Los conspiradores/ANABEL HERNÁNDEZ
Revista Proceso No. 1905, 5 de
mayo de 2013
Cuando empezó a hundirse el
expediente fabricado en la PGR contra el general Tomás Ángeles Dauahare, los
primeros en intentar salvarse del naufragio fueron el secretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, y la procuradora general Marisela Morales: Citaron
a la esposa del militar para negar su participación en la oscura maniobra. Pero
los documentos del proceso judicial y diversos testimonios señalan hacia ambos
exfuncionarios, además del entonces subsecretario Demetrio Gaytán y el teniente
coronel Avigaí Vargas Tirado como responsables del complot. Todo ello con la participación
del secretario de la Defensa Guillermo Galván y la anuencia del presidente
Calderón.
En algún día de junio o julio
de 2012 la señora Leticia Zepeda fue citada a las oficinas del secretario
federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Semanas antes su esposo, el
general de división Tomás Ángeles Dauahare, había sido detenido por la Policía
Judicial Militar en la entrada de la unidad militar ISSSFAM en la delegación
Tlalpan, donde tiene un departamento. El general Ángeles, quien fue subsecretario
de la Defensa, era acusado de delincuencia organizada junto con otros cinco
militares: Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, Silvio Isidro de Jesús
Hernández e Iván Reyna. Supuestamente colaboraban con la organización de los
Beltrán Leyva y con el Cártel de Sinaloa.
La reunión se llevó a cabo en
las oficinas de García Luna, en la avenida Constituyentes. En la sala destacaba
un enorme escritorio. De acuerdo con la información recabada y verificada por
este semanario, en la reunión estuvieron presentes la señora Zepeda, su abogado
Ricardo Sánchez Reyes Retana, el titular de la SSP y el abogado de éste, Alonso
Aguilar Zinser.
García Luna, quien tiene fama
de hablar poco y con dificultad, se extendió en sus explicaciones: “Yo no tuve
nada que ver en la detención del general”, dijo sin que nadie le hubiera
reprochado nada. En cambio el funcionario acusó de la maquinación directamente
al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván
Galván; al subsecretario Demetrio Gaytán Ochoa –quien aspiraba a ser secretario
este sexenio– y a la procuradora general de la República, Marisela Morales.
El funcionario añadió que a él
le habían pedido realizar la investigación contra Ángeles Dauahare pero que no
quiso hacerlo; por lo tanto, dijo, ni la SSP ni la Policía Federal (PF)
colaboraron en la indagatoria. Así concluyó el encuentro.
Semanas después, cuando la
defensa del general de división tuvo acceso a la acusación descubrió que la PF
participó de manera crucial en la integración del expediente, basándose en una
llamada anónima y declaraciones falsas de los testigos colaboradores conocidos
como Jennifer y Mateo.
El próximo 15 de mayo se
cumple un año de que Ángeles Dauahare fue detenido. Y aunque hace ya dos
semanas que un juez decretó su inocencia y ordenó su liberación inmediata tras
11 meses en prisión, el complot para encarcelarlo apenas comienza a reventar. En
él están implicados exfuncionarios calderonistas de alto nivel, algunos aún en
puestos clave del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testimonios y
documentos como las actuaciones de la SSP, la Procuraduría de Justicia Militar
y de la SIEDO, que están en el expediente que la PGR fabricó para inculpar al
general, así como un escrito que fue entregado por familiares de Ángeles
Dauahare al nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, al inicio de su gestión, los presuntos
responsables de orquestar y ejecutar el plan para encarcelar injustamente al
militar son: Guillermo Galván Galván; el exsubsecretario Demetrio Gaytán Ochoa,
actual director de Banjército; la exprocuradora Marisela Morales y el propio
Genaro García Luna, con la anuencia del entonces presidente Felipe Calderón.
Para orquestar el complot y
fabricar los testimonios en su contra utilizaron a funcionarios de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO). Algunos permanecen en sus puestos en la dependencia ahora llamada
SEIDO y durante las últimas semanas de prisión de Ángeles Dauahare incluso
intervinieron para retrasar su liberación.
En agosto de 2012, días antes
de que el juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en
el Estado de México dictara el auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y
sus cinco coacusados, la entonces procuradora Marisela Morales también buscó
una cita con Leticia Zepeda.
El encuentro fue en las
oficinas de la PGR. Esa vez la señora acudió acompañada por su yerno y con su
abogado, Sánchez Reyes Retana. Con Morales estaba Cuitláhuac Salinas, cabeza de
la SIEDO, quien no se despegaba de su teléfono celular como si estuviera
escribiendo mensajes.
Morales dijo que no tenía nada
que ver con el caso y que estaba dispuesta a ayudar en todo lo posible al
militar en desgracia. “¿Verdad que nosotros nos enteramos por los medios de
comunicación de la detención del general?”, le preguntó Morales a Salinas,
quien asintió con la cabeza y no pronunció palabra.
Días después el juez dictó el
auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y coacusados por cargos de
delincuencia organizada. En el documento del auto de término constitucional el
juez dio por válidas las declaraciones de los testigos colaboradores Jennifer y
Mateo al considerarlas de “relevancia probatoria”, igual que los 195 supuestos
“elementos de prueba” aportados por las dependencias que participaron en la
integración del expediente.
Después del 30 de noviembre,
cuando Marisela Morales ya había salido de la PGR, buscó insistentemente a la
señora Zepeda para pedirle otra reunión, pero ésta no se realizó. Fuentes
consultadas por este semanario señalan que Morales se quejaba de que ella iba a
terminar pagando “los platos rotos” y que por eso le había puesto un ultimátum
a Cuitláhuac Salinas, que según ella la había “metido en el problema”.
El pasado 30 de abril, en
entrevistas con Televisa y MVS Noticias, Salinas señaló que con la anuencia de
Morales, un grupo de mandos militares usó a la PGR para fabricar el expediente
contra Ángeles y coacusados. Afirmó que a él lo marginaron de todas las
investigaciones pese a que su área y el personal bajo sus órdenes se encargaron
de la averiguación previa.
De hecho, dijo, él renunció a
la Subprocuraduría antes de terminar el sexenio de Calderón porque detectó un
plan para incriminarlo también a él, además de que fue amenazado por investigar
a funcionarios implicados con el narcotráfico, entre ellos algunos de la SSP.
Respaldo de Calderón y Galván
Al comenzar el gobierno de
Enrique Peña Nieto, familiares de Ángeles Dauahare hicieron llegar al
procurador Murillo Karam una carta donde señalan a Gaytán Ochoa y a García Luna
como presuntos responsables de la fabricación del expediente contra el general.
Ambos funcionarios, se dice en el documento, persuadieron a Galván Galván y a
Felipe Calderón de aprobar esa maniobra.
Fuentes que operaron en el
gobierno de Calderón aseguran que García Luna estaba convencido de que Ángeles
Dauahare había filtrado información sensible que lo implicaban a él y a su
equipo en actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, por lo
que se sumó a la conspiración.
En el documento entregado a
Murillo Karam se afirma que Gaytán Ochoa temía que Ángeles se convirtiera en un
obstáculo para su ambición de llegar a la titularidad de la Sedena, pues en
mayo de 2012 mostró cercanía pública con el equipo del entonces candidato
presidencial Enrique Peña Nieto.
Se especifica en el documento
que uno de los operadores más activos en este complot fue el coronel de
infantería Avigaí Vargas Tirado, jefe del Estado Mayor de la 13 Zona Militar
con sede en Tepic, bajo las órdenes de Gaytán Ochoa.
De acuerdo con la declaración
patrimonial que presentó al concluir su encargo, el 30 de noviembre de 2012,
Vargas estaba adscrito a la Dirección General de Apoyo Ministerial de la SIEDO
pero nunca dejó de formar parte del Estado Mayor de la Sedena como analista de
información. Cuando Ángeles Dauahare fue detenido, el titular del Estado Mayor
de la Sedena era el general Luis Arturo Oliver Cen, aliado de Gaytán Ochoa en
su búsqueda del máximo cargo en la Sedena.
En la declaración ministerial
del abogado Gerardo Ortega Maya –quien fuera asesor del exsecretario de Marina
Francisco Saynez Mendoza y amigo del militar inculpado– él dice que fue
detenido y torturado el 3 de mayo de 2012 para obligarlo a declarar falsedades
contra Ángeles Dauahare. En ese documento Ortega Maya también acusó a Vargas de
ser autor intelectual de su tortura.
De acuerdo con la
documentación reunida, la SSP y la Sedena colaboraron con la PGR desde 2011
para armar el expediente contra Ángeles Dauahare y coacusados.
El 18 de febrero de 2012, tres
meses antes de la detención de Ángeles Dauahare, la PF entregó a la PGR un
reporte sobre él y los cinco coacusados donde se incluyen fotografías de ellos
y sus domicilios, lo que indica que los siguieron y espiaron.
En reportes como el mencionado
se intentó dar credibilidad a las declaraciones de Jennifer, señalando que sí
existen los lugares públicos donde el testigo colaborador dijo haber entregado
sobornos a los militares y donde según él se llevaron a cabo reuniones y
acciones de protección.
Sería el caso de un Sanborns
en Periférico Norte, en los límites del Distrito Federal con el Estado de
México, el centro comercial La Cúspide y el aeropuerto de Toluca, como si la
existencia de los lugares comprobara la solidez de las versiones del testigo.
En su informe de febrero de
2012 la PF aporta datos personales de Ángeles Dauahare y especula que dejó el
cargo de subsecretario a principios de 2008 porque o bien “filtró un comentario
perverso en contra del secretario de la Defensa Nacional”, cumplió la edad
límite de servicio o como declaró Jennifer: “Probablemente lo sorprendieron”
con una conversación telefónica que habría tenido con “La Barbie días antes de
que se retirara”.
Pese al intento de García Luna
por deslindarse de la detención de Ángeles ante la señora Zepeda, de los 195
“elementos de prueba” que se le dieron al juez tercero de distrito en materia
penal del Estado de México para dictar auto de formal prisión contra el
militar, 20 fueron oficios, declaraciones y partes informativos de la PF.
También se incluyeron oficios
de la Procuraduría de Justicia Militar y las declaraciones ministeriales de los
testigos colaboradores Jennifer, Mateo y Denis recabados por la PGR, así como
supuestos dictámenes de criminalística realizados por esta institución.
Pese a la absolución de
Ángeles Dauahare, personas cercanas a él manifiestan su preocupación por la
seguridad del general, pues temen que los orquestadores de su encarcelamiento
atenten contra él para cumplir su propósito original: silenciarlo.
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LA REDACCIÓN
Revista Proceso No. 1905, 5 de
mayo de 2013
Guillermo Galván Galván,
exsecretario de la Defensa Nacional. Su candidato para la sucesión era el
entonces subsecretario Demetrio Gaytán Ochoa. A las órdenes de Galván Galván
estaba la Procuraduría de Justicia Militar que participó en la fabricación del
expediente contra Ángeles Dauahare y fue la instancia responsable de su
detención. Según el propio dicho de Genaro García Luna, Galván fue uno de los
orquestadores del complot contra el general diplomado de Estado Mayor.
Demetrio Gaytán Ochoa,
entonces subsecretario de la Defensa Nacional y actualmente director de
Banjercito, era uno de los principales aspirantes a suceder a Galván Galván.
Según el documento entregado a Jesús Murillo Karam él era uno de los
principales beneficiados con la detención de Ángeles Dauahare, pues los
comentarios adversos que pudiera hacer el general sobre él podían obstaculizar
su llegada al puesto. Fue jefe del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado, sobre
quien conserva ascendencia y que fue pieza clave en la creación de testimonios
falsos contra Ángeles. Según García Luna, él fue otro de los artífices del
complot.
Marisela Morales,
exprocuradora general de la República. Desde que era titular de la SIEDO se
comenzaron a fabricar los cargos contra Ángeles Dauahare y sus cinco
coacusados. Durante casi dos años el expediente estuvo inactivo y lo reactivó a
principios de 2012. A sus órdenes estaban todos los funcionarios que
participaron en la fabricación de “elementos de prueba”. Siempre se le ha considerado
muy allegada a los altos mandos del Ejército, particularmente a los generales
Rafael Macedo de la Concha, también exprocurador, y Gaytán Ochoa. En septiembre
de 2012 les dijo a los familiares del general Ángeles que se había enterado de
su detención por la televisión, pero la PGR tenía dos años fabricando el
expediente.
Genaro García Luna,
exsecretario federal de Seguridad Pública. Después de la detención de Ángeles
Dauahare se reunió con la esposa de éste para afirmar que él no tenía nada que
ver en el caso, que le habían pedido investigarlo y que se había negado. Señaló
como responsables de la maniobra a Galván Galván, Gaytán Ochoa y Marisela
Morales. Según el expediente de la PGR y el judicial de la causa penal
44/2012-III, el juez Raúl Valerio Ramírez dictó el auto de formal prisión
basado en 195 supuestos elementos de prueba, que resultaron infundados. Entre
ellos se encuentran más de 20 pruebas elaboradas por la PF entre partes
informativos, declaraciones ministeriales e informes policiales que ayudaron a
incriminar a Ángeles.
Cuitláhuac Salinas, extitular
de la SEIDO (antes SIEDO). Afirma que nunca fue enterado de la indagatoria
contra los militares por órdenes de Marisela Morales, pero más de una decena de
sus subalternos estuvieron implicados en la fabricación del expediente, lo que
hace poco verosímil su versión.
Gerardo Salazar Bolaños fue
titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud
de la PGR. El exsubprocurador Cuitláhuac Salinas lo acusó el 30 de abril pasado
de ser uno de los operadores del complot. Según documentos consultados por
Proceso fungió como testigo en la declaración del mayor Iván Reyna el 2 de mayo
de 2012, cuando éste fue presionado y amenazado para incriminar a Ángeles.
Avigaí Vargas Tirado fue
director general de Apoyo Ministerial de la SIEDO. Era teniente coronel del
Ejército y días antes de concluir el gobierno de Felipe Calderón fue ascendido
a coronel. Fue jefe del Estado Mayor de la 13 Zona Militar a las órdenes de
Gaytán Ochoa. Es señalado directamente por el abogado Gerardo Ortega Maya como
autor intelectual de su detención y tortura entre el 3 y el 5 de mayo de 2012.
Ortega Maya declaró ante el Ministerio Público que fue torturado para obligarlo
a declarar falsamente contra el general Ángeles Dauahare, que es su amigo.
Renunció a su cargo en la PGR el 30 de noviembre de 2012.
Francisco Salgado Arroyo,
delegado regional adjunto de la PGR en San Antonio, Texas. Fue director general
adjunto de la SSP. En la documentación obtenida por Proceso aparece como la
persona que el 21 de mayo y el 8 de junio de 2012 interrogó en el consulado de
México en aquella ciudad al testigo colaborador Jennifer. Éste, a pregunta
expresa de Salgado Arroyo, acusó a Ángeles Dauahare y otros militares de trabajar
para la organización de los Beltrán Leyva. Actualmente es director de área en
la agregaduría regional de la PGR en San Antonio. No deja de llamar la atención
la similitud de su nombre con el del agente del Ministerio Público Jorge
Francisco Rubio Salgado.
Jorge Francisco Rubio Salgado,
agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO. De acuerdo con información
de la Secretaría de la Función Pública sigue en el cargo. El 2 de mayo amenazó
y presionó al mayor Iván Reyna Delgado para mentir y tergiversar su declaración
ministerial a fin de que inculpara a Ángeles Dauahare. De acuerdo con los
documentos que tiene este semanario, el 7 de mayo de 2012 giró la orden de
localización y presentación contra el general y sus cinco coacusados, para lo
cual solicitó apoyo de la Procuraduría de Justicia Militar.
Gustavo Adolfo Flores Delgado,
agente del MP adscrito a la SIEDO. De acuerdo con la documentación recabada, el
21 de mayo de 2012 y el 8 de junio de 2012 estuvo presente como “testigo de
asistencia” en el consulado de México en Texas, durante los interrogatorios a
Jennifer. Fue quien amenazó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para que
declarara contra los militares y estuvo presente como testigo el 2 de mayo de
2012, cuando Rubio Salgado amenazó al mayor Reyna. También fue testigo de
asistencia cuando se tomó la declaración del testigo Denis Rodrigo Pacheco,
exempleado de Jennifer y quien también falseó su declaración.
Osvaldo Jiménez Juárez, agente
del MP adscrito a la SIEDO. Participó como testigo de asistencia en los
interrogatorios en que Jennifer hizo acusaciones falsas contra Ángeles
Dauahare.
Juan Gabriel Domínguez
Espinosa, agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos contra la Salud de la SIEDO. Encabezó el interrogatorio a Jennifer el
12 de diciembre de 2010. A pregunta expresa, el testigo colaborador dijo que
Dauahare trabajaba para La Barbie y los Beltrán Leyva.
Raúl Coutiño Morfín, agente
del MP adscrito a la Coordinación General A de la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos contra la Salud. Le tomó la declaración al testigo
colaborador Mateo (Sergio Villarreal Barragán) el 22 de mayo de 2012. En esa
diligencia Mateo acusó falsamente a
Ángeles Dauahare de recibir cinco millones de dólares en una maleta negra.
También le tomó declaración al mayor Iván Reyna el 24 de mayo de 2012.
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