Arbitrarias, las pautas publicitarias del gobierno

Arbitrarias, las pautas publicitarias del gobierno/Jorge Carrasco Araizaga, reportero.

Revista Proceso # 1936, 7 de diciembre de 2013

En la edición que está en sus manos, los lectores podrán advertir la presencia de inserciones publicitarias que fueron ordenadas, sin explicación alguna, por dependencias del gobierno federal, en una decisión tan arbitraria como lo es el boicot del que Proceso es víctima. Esto no cambia el fondo del problema. Los compromisos asumidos por Enrique Peña Nieto para garantizar el “uso democrático y racional” de la publicidad gubernamental en medios –incluida la creación de una instancia ciudadana y autónoma que se abocara a ello en el segundo semestre de este 2013– se han quedado hasta ahora en promesas.

Una vez más, la dirigencia política del país pospuso la regulación de la publicidad oficial. Ni el presidente Enrique Peña Nieto ni el Congreso tuvieron interés en que la reforma político electoral incluyera la reglamentación del gasto en propaganda gubernamental.

 Aun cuando el propio Peña Nieto y los partidos incluyeron el tema entre los compromisos del Pacto por México, a la hora de las definiciones ninguno fue más allá del discurso para poner fin a la discrecionalidad con la que se reparten los recursos públicos en materia de comunicación social.

Los legisladores apenas y se comprometieron, en un artículo transitorio de la reforma político electoral, para emitir el reglamento entre febrero y abril del próximo año, pero no hay nada que los obligue a cumplirlo, sobre todo si las modificaciones constitucionales no se aprueban antes del 1 de febrero por la mitad más uno de los congresos estatales.

En la minuta publicada por la Cámara de Senadores el jueves 5 con los proyectos de la reforma político electoral que finalmente fueron aprobados por la Cámara de Diputados entre la noche de ese día y la madrugada siguiente, el tema de la publicidad oficial se quedó en los artículos transitorios.

El artículo tercero temporal de la reforma dice: “El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución” para establecer las normas a que deberán sujetarse los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y cualquier otra dependencia y entidad de la administración pública.

 Según el compromiso de los legisladores, la reglamentación “garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.

 El párrafo constitucional a regular señala: La propaganda oficial que difunden los poderes públicos y autoridades bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

 Esta disposición está vigente desde hace seis años, cuando en noviembre de 2007 se reformó el artículo 134 constitucional, referente a la administración de los recursos por parte de los funcionarios. Sin embargo, los legisladores han evitado su reglamentación, a pesar de que existen varias iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

 Enrique Peña Nieto también ha faltado a su compromiso. Como presidente electo, prometió la creación de “una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno”. Aseguró que enviaría la iniciativa durante el periodo de transición de un gobierno a otro, entre septiembre y noviembre de 2012. No lo hizo.

Ante su incumplimiento, en el punto 95 del Pacto por México anunció que esa instancia se crearía durante el segundo semestre de este año. Hasta ahora sigue siendo una promesa.

Solicitud no atendida

En noviembre pasado diversas organizaciones no gubernamentales le pidieron al Congreso de la Unión establecer en el decreto de presupuesto del próximo año un tope de gastos en publicidad oficial equivalente a 0.03% del presupuesto total, además de establecer la prohibición explícita de que los gobernantes cometan sobreejercicios en ese rubro.

Aunque no hay estándares internacionales, en otros países se han propuesto topes similares y que en el caso de México equivale, en promedio, a mil millones de pesos, explica Justine Dupuy, responsable del proyecto Publicidad Oficial de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Las organizaciones no gubernamentales también pidieron más transparencia e información sobre la manera en que el gobierno federal asigna el gasto en publicidad oficial. Por lo menos, pidieron a los legisladores, se tendría que hacer público el Sistema de Gastos de Comunicación Social (Comsoc), que es donde se registra la pauta concentrada de la publicidad oficial y lo administra la Secretaría de la Función Pública.

En especial, solicitaron que se incluyera la ley sobre el uso de la publicidad oficial en la reforma político electoral. Con esas medidas se avanzaría hacia “un uso democrático y racional” de la publicidad oficial, consideraron las organizaciones, entre ellas Alianza Cívica, Artículo 19, Freedom House y Fundar.

Pero ninguno de sus puntos fue atendido. Sólo obtuvieron la promesa de que la regulación puede ocurrir entre febrero y abril de 2014, pero no hay nada que obligue al Congreso a cumplir ese compromiso.

De acuerdo con esas organizaciones, el uso opaco y desvirtuado de la publicidad oficial y el derroche de recursos públicos por parte de los gobernantes ha permitido que esa función pública se haya convertido en una herramienta de los gobiernos para premiar o castigar a los medios de información por su política editorial.

Así ocurrió durante el régimen del PRI y en los dos gobiernos del PAN. La premisa del “no te pago para que me pegues”, acuñada por José López Portillo, ya fallecido, durante su gestión en Los Pinos para retirar la publicidad oficial a la revista Proceso en 1982, fue la misma que siguieron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, también para castigar la línea editorial del semanario.

El gobierno de Peña Nieto no ha sido la excepción, a pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida el 1 de agosto de 2012, cuando el gobierno calderonista ya iba de salida. En su recomendación 35/2012, la comisión estableció que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó a la revista al excluirla de manera arbitraria de la publicidad oficial. El propósito era causarle daño económico.

En respuesta a la queja que en abril de 2009 Proceso interpuso contra el gobierno calderonista por violar derechos constitucionales e internacionales, el organismo estableció que al investigar el caso fueron “evidentes las violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión e información” por parte del gobierno de Calderón en contra del personal del semanario (Proceso 1873).

Asimismo, le pidió a la Secretaría de Gobernación –como responsable de emitir los criterios para la asignación de la publicidad gubernamental– que para el ejercicio fiscal de 2013 emitiera “lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes” para el otorgamiento de la publicidad oficial durante este año.

Ni Calderón ni Peña Nieto se dieron por aludidos. El primero se fue sin emitir ningún lineamiento y Peña Nieto publicó apenas el 30 de julio en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal 2013”.

Opacidad persistente

El acuerdo pasó por encima de la recomendación de la CNDH y refrendó el uso arbitrario y discrecional de la publicidad oficial. Reforzó el control por parte de la Secretaría de Gobernación e involucró a la Oficina de la Presidencia de la República para decidir sobre las pautas publicitarias del gobierno federal. Sin la autorización de la Dirección General de Normatividad de Comunicación de Gobernación, las dependencias y entidades del gobierno federal no pueden contratar sus propias pautas publicitarias (Proceso 1918).

Sobre esos lineamientos, Fundar considera que a  pesar de introducir nuevos criterios para el reparto publicitario, como la transparencia y la equidad entre los medios de comunicación que reúnan características análogas, “esa norma secundaria no ha impedido los abusos”.

Ante la falta de reglamentación, advierte que los excesos cometidos por Felipe Calderón en publicidad oficial se pueden repetir con Peña Nieto si el Congreso no regula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

Precisa que en el sexenio pasado, de 2007 a 2012, el gobierno de Calderón se gastó más de 27 mil millones de pesos en el concepto 3600 de publicidad y comunicación social. Con ese dinero se pudieron haber construido 2 mil 716 escuelas primaras con capacidad para 100 niños cada una. De esos 27 mil millones, 66% significó un sobreejercicio; es decir, que gastó 17 mil 907 millones de pesos más de los 9 mil 258 que le fueron aprobados.

La tendencia se mantiene en lo que va del gobierno de Peña Nieto. Justine Dupuy indica que el monto de la publicidad oficial para 2014 será de 2 mil 116 millones de pesos. La cifra es casi igual (2 mil 200 millones) al dinero que se le quitará a las universidades públicas y equivale a la mitad del recorte en el rubro de cultura previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. Además, es similar a lo presupuestado en los últimos tres años del sexenio de Calderón.

En una primera evaluación de lo gastado por el actual gobierno, a julio de 2013, se ejercieron 698.4 millones de pesos, lo que indica que este año la cifra superará los mil millones de pesos.  De los 698 millones, 30% fue para televisión, 26% para prensa escrita, 15% se destinó a la producción de publicidad. De ese total, 17%, equivalente a 116.5 millones de pesos, fueron en contratos para Televisa, tan sólo en el primer semestre del gobierno.

El gasto está reportado en el Comsoc, pero según la organización no gubernamental, hasta la semana pasada la información se mantenía desactualizada. Además, la Secretaría de Gobernación ha dejado de publicar en su página oficial los informes sobre el gasto en publicidad oficial y el uso de los tiempos oficiales.

La opacidad, la falta de reglas y la concentración se mantienen como en los gobiernos anteriores. Sin reglamentación, los lineamientos gubernamentales, que se han publicado durante más de 10 años, sólo han garantizado el mal uso de la publicidad oficial, asegura Dupuy.