Entre jueces te
veas /Fred Alvarez
Publicado en La Otra Opinión, 16 de junio de 2014
Publicado en La Otra Opinión, 16 de junio de 2014
“La
sociedad reclama y necesita jueces honestos y confiables (...) Por eso, los más
de mil 200 juzgadores federales repudiamos la deslealtad constitucional de
algunos pocos. Pocos que manchan y denigran el trabajo de compromiso y
responsabilidad de la inmensa mayoría...” Juan Silva Meza.
El
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la suspensión, sin goce de
sueldo, del juez federal Daniel José González
Vargas, y del secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de
Baja California, Ricardo Arreola
Villanueva, por presuntas ilegalidades relacionadas con importadoras de
autos usados.
Los
integrantes del pleno del CJF ordenaron
también practicar una visita de inspección extraordinaria al juzgado federal
ante la presunción de que tales servidores públicos concedieron, fuera de la
legalidad, suspensiones tanto provisionales como definitivas a empresas
importadoras de autos usados:
De
acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el CJF en el curso de la visita
de inspección ordenada a la Visitaduría Judicial para dicho juzgado, cualquier
persona puede hacer llegar información sobre actos que se puedan considerar
ilegales.
La
investigación administrativa también puede extenderse a cualquier otro servidor
público si de la misma se desprenden elementos presunciones adicionales.
Es
de recordar que el juez federal sancionado, había sido cambiado de adscripción
y actualmente se encontraba a cargo del Juzgado Primero de Distrito de Procesos
Penales Federales en Villa Aldama,
Veracruz.
Esta
suspensión de da justo el día que el periódico El Universal publica un
amplio reportaje sobre el caso. En efecto,
la reportera Elena Michel documenta
que al menos cinco jueces federales son investigados por el CJF por otorgar
amparos que permitieron a empresas la importación de autos usados fuera de lo
que marca la normatividad.
La
periodista entrevisto a Eduardo Solis,
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) quien le
aseguró que dos jueces federales han otorgado 80% de los amparos que permiten
la circulación en México de “basura vehicular”, y vinculó este otorgamiento a
presuntos actos de corrupción de jueces que el la Judicatura Federal —dijo—,
está obligada a investigar y sancionar.
“De las importaciones de autos usados, alrededor de 90% (de 644 mil
automóviles usados importados vendidos el año pasado) se llevó a cabo a través
de suspensiones provisionales. De ese 90% que se importa a través de
suspensiones provisionales, 80% fueron otorgadas por dos jueces; los nombres
son conocidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Y nosotros estamos
preocupados”, precisó Solís.
En
efecto, el presidente de la AMIA explicó que cinco empresas en México
concentraron el 80% de los amparos otorgados por los jueces en el país. Según
sus datos, el parque vehicular en el país es de 22 millones, de los cuales, 7.5
millones son vehículos de importación usados.
El presidente
de la AMIA aseguró
que desde 2006 se ha sobrepoblado la circulación con “basura vehicular” a partir de amparos irregulares: “el
decreto (presidencial que entró en vigor en 2006) obliga que la importación sea
sólo para autos de ocho y nueve años de uso, y los amparos permiten que entren
autos de cualquier año. Los amparos
dejan circular vehículos hasta con 30 años de antigüedad”.
La reportera
solicito vía acceso
a la información al CJF y pudo comprobar que existen quejas administrativas
promovidas contra los juzgadores hoy sancionados. Pero quizá para protegerlos –
el CJF es una gran familia-, el CJF los reasignó a uno a Villa Aldama, Veracruz, y al otro a al juzgado décimo de distrito en
Chilpancingo, Guerrero.
¿Para
protegerlos?
Dice el
comunicado # 43 del CJF que la “La suspensión determinada por este órgano colegiado es por el tiempo
requerido para tramitar y resolver dicho procedimiento de investigación.
Agrega el comunicado que “Esta
decisión es consecuencia del análisis de diversas resoluciones emitidas en el
juicio de amparo 757/2013-I, así como de hechos constitutivos de probables irregularidades que fueron del
conocimiento del órgano interno de vigilancia de este cuerpo colegiado.”
El
comunicado del CJF del cual el Ministro don Jun Silva Meza es el Presidente,
agrega que:
“La visita de inspección
ordenada por (...)tiene como finalidad verificar y recabar información
concerniente a probables irregularidades e inconsistencias relacionadas con los
siguientes rubros:
I) El trámite de juicios de amparos en los que se reclamen actos contra
leyes y en materia aduanera.
Ii) Aquellas suspensiones
concedidas en las que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.
iii) Juicios en los que
aparezcan como partes una determinada persona moral dedicada a la importación
de vehículos usados y otras personas físicas.
Iv) La remisión dentro del
lapso legal de los recursos de revisión y de apelación a Tribunal Colegiado o
Tribunal Unitario, según corresponda, relacionados con asuntos de importación
de mercancías y casas de apuestas.
V) La implementación de
controles para llevar una correcta estadística y manejo de expedientes, como
parte de la administración del juzgado mencionado.
Y concluye el comunicado que
dicha “investigación administrativa ordenada por el Pleno puede extenderse a
cualquier otro servidor público si de la misma se desprenden elementos
presuncionales adicionales.
“Asimismo,
en la revisión de las actuaciones del amparo indirecto mencionado, el órgano de
vigilancia del CJF detectó posibles actos apartados de la legalidad,
consistentes en el cambio de criterio del juez de Distrito González Vargas y de
su secretario Arreola Villanueva, al negar, primero, la suspensión provisional
solicitada por el representante legal de una empresa moral dedicada a la
importación de autos usados y posteriormente conceder la suspensión definitiva,
dejando de aplicar diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y contraviniendo varios artículos de la misma Ley de Amparo.
De
la misma manera, se tuvo conocimiento de un patrón consistente en señalar como
autoridades responsables a diversos jueces de la misma entidad, con exclusión
del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, por actos consistentes en una
orden de aprehensión, de tal suerte que este último fuera el que conociera del
amparo indirecto ahora analizado por el órgano de vigilancia.
Sobre esos hechos, el juez González Vargas no hizo
pronunciamiento alguno en la resolución provisional de nueve de diciembre de 2013.
Éste,
como otros casos anteriores, es resultado de la eficacia de los mecanismos de
vigilancia permanentes con los que cuenta esta institución para la
investigación administrativa de hechos que puedan ser contrarios a la
Constitución.”
¡Caray!
¿Cuantos de los casi 1200 jueces y magistrados estarán
en esta situación?
Afortunadamente son los menos.
El
Poder Judicial de la federación ha sido desde su creación –con la reforma de
1994- una gran familia donde viven felices más de 30 mil personas; de ellos poco
más de 1200 son jueces y magistrados. Muchos de ellos son parientes, por eso
son una gran familia. Algunos han sido recomendados de los ministros, consejeros
y los menos – han sido impulsados- por los magistrados.
Por
cierto, el CJF casi nunca pone a un miembro en la cárcel. Los más que se ha
hecho es cambiarlos de sede y si la presión mediática es dura –como es el caso
en el reportaje de El Universal- se les suspende su sueldo, mientras dure la
investigación. Y normalmente los juzgadores recurren amparo y se les restituye;
a algunos incluso se les pagan los sueldos caídos. Hubo un caso de un Ministro
de la SCJN que se le pago integro sus prestaciones mientras estuvo en la cárcel.
En
el argot se dice que la ropa sucia se
lava en casa.
Debemos
decir también, que muchos jueces y Magistrados han hecho una gran carrera a
base de méritos, y dignifican al Poder Judicial. Conozco a algunos y les duele
la crítica o los caso de corrupción.
La
verdad es que el CJF ha sido muy tibio cuando abordad estos casos. Casi siempre
protege al gran familia y sólo los cambia de adscripción. Me recuerda a los
sacerdotes pedófilos; lo que hacían los señores obispos era sólo cambiarlos de
parroquia, nunca los ponía a disposición de las autoridades correspondientes
por los delitos cometidos. Incluso madaron a hacer un lugar de Q”recupercación”
en Guadalajara, Jalisco.
Por
eso felicito a los Consejeros y en especial al Presidente del Consejo, Ministro
Juan Silva Meza en dar un manotazo en este tema.
Usted
sabe don Juan que el Poder Judicial es una de las instituciones democráticas
que tenemos en México, y hay que cuidarla bien.
Sabemos
que tienen Usted poco tiempo en el cargo. En unos meses dejará de ser
Presidente de la SCJN y del CJF, pero en ese poco tiempo puede hacer una gran
limpia.
Usted
sabe que el buen juez por su casa empieza. Los felicito por lo de hoy
¡Ah!
y por lo pronto no hay que juzgar a los juzgadores e corruptos, gozan hoy de la
presunción de inocencia; la Constitución los ampara.
Valdría
la pena hacer un ejercicio periodístico e investigar quienes han sido los
“padrinos” de los más de mil jueces y magistrados del Poder Judicial de la
Federación. Casi todos han sido recomendados por alguien. Debería de ponerse
ese dato en la página oficial del CJF.
Me
gustan sus palabras don Juan, pronunciadas el 5 de febrero de 2014 durante la
Ceremonia del 97 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en la Ciudad de Querétaro: “La sociedad
reclama y necesita jueces honestos y confiables (...) Por eso, los más de mil
200 juzgadores federales repudiamos la deslealtad constitucional de algunos
pocos. Pocos que manchan y denigran el trabajo de compromiso y responsabilidad
de la inmensa mayoría...”
También
nosotros repudiamos la deslealtad de algunos de los juzgaores.
*
¿Quiénes son estos Juzgadores suspendidos
Daniel José Gonzáles Vargas, Juez Segundo de Distrito en el
Estado de Baja California
Es
originario de Mérida, Yucatán. Obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la
Universidad Autónoma de Yucatán, donde se tituló con la tesis "Garantía de
Audiencia en el Proceso Penal, Obligación de los Tribunales de Alzada de
Respetarla, Admitiendo Pruebas Tratándose de Apelaciones Interpuestas en Contra
de un Auto de Formal Prisión".
Como
casi todos los jueces ha recibido una serie de cursos que imparte el Poder
Judicial. Tiene un Diplomado en Derecho
Procesal Constitucional y Amparo, por la University Center Coral Reef Caribe y
Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ha
sido desde Oficial Judicial, Actuario, Secretario hasta llegar a ser Juez de
Distrito. Cargo que ocupa desde de diciembre de 2010.
Fue
nombrado juzgador en el “Decimotercer concurso interno de oposición para la
designación de Jueces de Distrito en Materia Mixta.” Fue publicado en DOF el 4
de marzo de 2010.
*
Ricardo Arreola Villanueva
Es Secretario
de Juzgado del Segundo de Distrito en el Estado de Baja California
Es
originario de Ensenada, Baja California. Tienen estudios de licenciatura en
Derecho por la Universidad Autónoma de
Baja California: Ha recibido una serie de cursos del Poder Judicial: Los cargos
obtenidos son el de Oficial Judicial, del Juzgado Primero de Distrito en BC; Actuario
Judicial, Juzgado Segundo de Distrito en BC y Secretario, Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de Baja California.
Concursó
para la plaza de Juez en decimo concurso interno de oposición para la
designación de jueces en juzgado de distrito de competencia mixta:
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