Telecom: inversiones que no llegan/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

Telecom: inversiones que no llegan/JENARO VILLAMIL

En julio de 2013, recién promulgada la reforma constitucional de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presumió en sus informes que, gracias a estos cambios, se esperaban inversiones públicas y privadas por más de 700 mil millones de pesos en el sexenio –es decir, 300 mil millones de pesos más que durante el gobierno de Felipe Calderón.

 Las cuentas alegres de la SCT afirmaban que 10.6% de esa inversión (74 mil millones de pesos) serían de inversión pública que “detonará la inversión privada”. Además, se destinarían 19 mil millones de pesos para comprar y repartir casi 13 millones de televisores digitales en los hogares de menores recursos como parte del programa conocido como Televisión Digital Terrestre (TDT) y 39 mil millones de pesos irían para el proyecto de la red compartida de la banda 700 Mhz. Paralelamente se licitarían dos cadenas de televisión digital abierta, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 A más de un año de estas reformas, las grandes inversiones no han llegado, las licitaciones más importantes de la SCT se han atorado y las sospechas sobre conflicto de interés, sobreprecios y trato favorables a grandes consorcios internacionales se han acentuado, a raíz de que se cancelara la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. El costo final de esa obra quedó en 50 mil 820 millones de pesos, 27% más caro que el presupuesto original de 42 mil millones de pesos, calculado por Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT.

 El caso del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro resultó paradigmático y metió en una severa crisis al gobierno federal y al propio Ruiz Esparza. El resultado de la licitación se dio a conocer el lunes 3. Según la SCT, resultó ganador un consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, dirigida por Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, postor en la segunda cadena de televisión abierta; y Constructora Teya, filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, ampliamente beneficiado por Ruiz Esparza desde que fue el encargado de los grandes negocios de obra pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

 Ruiz Esparza fue duramente criticado por los senadores de oposición durante una accidentada comparecencia en comisiones el jueves 6. El secretario, vehemente, defendió el resultado. Afirmó que 16 empresas desertaron, que sólo se presentaron cinco y que era imposible ampliar el plazo o cancelar la licitación porque se pondría en peligro el proyecto.

 “El presidente no lleva a cabo los procesos de licitación. No es un tema de amistades, es un tema de negocios”, sentenció Ruiz Esparza ante las críticas de senadores, como Javier Corral, del PAN; Manuel Bartlett, del PT, y Fidel Demédicis, del PRD, quienes cuestionaron los vínculos políticos de las empresas ganadoras y la prisa por el fallo.

 A pesar de su defensa, horas después de la comparecencia, el titular del Ejecutivo federal canceló la licitación. Y la credibilidad de Ruiz Esparza quedó en duda. El escueto comunicado de la SCT afirmó que “en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”, el presidente Peña Nieto instruyó a “reponer la convocatoria para la construcción” del ferrocarril.

 El miércoles 12 y el domingo 23, la SCT emitió otros comunicados para informar que Ruiz Esparza viajó a China para sostener pláticas con autoridades y empresarios “a fin de comentar pormenores sobre el fallo del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y su próxima cancelación”.

 El vínculo de Grupo Higa con el primer mandatario y con Ruiz Esparza se ventiló ampliamente, a raíz de que se diera a conocer en Proceso y Aristegui online la adquisición de la Casa Blanca, ubicada en las Lomas de Chapultepec, a una filial inmobiliaria del grupo de Hinojosa Cantú.

 El escándalo de la Casa Blanca afectó también la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital. Uno de los grupos más fuertes que se perfilaban para participar, el Grupo Mac, de Luis Maccise, amigo del primer mandatario y del grupo en el poder, decidió no presentar la oferta de cobertura y depositar los 415 millones de pesos de la “garantía de seriedad” que se vencieron el jueves 20. Distintos observadores señalaron que el retiro de Maccise fue para evitar nuevos escándalos por conflictos de interés o tráfico de influencias.

 “Se descompuso tantito”

 A pesar del conflicto generado por la cancelación de una de las licitaciones estelares de la SCT, el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, afirmó el viernes 28 que en dicha secretaría han realizado “más de 4 mil licitaciones y de repente tenemos una que se descompone tantito y hace un ruido enorme, pero llevamos 4 mil con cero inconformidades”.

 En una extensa plática para defender el proyecto de infraestructura del gobierno federal, realizada en la Reunión del Consejo Empresarial Coppal-ICAPP, Murrieta insistió en que la dependencia tiene aún tres compromisos específicos de licitación: conectar a Toluca con la Ciudad de México en un tren que ya está construyéndose merced a una inversión de 40 mil millones de pesos, el tren transpeninsular en Yucatán, y el tren Querétaro-DF.

 Durante esta conferencia, Murrieta Cummings, a quien se ha mencionado en columnas periodísticas como posible sustituto de Ruiz Esparza al frente de la SCT, mencionó otros proyectos pendientes de la secretaría, como la meta de conectar 250 mil sitios públicos a través de la banda ancha, el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México –cuyo proceso aún está atorado–, la liberación de la banda 700 Mhz a través del programa de TDT, y el reparto de cientos de miles de televisores en los próximos meses.

 Sin embargo, en cada uno de estos proyectos hay retrasos. Según el programa de trabajo 2014 de la SCT, entre agosto y septiembre se realizaría la licitación para la banda 700 Mhz y en noviembre sería la adjudicación. Nada de esto se realizó.

 El subsecretario Ignacio Peralta reveló el lunes 10 que en seis entidades federativas participarían proveedores “de clase mundial” para instalar entre 20 y 40 antenas con que realizar pruebas de LTE en la banda 700 Mhz. El funcionario mencionó a las empresas Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Ericsson, Huawei y NSN, que han mostrado interés en participar en asociaciones público-privadas en la licitación de dicha banda.

 La instalación de las antenas para hacer pruebas se realizó antes de que estén las bases de licitación de este proyecto, que lleva cuatro meses de retraso. Esto podría generar otro conflicto por presunto trato privilegiado a los grandes consorcios.

 Reparto de televisores

 La reforma de telecomunicaciones fijó como plazo el 31 de diciembre de 2015 para realizar el llamado “apagón analógico” en todo el país. De este programa depende también la liberación de la banda de 700 Mhz para destinarla a servicios de internet en banda ancha.

 En un movimiento polémico, el gobierno de Peña Nieto decidió cancelar el reparto de decodificadores (con un costo unitario de 791 pesos, en el caso de Tijuana) y lo sustituyó por el regalo de casi 13 millones de televisores (cada aparato costará más de 2 mil pesos). Tendrán que entregarse antes del 31 de diciembre de 2015, es decir, en pleno año de elecciones federales.

 Hasta octubre de este año, la SCT había realizado dos licitaciones para adquirir 2.5 millones de aparatos de televisión con acceso a internet por un monto de casi 6 mil millones de pesos. La mayor parte se adjudicó el 26 de septiembre, cuando la SCT le otorgó a cinco empresas la entrega de 2.34 millones de televisores. Sin embargo, la secretaría dejó desiertas cuatro partidas que suman 188 mil equipos que no pudo comprar, de acuerdo con los datos de la licitación LA009000987-N73-2014.

 A este ritmo, el llamado “apagón analógico” duplicará su costo durante el gobierno de Peña Nieto (de 13 mil millones de pesos que presupuestó la anterior Cofetel llegará a más de 26 mil millones de pesos, con la SCT) y no garantizará que se cumpla antes del 31 de diciembre de 2015 la cobertura de 90% de los hogares para que opere el “apagón analógico”.

 Ante las reiteradas críticas por los retrasos, por el precio de los televisores y por las sospechas de prácticas clientelares en el reparto de los aparatos, la SCT ha insistido una y otra vez que el proceso continúa “en tiempo y forma”, que entre mayo y julio se entregaron 93 mil 907 televisores en 17 municipios de la región noreste del país y que en diciembre de 2014 empezará la segunda fase para repartir 26 mil de esos electrodomésticos en 45 municipios del norte.

 En otras palabras, la SCT sólo avanzó 0.73% en la meta de dar 12.6 millones de equipos a las familias más pobres, a través del padrón de la Sedesol.

 Millonarias inversiones, condicionadas

 En los dos últimos meses, se anunciaron inversiones por 3 mil 900 millones de dólares en el sector de telecomunicaciones, pero no se trata de la llegada de nuevas compañías, sino de transacciones internas, y en su mayoría están sujetas al análisis y autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

 Por ejemplo, Televisa anunció la compra total de Cablecom en una operación por 638 millones de dólares, y al mismo tiempo anunció la venta de 50% de sus acciones en Grupo Iusacell, por 717 millones de dólares.

 A su vez, América Móvil, de Carlos Slim, anunció la venta de entre 20% y 30% de sus activos para disminuir su condición de agente económico preponderante, pero aún se desconoce el monto exacto y los detalles de esta operación, que debe autorizar el IFT.

 AT&T anunció el viernes 7 la adquisición de 100% de la red móvil de Grupo Iusacell por 2 mil 500 millones de dólares, en una operación que aún debe obtener el visto bueno de la autoridad.

 Otras posibles compras y consolidaciones serían la de la participación accionaria de Direc TV –adquirida por AT&T en mayo pasado– en Sky, la más importante compañía de televisión de paga, propiedad de Televisa.