Perredistas y la PGR eluden responsabilidades/

Revista Proceso...No..1984, 7 de noviembre de 2014.

Perredistas y la PGR eluden responsabilidades/JENARO VILLAMIL

El caso Abarca mantiene entrampado al PRD por los prolongados silencios en torno a los exabruptos del exalcalde igualteco y su esposa. También a la PGR, porque aun cuando la dependencia sabía desde hacía meses de los actos ilícitos de la pareja, no hizo nada por detenerla. Ahora que Abarca está preso en el penal federal del Altiplano, perredistas y autoridades intentan deslindarse de él, pero cada vez se enredan más.

En un juego de deslindes, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la dirigencia nacional del PRD, encabezada por la corriente Nueva Izquierda, han intentado evadir su responsabilidad por los delitos y excesos cometidos por José Luis Abarca cuando fue alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Ambas instancias fueron ampliamente informadas desde hace meses de la conducta de Abarca pero no hicieron nada por controlarlo. Hasta que la agresión a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre pasados desató una ola de indignación dentro y fuera del país.

Abarca fue aprehendido la madrugada del martes 4 y recluido en el Cefereso número 1 del Altiplano en el Estado de México bajo los cargos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado contra los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, así como por la desaparición de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna y otros.

 Mucho antes de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala; antes incluso de que René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional, declarara ante el Ministerio Público federal contra Abarca, la PGR fue informada por la subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales del estado de Guerrero sobre los expedientes que vinculaban abiertamente a la llamada “pareja imperial” de Iguala en los  ilícitos que hoy se le imputan.

 El primer expediente fue enviado el 12 de junio de 2013 por el entonces subprocurador Iñaki Blanco Cabrera, en el cual solicitó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que girara instrucciones “a efecto de que informe si en la procuraduría existen actas especiales, actas circunstanciadas o averiguación previa donde Arturo Hernández Cardona tenga la calidad de agraviado”.

 Así consta en el oficio PGR/SEIDO/UEID MS/1695/2013, cuya copia obtuvo Proceso. La propia fiscalía regional de la zona norte de la procuraduría de Guerrero envió cuatro tomos a la PGR relacionados con la denuncia de desaparición de Hernández Cardona, Román Ramírez y Banderas Román.

 Hernández Cardona, fundador del PRD en la entidad y vinculado a la corriente de Bejarano, se enfrentó de manera abierta a Abarca por sus vínculos con el crimen organizado. Fue secuestrado junto con otros activistas el 30 de mayo de 2013; su cadáver apareció al día siguiente.

 Hubo un segundo envío de documentos a la PGR nueve meses después, el 18 de marzo de 2014. En el oficio PGJE/DGCAP /1190/2014 consultado por el reportero, se remitieron al titular de la SEIDO copias certificadas de las actuaciones y la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes de la matanza de mayo de 2013.

 “Instruida –dice el escrito– por el delito de homicidio cometido en agravio de las personas que respondían a los nombres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román y en contra de quien resulte responsable, toda vez que de la misma se desprende la participación al parecer de miembros de la delincuencia organizada denominados ‘Guerreros Unidos’”.

 Las amenazas de Abarca

 La averiguación previa que tuvo la PGR desde el 18 de marzo último incluyó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, quien fue detenido en abril de 2013 –semanas antes de la muerte de Hernández Cardona y sus compañeros– por denunciar la existencia de un narcolaboratorio en Iguala y declarar a los medios de comunicación locales que el grupo Guerreros Unidos contaba con la protección del jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, actualmente prófugo, y del entonces alcalde Abarca.

 En su declaración ministerial Pineda Vega acusó a Mario Casarrubias y a su hermano Rafael Casarrubias, El Mochomo, de ser “el brazo armado del presidente municipal y del director de seguridad pública” de Iguala, así como de  formar parte de Guerreros Unidos.

 Pineda Vega presentó su denuncia ante varias instancias: el 27 y el 40 batallón militar y ante la Marina. Informó que “en la colonia San Miguel se estaban enfermando mucho los niños a causa de un olor muy fuerte en la zona controlada, al parecer, por Guerreros Unidos”.

 Lo mismo sucede, expuso, en los pueblos de Cocula, Tepecuacuilco y todo el municipio de Iguala, hasta Balsas. Justamente la zona donde, según la PGR, presuntamente fueron arrojados los cuerpos calcinados de los normalistas de Ayotzinapa.

 Al solicitarle apoyo para las personas de bajos recursos, según expuso Pineda Vega, el alcalde Abarca le advirtió: “A ver, hijo de la chingada, ya me tienen hasta la madre. O te separas de (Arturo) Cardona o…” La amenaza fue ocho días antes de que levantaran a Cardona y lo asesinaran por órdenes de Abarca.

 “También yo sé que (Abarca) había mandado asesinar al síndico municipal Justino Carbajal, familiar de Félix Salgado Macedonio, y a Rafael Ochoa, líder de la colonia que se encuentra a la salida a Taxco”, expuso Pineda Vega.

 También relató que Abarca mandó levantar a los dueños de una gasolinera ubicada a la salida de Teloloapan y a 20 de sus trabajadores porque, según él, “ya no tuvieron dinero para pagar su rescate”.

 La forma de operar que denunció Pineda Vega es similar a la que meses después, ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acreditó el procurador general, Jesús Murillo Karam: “La policía municipal levanta a las víctimas y las entrega a los Guerreros Unidos, quienes se encargan de negociar y pagar su rescate”.

 Sobre la esposa de Abarca, María de los Angeles Pineda, el declarante advirtió que ella era dueña de una farmacia Guadalajara y de la tienda Galerías. “Es tan poderosa – dijo– porque es comadre de un narcotraficante que acaban de detener y no recuerdo nombre ni apellidos, pero fue detenido en el Estado de México”.

 En la misma declaración señaló al jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, de haber encargado a Crisóforo Tinoco Baena para que lo matara a él y a su familia, pues, dijo “les estorbo para seguir con su organización, de la cual forma parte Adolfo Salgado Salgado”.

 La PGR también sabía de las narcofosas situadas en las inmediaciones de Iguala desde mayo de 2014. Según el oficio número 4261, la agente ministerial Salomé García Ruiz informó del hallazgo de “fosas clandestinas en las inmediaciones del lugar conocido como Cerro Gordo, donde existió un campamento y tuvieron a diversas víctimas privadas de su libertad, a las cuales investigaba si se encontraban o no relacionadas con la organización delictiva La Familia Michoacana”.

 El enredo de Los Chuchos

 Después de más de un mes de su fuga, el alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron aprehendidos la madrugada del martes 4 en un domicilio de la calle Cedro, colonia Tenorio, en el barrio Santa María Aztahuacan de la delegación Iztapalapa.

 Junto con la pareja fue detenida Noemí Berumen Rodríguez, por presunto delito de encubrimiento. Su padre, Salvador Berumen Jaramillo, apareció como propietario del predio.

 De acuerdo con la versión oficial, las detenciones fueron el resultado “de trabajos de inteligencia desplegadas por las instituciones del gabinete de seguridad del gobierno de la República” y se lograron gracias al uso de “herramientas tecnológicas de inteligencia, análisis de fuentes abiertas, análisis de campo” y otros datos.

 El primero en poner en duda la veracidad de la estancia de Abarca en esa casa fue el titular de la demarcación, Jesús Valencia, del PRD, aunque de la corriente Alternativa Democrática Nacional y cercano a Marcelo Ebrard.

 En entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, Valencia comentó: “Tengo algunas dudas, pero no tengo los elementos que tiene el Cisen… Los videos dejan lugar a sospecha que ‘a lo mejor’ (el matrimonio Abarca Pineda) pudieron no haber estado ahí”.

 Y cuestionó: “¿Por qué no se aseguraron las casas y dejaron que todo mundo entrara libremente?”. Al principio, las autoridades quisieron involucrar  al delegado con la protección a la pareja.

 Otra información filtrada a los medios de comunicación trató de vincular a la familia Berumen, propietaria de un servicio de grúas, con la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, algunos perredistas aclararon que la empresa encargada de la organización de los mítines de López Obrador fue Auvi, de Rafael Goicochea Incháustegui, que subcontrató a los Berumen y a otros servicios de grúas.

 El enredo se acrecentó cuando la diputada federal Aleida Alavez, de la corriente bejaranista, afirmó que el perímetro donde fueron detenidos los Abarca era controlado por Nueva Izquierda, de Los Chuchos. Informes del PRD señalaron específicamente a Juan Carlos Beltrán Cordero como operador de esa zona.

 Beltrán Cordero fue colaborador del René Arce cuando éste fue titular de la demarcación y después laboró con Carlos Navarrete –actual presidente nacional del PRD– en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.

 A su vez, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, exintegrante de Los Chuchos, exhortó a la dirigencia de su partido a dar a conocer toda la información disponible, al tiempo que la senadora Dolores Padierna también reclamó que Nueva Izquierda divulgue todo lo que sepa sobre la huida de Abarca.

 El senador Alejandro Encinas incluso emplazó a Navarrete y a la dirigencia nacional del PRD a dar a conocer “a los responsables de quienes incurrieron en la omisión y complicidad de los hechos”.

 Ellos, expuso en un comunicado difundido tras la detención de Abarca y su esposa, “deben aclarar si hubo financiamiento de la familia Abarca hacia algún dirigente o grupo perredista”.

 En conferencia de prensa, el miércoles 5, Jesús Ortega, jefe de la tribu de Los Chuchos, se refirió a las acusaciones contra su corriente. Afirmó que había un “linchamiento” hacia el PRD y sostuvo que fue “totalmente circunstancial que el exalcalde se haya escondido en una delegación con 2 millones de habitantes”.

 Ortega afirmó que él y su grupo asumían la responsabilidad política de haber admitido que Abarca fuese postulado como candidato a alcalde de Iguala sin conocer sus actividades “presuntamente criminales”.

 La propia corriente Nueva Izquierda, apenas en el pasado proceso de elección interna de la dirigencia, inscribió en la lista de candidatos a consejos estatales del partido a María de los Angeles Pineda en el lugar seis de prelación, como integrante de “Nueva Izquierda-Poder Campesino y Popular”, según el primer listado cuya copia obtuvo Proceso.

 En su conferencia, Ortega le reviró a Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, indicando que él fue el coordinador de Nueva Izquierda cuando fue electo Abarca. “No era yo el coordinador”, afirmó Ortega.

 Barbosa devolvió el golpe: “Ayer exhorté a todo aquel que tuviera información la entregara como una obligación ciudadana. Les molestó (a Los Chuchos) y ahora dicen que fui coordinador en su momento. Yo no soy poseedor de ninguna información relacionada con la designación de Abarca porque no fue candidato de Nueva Izquierda, sino de otra corriente: Patria Digna”.

 El enredo entre las tribus perredistas, y especialmente en el seno de Nueva Izquierda, no aminoró con la detención de Abarca y Pineda. Ni la PGR ni Nueva Izquierda ni las autoridades de Guerrero han informado qué pasó con el exjefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien sigue prófugo.

 Este último fue también jefe de seguridad municipal durante el periodo de Lázaro Mazón como alcalde de Iguala; él fue quien propuso a Abarca como candidato externo del PRD a la alcaldía en 2012.