SCJN: En favor del debate académico/

SCJN: En favor del debate académico/

LA REDACCIÓN

Proceso #1970, 2 de agosto de 2014

El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en el caso de la maestra Dolores Coronel Ortiz, en febrero pasado, es mucho más que la resolución de un proceso particular: sienta un precedente porque se refiere a la libertad de expresión que tienen alumnos y profesores para cuestionar los actos de autoridad de los funcionarios de las instituciones públicas de educación superior en el país.

Fue María Eugenia Olavarría Patiño, coordinadora del posgrado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), quien en su momento demandó tanto a Coronel como a su directora de tesis Ana Paula de Teresa, el pago de una indemnización por daño moral, pues consideró que la difusión del caso entre la comunidad universitaria por parte de las demandadas le causó daños y perjuicios.

 Resuelto en varias instancias en favor de las acusadas, el asunto llegó a la Corte. El ministro José Ramón Cossío Díaz dictaminó. Consideró evidente que “el ejercicio de libertad de expresión en torno a la conducta de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones está ampliamente protegido y, sólo por excepción, podrá ser limitado…”

 Aclara que la autonomía de las universidades es la facultad para gobernarse a sí mismas, “respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”. Cossío expone que, contrario a la idea de Olavarría en el sentido de que la discusión sobre la negativa de ingreso de Coronel no tiene interés ciudadano, el asunto posee relevancia pública pues involucra una crítica a la actuación de un órgano académico de una universidad pública y una servidora pública.

 Para el ministro, la libertad de pensamiento y expresión son la esencia de la actividad y vida de las instituciones universitarias:

 “De ahí que en un ambiente académico cualquier restricción al contenido de una expresión sea particularmente perniciosa, al grado de que en ocasiones puede ser incompatible con la investigación y difusión del conocimiento.

 “Si el flujo de ideas e informaciones así como el contraste de las mismas permite tener una mejor percepción de los hechos y de lo que se considera que corresponde a la verdad, entonces mal haría un juez en frenar la discusión en una comunidad académica como es la UAM.”

 El documento aclara además que las críticas se dieron sobre el desempeño de la funcionaria y recomienda que las autoridades deben ser más tolerantes y abiertas a los cuestionamientos sobre sus funciones.

 En este sentido, el profesor Juan José Santibáñez Santiago celebra que el fallo tenga consecuencias para el orden legal, ya que no sólo resuelve para Olavarría, “funda razones jurídicas que probablemente tengan implicaciones vinculantes, como tener claridad sobre la función de las autoridades de la universidad, aunque sean órganos colegiados, y cuáles son los derechos de los estudiantes” (J. Amador).