El caso Buendía, ligado al de “Kiki” Camarena

El caso Buendía, ligado al de “Kiki” Camarena/J. Jesús Esquivel

Revista Proceso # 1953, 5 de abril de 2014;

Un documento estadunidense clasificado “top secret”, que forma parte de la Operación Leyenda –investigación del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena– saca a la luz una serie de nombres y hechos que pudieron haber desembocado en el homicidio en 1984 del periodista mexicano Manuel Buendía, un verdadero thriller aún en espera de desenlace. Se habla ahí de las familias jaliscienses Leaño y Aviña, del general Vinicio Santoyo y de Manuel Bartlett –actual senador por el PT–, y se mencionan especialmente los vínculos de la CIA con el traficante de armas Gerhard Mertins, con la llamada Contra nicaragüense y con la ultraderecha mexicana. Pero el denominador común, la punta al final de todos los hilos, es el Cártel de Guadalajara, dirigido entonces por Rafael Caro Quintero.

WASHINGTON.- La Agencia Central de Inteligencia (CIA), varios políticos mexicanos, un traficante alemán de armas y el asesinato del periodista Manuel Buendía forman parte de una trama que, de una u otra manera, involucra también al Cártel de Guadalajara, el cual dirigía en los años ochenta Rafael Caro Quintero, de acuerdo con un expediente del gobierno de Estados Unidos elaborado por su Departamento de Justicia y clasificado como de máximo secreto.

Fechado el 13 de febrero de 1990, el documento –con una etiqueta en la cual se estampó el sello de “top secret”– contiene las declaraciones del ciudadano estadunidense Victor Lawrence Harrison, subcontratista y operador de la CIA en México, quien en los ochenta colaboraba con el Cártel de Guadalajara, con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y con la propia agencia estadunidense de espionaje.

“Entre 1981 y 1984, Buendía Téllez Girón (sic) recibió información de parte de otro periodista de apellido Velasco, de que en Veracruz, guerrillas guatemaltecas estaban siendo entrenadas en un rancho que pertenecía a Rafael Caro Quintero”, se lee en uno de los párrafos de la primera de cuatro páginas del expediente.

 “Las operaciones/entrenamiento en el campo (rancho) eran dirigidas por la CIA, utilizando a la DFS para encubrirse”, subraya el documento, copia del cual tiene Proceso. Las declaraciones de Harrison fueron hechas el 9 de febrero de 1990 a los agentes de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos Héctor Berrellez y Wayne Schmidt.

 En el expediente el nombre del declarante (Harrison) está tachado para proteger su identidad.

 Lo identifica Berrellez que, en entrevista, explica: “Harrison era un operador de la CIA, lo sacamos de México y lo regresamos a Estados Unidos para que cooperara con la DEA en la investigación del homicidio de Enrique Kiki Camarena (en Guadalajara el 9 de febrero de 1985)”.

 El documento “top secret” es parte de la investigación del caso Camarena –la Operación Leyenda– de la cual Berrellez era supervisor cuando la DEA llevó a Harrison a Estados Unidos.

 Berrellez sostiene que el Departamento de Justicia de Estados Unidos clasificó como “top secret” ese expediente y otros centenares más (recopilados en el transcurso de la Operación Leyenda) y los archivó como “riesgosos para la seguridad nacional” porque en ellos se menciona el involucramiento de la CIA con el narcotráfico mexicano, con las guerrillas centroamericanas y políticos mexicanos que ­colaboraban con los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros.

 De la información recopilada en el documento cabe destacar la mención del nombre del periodista mexicano a quien, según Berrellez, “asesinó la CIA” (Proceso 1929).

 El homicidio de Buendía sigue envuelto en una nube de dudas, mitos, teorías y misterios. Es un verdadero thriller. Nunca se ha tenido certeza de quién o quiénes ordenaron la eliminación del columnista, mucho de cuyo trabajo exhibía las andanzas de los agentes de la CIA en México.

El asesinato

Manuel Buendía, autor de Red privada, la columna periodística que publicaban diarios de todo el país, fue victimado el miércoles 30 de mayo de 1984 por un individuo que le disparó a quemarropa cuatro tiros calibre .38 cuando el periodista acababa de salir de su oficina, en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.

Según el recuento del homicidio hecho por este semanario (Proceso 396), el individuo que atacó a Buendía estaba al acecho; mientras el periodista esperaba su automóvil afuera del estacionamiento, el asesino se le acercó por la espalda, lo jaló de la gabardina y le disparó.

 En referencia al asesinato de Buendía, Harrison le dijo a Berrellez y Schmidt que este caso podría estar ligado al descubrimiento que hizo el periodista Velasco sobre el triángulo criminal CIA-Contras-­narcotráfico.

 “El reportero de Veracruz, Velasco, antes de que lo asesinaran en 1985 estaba presuntamente descubriendo la información de que la CIA estaba usando a la DFS como un frente para operar las pistas clandestinas donde los aviones cargados con armas paraban a reabastecer combustible para luego llevar el armamento a Honduras y Nicaragua”, se destaca en el documento “top secret”.

 En su libro La CIA en México, Buendía desmenuzó el sigiloso y secreto sistema de operación de organizaciones fascistas como Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara o el Opus Dei, además de relacionar a la agencia estadunidense de espionaje con la ultraderecha mexicana.

 El asesinato del periodista se catalogó como un ajuste político de cuentas y nunca se dejó de mencionar entre los sospechosos a José Antonio Zorrilla Pérez, extitular de la DFS, quien durante la presidencia de Miguel de la Madrid dependía de la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Manuel Bartlett Díaz.

 En junio de 1985 (Proceso 448) una fuente de la oficina de la DEA en México le dijo al reportero Fernando Ortega Pizarro que la conexión de Buendía con Zorrilla era una “relación que no debía descartar” como parte de la investigación del caso.

 En junio de 1989 Zorrilla fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato del periodista.

 Al de participación en el homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) agregó contra Zorrilla los cargos de acopio de armas, portación de armas, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e introducción clandestina al país de armas y municiones (Proceso 659).

 Días después de que a Zorrilla se le declarara auto de formal prisión por su relación con el asesinato de Buendía, y entre confusiones y contradicciones en la investigación, la misma PGJDF se vio inmersa en una controversia.

 Originalmente había señalado a José Luis Ochoa Alonso, El Chocorrol, como autor material del homicidio, pero el fiscal especial para el caso, Miguel Ángel García Rodríguez, informó en julio de 1989 que quien disparó contra Buendía fue Juan Rafael Moro Ávila (Proceso 661). García Rodríguez añadió que en el asesinato participaron como autor intelectual Zorrilla Pérez y como coautores Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya Suárez.

 El 10 de septiembre del año pasado, por decreto de la juez de Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez (Proceso 1924), se le concedió a Zorrilla el arresto domiciliario.

 El fallo de la juez se sustentó en “el estado precario” de salud de Zorrilla Pérez, de 71 años, quien cumpliría en su casa los cinco años que le restan de condena. Su sentencia original fue de 35 años de cárcel, pero en 1989 se le redujo a 29.

 “Buendía llevo a cabo una investigación sobre la colusión que existía entre Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, con Miguel Aldana Ibarra, excomandante de la Policía Judicial Federal, y Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la DFS, quienes eran consortes de los narcotraficantes”, expone el documento.

 La información clasificada y archivada bajo el estatuto de la protección a la seguridad nacional de Estados Unidos hace otra referencia a Bartlett Díaz cuando aborda nuevamente el caso del asesinato de Buendía.

 El documento explica “que colegas” de Buendía, a quienes no identifica por nombre, fueron contactados por agentes enviados por Edward Heath, entonces jefe de la DEA en México.

 Los agentes de la DEA “físicamente” le enseñaron a los colegas de Buendía un documento que la DFS sacó de la oficina del columnista el día de su asesinato. “No hubo una explicación por parte de los agentes de la DEA sobre la forma en que obtuvieron el documento… los colegas de Buendía Téllez Girón dijeron que el documento era genuino”, se destaca en el expediente que en el siguiente párrafo establece: “Los colegas de Buendía Téllez Girón hicieron la observación de que al documento se le había agregado información implicando a ­Bartlett Díaz con el tráfico de armas de la CIA y con los narcotraficantes”.

“Contras” y guerrillas

Respecto a los otros asuntos, el documento clasificado dice: “Harrison reportó que representantes de la DFS, quienes eran los encubridores y frente (de la CIA) para el campo de entrenamiento, operaban en colaboración directa con los capos del narcotráfico para garantizar el flujo de drogas por México para que pudieran llegar a los Estados Unidos”.

Harrison contó a los dos agentes de la DEA que la CIA, por conducto del entonces famoso traficante alemán de armas Gerhard Mertins, metía armas a México para desde ahí enviarlas a la Contra nicaragüense, amén de entrenar a guerrilleros en Veracruz.

Para cubrir el costo de las armas que la CIA le compraba a Mertins, las avionetas que enviaba a Centroamérica con el armamento regresaban a México cargadas de cocaína colombiana que luego vendía al Cártel de Guadalajara. Berrellez afirma que Harrison les insistió en el hecho de que la CIA ayudaba al Cártel de Guadalajara a meter la cocaína y otras drogas a Estados Unidos, lo cual facilitaba el trasiego de narcóticos.

“Los pilotos de estos aviones (operados por la CIA) cargaban cocaína en Barranquilla, Colombia, para enviarla a Miami, Florida. Para reabastecer combustible los aviones paraban en México en pistas clandestinas del narcotráfico operadas y mantenidas por la CIA”, sostiene el documento.

Sin un orden cronológico de los acontecimientos, Harrison reveló a la DEA que Mertins trabajaba para la “familia Leaño”, los fundadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

“La familia Leaño presuntamente controla una vasta y extensa plantación de mariguana en el área de Jalisco”, matiza el documento elaborado por Berrellez y Schmidt con las declaraciones que les hizo el exoperador de la CIA en México.

Entre otros personajes del mundo de la política, los negocios y del Ejército de México, en el documento destacan los nombres de Rubén Zuno Arce, Manuel Bartlett Díaz, de los hermanos priistas jaliscienses Juan y Eduardo Aviña Bátiz, del general Vinicio Santoyo Feria y del abogado Everardo Rojas Contreras.

Berrellez reconoce que lo que les declaró Harrison eran rumores que ya había recopilado la DEA durante la investigación del homicidio de Camarena. El exagente de la DEA recuerda que para tener garantías de veracidad de lo que les declaró Harrison lo enviaron a Washington para interrogarlo con un polígrafo. “Durante tres días consecutivos fue sometido a las pruebas del polígrafo y pasó todas”, dice Berrellez.

 A su regreso a Los Ángeles, donde estaba el cuartel general de Operación Leyenda, Harrison volvió a ser sometido a varias pruebas.

 Berrellez relata que para hacerle más pruebas a Harrison solicitó el apoyo del FBI para analizar la identidad del exoperador de la CIA en México por conducto del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).

 “Le tomaron las huellas digitales y cuando le preguntaron su nombre dijo que la CIA le había cambiado el nombre. Nos aseguró que el nombre que le dio la CIA fue el de George Marshall Davis, pero que también era Victor Lawrence Harrison”, cuenta Berrellez.

 A Harrison la DEA le advirtió que si mentía y lo comprobaba el NCIC, sería sentenciado a cinco años de cárcel.

 “La NCIC comprobó que el individuo era Harrison y al mismo tiempo Davis. La CIA hizo con él un gran trabajo”, matiza el exsupervisor de Operación Leyenda.

 Al general Vinicio Santoyo Feria, entonces jefe de la Quinta Zona Militar en Guadalajara, el expediente lo señala por su presunta relación con los capos del Cártel de Guadalajara que reemplazaron a Caro Quintero y a Fonseca.

 “Everardo Rojas Contreras es un abogado que hizo un extenso trabajo legal para Caro Quintero y Fonseca Carrillo. En los últimos tres años Rojas Contreras ha fungido como asistente del general Vinicio Santoyo Feria para la administración y compra de propiedades con grandes sumas de dinero, cuyo origen es inexplicable”, indica el documento.

 Una de las propiedades que este abogado adquirió para el general Santoyo, según el documento, es un rancho en Puerto Vallarta junto a una propiedad que pertenecía al cantante Víctor Yturbe, El Pirulí, asesinado en 1987.

 Harrison le declaró a los dos agentes de la DEA que este cantante mexicano, “en el último año o año y medio (de su vida)” se había asociado con mafiosos del área de Puerto Vallarta.

 “El rancho adquirido para Santoyo Feria costo 600 mil dólares, dinero que representa una porción del que Santoyo Feria extorsionó a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Manuel Salcido Uzeta, Cochiloco, cuando fueron arrestados el 7 de noviembre de 1988 en Guadalajara por elementos que comanda el general”, remata el documento.