Violentos reacomodos en Guerrero

Violentos reacomodos en Guerrero/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

 Revistas Proceso # 1959, a 17 de mayo de 2014

 En las últimas semanas, los encuentros entre las bandas que buscan el control del corredor Acapulco-Cuernavaca se intensificaron. Pero fue “la privación ilegal” de la libertad del diputado priista Olaguer Hernández Flores lo que revivió las acusaciones sobre los presuntos nexos de la clase política con los grupos que se disputan la hegemonía en Guerrero, Morelos y Michoacán. El salpicadero implica al propio Hernández y al perredista Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso guerrerense. Fuentes oficiales señalan que la agresión al legislador puede ser consecuencia del reacomodo de la estructura delincuencial en Chilpancingo y la Sierra.

 CHILPANCINGO, GRO.– La brutal confrontación entre las organizaciones criminales que se disputan los principales corredores de drogas del Pacífico y el centro del país –los remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios– potencia la inseguridad en esta entidad, así como en Morelos y Michoacán.

 Los secuestros del sacerdote ugandés John Ssenyondo en Chilapa de Álvarez a finales de abril y del diputado local del PRI Olaguer Hernández Flores el martes 6, exhiben de nueva cuenta los presuntos nexos de políticos con la delincuencia organizada.

 Entre los señalados destaca el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso local. Es hijo del extinto narcotraficante Celso Ortega Rosas, La Ardilla, fundador del grupo delictivo denominado Los Ardillos, quienes operan en la parte baja de la Montaña y la región Centro.

 Según las autoridades federales, ese grupo controla el trasiego de droga y procesamiento de heroína en narcolaboratorios que el Ejército ha desmantelado en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.

También está su correligionario Roger Arellano Sotelo, quien tiene vínculos con el empresario melonero Santana Ríos Bahena, presunto narcotraficante que es mentor de Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur, alcalde de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya). Aranda es cantante de narcocorridos, en los que con frecuencia exalta al grupo delictivo de La Familia Michoacana en la zona norte de la entidad.

Otro legislador perredista señalado es Elí Camacho Huicochea. Él mismo admitió que durante su gestión en el ayuntamiento de Coyuca de Catalán tuvo que pactar con los grupos delincuenciales de Tierra Caliente para poder trabajar.

En el caso de Hernández hay versiones contradictorias dentro del PRI. Mientras el dirigente estatal del partido, Cuauhtémoc Salgado Romero, aseguró que el legislador fue secuestrado, su par Rubén Figueroa Smutny comentó que fue liberado gracias a gestiones de su padre, el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Él fue quien solicitó al gobernador Ángel Aguirre Rivero intensificar los operativos hasta que Hernández fue localizado dos días después en esta capital, dijo Figueroa Smutny. Según él, no se pagó ningún rescate, sino que se logró su liberación por la presión de las corporaciones policiacas.

Reportes oficiales consultados por Proceso vinculan a Hernández Flores con Raúl Barrera Martínez, El Pato, quien fue director de la Policía Municipal cuando el legislador encabezó el ayuntamiento de Tlacotepec.

El Pato fue ejecutado en octubre de 2013 en las inmediaciones de Tierras Prietas, en el norte de esta capital. Durante algún tiempo estuvo al servicio de Los Rojos.

Durante años, el jefe de la plaza de ese grupo en ese lugar enclavado en la Sierra Madre del Sur –considerada zona emblemática del narco en la entidad– era Antonio Reyna Castillo, La Borrega, detenido el pasado 12 de abril en Apango, municipio de Mártir de Cuilapan, en la región Centro, indican los informes consultados por el reportero.

El corredor Acapulco-Cuernavaca

 Los presuntos nexos del diputado priista con la banda de Los Rojos, liderados por Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente del capo Arturo Beltrán Leyva –ejecutado por marinos en 2009 en Cuernavaca, Morelos–, datan de hace cuatro años.

 En su edición 1759 Proceso publicó el reportaje La sanguinaria guerra por el sur, en el que informó que Jesús Basilio Araujo, La Piyeya –jefe de sicarios del Rojo–, fue capturado el 18 de diciembre de 2009 en Jiutepec, Morelos.

 En sus declaraciones ante el Ministerio Público federal, La Piyeya –quien presuntamente participó en más de un centenar de asesinatos– mencionó a los alcaldes Carlos Bello Gómez (PRD), de Atoyac; Nadín Torralba Mejía (PRI), de Tecpan, y su correligionario Hernández Flores, de Heliodoro Castillo, así como varios oficiales de las policías Ministerial y Municipal. Todos ellos, dijo, daban protección a los Beltrán Leyva.

 Según el sicario, los funcionarios admitieron que el brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva, Los Pelones, operaba en sus municipios:

 “El Rojo (me) manda a hablar con los alcaldes de Atoyac de Juárez (sic), Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadín Torralba Mejía, y del municipio de Heliodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, El Ciudadano o El Presi, a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, El Rojo, iba a andar en esos municipios, para que no se fueran a espantar, quienes los iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero como no sé qué arreglos tenía El Rojo con ellos, dijeron que no había ningún problema.”

Los entonces alcaldes de Atoyac y Tec­pan negaron haberse reunido con La Piyeya: Hernández declaró que el pistolero es originario de Tlacotepec, cabecera de su municipio, y que lo había conocido cuando fue precandidato a alcalde por el PRD en 2005. Luego lo vio como promotor de campañas del PAN y después como padrino de la feria regional en la zona de la Sierra, pero negó tener vínculos con el grupo de Los Rojos.

 No obstante, fuentes oficiales consultadas por Proceso señalan que la agresión a Hernández es consecuencia del reacomodo de la estructura delincuencial en Chilpancingo y la Sierra, donde grupos antagónicos y la Policía Federal declararon la guerra a Los Rojos

 Estos movimientos son similares a los de hace cuatro años, cuando Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Héctor Beltrán Leyva, El H, se disputaron a sangre y fuego el corredor Acapulco-Cuernavaca, feudo del extinto capo conocido en Guerrero como El Botas Blancas.

 El ambiente se calienta ante la cercanía de las elecciones concurrentes porque la violencia se desborda en Guerrero y Morelos, donde la delincuencia controla territorios completos en ambas entidades, incluso alcanzó ya al gobierno de Graco Ramírez y a empresarios guerrerenses.

 Ola expansiva

 El lunes 5 aparecieron dos narcomantas en un puente peatonal sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del centro comercial Plaza Galerías, en las que ligan a Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, y a Noé Reynoso Nava, alcalde de Amacuzac, Morelos, con el grupo delictivo Guerreros Unidos:

 “Así como le hicieron al licenciado que apareció decapitado. También para ti Noé Reynoso te la pasas engañando al Gobierno federal y estatal para su beneficio de todos ustedes putos, haciéndoles creer que no tienen que ver. Tú Federico Figueroa y Mario Casarrubias quieren pelear hijos de su puta madre, vamos a pelear putos y a la familia se le respeta perros, ojo por ojo y diente por diente, con todo respeto Gobierno Federal Estatal y municipal y Sr. Gobernador del estado de Morelos no se metan por estas basuras.”

 Cuatro días antes fue localizado en Cuernavaca el cuerpo descuartizado del abogado Alejandro Exiquio Rodas Maldonado, con un mensaje dirigido al diputado local del PT Alfonso Miranda Gallegos y a su sobrino Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos en el sur de Morelos.

 Las autoridades advierten un recrudecimiento de la violencia en Morelos y Guerrero ante la confrontación que mantienen los tres grupos criminales considerados remanentes del extinto Cártel de los Beltrán Leyva por el control de esta zona estratégica en la geografía del narco en el país.

Reportes oficiales señalan que la banda Guerreros Unidos está afincada en Iguala y que su líder, Mario Casarrubias, fue detenido recientemente en Toluca. El 30 de abril el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, calificó al capo, originario del municipio de Teloloapan, como uno de los principales traficantes de droga a Estados Unidos.

Casarrubias formaba parte del cuerpo de seguridad de Arturo Beltrán Leyva. Tras la muerte de su jefe emprendió una guerra contra los remanentes del cártel para posicionarse en Morelos, Guerrero y el Estado de México. La batalla se recrudeció en los últimos días.

Su onda expansiva envuelve incluso al clero, como se vio el 30 de abril, cuando un comando levantó al sacerdote John Ssenyondo, de la congregación Misioneros Combonianos Corazón de Jesús, quien aún está desaparecido.

El jueves 15 Proceso informó en su portal que el religioso se encontraba en el poblado de Santa Cruz, Chilapa, donde había oficiado una boda. Según el vicario general de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Víctor Aguilar, a la fecha ha habido tres agresiones contra sacerdotes católicos en la entidad.

El obispo Alejo Zavala comenta: “Les pedimos que nos lo regresen (a Ssenyondo)”. Pero declina opinar sobre la actuación de las autoridades estatales.

Aguilar relata que hace un año y medio el religioso ugandés fue atacado en la iglesia de Nejapa por delincuentes que controlan Chilapa, donde opera una célula del grupo de Los Rojos, según las autoridades federales. Sus agresores lo dejaron amarraron y se llevaron su auto, dinero y enseres domésticos.

Dice que la vicaría decidió no presentar la denuncia porque la jerarquía católica en la entidad pensó que se trataba de “algo sencillo”. Sin embargo, ahora los sacerdotes de Chilapa están convocando a los feligreses a participar en una campaña de oración por Ssenyondo para el jueves 22.

En los últimos dos años, comenta Aguilar, se han registrado dos agresiones contra los sacerdotes Óscar Prudencio, de Apaxtla de Castrejón, y Rafael Ramírez, de Cuetzala del Progreso. Ambos tuvieron que ser removidos de sus parroquias.

En el primer caso, Prudencio quedó en medio de un enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban ese corredor de droga que conecta el norte de Guerrero con el sur del Estado de México; en el segundo, Ramírez y su chofer fueron levantados por un grupo armado en Cuetzala a mediados del año pasado.

Tras ser torturado, Ramírez fue liberado. Contó que fue agredido para que en sus homilías dejara de pedir a los delincuentes que frenaran sus acciones.

En Chilapa, indican los documentos consultados, opera una célula al servicio de Los Rojos dirigida por Zenén El Chaparro, quien presuntamente controla a las autoridades y los medios de la localidad. De ahí que el 13 de marzo agentes federales se lanzaran contra el capo.

Y aunque El Chaparro rompió el cerco, una de sus operadoras –Lizbeth Cantorán Guerrero, La Güera Sicaria, encargada del cobro de cuotas, secuestros, robos y extorsiones en Chilapa– fue capturada. Los federales aseguran que ella es sobrina del diputado local perredista Miguel Cantorán Gática.

El operativo se realizó dos días después de que Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue interceptado por sujetos armados en las inmediaciones de Chilapa. Barrera lamentó que las autoridades de los tres niveles no actúen, aun cuando saben dónde y cómo opera esa banda delincuencial.

Los grupos criminales de Chilapa intentan dominar las rutas de trasiego de drogas y hacerse del control político de la zona que conecta la región Centro y la Montaña de Guerrero.

Los protagonistas son Los Rojos, cuyo bastión se encuentra en la cabecera municipal, y Los Ardillos, afincados en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, y presuntamente dirigidos por familiares del presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez.

Esta pugna, refieren reportes oficiales consultados, exhibe los vínculos entre delincuencia y políticos de esta emblemática zona del narcotráfico en la entidad.

El 7 de enero último Proceso informó que el oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda, fue detenido por autoridades ministeriales por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Actualmente está preso en Chilpancingo, acusado del secuestro de un empresario dedicado a impartir cursos de motivación personal.

Jiménez Aranda es un operador político del PRI en la zona de la Montaña baja y se le considera el brazo derecho del alcalde priista de Chilapa, Francisco García González, El Tepache, señalado constantemente por sus presuntos nexos con el narco.

Cleto Mendoza, regidor del PT en el mismo municipio, fue levantado el 30 de diciembre pasado. Han pasado más de cuatro meses y nadie sabe de él.