Hacía un código de procedimientos penales de los EUM (único)

Sesión ordinaria del Senado de la República, jueves 4 de abril de 2013.
 María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República a nombre propio y de un grupo de legisladoras -por fin-, presentó este jueves 4 de abril, una iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos.
El video:::
http://www.youtube.com/watch?v=wFW5gI5Scu4&feature=youtu.be
Fue turnada para su dictamen correspondiente  a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda!

Por cierto, el Senado Pablo Escudero (PVEM), pidió la palabra al final, todos pensábamos que con un gesto de generosidad suscribiría el proyecto, y aunque reconoció que que leyó la iniciativa: "es un gran trabajo", dijo y felicitó a todas las organizaciones de la sociedad civil que la han presentado, pero -precisó "yo voy a presentar la próxima semana el mío. 
¡Así dijo modestamente: "el mío"!
Hace meses -martes 2 de octubre- el legislador Escudero y la senadora Arely Gómez presentaron una iniciativa de Código de Procedimientos Penales, con el aval de varias organizaciones de la sociedad civil:, concretamente de la Red de Apoyo a los Juicios Orales. Se trata de un proyecto, basado en el dictamen que elaboró la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura: Dijo el Senador del Verde: “venimos a impulsar y a proponer la nueva reingeniería en el sistema de justicia, y deseamos hacerlo con un documento que se trabajó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados (...) bajo la coordinación del doctor Humberto Benítez Treviño, sin duda ese es el documento que debe ser el inicio a esta discusión, que hemos modificado y le hemos agregado algunas cosas.”

Agregó “Señor Presidente, y le pediría que por la importancia de la iniciativa que se presenta, también sea turnada a la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana (que yo presido).

Le fue concedido el turno, aquella vez. Esta vez le fue negado y ello generó un pequeño debate.

O sea, las cosas no andan bien en el Senado, por el menos en ese tema.

¡Caray!

Meses después - martes 5 de febrero 2013-, fue presentado al pleno del Senado de la República un proyecto de decreto para la concreción de un Código Federal de Procedimientos Penales.

La iniciativa fue presentada por Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís, senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRD, respectivamente.

El poryecto fue elaborado por académicos y miembros de la sociedad civil, diferentes a la Red; un grupo encabezado por Isabel Miranda de Wallace, Samuel González Ruiz, Elías Huerta de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, gentes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Dr. Moisés Moreno Hernández, Presidente del Centro de Estudios de Política Criminal, quien es alguna manera autor del proyecto, entre otros.

Con esas propuestas y otra más, que seguramente vendrán, seguro estoy tendremos en las próximas semanas un código moderno de corte acusatorio.

Por cierto, quién si suscribió la iniciativa de Código Procesal Penal único es la legisladora Graciela Ortiz González.
Esto se pone interesante. 

Leamos le versión estenográfica

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Flores Escalera, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos.

  En el uso de la palabra, senadora.

 -LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALZAR: Gracias, presidente. Quisiera puntualizar que además de las senadoras que estamos suscribiendo esta Iniciativa, fuera tan amable también, además de la senadora Hilda Flores y de Diva Gastélum, la senadora Graciela Ortiz, por favor.

         Les compartimos el día de hoy y presentamos esta Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos.

         Y esta Iniciativa es producto de un esfuerzo grupal de varios meses en los que hemos trabajado con un grupo de académicos y especialistas. Para ellos quiero, a nombre de las senadoras, nuestro reconocimiento al Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, la Asociación Nacional de Derecho Penal y Criminología, entre otros.

         Con esta Iniciativa se busca unificar la legislación procesal penal en el país para evitar la dispersión que actualmente prevalece en el proceso de implementación de la Reforma constitucional del 2008, y procurar así que la justicia penal sea igualitaria para todos. Esto con el propósito de generar en México una legislación que se ajuste efectivamente a las realidades y necesidades nacionales y responda a las expectativas de la sociedad mexicana.

        Es importante subrayar que esta propuesta integral contiene tres elementos no contemplados en otras que han sido presentada.

        Primero, es la única que propone un código único.

         Segundo, es la única que incluye un capítulo de derechos humano de las víctimas para contemplarlos desde la prevención. Y

         Tercero, es la única que incluye preceptos de justicia restaurativa.

         Lo que buscamos es atender el sentido de reclamo social de justicia, mismo que retomó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y que también se incluye en el Pacto por México, y el propósito es adecuar los mecanismos para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

         Quiero presentarles de manera breve algunas características de este proyecto.

        Parte primero del reconocimiento de los motivos que determina el cambio en el sistema de justicia penal que son el incremento de la violencia y la inseguridad pública, provocada por el delito, la impunidad y la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar la justicia penal. Es decir, que el sistema de justicia penal y de seguridad pública se encuentra en crisis.

         Porque su manera de funcionar no ha podido ajustarse a las exigencias del Estado democrático de derecho ni ha podido ser una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad. Por ello la Reforma al Sistema Procesal Penal del que depende la función que corresponde desarrollar el Ministerio Público y el órgano judicial, la forma y los límites en que cada uno debe de desarrollar dicha función, así como la función y los alcances de la defensa y el rol de la víctima de delito, no puede apartarse de esos grandes objetivos.

         Dos.- Si la reforma constitucional de 2008, obedeció al acuerdo sobre la necesidad de fortalecer el sistema procesal acusatorio y oral para mejorar la calidad de justicia y hacer que el sistema sea más funcional.

         Todo lo que buscamos con ello es la uniformidad de criterios y una aplicación igualitaria de la ley que está propiciando una mayor dispersión de formas de aplicar la Ley Procesal Penal en el país, una situación que también se está reflejando en otras iniciativas presentadas por las diversas fuerzas políticas.

        Las diferencias de criterio legislativo, entre ellas, se observa entorno a la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo, las etapas del procedimiento penal ordinario y, por ende, sobre los momentos procedimentales al que debe observarse los derechos, principios y garantías procesales; el equilibrio que debe existir entre la fase de investigación y el proceso, el restarle importancia a la etapa de investigación de los delitos y no preverse el uso de técnicas modernas de investigación. No obstante ser esta la parte que más tiene que ver con la expectativa de la sociedad ante el problema de la delincuencia, la inseguridad y la impunidad; los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución a los conflictos; los requisitos materiales para la orden de aprehensión y el acto de vinculación al proceso o de formal prisión.

         Así como la sentencia condenatoria y los criterios para la individualización de la pena; los alcances que debe tener la aplicación del juicio oral al que ahora se le asigna un papel secundario, entre otros.

         Tercero.- Para consolidar un sistema de justicia penal que se ajuste a las exigencias del Estado democrático de decreto, es necesario contar con un código de procedimientos penales únicos que se sustenten principios y criterios de corte democrático para que los objetivos políticos criminales del derecho penal y de la Reforma constitucional se puedan alcanzar.

         Asimismo, la nueva legislación procesal penal debe responder a las expectativas actuales de la sociedad que exige una más efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que en el ejercicio del poder penal sus derechos se vean respetados. Además de atender el aspecto meramente garantista que tiene que ver con los límites del poder penal y la garantía de protección de los derechos humanos de los actores del drama penal, víctimas y victimarios.

         La legislación procesal penal debe también atender las otras aspiraciones sociales, como es contar con un sistema penal que garantice de manera más efectiva la protección de sus bienes jurídicos frente al delito, que se combate fiscalmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta y que se abata la impunidad y la corrupción, entre otros males que aquejan al sistema.

         Cuatro.- El proyecto que se presenta procura regular instituciones y estrategias más realistas y racionales en lugar de proponer medidas utópicas o que resulten irrealizables y por ello hace un lado los mitos y se ubica más en las realidades nacionales, sabiendo cuáles son las fortalezas y las debilidades.

         Se sugiere establecer otras estrategias políticos-criminales para atender de manera eficaz los conflictos sociales para que el sistema penal pueda estar en condiciones de cumplir su objetivo de manera más razonable y de otra manera se seguirán creando falsas expectativas y nuevos desencantos sociales.

         Por razón de lo anterior, lejos de sólo adoptar y transplantar algún modelo procesal ajeo que finalmente pueda resultar estratégico en una realidad como la nuestra, la propuesta se esfuerza en autogenerar un modelo nacional.

        Primero.- Que se reconozca que México es una República representativa, democrática, federal y laica compuesta de estados libres y soberanos, a quienes se reserva entre otras la facultad de legislar en materia penal del fuero común, y que por esa razón en nuestro país existen tantos códigos penales y códigos de procedimientos penales como estados de la federación existen, incluyendo el Distrito Federal.

 Se reconoce que la existencia de una gran cantidad de códigos ha traído como consecuencia la diversidad de criterios legislativos y la falta de una justicia igualitaria en materia penal, por ello se sugiere la unificación de la legislación procesal penal.

 Ahora bien, dado que uno de los principales escollos que se ha hecho valer en contra de la idea de la unificación legislativa ha sido la soberanía de los estados y el federalismo, y en este propósito único se parte de la idea de que la unificación nos representa un atropello a la soberanía de los estados y al federalismo, sobre todo cuando en otras materias no se ha negado el régimen federal al atribuírsele a la federación facultades para legislar, como es en salubridad, impuestos, seguridad social, entre otros.

 Se ha buscado por medio de la coordinación el bienestar de la colectividad sin dañar al sistema federal. También se pueden seguir sistemas parecidos, por lo que se refiere a la justicia penal y a la lucha contra el crimen que, sin duda, son problemas que plantean mayores exigencias y que las entidades federativas deben estar interesadas de que frente a ellos se uniforme o unifiquen los criterios políticos criminales.

 La unificación de la legislación procesal penal hará que los criterios políticos criminales se unifiquen en torno a las estrategias y mecanismos aplicables en la investigación del delito. Segundo, a la relación que debe existir entre el Ministerio Público y la policía para que aquel asuma su rol de conducir la investigación al uso de las medidas cautelares, a la aplicación de criterios de oportunidad y de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y lo anterior también implique igualmente unificar criterios para que los derechos y las garantías que consagra la Constitución se hagan efectivos de manera igualitaria en la sociedad mexicana.

 Es evidente que una única legislación procesal penal válida para toda la República tendrá sus implicaciones, además de requerir una previa reforma constitucional para darle al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en esta materia. Por ello, los convoca a analizar y discutir sobre la viabilidad, según nuestras condiciones actuales.

 Si existen diversos modelos y prácticas procesales habrá que procurar que la legislación procesal penal única se adopte el que mejor se acomode a las realidades sociales, culturales y jurídicas de la nación, y a la realidad del propio Sistema de Justicia Penal que se quiere modificar.

 Reconocemos, además, que en torno a las cuestiones de la política criminal y la justicia penal que debe funcionar en determinado lugar existen siempre diferentes puntos de vista y perspectivas que exigen lograr conciliación en este tipo de tareas. Por eso, la propuesta procura adoptar una posición racional y equitativa y busca el equilibrio entre los extremos, garantismo y eficientismo, y entre los derechos de los victimarios y de las víctimas, procura responder a las exigencias del estado democrático de derecho que tiene que ver con los derechos y garantías del debido proceso y a las expectativas de la sociedad mexicana que tiene que ver con la funcionalidad del Sistema Penal.

 Busca el equilibrio entre la investigación del delito y el proceso del inculpado para evitar acusaciones sin sentido o sin sustento, pero también para garantizar acusaciones consistentes que eviten la impunidad a toda costa, y a la vez que procuren una mayor racionalidad entre el uso de los juicios orales y de las salidas alternas o procesos abreviados.

 Finalmente…

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le suplico concluir.

 -LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Estoy por concluir.

 Quiero reconocer al grupo de académicos y especialistas que participaron en la elaboración de esta iniciativa, principalmente a los doctores Patricia Olamendi, Moisés Moreno, Julio Hernández, Samuel González, María Elena Leguízamo, Elías Huerta, Jorge Nader, Sergio Correa, Juan Moreno, Ernesto Mendieta.

 A todos los que participaron gracias por este esfuerzo.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 Pido a la Secretaría que se añada a esta iniciativa también como suscritora a la Senadora Graciela Ortíz González…

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Para qué asunto, el Senador Pablo Escudero y la Senadora Beristain? ¿Para el mismo asunto?

 Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) No, Presidente. Para el mismo asunto no. Yo no suscribiré la iniciativa de la Senadora Cristina Díaz, aunque la he leído y me parece que es un gran trabajo, está muy bien lograda la iniciativa, la felicito a ella y a todas las organizaciones de la sociedad civil que la han presentado, pero yo voy a presentar la próxima semana el mío.

 Es para pedirle, si usted fuera tan amable, lo que le he insistido sesión tras Sesión, es que homologuemos los turnos y que le dé vista a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana (le falto decir "que yo presido") 

Si usted escuchó la exposición que tan brillantemente hizo la Senadora Cristina Díaz, habrá escuchado que en cuatro, cinco ocasiones habló de que es una propuesta en conjunto de ella con un grupo de organizaciones civiles, es decir de la participación ciudadana.

Los foros que estamos llevando a cabo todos los días miércoles es precisamente con la participación ciudadana de los académicos, es decir, es la materia que corresponde, ya tenemos una de estas iniciativas turnada a nuestra Comisión en la que estamos participando, y le pediría con el objeto de homologar los turnos, y además con el objeto de que el Presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, no tenga que hacer siete dictámenes diferentes y que podamos hacer un solo dictamen, por eso le pido la ampliación del turno.

 Es cuanto, Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Pablo Escudero.

 -En virtud de que la naturaleza de esta iniciativa es de carácter penal por ello es que se está enviando a la Comisión de Justicia y desde luego a la de Estudios Legislativos, lo platicaremos con el Presidente de la Comisión de Justicia, pero en este momento el turno sería a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 -A continuación…

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido nuevamente en el escaño del Senador Pablo Escudero.

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Gracias, Presidente. Simplemente para dejar de manifiesto mi molestia que ha habido por parte de la Mesa Directiva. Lo quiero expresar en este momento no sólo por esta iniciativa, sino por otras que se han presentado en este Senado de la República, hemos visto cómo la Mesa se conduce con diferentes criterios.

 El día de ayer la iniciativa de Telecomunicaciones fue turnada a más de seis comisiones. Cuando se presentó la iniciativa justamente que hablaba del tema de anticorrupción se omitió darle el turno a la Comisión que yo presido, es decir, ha habido diferencias de criterios constante por parte de la Mesa Directiva.

 Yo le pediría de manera amable y respetuosa que se deje de entorpecer el trabajo técnico que se hace en las Comisiones. Lo digo con respeto y lo digo, además, por respeto a cada uno de los integrantes de estas comisiones que son los expertos en los temas que están participando de manera activa, que están asistiendo a todas las reuniones públicas de los días miércoles, que están estudiando a detalle justamente todas las iniciativas que se han presentado respecto al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Único que presenta ahora la Senadora Cristina Díaz.

 Y yo le pediría que nos deje trabajar, Presidente. Ha sido un criterio constante de la Mesa entorpecer los trabajos de esta Comisión, y quiero que quede en el Diario de los Debates.

 Es cuanto.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Esta Mesa Directiva ha actuado en función de las responsabilidades, a las obligaciones que nos consagra la propia normatividad interna, y en función de la materia de que se trate una iniciativa, en esa función de ello se hacen los turnos correspondientes, por eso lo habremos de platicar con el Presidente de la Comisión de Justicia para homologar estos criterios, pero en este momento, reitero, el turno es a las Comisiones antes señaladas.

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Presidente.

 EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Para el mismo asunto, señor Senador?

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Sí, Presidente. No voy abrir el debate, ojalá que lo podamos ver y me inviten a la Mesa Directiva para hablar.

 Yo le preguntaría ¿Si ese ha sido el criterio por qué la iniciativa, justamente para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, no fue turnada a la Comisión Anticorrupción? Es evidente que los criterios no han sido los mismos.

 Entonces yo creo que no es adecuado abrir el debate en este momento. Mi planteamiento está que quede registrado, ojalá me inviten a las mesas que tienen, a las reuniones que tienen, a las reuniones que tienen en Mesa Directiva, pero quiero manifestar mi inconformidad.

Sé perfectamente que la iniciativa que se presentó, tenía reformas constitucionales, pero eso no omitía que fuera turnada a la comisión sustantiva que es la de anticorrupción, con lo cual queda claro que ha sido sesgado el manejo que ha dado la Mesa Directiva, y quiero que quede patente y registrado.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Le agradezco su comentario, y debo informarle que a petición de una compañera senadora, se turnó también a la Comisión de Anticorrupción la iniciativa que usted ha señalado.

A continuación, señor senador, no están permitidos los diálogos, creo que ha sido muy clara la disposición de esta directiva, se turna a la Comisión de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, y queda abierta la posibilidad del diálogo con la Comisión de Justicia para ver los criterios y que permita que el trabajo legislativo se desarrollo con la mayor rapidez y con la mayor responsabilidad posible. Y si es para otro asunto, señor senador, le pido nada más que nos permita desahogar el orden del día que tenemos, y con gusto atendemos su inquietud. Sonido por favor.

- EL C. SENADOR ESCUDERO MORALES (Desde su escaño):  Presidente, si usted me da la oportunidad, es para bien informarlo, no ha sido así, no fue turnada a la comisión, fue para opinión nada más, es incorrecto lo que está usted diciendo en el pleno, es para opinión, no para dictamen, aquella iniciativa que es de anticorrupción, de la cual hemos estado trabajando, nada más para aclararle, para que tenga  la información completa y que se informe bien al pleno.

Es cuanto.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor senador. Senador, mire, si es para este tema, yo les pediría que, ya la decisión de la directiva está muy clara, aquí a comisiones se ha turnado, si es para otro asunto, también les pediría que respetemos el orden del día. Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

- EL C. SENADOR CORRAL JURADO (Desde su escaño): Es para el mismo, pero no para contrariar el turno legislativo, sino para hacer una sugerencia.

Como en efecto, existen antecedentes de turno a diversas comisiones, el Artículo 179 del Reglamento del Senado da la posibilidad de que la Mesa Directiva en análisis posterior a esta discusión, pueda considerar la posibilidad de ampliar el turno para opinión a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con el efecto de que la regla que se ha aplicado en otras ocasiones sea una regla que beneficie a todos y no en determinadas ocasiones.

Creo que los argumentos de Escudero son atendibles.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor senador, efectivamente lo que hemos comentado  es que  estaremos abiertos para dialogar con las comisiones involucradas en estos temas, y buscar que se le dé el mejor trámite que permita el desahogo oportuno de sus temas.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón, para ¿qué asunto?

- LA C. SENADORA CALDERON HINOJOSA (Desde su escaño): Perdón, sólo para recordar que todos los senadores estamos remitidos de asistir a las sesiones donde se discute y se dictamina, yo creo que a nadie le estorbará que la Comisión en pleno asista a las reuniones de comisiones a las que usted ha enviado, de hecho en turno de esta iniciativa.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias por su comentario, lo tomamos en cuenta desde luego, y aquí está plasmado en la normatividad interna.
La iniciativa:

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-21-1/assets/documentos/Ini_Diva2.pdf,