Hacia un código de procedimientos penales

 El pasado martes 2 de abril se llevó a cabo en la nueva sede la III audiencia  sobre el Nuevo Código de Procedimientos Penales, en donde especialistas se pronunciaron a favor de establecer protocolos de actuación para el Ministerio Público y la policía investigadora.

Las audiencias “públicas” –realmente son cerradas, van con invitación-  son organizadas por las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, quienes analizan la pertinencia de un nuevo código de procedimientos penales.

Elías Huerta Psihas, opinó que uno de los retos fundamentales del nuevo sistema procesal penal es establecer claramente la coordinación entre la policía investigadora y el Ministerio Público. Señaló que si el país no cuenta con una policía que pueda realizar correctamente indagatorias y con un ministerio público capaz de retomarlas y presentarlas al juez “vamos a generar mayor impunidad y menos eficacia”, por lo que es necesario incluir protocolos de actuación.

Por su parte, el investigador de la UNAM, Javier Cruz Ángulo Nobara, dijo que el nuevo código tendrá que distinguir las medidas alternativas sobre los delitos federales y locales, además de construir en cada estado centros de mediación, conciliación y medidas alternativas.

Sin embargo, estimó que el funcionamiento de esos organismos sería poco viable para la Federación, debido a que 50 por ciento de los delitos son contra la salud o de delincuencia organizada y “no se ve la forma en la cual se pueda conciliar este tipo de ilícitos”.

En tanto, Ibett Estrada Gazga, investigadora de la UNAM, recomendó establecer protocolos, ya que la investigación criminal es científica y deben tener reglas y metodologías que cumplir.

Indicó que esa medida permitiría proteger los derechos de las víctimas y de las personas investigadas, pues daría la oportunidad de conocer cómo hizo el Ministerio Público para llegar a sus conclusiones y “esa es la ventaja de un protocolo de investigación científica”.

En su turno, Luis Jorge Gamboa Olea, juez de primera instancia en Morelos, consideró que los ministerios públicos deben realizar investigaciones objetivas porque “ellos no desahogan pruebas sino recaban antecedentes de investigación”.

Por otro lado, hizo notar que los funcionarios de gobiernos estatales se enfrentan a un “desconocimiento” del sistema acusatorio adversarial, pues con cada cambio de administración deben retomar el aprendizaje de este tema, lo que impide realizar una buena diligencia.