- La única línea de investigación que a la fecha tiene la PGR sobre el ataque y la desaparición de los normalistas está encaminada a que presuntamente Abarca, su esposa, policías municipales y miembros de la delincuencia organizada fueron los responsables.
Revista
Proceso...No..1984,
7 de noviembre de 2014.
La
causa penal 100/2014, sobre el ataque y secuestro de los estudiantes de
Ayotzinapa, revela la debilidad y falta de pruebas en la investigación de la
Procuraduría General de la República: El juzgado que analiza el caso liberó a
siete policías de Cocula e Iguala, rechazó otorgar órdenes de aprehensión
contra cuatro presuntos culpables y siguen prófugos 19 coacusados.
Jurídicamente la situación es clara: hasta el momento no hay culpables
confirmados ni se puede asegurar dónde están los jóvenes desaparecidos.
Asimismo,
de los 46 presuntos responsables señalados por la PGR en la averiguación
AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a
19. Es decir, casi la mitad de los acusados de haber participado en el
secuestro y matanza siguen libres.
El
24 de octubre el JPPP le negó a la PGR las “órdenes de aprehensión, comparecencia
o presentación” contra cuatro de los 19 presuntos responsables libres.
La
causa penal 100/2014 es hasta ahora el único sustento jurídico para mantener
detenido al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y arraigada a su esposa, María
de los Ángeles Pineda Villa. También en ella se fundamenta la detención de 24
agentes municipales de Cocula e Iguala y de Raúl Núñez Salgado, a quien la PGR
señala como “operador financiero” del grupo criminal Guerreros Unidos, y la
persecución de los 19 coacusados mencionados, cuyos nombres no se hacen
públicos porque aún están prófugos.
Policías
liberados
Según
las constancias judiciales a las que la reportera tuvo acceso, la averiguación
previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, bajo la responsabilidad de Rodrigo
Archundia, quien fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada, fue consignada el 18 de octubre
pasado ante el JPPP por el agente del Ministerio Público federal adscrito a la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. Eso
dio origen a la causa penal 100/2014.
El
14 de octubre pasado, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de
Investigación Criminal de la PGR, anunció la detención de 24 policías: 14 de
Cocula “por su participación en el traslado de los normalistas secuestrados”, y
10 de Iguala, además de los 22 aprehendidos el 27 de septiembre por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes hasta ahora
sólo están siendo procesados por el fuero común.
La
única línea de investigación que a la fecha tiene la PGR sobre el ataque y la
desaparición de los normalistas está encaminada a que presuntamente Abarca, su
esposa, policías municipales y miembros de la delincuencia organizada fueron
los responsables.
Y
respecto de los policías César Yáñez Castro (Cocula), José Antonio Flores Train
(Iguala), Jorge Luis Manjarrez (Cocula) y Enrique Pérez Carreto (Iguala),
también acusados de delincuencia organizada y del secuestro de los normalistas,
el juzgado negó a la PGR el auto de formal prisión y ordenó su libertad “por
falta de elementos para procesar” y “desvanecimiento de datos”, señala la
resolución.
El
31 de octubre y el miércoles 5 el juzgado admitió la apelación de la PGR y
ahora analiza si procede o no.
Abogados
expertos en derecho penal consultados por Proceso explicaron que esto sucede
cuando la autoridad no tiene pruebas ni siquiera para lograr que se dicte un
auto de formal prisión. Se pone en libertad a los acusados y el Ministerio
Público tiene la posibilidad de perfeccionar la averiguación previa. “La
práctica señala que quien sale por falta de elementos es muy poco probable que
el Ministerio Público intente algo posterior en su contra”, señala uno de los
juristas consultados.
Acorde
con el expediente, la gran mayoría de los policías detenidos, incluso los que
trabajaban en la policía municipal de Cocula, vivían en Iguala, con un nivel
educativo de secundaria y preparatoria, y de todos ellos sólo dos alcanzaron un
grado superior: Alejandro Mota Román, comandante de la policía de Iguala, e
Ignacio Aceves Rosales, comandante en Cocula.
En
los últimos seis años, la PGR ha sido exhibida por la fabricación de casos e
incluso de testimonios. Ocurrió en la llamada Operación Limpieza (2008), el
expediente abierto contra funcionarios públicos de la PGR que supuestamente
recibían sobornos del crimen organizado; el caso contra funcionarios públicos
de Michoacán por sus supuestos vínculos con el narcotráfico –hecho conocido
como el Michoacanazo (2009)– o el de Los Generales (2012), abierto contra cinco
militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles
Dauahare.
Los
que la están librando
El
expediente judicial sobre Iguala también muestra que, a más de un mes del
ataque a los estudiantes, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19
acusados.
En
esa causa, la PGR imputa a 46 personas ser los autores de los delitos cometidos
contra los estudiantes de Ayotzinapa. De esos acusados, la Procuraduría solo ha
detenido a 27, incluyendo a Abarca y su esposa.
El
19 de octubre la PGR solicitó al JPPP 20 órdenes de aprehensión, incluyendo la
de Abarca: 10 por secuestro y delincuencia organizada, siete sólo por
delincuencia organizada y tres por secuestro, delincuencia organizada y
homicidio calificado.
El
24 de octubre el juzgado resolvió negar cuatro órdenes “de aprehensión,
comparecencia o presentación”. Explicó que el Ministerio Público no presentó
elementos de prueba suficientes para convencer al juez. De las órdenes negadas,
tres eran de los casos únicamente relacionados con delincuencia organizada y
una por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Según la
actualización del expediente consultada en el Consejo de la Judicatura Federal,
la PGR no apeló la negativa.
El
martes 4 la PGR anunció la detención de Abarca y su esposa; él fue trasladado
directamente al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de
México, merced a la orden girada por el JPPP respecto de la causa 100/2014. Ese
mismo juzgado negó a la PGR la orden de detención solicitada el miércoles 5
contra María de los Ángeles Pineda Villa, por lo ella que está en arraigo.
Murillo
Karam informó el viernes 7 que a la esposa de Abarca se le fincará el delito de
uso de recursos de procedencia ilícita. Hasta el miércoles 5 la PGR no había
logrado acreditarle los de secuestro y homicidio.
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