SOS de los implicados en el Monexgate

SOS de los implicados en el Monexgate/

JESUSA CERVANTES, reportera

Proceso # 1941, 11 de enero de 2014

Los hombres de negocios que incurrieron en lavado de dinero, triangulaciones y delitos fiscales y financieros para asegurarse de que el beneficiario de sus apuestas, Enrique Peña Nieto, llegara a la Presidencia de la República, se encuentran muy atareados: Ahora tramitan amparos contra los actos que deriven de las investigaciones del SAT, la CNB y la PGR en torno al llamado Monexgate.

Personajes presuntamente involucrados en lavado de dinero y en delitos fiscales y financieros relacionados con el Monexgate que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República promueven una serie de amparos para impedir que continúen las investigaciones en su contra.

 Los recursos presentados han sido interpuestos contra actos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía de Delitos Fiscales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

 La pasada administración federal, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, identificó a varias empresas “virtuales” y a otras de fachada que venden comprobantes fiscales a personas físicas y morales para que realicen deducciones fraudulentas ante el SAT, de acuerdo con un reporte publicado por el diario Reforma el 11 de diciembre.

 Algunos de los nombres revelados aparecieron en la investigación que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral realizó sobre el llamado caso Monexgate. Dicho organismo respaldaba con documentos la denuncia del PAN y el Movimiento Progresista, los que en junio, julio y agosto de 2012 fueron revelando varios nombres de empresas que conformaron el entramado financiero del PRI y su entonces candidato presidencial.

 Pero también se dio a conocer que una de las compañías que participaron en el Monexgate, el Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., lo mismo ofreció sus servicios a Caminos y Puentes Federales (Capufe) el 16 de diciembre de 2010 que al PRI en 2011, cuando pasó a formar parte de sus proveedores.

 Uno de los dueños de dicha empresa, César González Rodríguez, también es socio de Servicios y Desarrollo Akropolis, otra de las que presuntamente intervino en el entramado Monexgate aportando 1.4 millones de pesos a la firma Inizzio, según se desprende de los registros públicos de ambas.

 Como se recordará, ante las evidencias aportadas, el 24 de julio de 2012 el PRI aceptó haber recurrido a los monederos Monex para la campaña presidencial, aunque rechazó utilizar la ilegal triangulación de recursos. Se justificó alegando que Akropolis contrató a Alkino que, a su vez, pidió los servicios de Atama, la cual, “por falta de recursos”, contrató a Inizzio para que la financiara.

El PAN había denunciado el empleo de tarjetas Monex por parte del PRI, y semanas más tarde Andrés Manuel López Obrador destapó los nombres de Inizzio y Efra como adquirentes de las tarjetas. Esta última firma es propiedad de la familia Fraga, reconocida como militante priista.

Tanto Inizzio como Atama y Diseños Artísticos Industriales, presuntamente involucradas en el Monexgate, tienen como apoderado a Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Éste es el nombre falso con el que José Luis Lozada Neyra opera en sus más de 30 empresas, de acuerdo con información dada a conocer por Proceso, medio al que algunos colaboradores de él –quienes pidieron el anonimato por temor a represalias– declararon que dichas firmas las utiliza para la venta de facturas “a todos los partidos, no sólo al PRI”.

De Lozada Neyra a Edicom

El diario Reforma estableció que desde el 2 de junio de 2012 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP detectó deducciones fraudulentas a través de varias empresas que tienen como centro a Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales (Edicom), así como a Raúl Álvarez Longoria, Ricardo Mauro Calzada Cisneros y Alberto Grande Vidaurre.

El periódico proporcionó como sustento el oficio 110/H/787/2012 de la UIF, e incluso difundió algunos números de cuentas y los siguientes nombres de bancos utilizados para las transferencias: HSBC, Bancomer y Santander.

Las dos últimas instituciones bancarias, al igual que Banamex y Banorte, transfirieron a Grupo Financiero Monex los millonarios recursos que el PRI puso a danzar mediante empresas y personas morales, según la resolución Q-UFRPP 58/12 del IFE. En tales operaciones también participaron las sociedades mercantiles Tiguan, Koleos, Servicios Luciana, Comercializadora Baltus, Maquiladora Luza, Grupo Textil Firence y Distribuidora Merling. Edicom, la nueva protagonista del Monexgate y el lavado de dinero, según el oficio 110/H/787/2012 de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo mismo recibió beneficios de panistas que de priistas.

Por ejemplo, Proceso documentó que Alfredo del Mazo Maza, primo de Enrique Peña Nieto y expresidente municipal de Huixquilucan, uno de los ayuntamientos más ricos del Estado de México, invitó a Edicom a participar junto con otras dos empresas en la licitación para la entrega de cemento.

Resultado: que Edicom ganó el contrato DJ-148 por un monto de 1 millón 727 mil 385 pesos, y lo firmó el 12 de septiembre de 2011, debido a que, según la administración municipal, cumplía “con todas las bases de procedimiento” y podía “realizar la mejor oferta económica y de calidad”. Conforme al reporte de la alcaldía, Edicom estaba al corriente de sus pagos al fisco.

Y si el primo de Peña Nieto fue generoso con Edicom, instituciones del gobierno panista de Felipe Calderón tampoco se quedaron atrás. En agosto de 2011 el IMSS lanzó la licitación 1O-019GYR119-N21-2011 para cuando menos tres empresas, entre ellas Edicom, y a ésta la consideró ganadora porque “la evaluación realizada a su proporción fue la que ofertó el precio más bajo, resultando solvente en las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas”. Entre las condiciones legales estaban sus registros ante Hacienda, el IMSS y el Infonavit, dando cuenta de sus pagos oportunos.

Así, el 19 de agosto de 2011 el IMSS adjudicó a Edicom un contrato por 463 mil 876 pesos, y el día 29 del mismo mes le entregó “de manera directa”, es decir, sin concurso, otro contrato por 538 mil 96 pesos, luego de que ya el 13 de julio le había extendido uno más por 169 mil 128 pesos.

De acuerdo con el reporte de la UIF, Edicom tiene entre sus clientes a un sinnúmero de empresas que “contrataban” algún servicio de compañías vinculadas a ella. De éstas recibían su factura y el regreso del pago que habían entregado, salvo el cobro del Impuesto al Valor Agregado.

Pero así como la UIF abrió un expediente contra Edicom, la SIEDO inició la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/167/2012, el 28 de junio de 2012, justo tres días después de que el hoy senador Roberto Gil Zuarth acusara al PRI de utilizar monederos Monex para la campaña de Peña Nieto.

De manera coincidente, Edicom solicitó en febrero de 2013 ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito un amparo contra cualquier acto de la SIEDO en su contra. El último acuerdo del juzgado se produjo el 15 de octubre de 2013, y establece que los solicitantes del amparo tienen “derecho a la intimidad de las partes”, es decir, a que no se publiciten sus nombres en la resolución final del expediente 134/2013.

Por otra parte, el 11 de noviembre de 2013 el mismo juzgado publicó otra solicitud de amparo de Edicom, pero ahora contra el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa Dieciséis de la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, según se establece en el expediente 1074/2013.

Así, una de las empresas proveedoras de priistas y panistas hoy está siendo investigada por presuntamente hallarse ligada a la venta de facturas para que otras entidades mercantiles evadan el fisco.

La importancia de Edicom es que en sus expedientes, tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y de la SEIDO de la PGR, existen otros personajes que están íntimamente involucrados en el Monexgate y formaron parte de la triangulación de millonarios recursos que el PRI utilizó para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Raúl Álvarez y “Monexgate”

Raúl Álvarez Longoria realizó entre febrero y junio de 2011 más de 200 operaciones bancarias por un monto de 244 millones de pesos, según oficio 110/H787/2012 de la UIF de Hacienda.

El SAT no tiene registro alguno de que haya pagado impuestos que respalden los 244 millones de pesos, pero de lo que sí hay huella es de su participación en el Monexgate.

El 23 de enero de 2013, la Unidad de Fiscalización del IFE aseguró que el acusado entregó 10 millones 116 mil pesos a Importadora y Comercializadora Efra, una de las principales empresas que triangularon dinero a Monex en beneficio del PRI y para lo cual utilizaron la dispersión de los recursos mediante cuatro bancos: Banamex, Bancomer, Santander y Banorte.

“El C. Raúl Álvarez Longoria, mediante una transferencia por $10,116,000.00 con número de referencia 25365446, se depositó a través del cheque número 4965 en la cuenta 917524 abierta en BBVA Bancomer, S.A., a nombre de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, según respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio 220-1/4616393/2012 de fecha 11 de diciembre de 2012, la cuenta en Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en donde se acredita el recurso, está a nombre de Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. Este traspaso según la respuesta de Comercializadora Atama, S.A. de C.V. corresponde a un pagaré suscrito por Comercializadora Atama, S.A. de C.V., a favor de Raúl Álvarez Longoria por la cantidad de $10,116,000.00.”, se lee literalmente en la indagación del IFE.

Para protegerse de cualquier acusación, así como del bloqueo de sus cuentas bancarias, Álvarez Longoria acudió al Juzgado Cuarto de Distrito para solicitar un amparo contra cualquier acto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El 22 de enero de 2013, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal difundió el hecho de que un día antes, luego de que la CNBV rindió su declaración en contra de Álvarez Longoria, se le negó la “suspensión definitiva”. No existe más registro de que el quejoso haya acudido a otra instancia para revertir el fallo en su contra.

Álvarez Longoria es, lo mismo que Edicom, pieza clave de la indagatoria que la UIF inició en junio de 2012. Sin embargo, existe otro personaje involucrado: Ricardo Mauro Calzada Cisneros.

Este último, según la investigación del IFE dada a conocer casi un año antes de que apareciera vinculado a una red fraudulenta de facturas, entregó 8 millones de pesos a otro particular, quien a su vez los depositó en Inizzio, pasando de ahí a Banorte y luego a Monex.

“Cabe aclarar que el cheque número 2027, por la cantidad de $8,000,000.00, fue expedido por el C. Ricardo Mauro Calzada Cisneros, para que el C. José Antonio Rodea Domenzáin realizara el préstamo a Comercializadora Atama, S.A. de C.V.”, asienta el IFE.

De acuerdo con dicho instituto, José Antonio Rodea Domenzáin –quien no es relacionado con las facturas fraudulentas–, además de los 8 millones de pesos que recibió de Calzada Cisneros, depositó a Inizzio otros 5 millones 176 mil 250 pesos, lo que hizo un total de 13 millones 178 mil 250 pesos que fueron a parar a los monederos Monex utilizados por el PRI en la campaña.

A juicio del Registro Público de la Propiedad, Rodea Domenzáin no tendría necesidad de recurrir a Ricardo Mauro Calzada Cisneros para apoyar al PRI con 8 millones de pesos, pues él cuenta con tres empresas de éxito: Naranja Terraza, especializada en banquetes; Lombote Publicidad, la cual en su nombre indica el objeto social que tiene, y Hit Music Hall, encargada de organizar eventos artísticos. Las tres firmas fueron creadas en diciembre de 2008.

Existe una última empresa que el IFE registró como aportante en el Monexgate. Se trata de Comercializadora Baltus, S.A. de C.V. Esta sigue ligada al PRI, pues de acuerdo con información del gobierno de Chihuahua encabezado por el priista César Duarte, el 27 de julio pasado obtuvo una licitación para proveer de mobiliario escolar al estado por la cantidad de 6 millones 966 mil 780 pesos. Incluso aparece en el registro oficial de proveedores con el número A-33-30626.

Estos nuevos elementos podrán ser sumados como prueba superviniente en el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial que tanto el PRD como el PAN, el PT y el MC interpusieron contra el IFE por exonerar al PRI y al PVEM de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, hacer uso de una contabilidad paralela y triangular fondos económicos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través de empresas mercantiles, lo que está prohibido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).