¿Qué dicen las columnas hoy, 23 de noviembre de 2014?

¿Qué dicen las columnas hoy, 23 de noviembre de 2014?

 Frentes Políticos /Excelsior

I. Contra los patrones. La disidencia magisterial se empeña en el desastre. Esta vez fueron maestros de la CETEG quienes tomaron las oficinas de la Coparmex Chilpancingo, en represalia por las declaraciones del dirigente empresarial, quien señaló que las acciones de protesta en la capital guerrerense por la desaparición de los 43 normalistas han causado pérdidas por 300 millones de pesos y el cierre de 500 negocios. No gustó a los profesorcillos y amenazaron a quienes se atrevan a criticar sus movilizaciones. Por si fuera poco, tomaron la caseta de la Autopista del Sol y cobraron 50 pesos a los automovilistas que pasaban por ahí. ¿Y el gobernador Rogelio Ortega? Mejor ni pregunte. Se siente Gandhi, como dicen por ahí, y no hace cumplir la ley.

II. Plomo al turismo. La embajada de EU en México se toma las cosas en serio cuando se trata de cuidar a sus ciudadanos. Después de la ola de violencia en Guerrero fue difundido un mensaje de seguridad en el que se advierte a los ciudadanos estadunidenses eviten viajar al puerto de Acapulco. Ya el Departamento de Estado había emitido una advertencia en octubre en la que les recomendaba a los viajeros tener cautela al visitar Acapulco. La embajada indicó que su personal recibió instrucciones de aplazar cualquier viaje no esencial. Y nadie lo dice, pero hay un gobernador indolente. A Rogelio Ortega no le preocupa aplicar la ley ni defender a los guerrerenses que viven del turismo.

III. Racimo de corrupción. La PGR informó que César Nava González, exsubdirector de policía de Cocula, Guerrero, ingresó al penal de Puente Grande, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, en agravio de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Formaba parte del grupo criminal Guerreros Unidos, y fue detenido después de permanecer prófugo casi dos meses. Cuesta creer que el alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, no supiera que sus policías estaban al servicio del crimen. El alcalde fue presentado a mediados de octubre en la SEIDO; se le tomó declaración y horas más tarde fue liberado. Desde entonces nadie sabe de él. Son los insondables caminos de la justica mexicana.

IV. Vándalos de importación. En el grupo que el 20 de noviembre atacó a policías en el Zócalo, había un chileno: Laurence Maxwell Ilabaca, estudiante de posgrado de la UNAM. Está a disposición de la PGR, junto con 10 personas detenidas por aquellos disturbios. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, dijo que este hombre de 47 años fue de los más violentos durante los hechos que siguieron a la megamarcha. Becado como escritor, ahora es acusado de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. ¿Cuántos extranjeros más participarían en esos actos?, ¿cuántos colaborarían en el ataque al Metrobús ? ¿Será que el rector José Narro no tiene idea? Difícil de creer.

V. Apoyo, ahora sí. Los connacionales que cruzaron la frontera y decidieron vivir lejos de México, hoy son parte de la agenda gubernamental de Barack Obama. El presidente de EU los incluyó en su reforma migratoria. La buena: el Gobierno de México se encuentra preparado para apoyar y atender a los compatriotas que se beneficiarán con las medidas anunciadas por Obama, aseguró José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores. La mala: las autoridades no están preparadas para impedir el flujo migratorio. Cada día más mexicanos, obligadamente, adelgazan la patria porque, simplemente, en México no caben.

VI. Que ni lo apunten. Michoacán necesitaba ayuda del gobierno federal y Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado comisionado nacional para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado, con el fin de disminuir la temperatura de la violencia en la región. No va mal. Ahora que se abren las postulaciones para los comicios de 2015, Castillo dejó en claro que no va. Descartó postularse como candidato del PRI a gobernador. Dijo que la instrucción presidencial fue clara en el sentido de que el comisionado debía ser externo al estado, y que no tuviera ningún interés de tinte partidista, aseguró. Veremos.

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TEMPLO MAYOR/Reforma

LA IDEA que lanzó la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo de redactar una nueva Constitución resultó, sin duda, un buen golpe de efecto.

AHORA falta ver qué respuesta recibe la propuesta… y qué tanto fondo tiene.

PORQUE, antes de ponerse a refundar la base del sistema de leyes del país, habría que estar seguros de las razones para hacerlo y de lo que se pretende lograr.

DE HECHO, una conclusión de los muchos diagnósticos que se han realizado sobre el marco legal mexicano es que las leyes nacionales no son malas: lo malo es que no se cumplen.

NO VAYA A SER QUE, como ya ha ocurrido en no pocas ocasiones en México, por apostarle al “gran cambio estructural” se dejen de lado las acciones aparentemente más modestas en sus alcances, pero que resultarían más efectivas para lograr cambios concretos y útiles.

LOS FUNCIONARIOS altos y medios de la delegación Iztacalco han tenido que aprender a vivir sin gadgets cada vez que van a ver a su jefa.

CUENTAN que, desde que fue balconeada por exigir el diezmo a sus empleados para financiar actividades del PRD, la delegada Elizabeth Mateos exige a todos sus colaboradores que entren a su despacho sin celulares o cualquier dispositivo en el que se pueda grabar audio o video.

POR CIERTO, ¿de qué se hablará en esas juntas que la funcionaria anda tan precavida? Es pregunta sin micrófonos ocultos.

CON EL OJO CUADRADO se quedaron varios de los invitados al informe que presentó ayer la diputada local del PRD Dinorah Pizano.

RESULTA que la sede de ese acto fue el Polyforum Cultural Siqueiros, propiedad de Alfredo Suárez.

LO RARO es que, hasta mayo pasado, Pizano era una de las legisladoras que acudían a cada rato a “defender” ese recinto cultural ante el plan que tenían sus dueños de hacer modificaciones al inmueble.

POR AQUELLOS DÍAS, la representante local acusaba a Suárez de haber usufructuado durante 40 años un patrimonio de todos los mexicanos.

CON ESOS ANTECEDENTES salta la duda de si le prestaron el auditorio o se lo rentaron… y qué tarifa pagó.

LLEGÓ al poder con un ambicioso paquete de reformas bajo el brazo que entusiasmó al mundo entero.

PROMETIÓ en campaña que, con esas reformas, la economía volvería a crecer al ritmo necesario.

PERO, dos años después, la economía no repuntó. El duro aumento a los impuestos que impuso al país, lejos de reactivar el mercado interno, lo mermó aún más.

ANTE la promesa incumplida, habrá elecciones para elegir un nuevo Congreso y a partir de sus resultados, el mandatario medirá si los ciudadanos apoyan aún su plataforma de gobierno para ver si se queda o se va.

ASÍ LO ANUNCIÓ esta semana el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

NO ES un sueño. Las democracias con gobiernos que viven o mueren dependiendo de sus resultados sí existen.

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TRASCENDIÓ /Milenio

Que los senadores perredistas Miguel Barbosa, Alejandro Encinas y Raúl Morón formaron un grupo para apoyar a los activistas detenidos tras los desmanes que se produjeron el 20 de noviembre pasado.

Los legisladores realizan labores de vigilancia y gestión para buscar la libertad de las 11 personas, ocho hombres y tres mujeres, que fueron enviadas a penales federales de Veracruz y Nayarit.

Que quien de plano prefirió mantenerse al margen del asunto de los anarcos ya identificados por el gobierno federal, algunos de los cuales mantienen secuestrado desde hace años el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez, quien de plano argumentó desconocer la información.

Que más allá de la coyuntura hay un compromiso de las procuradurías generales de justicia del país para fortalecer los servicios médico-forenses y periciales a más tardar el próximo año, de manera que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal se utilicen en forma adecuada los recursos tecnológicos para castigar los delitos.

Que el Gobierno del Distrito Federal desairó a la diputada del Partido de la Revolución Democrática Dinorah Pizano al no enviar a ningún representante a escuchar su segundo Informe de labores.

En la lista de invitados confirmados estaba el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y la titular de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, pero, a pesar de que retrasaron media hora el evento por si se les había hecho tarde, los funcionarios capitalinos brillaron por su ausencia.

Que luego de que ayer un pequeño contingente marchó en la colonia Nápoles para exigir una consulta ciudadana sobre la colocación de parquímetros, el jefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, sigue sin dar respuesta a las decenas de mensajes que a través de sus redes sociales exigen claridad en el proceso.

Las máquinas de este sistema de pago han sido instaladas sigilosamente en calles de la zona, causando la molestia de vecinos y oficinistas de los edificios cercanos.

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BAJO RESERVA/El Universal

El patrimonio de El Sopas

Después del derrumbe de una parte de su propiedad en Bosques de las Lomas, algunas voces del área de seguridad del gobierno federal comienzan a pedir que el director de Asuntos Internos de la Policía Federal, Edgardo Flores Campbell, haga pública su declaración patrimonial para cruzar los datos y determinar si su salario de casi 200 mil pesos ha sido suficiente para poseer una residencia valuada en cerca de 30 millones de pesos, nos dicen. Al interior de la corporación mencionan que don Edgardo, personaje ligado a importantes ex funcionarios del gobierno calderonista, viene de una familia de abolengo y que no tiene problemas de efectivo, nos comentan. Sin embargo, hablan de la necesidad de abrir una investigación. El problema es que el federal, conocido como El Sopas, es el encargado de investigar supuestos actos de corrupción en la PF. ¿Qué oficina se encargaría de indagar sus dineros?

Una priísta que niega su militancia

Hay tanta democracia en el PRI que hasta quienes no son militantes del partido tienen cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional y, por si fuera poco, se dan el lujo de vetar a priístas. Es el caso, nos dicen, de la secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil, Laura Elena Herrejón, quien jura y perjura que ella no es priísta. Recientemente doña Laura Elena fue la encargada de instalar la Comisión de Participación y Expresión de Causas Ciudadanas, dentro del Consejo Político Nacional, y fue quien palomeó a sus integrantes. Al menos fueron dos priístas a quienes no permitió que estuvieran en la comisión, a pesar de que se les había anunciado su participación: Carlos Rojas, ex secretario de Desarrollo Social en el sexenio salinista, y Luis Figueroa, presidente de la organización priísta adherente México Avanza. ¿Le son incómodos?

Dialogantes, los líderes en el Senado

Los líderes del Senado, el perredista Miguel Barbosa Huerta, quien preside la Mesa Directiva; el priísta Emilio Gamboa Patrón, cabeza de la Junta de Coordinación Política, y el panista Jorge Luis Preciado, líder de la bancada azul, concurren en la idea de impulsar soluciones a los problemas que hierven en el país dentro del caldero de Iguala. En ese ánimo, preparan tres días de diálogos por un México Social, con los temas fundamentales del desarrollo económico, la seguridad y la justicia en México. Los legisladores, nos comentan, actúan como corresponde a su representación y como integrantes de una estructura institucional: el Congreso.

Don Cuauhtémoc les come el mandado

Nadie lo saca de la idea de que el PRD de Carlos Navarrete está paralizado, principalmente frente a los hechos de Iguala, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante esa situación, Cuauhtémoc Cárdenas utiliza la estrategia de la ofensiva frente a la inacción de la dirigencia, nos comentan. Una muestra la dio este sábado cuando grabó un video, al lado de Clara Jusidman y Félix Hernández Gamundi, para exigir la liberación de los detenidos el 20 de noviembre en la ciudad de México. Don Cuauhtémoc le come el mandado a los líderes perredistas.

El Cristalazo

TOLERANCIA, DERECHOS Y LÍMITES/Rafael Cardona

La Crónica

 Imposible suponerlo de otra manera.

Brillante, sobrio y agudo, algo especialmente notable en  los tiempos actuales cuando la intransigencia de algunos empaña el luto de muchos, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista en la Cámara de los Diputados y multimencionado relevo fundamental en el maltrecho gabinete del presidente Peña,  recibe la orden de la Legión de Honor de la República Francesa y desde esa notable distinción explica el momento actual.

Sólo para quien sepa leer:

 “…El ciclo de reformas transformadoras que ha impulsado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —en mi país, y del que he sido partícipe en los años recientes desde la tribuna parlamentaria— tiene el firme propósito de consolidar el Estado mexicano. No tengo ninguna duda, la ruta es la correcta.

 “Pero hay que volver la vista y atender la tríada de valores supremos que nos legó la modernidad democrática: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

 “El puente entre las primeras, escribió Octavio Paz, es la fraternidad, la fraternidad que es común a las grandes corrientes de pensamiento finiseculares”.

Dijo, “en uno de sus extremos —cito al poeta— la libertad es singularidad y excepción; en el otro, es pluralidad y convivencia”.

 “Por todo esto, aunque libertad y democracia —siguió diciendo— no son términos equivalentes, son complementarios: sin libertad, la democracia es despotismo, sin democracia, la libertad es quimera”.

 “Es algo parecido —digo yo— al dilema constante que se le presenta a un buen gobierno: descubrir la fina línea, casi invisible, de encontrar el equilibrio entre el orden y la libertad”.

 “Una sin la otra, termina lastimando a la sociedad y lo que es peor, en una democracia, el exceso de una sobre la otra, acaba con los derechos de todos. Eso, sólo lo puede resolver una buena política”.

 “Por ello, por más contrastes que veamos aún entre la modernidad y el atraso, entre la opulencia y la pobreza extrema, no perdamos la perspectiva: es posible remediar y mejorar la situación con la voluntad inquebrantable de libertad y justicia del pueblo mexicano y la fraternidad de los países hermanos. Así lo haremos sin duda. Es nuestro deber”.

Estas palabras se pueden sintetizar, si se quiere, en dos posibilidades: o este país resuelve sus contradicciones por el camino de la legalidad (con la debida corrección de los excesos y fallas institucionales mediante la aplicación real de la justicia), o sucumbe dentro de ellas por la ruta de la anarquía. Hoy los mexicanos podemos optar (¿podemos?) entre dos posibilidades: reforzar las instituciones, hacerlas realmente operativas y funcionales, o mandarlas todas al diablo y dejar en sus manos el destino nacional entre el vandalismo, la anarquía y el desgobierno.

Cada quien  hará su apuesta.

Esta disyuntiva no es materia nada más de discurso político ni de ceremonia protocolaria en el ámbito diplomático de una condecoración. Es posiblemente el tema central de los próximos meses y quizá años.

Con motivo de los hechos recientes resulta notable la necesidad de una clara definición de cuáles son las atribuciones irrenunciables de los cuerpos policiacos en el uso legítimo de la fuerza. Hasta hoy los “protocolos” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este sentido, especialmente en lo relativo al control de multitudes, son insuficientes y negociables.

Basta un  grito de cualquier ONG para descalificar cualquier acción de control y ubicarla en el amplio campo de la violación.

No es posible, por ejemplo, hablar de “brutalidad policiaca” en la contención de los manifestantes violentos del pasado jueves, cuyo afán de “tomar” el Palacio Nacional fue frenado –y bien—, por los granaderos.

En varios rumbos de la ciudad vimos cómo el vandalismo le prendía fuego a las botas de los policías mediante el uso de bombas incendiarias o cocteles Molotov. ¿No pueden ser considerados estos artefactos, sobre todo ante la evidencia de su destructiva capacidad, como “armas prohibidas”?

Su uso indiscriminado y tolerado hace nugatorio el contenido de este artículo de la ley de Armas de Fuego y Explosivos:

Artículo 36.- Queda prohibido a los particulares asistir armados a manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberativas, a juntas en que se controviertan intereses, a cualquier reunión que, por sus fines, haga previsible la aparición de tendencias opuestas y, en general, a cualquier acto cuyos resultados puedan ser obtenidos por la amenaza o el uso de las armas; se exceptúan los desfiles y las reuniones con fines deportivos de charrería, tiro o cacería”.

Si alguien porta, ya no digamos si dispara un  arma de fuego, cae  sobre su cabeza todo el peso de la ley. Pero quien lanza botellas encendidas con ácido y gasolina, jamás sufre castigo alguno.

—¿Por qué?

Nadie lo sabe. Es la confusión entre Derechos Humanos y delincuencia al amparo de los derechos humanos.

El Presidente de la República ha hecho una advertencia cuya raíz deberíamos analizar: Ha dicho: la sociedad está harta de la vulnerabilidad frente a la delincuencia.

Valga aquí una digresión: los hechos ocurridos en Iguala con los activistas de Ayotzinapa (estudiantes, pero activistas, como ahora se comprueba día con día) fueron cometidos por bandas delincuenciales asociadas con  poderes establecidos, especialmente autoridades municipales de Guerrero, con la tolerancia o el disimulo del gobierno estatal y ante la imprevisión del gobierno federal.

Eso les da el matiz de violaciones graves a los Derechos Humanos, lo cual agrava la comisión de los delitos. De los graves delitos de homicidio, secuestro y todo lo demás.

Por eso se han generalizado aquí y fuera del país las protestas.

Ahora, con el tema del conflicto de intereses en vigencia, valdría la pena analizar si Carlos Treviño, Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene o no relación accionaria con Víctor Vázquez Zarate, ex Director de los Servicios Médicos de Pemex y Sergio Martin, Director de Operaciones de la Empresa Croix-AIN, especializada en equipo médico y “servicios integrales de Salud”.

La empresa es proveedora de… adivinó usted. El IMSS.

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La reina de la calle/Ricardo Alemán

El Universal

Nadie, en su sano juicio, puede demeritar la importancia, trascendencia y el impacto social de la movilización del 20 de noviembre

Nadie, en su sano juicio, puede demeritar la importancia, trascendencia y el impacto social de la movilización del 20 de noviembre, en solidaridad con familias de los normalistas desaparecidos.

Y es que si dejamos de lado el rostro indeseable de la violencia provocada por los grupos anarquistas, concluiremos que la manifestación del 20 de noviembre es la mejor muestra de que la democracia mexicana está viva y que sus anticuerpos sociales –como la indignación, el asombro, enojo y el reclamo–, gozan de cabal salud.

El otro 20 de noviembre –el que dejó ver la revolución de las conciencias–, también confirmó que están más vigentes que nunca los derechos básicos en democracia; como la protesta, la manifestación y la exigencia callejera.

Más aún, la multitudinaria movilización ciudadana –que acompañó a padres y estudiantes–, obligó a todas las formas de autoridad –a los tres órdenes de gobierno, a los Tres Poderes y a los partidos–, a ser solidarios y tolerantes con la reina de las expresiones ciudadanas; la protesta callejera. Y es que sea por la presión social, sea por convicción, todas las voces públicas fueron solidarias con las familias de la tragedia de Iguala.

Además, y a pesar de la polarización propia de una sociedad plural, la marcha del pasado jueves cerró la boca a los que pregonan que en México no existe democracia; a los que dicen que no se respetan las libertades básicas y a los que aseguran que vivimos bajo un régimen represor y autoritario.

Y es que quedó registrado en imágenes, reseñas, crónicas –y en la conciencia colectiva–, que la sociedad mexicana es capaz de protestar en orden, sin violencia y sin consignas partidistas que suelen buscan renta política.

La marcha del 20 de noviembre también mostró que la sociedad en general –aquella que no milita, que no representa un credo y que exhibe la genuina expresión ciudadana–, es capaz de arrebatar causas emblema –como la tragedia de Iguala–, a los violentos de la CNTE, la CETEG, el SME y otros grupos que no pudieron adueñarse de la manifestación.

VANDALISMO, LA OTRA CARA.

Sin embargo, la fiesta de la democracia no empezó y tampoco terminó en paz. En distintos momentos y desde diversos puntos de la ciudad de México asomó la peor cara de la democracia; violencia, vandalismo, saqueo, robo, caos, odio y las cuestionables expresiones anarquistas.

Pero el problema de fondo no son los jóvenes anarquistas –algunos casi niños–, que son adiestrados, encapuchados y provistos de pertrechos del “buen anarquista”, para convertirse en turba contra la policía, contra toda expresión de autoridad, contra emblemas del capital y la riqueza. No, el problema no sólo está es ver y condenar a un ejército de encapuchados que lanzan bombas incendiarias, petardos y que vandalizan y saquen por consigna.

No, el problema es que la democracia mexicana –la misma que hace posible una manifestación ejemplar como la del 20 de noviembre–, también deja espacio para que exista y se manifieste el anarquismo; para que manos anónimas financien a los violentos por consigna, que le apuestan al caos y la desestabilización.

¿De quién es la mano que financian el entrenamiento de los anarquistas? ¿Por qué el anarquismo surgió con fuerza renovada a partir del 1 de diciembre de 2012, justo durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué instituciones de inteligencia del Estado han sido omisas en la detección, identificación y anulación de los grupos anarquistas?.

DERROCAR A PEÑA NIETO.

Lo cierto es que el movimiento anarquista no es nuevo en México. En todo caso se reactivó con el regreso del PRI al poder presidencial –al tiempo que izquierdas y derechas fracasaron en sus intentos por echar al PRI del poder–, y sus activismo renovado es parte de la ecuación diseñada para derribar al gobierno de Peña Nieto.

Lo curioso –y al mismo tiempo reprobable–, es que el gobierno de Peña Nieto tardó dos años en darse cuenta que con el regreso del PRI al poder presidencial también se reavivaron los resabios del añejo antipriísmo de los años 70, 80 y 90 –que dio lugar al fortalecimiento de los partidos opositores de la derecha y la izquierda–, y que en la primera década del nuevo siglo se fusionó con el resentimiento de los derrotados en las urnas en 2006 y 2012.

Es decir, que a partir del regreso del PRI al poder presidencial, se encontraron en la misma línea de combate al PRI de Peña Nieto, no sólo lo que aún quedaba del radicalismo antipriísta y de los grupos clandestinos armados –expresado en el movimiento anarquista y en franquicias de la guerrilla, como la CNTE, la CETEG, la APPO y otras–, sino que se sumó al antipeñismo la furia y el odio del “lopezobradoristas” que no se resignan al veredicto de las urnas.     

Así, la CNTE y sus expresiones guerrilleras se revitalizaron con la llegada del PRI de Peña Nieto al poder, al tiempo que López Obrador intensificó la creación de su propio partido, Morena, con la intención de tirar del gobierno a Peña Nieto, mientras que desde el 1 de diciembre de 2012 los anarquistas vandalizaron la ciudad de México y dejaron marcado el territorio a manera de aviso de que estaban de vuelta.

Sorprende que el pasado viernes, en respuesta al vandalismo propiciado antes y después de la marcha del 20 de noviembre, el presidente Peña Nieto haya dicho –por primera vez–, que el gobierno federal no tolerará el vandalismo; sorprende que lo haya dicho junto al jefe de gobierno del DF, Miguel Mancera, a casi dos años de iniciado el vandalismo y a casi dos meses de que arreciaron los actos vandálicos, como resultado de la tragedia de Iguala.

LAS PRUEBAS.

¿De verdad no se había dado cuenta el gobierno federal? ¿De verdad no sabía el presidente Peña de la existencia de grupos vandálicos? ¿De verdad cree el presidente que con discursos se acabará el vandalismo?

Del 1 de diciembre de 2012, al 20 de noviembre de 2014 se han contabilizado por lo menos 35 actos de violencia propia de grupos anarquistas, sobre todo en la capital del país, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. ¿Hasta ahora se dan cuenta en la casa presidencial?

El acto vandálico que más lastimó a los capitalinos fue el del 1 de diciembre de 2012, ya que además del tamaño de la destrucción y la violencia, el PRD radical en la ALDF modificó el artículo 362 del Código Penal, para exonerar a los vándalos. ¿No lo sabía el gobierno federal?

La lista del vandalismo anarquista es larga, pero también abundan partidos, políticos y líderes sociales que solapan, financian y defienden al movimiento anarquista. Y es que la consigna es tirar a Peña Nieto. Al tiempo.