegurado.
Y si eso fuese poco, aun en el supuesto de que el nuevo presidente
tuviese la oportunidad de proponer la terna de candidatos para sustituir a los
dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyen su
encargo el 30 de noviembre de este año, no será sino hasta 2018 (cuando
concluye el próximo periodo gubernamental) cuando terminen su encargo otros dos
ministros, por lo que permanecerán en el Pleno siete de los actuales 11
ministros, y este es otro impedimento para que el mandatario en funciones pueda
ejercer algún control sobre dicho órgano. Así, el equilibrio entre los tres
Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) también está asegurado. Como puede
verse, no es viable la concreción de las amenazas que difunden los opositores
de AMLO.
De este modo, las opciones para evitar la regresión al autoritarismo son
muy claras: votar para presidente por López Obrador, y para legisladores, por
los candidatos del PAN y el Movimiento Progresista. Con plena conciencia de que
si el ganador de la elección presidencial es Peña Nieto, los legisladores
blanquiazules seguramente apoyarán el programa económico del priismo, con todas
sus repercusiones sociales, como ya lo han hecho en el pasado; y si es López
Obrador, se opondrán a muchas de sus iniciativas de política económica y
social.
En 2006 la gran falla de su estrategia fue confiarse y haber dejado sin
vigilancia miles de casillas el día de la elección. Seis años después Ricardo
Monreal, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, advierte que
eso no volverá a ocurrir: asegura que con un “ejército” de más de 400 mil
simpatizantes se cubrirán todas las casillas del país para evitar un fraude el
próximo 1 de julio.
