Hacía un código procesal penal único

 Versión de la conferencia de prensa conjunta de las senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos. 

Propuesta de código de varios académicos, coordinados  por el Dr. Moises Moreno Hernández

Jueves 21 de marzo de 2013.

 -SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR.- Agradecemos la presencia de todas las señoras y señores de los medios de comunicación. Les queremos compartir que el día de hoy  vamos a presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos. Y que hoy me da mucho gusto que este trabajo que realizamos va  acompañado también de la participación y del trabajo de dos compañeras senadoras: de las senadoras Hilda Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, que forman parte de esta iniciativa.

  Quiero comentar que esta iniciativa es producto de un esfuerzo grupal de varios días de trabajo, con un grupo de destacados académicos y especialistas que hoy nos acompañan, y que son integrantes de diversas instituciones, como es el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, la Asociación Nacional de Derecho Penal y Criminología.

Quiero destacar los nombres de quienes hoy nos honran con su presencia. No solamente con su presencia, sino la aportación de las ideas y su conocimiento para poder construir esta iniciativa.

 Quiero agradecer al doctor Moisés Moreno, a Patricia Olamendi, Samuel González, Elías Huerta, Sergio Correa, Juan Moreno y Ernesto Mendieta, y muchos compañeros más que no se encuentran esta mañana con nosotros, pero que hicieron una aportación fundamental para poder presentar esta iniciativa.

 Esta iniciativa busca unificar la legislación procesal penal en el país, para evitar la dispersión que actualmente prevalece en el proceso de implementación de la reforma constitucional del 2008 y procurar que la justicia penal sea igualitaria para todos.

 Esto, para generar en nuestro país –en México— una legislación que se ajuste efectivamente a las realidades y necesidades nacionales, y responda a las expectativas de la sociedad mexicana.

 Es importante señalar que esta propuesta integral contiene tres elementos no contemplados en las otras iniciativas que han sido presentadas.

 Primero, es la única que propone –además de otras iniciativas— un código único.

 Segundo, es la única que incluye un capítulo de derechos humanos de las víctimas, para contemplarlos desde la prevención.

 Tres, es la única que incluye preceptos de justicia restaurativa.

 Lo que buscamos con ello es atender el sentido reclamo social de justicia, mismo que retomó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que también se incluye en el Pacto por México, con el consenso de todas las fuerzas políticas firmantes, estableciendo como uno de sus compromisos impulsar un Código de Procedimientos Penales único, como uno  de los mecanismos adecuados para implantar el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral.

 Quiero mencionar brevemente algunas características de este proyecto.

 1.- Parte del reconocimiento de los motivos que determinan el cambio del sistema de justicia penal, que son el incremento de la violencia y la inseguridad pública provocados por el delito, la impunidad y la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y de perseguir el delito, de procurar y administrar la justicia penal; es decir, que nuestro sistema de justicia penal y de seguridad pública están en crisis, porque su manera de funcionar no ha podido ajustarse a las exigencias del Estado democrático de derecho, ni ha podido ser una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad.

 Por ello, de esta reforma al sistema procesal penal depende de manera importante la función que corresponde desarrollar al Ministerio Público y al órgano judicial, la forma y los límites en cada uno, que debe desarrollar esta función.

 2.- Esta reforma constitucional de 2008 obedeció al acuerdo sobre la necesidad de fortalecer el Sistema Procesal Acusatorio y Oral, para mejorar la calidad de la justicia y hacer que el sistema sea más funcional.

 Habrá que procurar que la implementación a este sistema, esté en condiciones de responder a las expectativas de la sociedad y a las exigencias del Estado democrático de derecho.

 Las diferencias de criterios legislativos se observan en torno a la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo, las etapas del procedimiento penal ordinario y por ende sobre los momentos procedimentales en que debe observarse los derechos, principios y garantías procesales.

 El equilibrio debe existir entre la fase de investigación y el proceso, y nunca se le podrá restar importancia a la etapa fundamental, que es la investigación del delito y no preverse del uso de técnicas modernas de investigación.

 3.- Para consolidar un sistema de justicia penal que se ajuste a las exigencias del Estado democrático de derecho, es necesario contar con un Código de Procedimientos Penales único, que se sustente en principios y criterios de corte democrático, para que los objetivos políticos criminales del derecho penal y de la reforma constitucional se puedan alcanzar.

 Insistimos en la necesidad de encontrar un mayor equilibrio entre la relación y la observancia de los derechos del inculpado y los que corresponden a la víctima del delito.

 Con ello, queremos destacar, también, por último, que este proyecto presenta y procura regular instituciones y estrategias más realistas y racionales, en lugar de proponer medidas utópicas o que resulten irrealizables.

 Nos tenemos que ajustar y ubicar en las realidades nacionales y hacer a un lado los mitos, sabiendo cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas en el sistema de justicia penal.

 Estamos a sus órdenes, con quienes hoy de manera importante forman parte de esta propuesta, de este proyecto que presentaremos, el Código Único de Procedimientos Penales, y que incluye de manera importante un capítulo de derecho a las víctimas.

 Estamos a sus órdenes.

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS.-

 PREGUNTA.- …y lo de la justicia restaurativa. ¿Cuáles son los elementos específicos sobre estos dos…?

 -SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR.- Si me permiten, me gustaría que también participaran los especialistas. No sé si la doctora o Elías, quiera contestar.

 -LIC. PATRICIA OLAMENDI.-  Creo que es muy importante resaltar que la propuesta que hoy presentan las senadoras, busca uniformar dos reformas constitucionales: la reforma constitucional del nuevo sistema penal en nuestro país y la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

 Por eso incluye el proyecto, tanto los derechos humanos de las víctimas, como del inculpado durante el procedimiento.

 También consideramos que el Código Penal Único debe ser un código de mínimos penales, por lo tanto se está planteando que muchos delitos, sobre todo patrimoniales o reconocidos como de querella, pasen a ser parte de una justicia alternativa, una justicia restaurativa que permita dar satisfacción a la víctima, pero que no implique la llegada al encarcelamiento de los inculpados.

Esto es algo muy novedoso en nuestro sistema y viene a ser un cambio radical.

 Por último, insistir en que el proceso de reforma ya en marcha, debe tener un alto y debe de construirse un Código Penal Único, que garantice a los hombres y las mujeres de México su acceso a la justicia.

 El código va orientado a lograr el acceso a la justicia para las personas, que es un reclamo ciudadano vigente y necesario en nuestro país, y a fortalecer la capacidad de investigación de las autoridades, para disminuir la criminalidad delictiva.

 -DR. ELÍAS HUERTA, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.- En cuanto a la justicia restaurativa, como ya lo mencionaba la senadora Cristina Díaz, en efecto tenemos una realidad hoy, que a casi cinco años de la aprobación de la reforma constitucional de seguridad y justicia,  y a tres casi de que pueda cumplirse con esta obligación del Constituyente Permanente, de tener en todo el país operando ya el Sistema de Justicia Penal Acusatorio --mejor conocido coloquialmente como juicios orales--, necesitamos dar pasos acelerados para que esto pueda lograrse.

 Hemos sido testigos que en estos cinco años lo que se ha logrado es una dispersión normativa, hay casi 20 entidades federativas que tienen centros de justicia restaurativa, y sin embargo vemos que cada quien está caminando por su lado.

 De tal manera que este código, entre otras cuestiones, propone la instauración de un Centro Nacional de Justicia Restaurativa, que pueda captar todos estos esfuerzos y que pueda verdaderamente caminar hacia lograr este equilibrio entre víctimas e inculpados.

 Finalmente, le diría al respecto, que uno de los ejes fundamentales de este nuevo sistema –en la experiencia internacional--, es que más del 80 por ciento de los casos que son planteados ante las autoridades penales, deben de salir por la vía de los medios alternos o solución de conflictos, si no, no funciona este sistema.

 Entonces, es importante tener una atención prioritaria en los procedimientos de conciliación, mediación, salidas de acuerdos reparatorios previos a un juicio, para que no se congestione el sistema, y esta es una parte fundamental que estamos planteando en este proyecto.

 Por último les diría respecto de aquellos que critican la posibilidad de que una reforma constitucional impida que tengamos rápido este proceso, habría que asomarnos y recordar que una reforma igual de trascendente que ésta –la de educación--, apenas el 11 de diciembre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa de reforma constitucional, y hace un par de semanas o una semana  fue aprobada.

 En menos de dos meses y medio tuvimos una reforma constitucional, con todo y que se atravesaron las vacaciones de fin de año.

 De tal suerte que para aquellos que están cuestionando o polemizando que esto va a entorpecer el camino que se lleva andado en esta materia, creo que ahí estaría la respuesta.

 Sería mi respuesta a este tema.

 PREGUNTA.- Este Código de Procedimientos Penales Único, ¿cuáles serían los criterios para que la justicia penal salga de esta crisis que usted mencionaba?

 -SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR.- Primero habría que buscar lo que pretendemos, la unificación. México –lo señalamos—es una República representativa, democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos, a quienes se reserva –entre otras—la facultad de legislar en materia penal del fuero común, y es por esa razón que en nuestro país existen tantos Códigos Penales y Códigos de Procedimientos Penales, como estados de la federación, incluyendo el Distrito Federal.

 Se reconoce esta gran cantidad de códigos, pero esta diversidad de códigos nos lleva a tener diversidad de criterios legislativos y la falta de una justicia igualitaria en materia penal, por ello se sugiere la unificación de la legislación procesal penal, para tener un solo instrumento en materia de fuero federal.

 -DR. MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ, presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.- He tenido el gusto de coordinar a un grupo de académicos para la elaboración de este proyecto de Código de Procedimientos Penales Único, para toda la República Mexicana.

 Y quiero aprovechar en esta ocasión, para agradecer a la senadora Cristina Díaz, que se haya interesado por este trabajo y que ahora lo asuman para presentarlo como una iniciativa.

 Sabemos que al lado de éstas habrán otras más, provenientes de distintos grupos, que tienen el interés precisamente de transformar el sistema de justicia penal en nuestro país.

 Y quiero decirles a los legisladores que este grupo de académicos, que ahora ha trabajado en esto, está en la mejor disposición para participar en la elaboración de todos esos proyectos que se presenten, de un único proyecto que finalmente pueda constituir el nuevo Código de Procedimientos Penales que rija en nuestro país.

 Como ustedes verán, en el proyecto se plantea una serie de razones del por qué la necesidad de unificar la legislación penal y procesal penal en México, y cómo es que el sistema de justicia penal –retomando la pregunta—puede salir de esa crisis  en que se encuentra.

 Aquí se parte de la idea de que el actual sistema de justicia penal está totalmente sobresaturado. Y mientras lo mantengamos así, de ninguna manera podrá estar en condiciones de superar esa crisis, y por esa razón al lado del Sistema de Justicia Penal se están planteando otras alternativas para la solución de los conflictos, aprovechando precisamente la reforma constitucional de 2008. Y una de esas alternativas es precisamente el desarrollo de un sistema integral nacional de justicia alternativa, de justicia restaurativa, para que un gran número de problemas que actualmente pueblan el Sistema de Justicia Penal, puedan tener una solución más adecuada a través de otros mecanismos.

 De ahí, por lo tanto, reitero, esta disposición a las senadoras de poder seguir colaborando en estas tareas importantes.

 PREGUNTA.- ¿Esta iniciativa tiene candados que estén en el ámbito de la transparencia para que se puedan aplicar a la ley?

 -SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR.-  Todo está incluido en el código. Y lo que pretende este proyecto es ser un código que pueda precisamente ser transparente y rendir cuentas a la sociedad.

 La verdad, es un esfuerzo muy importante, que también nosotros –como legisladores—respetamos las diversas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Senadores.

 Lo que buscamos es que esta iniciativa se sume a los diversos proyectos y a la pluralidad que existe en la representación de tantas visiones que hay en nuestro país --a través de académicos, de profesionistas del derecho-- y que podemos nosotros, puedo decirlo con seguridad, que todas las iniciativas que se han presentado no han contemplado un capítulo en materia de derechos humanos que está incluido en los proyectos. Esto es lo que hace la diferencia frente a los demás.

 Muchas gracias.