En busca de la verdad
en el caso Tlatalya/FA
Publicado en La Otra Opinión, 29 de septiembre de 2014
Publicado en La Otra Opinión, 29 de septiembre de 2014
¿Qué sucedió aquella
madrugada del 30 de junio?
Sobre
el tema –respondió el Secretario Osorio– “ya ayer el procurador en su
comparecencia pudo explicarles lo que se está haciendo y en abono a sus
comentarios decirles que la averiguación nunca se ha cerrado en la PGR; si lo
hizo otra instancia es otra circunstancia.“ (se refiere a la procuraduría del Edomex).
Pero,
agregó el secretario “En la PGR sigue abierta, se está investigando y todos los
elementos que tenemos a la mano se están investigando por la PGR y se actuará,
como lo hemos venido haciendo, con toda transparencia porque si sucediera que
hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del
Ejército nacional, será la excepción
porque tenemos un gran ejército y por eso tenemos que trabajar para que si
sucede este tipo de cuestiones se pueda observar que es sólo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro
gran ejército y de la Marina Armada de México..
Todo
sabemos que el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México, se
registró un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército–un pelotón del
25 Batallón de Infantería perteneciente a la 22 Zona Militar–e integrantes del
crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, pero informes del
periodismo de investigación –los reportajes de la agencia AP y de la revista Esquire–presumen que se trató, de
acuerdo a un testigo, de una ejecución, de un fusilamiento.
Leímos
en la prensa aquel breve comunicado
oficial donde la Sedena informó que aquella madrugada del 30 de junio soldados de la 22/a zona militar
“abatieron” a 22 secuestradores en un enfrentamiento. Se reportó entonces que los
militares liberaron a tres mujeres secuestradas y aseguraron 38 armas,
incluidas algunas de alto poder. Se informó que un militar fue reportado con
una herida que no ponía en peligro su vida.
Sedena
aseveró contundente que los militares respondieron a un ataque. Punto.
Y
ese día el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Damián Canales informó que los hechos
ocurrieron en las primeras horas de ese lunes en la comunidad de Arcón de Los
Laureles, una pequeña población de 250 habitantes y que se ubica al sur de la
entidad.
Nadie
cuestionamos el comunicado y asunto aparénteme quedaría ahí, pero, días
después, el 8 de julio, un reportaje de
la agencia informativa estadounidense The
Associated Press (AP)–firmado desde esa pequeña población– planteó dudas de
los hechos y en el que mencionaba que
los “abatidos” pudieron haber muerto por fusilamientos.
Reporteros
de AP sugirieron que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la
bodega no fueron producto de un enfrentamiento entre delincuentes y militares,
sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército. Las manchas de sangre
y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas
tres días después del tiroteo plantearon interrogantes acerca de si todos los
sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara.
Ante
esa información, la organización Human
Rights Watch, con sede en Nueva York, pidió en al gobierno de Enrique Peña
Nieto “una investigación imparcial y efectiva”.
Aun
con esa presión el asunto se manejo de bajo perfil, sin embargo, semanas
después un reportaje de la revista
Esquire, difundido el miércoles 17 de septiembre que llevó que el Departamento
de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación
creíble” acerca de los hechos. La frase de Jeff
Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue contundente: “Hemos
visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”. Esa
declaración ocurrió justo a una horas de que el Presidente de México arribará a
de Nueva york a una gira de trabajo.
Ante
la presión, el Presidente Peña se vio obligado a emitir un breve posicionamiento.
Le dijo por cierto a la agencia AP en las afueras de la ONU que “la PGR está
ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este
tema".
Detención de ocho
militares
El
asunto creció como una bola de nieve y debido a la presión –sobretodo
internacional– el jueves 26 de septiembre , ocho elementos del Ejército
Mexicano–un oficial y siete de tropa–
que participaron en el enfrentamiento fueron conducidos al Juzgado 6°
del Campo Militar Número 1-A en calidad de presentados.
Desgraciadamente
la detención de los militares ocurrió casi
tres meses después de los hechos lamentables.
La
pelota está en dos canchas: la justicia militar y la civil.
El
proceso penal será largo. El juez que lleva la causa deberá recabar la
información necesaria para procesarlos, y en caso de encontrarlos responsables,
los soldados alcanzarían penas menores. (basta leer el nuevo código de Justicia
Militar publicados el 13 de junio en el DOF).
Y
es que la Justicia Militar los acusa, de acuerdo al comunicado de la Sedena por
“la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e
infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el
caso del personal de tropa”.
En
el mismo comunicado se establece que el personal castrense deberá responder
ante la justicia militar por las faltas señaladas, “independientemente de las
investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su
competencia en el referido acontecimiento”.
Días
antes de la detención de los ocho soldados – el 19 de septiembre–la Sedena
emitió posicionamiento sobre el caso, señaló:
“Esta Dependencia es la más interesada en que
este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y
Fuerza Aérea, estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de
las personas.
“La
Secretaría de la Defensa Nacional, prestará su colaboración irrestricta para
que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad
jurídica sobre este acontecimiento.“
Hay
muchas opiniones críticas sobre el caso: notas, reportajes, columnas, etc.
Hemos
seguido el caso y vale la pena realizar una línea del tiempo para entender más
este asunto.
Por
cierto, debemos hacer una mea culpa por
no abordarlo con oportunidad. Se habla de un silencio cómplice.
Nuestra
aportación en esta primer comentario para La Otra Opinión es recoger las expresiones
que se dieron en la comparecencia ante
las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Investigación de
Contratos de Pemex del Procurador Murillo Karam en San Lázaro como parte de
la glosa del informe de gobierno.
Tarde
del jueves 25 de septiembre.
1.- El diputado José Guillermo Anaya Llamas de la
bancada del PAN fue el primero en preguntar sobre el tema “seguramente es
innecesario traerlo a su atención, porque a ciencia cierta se ocupa de el de
las ejecuciones en Tlatlaya los Derechos Humanos. El debido proceso y el uso
legítimo de la fuerza, deben limitar el actuar de las fuerzas de seguridad.
2–
Ricardo Mejía Berdeja del Movimiento ciudadano, hizo alusión a os reportes
periodísticos “Según versiones periodísticas sólidas, no fue un enfrentamiento,
sino fue un fusilamiento en un paredón, en una bodega, de 25 presuntos
delincuentes. Nosotros queremos, señor procurador, que se vaya a fondo en este
tema. Ya lo ofreció el presidente de la república y dijo que la procuraduría
iba a informar sobre esto y queremos que así sea.
Aunque
presuroso, oficioso, como lo es, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, que más bien parece el vocero del régimen, Raúl complascencia ya dijo que fue simplemente un enfrentamiento.“
3.- Lilia Aguilar
Gil, del PT, le preguntó “,¿cuánto tiempo cree usted que tendrá los
elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de 21 personas cuando
en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a persecuciones que
parecieran más importantes.
No
hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este
espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos
importantes?
Dijo
la legisladora haciendo referencia a Human Rights Watch que en lo que va de este
gobierno 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares.
La
respuesta del procurador sobre Tlatalaya fue que el asunto fue atraído por la
PGR “Es un asunto bastante complejo en
el que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual sea. Me puedo
comprometer con ustedes que eso haré, buscar la verdad sea cual sea. Me tienen que dar el tiempo que necesito
para poder hacer peritajes –aquí tenía yo cuántos–, que es todo lo que
tengo que hacer para hacer una idea de por qué tenemos que tomar tiempo.“
Agregó
que necesita “una ampliación del
dictamen de criminalística, un dictamen de trayectorias de impactos y de
vehículos, una ampliación de necropsias para el establecimiento de tiempo y
modo de muerte, posición víctima-victimario para determinar trayectorias,
reconstrucción de hechos, ampliar y recabar muestra hemática para confrontación
de ADN, mecánica de lesiones y una cantidad mayor de investigaciones para
determinar con precisión cuál es la verdad.“
Y
fue muy claro al decir a los legisladores “sería un gravísimo error que sin
tener todos los elementos yo planteara una definición. El papel fundamental de
una autoridad de este tipo es ser seria. En el momento en que la tenga, eso sí
me comprometo, será la verdad la que salga.“
Hay
una averiguación previa en etapa de investigación.
Días
antes–19 de septiembre– la PGR emitió un
comunicado Boletín 164/14 informando sobre los hechos: “La seriedad con que
ésta administración toma en cuenta, tanto la aplicación de las reglas
elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una
investigación completa y profunda para llegar a la verdad.
La
PGR tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta
tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Nuestra
responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron
a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos.“
¿Y la CNDH?
Triste
el papel de la institución. Nuestro Ombudsman Raúl Plascencia, dijo que entre
cuatro a seis semanas tendrá una conclusión de
la investigación de Tlatlaya.
Afirmó en entrevista radial que la investigación se realiza desde junio pasado
y tiene cerca de 700 páginas en el expediente, varios testimonios, inspecciones
oculares y se revisan los exámenes de necropsias. Precisó que “la investigación no está
terminada, se espera que en las próximas semanas se concluya porque se busca
tener una visión clara de lo que sucedió, porque se tienen referencias de que
se suscitó un enfrentamiento con el Ejército y algunas personas que se
encontraban en una bodega”.
La
justicia militar hará su trabajo, pero la pena será mínima.
La
clave está en lo que aporte la PGR. El Procurador Murillo Karam pidió pido tiempo para hace una
investigación seria y a fondo, seguramente lo hará. Dijo “en el momento en que
la tenga, eso sí me comprometo, será la verdad la que salga.“
Deberá
hacerlo o será una de las pruebas de fuego para quien seguramente será el nuevo
Fiscal General de la República.
Dice
George Soros, que para asegurar una sociedad abierta –tal y como quería Karl
Popper–no basta la separación de poderes, la libertad de expresión y las
elecciones libres por sí solas; también se necesita un fuerte compromiso con la
búsqueda de la verdad.
Le
daremos seguimiento al tema.
No
se descarta que el Congreso conforme un grupo plural para dar seguimiento al
caso.
En los márgenes.
Recomiendo
la columna de Leo Zuckermnan en su columna de Excélsior de este lunes 29 de
septiembre nos aporta un comunicado de PGJEM,
al que por cierto no se puede leer en la web oficial. Comenta Leo que el boletín se emitió en respuesta a los dichos del programa
de Foro TV del 14 de julio cuando él, Aguilar
Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello abordaron el asunto tomando como base el
reportaje de AP.
Dice el comunicado de prensa del 15 de julio de
la PGJEM:
1.
Con motivo de los hechos referidos, la PGJEM inició la carpeta de investigación
correspondiente, en la que se practicaron, entre otras diligencias, dictámenes
periciales en materia de medicina legal, radizonato de sodio, mecánica de
hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos
asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres
personas femeninas (Sic) rescatadas
en el lugar de los hechos. De lo anterior se desprende:
a) Que no existieron
disparos a corta distancia.
b)
De conformidad con las pruebas de radizonato de sodio practicadas a los
cadáveres, las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego.
c)
De los elementos balísticos encontrados y la criminalística de campo, se
desprende un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó
proporcional, por encontrarse claros indicios de que éstos fueron realizados de
adentro hacia afuera de la bodega y viceversa.
d)
De acuerdo con el trayecto de los proyectiles y la posición en que fueron
hallados los cuerpos, la PGJEM no tiene
indicio alguno sobre una posible ejecución.
2.
Por lo anterior, la investigación arroja que los efectivos militares repelieron
una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22
miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal
castrense.
3.
Cabe destacar que la PGJEM remitió la investigación a la Procuraduría General
de la República, por conducto de la SEIDO, para que continúe las
investigaciones en el ámbito de su competencia.
4.
El Ministerio Público del Estado de México mantiene un desglose para determinar
sobre la devolución de tres cuerpos que aún no han sido identificados por sus
familiares.
5.
Por otra parte, esta Procuraduría mantiene una estrecha colaboración tanto con
la Procuraduría General de la República como con la Procuraduría General de
Justicia Militar, por lo que se refiere a las actuaciones materia de su
competencia”.
@fredalvarez
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