Intento de soborno de la Segob para “superar” la tragedia

Revista Proceso No. 1989, 13 de diciembre de 2014

 Intento de soborno de la Segob para “superar” la tragedia/GLORIA LETICIA DÍAZ, reportera.

Al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya imagen se desmorona ante los ojos del mundo, le urge dejar atrás el caso Ayotzinapa. Y ni siquiera cuando está más desacreditado por las sospechas de corrupción que lo envuelven, abandona prácticas innobles, como la petición del mandatario de “superar” la tragedia. De ahí también el intento de la subsecretaria de Gobernación Lía Limón de sacar la chequera y repartir dinero entre los familiares de las víctimas, estrategia a la que antes recurrió infructuosamente el gobernador sustituto de Guerrero. Los padres de los normalistas dejan muy claro que no quieren dinero. Quieren a sus hijos vivos.

A poco más de dos meses del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta infructuosamente cerrar ese capítulo de barbarie que ya marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejan de exigir justicia.

“No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, en entrevista con Proceso.

Los esfuerzos del gobierno federal por dejar atrás la tragedia empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”.

En la última quincena de noviembre la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

 De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la pretensión de la funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado maltrecha la imagen de Peña Nieto.

 Los cuestionamientos a México en el mundo por los crímenes de Ayotzinapa fueron palpados por Limón García, quien representó al Estado mexicano en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 30 de octubre en Washington y en otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en San José de Costa Rica, el 21 de noviembre.

 En ambos actos la sombra de Ayotzinapa siguió a la delegación mexicana. Comisionados de la CIDH y jueces de la Coidh tocaron el tema mientras activistas acudieron a manifestarse con pancartas.

 Al regresar de Costa Rica, Limón ordenó la reunión del comité técnico del fideicomiso, del cual ella forma parte, con funcionarios de la Segob: el subsecretario Luis Miranda, el oficial mayor José Francisco Márquez Montes y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete.

 El propósito: Analizar la disposición de recursos del fondo del fideicomiso, que en 2014 tuvo un presupuesto de 51 millones de pesos, y para 2015 contará con seis millones adicionales.

 Sin embargo, “la sesión del comité no se llevó a cabo porque la subsecretaria fue advertida: Hablar de reparación en este caso era aceptar la responsabilidad del Estado, sin haber de por medio una sentencia de la Corte Interamericana o una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es para lo que se estableció el fideicomiso”, apunta una de las fuentes consultadas.

 Otra más acota: “Por el caso de Iguala sólo hay medidas cautelares emitidas por la CIDH dirigidas a la búsqueda de los estudiantes. No hay forma de justificar el gasto a menos que la orden venga directamente del secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong y por supuesto que los representantes y los familiares acepten”.

 Proceso solicitó una entrevista con la subsecretaria Limón para conocer los detalles de su propuesta; hasta el cierre de esta edición no había respondido a la solicitud.

 También Ortega

 Sin conocer el planteamiento del gobierno federal, Felipe de la Cruz sostiene que hasta ahora ni los padres de los desaparecidos ni los de los asesinados han aceptado dinero.

 “Estamos todos unidos en nuestra esperanza. Somos muy pobres pero no es dinero lo que queremos. Ni siquiera el señor Ezequiel (Mora), papá de Alexander, que ya fue identificado; él nos dijo que va a continuar al lado de nosotros hasta que sepamos la verdad y haya justicia”, afirma el vocero de los padres de los normalistas.

 Entrevistado el martes 9, De la Cruz cuenta que días después de los ataques en Iguala, funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre “llegaron a las casas de los muchachos que mataron primero, pero no aceptaron (dinero). Lo que ellos quieren es justicia”.

 Una vez que Aguirre fue sustituido por Rogelio Ortega, apunta, integrantes de su equipo fueron a las casas de los desaparecidos para “ofrecer 1 millón y medio de pesos por muchacho; ofrecieron casas, becas… pero a quien va, los señores los corren de sus casas”.

 Notoriamente cansado tras más de 70 días de búsqueda de su hijo Ángel, de 19 años, y de participar en movilizaciones en todo el país, cuenta que el 31 de octubre el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, se acercó a los padres de familia en nombre de la esposa del gobernador Ortega Martínez, Rosa Isela Ojeda Rivera.

 El director “llegó con la propuesta de llevarnos recursos, para empezar 10 mil pesos como apoyo, pero que a cambio debíamos dejar que la señora estuviera en la escuela con nosotros; los padres dijeron: ‘No queremos nada del gobierno. Queremos a nuestros hijos, y mientras no nos los entreguen, no queremos dinero’”.

 Hernández Rivera ha insistido en acercar a los padres con el gobernador y su esposa, señala De la Cruz, “porque dice que estudiaron juntos y se conocen desde niños, que quiere ayudarnos; pero los padres no podemos confiar en el gobernador porque fue impuesto y ni siquiera se atreve a buscarnos, manda a su mujer”.

 Felipe de la Cruz dice que para ellos, detrás de las ofertas está la intención de acallar el movimiento y dar carpetazo a las investigaciones, sobre todo después de que el domingo 7 el procurador general, Jesús Murillo Karam, confirmó la muerte de Alexander Mora.

 “No creemos lo que dice la PGR. Hay cuestiones que no están claras. No podemos aceptar, como quiere el gobierno, que los 43 muchachos fueron quemados en un basurero porque identificaron a Alexander; no creemos porque nuestros peritos (el Equipo Argentino de Antropología Forense) dijeron que ellos no vieron de dónde salió ese hueso”, sostiene.

 Las dudas en cuanto a la veracidad de la versión oficial fueron alimentadas con un análisis científico realizado por los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, del Instituto de Física de la UNAM y de la UAM-Azcapotzalco, respectivamente.

 Con base en la revisión de los materiales gráficos mostrados por la PGR y las fotografías publicadas en el número 1985 de Proceso, cotejados con informes científicos de métodos tradicionales y modernos de cremación, así como de la resistencia de materiales, los investigadores concluyeron que la hipótesis de la PGR no tiene sustento.

 Inconsistencias en la investigación

 Para los representantes legales, en el expediente abierto por la PGR están los motivos de la resistencia de los padres de familia a aceptar la versión gubernamental.

 El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, advierte que la hipótesis de Murillo Karam tiene inconsistencias jurídicas graves y sólo se sostiene por tres alfileres: los testimonios de los presuntos ejecutores –Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín Reyes García–, quienes están arraigados.

 En entrevista el abogado describe algunas de las fallas detectadas en la revisión del expediente de 18 tomos. Destaca la falta de concordancia entre los hechos narrados por los normalistas sobrevivientes y las declaraciones rendidas por los tres detenidos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de quienes Murillo Karam presentó un video editado en la conferencia de prensa del 7 de noviembre.

 En su declaración ministerial, señala Rosales, los presuntos integrantes de Guerreros Unidos aseguran que a las 22:00 horas del 26 de septiembre policías de Cocula les entregaron a los estudiantes en el paraje denominado Loma de Coyotes, pero “no precisan el número, dicen que entre 30 y 32; repiten mucho la frase ‘la verdad no me fijé’ y en el video presentado por Murillo hay quien dice que 44; de acuerdo con esta versión, una vez en manos de Guerreros Unidos llevan a los estudiantes al basurero donde se daría el desenlace”.

 Sin embargo, apunta, “a las 22:00 horas se estaba dando la primera agresión a los estudiantes en Iguala, en la que policías municipales les dispararon y se llevaron solamente a los estudiantes que viajaban en el tercer camión, de los cuatro en los que iban, y cada uno no llevaba más de 25 estudiantes, y en ese específicamente los sobrevivientes dicen que viajaban entre 15 y 17”.

 Tiempo después, continúa, “a las 24:30 horas vendría la segunda agresión, en la que hombres armados vestidos de civil dispararon contra los estudiantes que daban una conferencia de prensa; en ese momento los estudiantes se dispersan y es cuando desaparece el resto de los muchachos”.

 En la revisión de la línea de tiempo, “de ser cierto lo que dicen los arraigados, los normalistas que habrían llevado a Loma de Coyotes y habrían tenido ese desenlace en el basurero de Cocula, serían aquellos que viajaban en el tercer camión. La pregunta es: ¿dónde está el resto de los estudiantes que desapareció en la segunda agresión?”.

 Entre las lagunas detectadas en la revisión de los expedientes es que “no hay un nexo causal entre la primera parte de las investigaciones, por las que se detuvo a 22 policías de Iguala y están procesados por homicidio, con la segunda, en la que aparecen los policías de Cocula. Se troza la línea secuencial entre una y otra tesis”; además se duda que los testimonios de los presuntos agresores sean espontáneos, debido a las huellas de maltrato en el rostro de Patricio Reyes Landa.

 Una inconsistencia más: los arraigados aseguran que “los tres accionaron sus armas, que efectuaron ocho disparos a un mismo número de estudiantes, lo que habría ocurrido en la parte superior del basurero; pero la PGR reporta la localización de 70 casquillos percutidos en el fondo del basurero, sin que en los testimonios haya una referencia de que hubieran recogido los casquillos y los hubieran lanzado al fondo del basurero”.

 Otro elemento siembra dudas: “No hay una evidencia física que vincule los restos del basurero con los localizados en el río San Juan. Sólo hay evidencia testimonial porque los testigos lo afirman, pero en términos probatorios debe haber una evidencia física que lo confirme y al día de hoy no existe”.

 Rosales refiere que a la indagatoria le falta asentar las detenciones de 12 supuestos integrantes de Guerreros Unidos que colaboraron con los tres arraigados para ejecutar y carbonizar a los estudiantes, así como la captura del operador del grupo delincuencial, Gildardo López, además de las de quienes fueran secretario de Seguridad Pública de Iguala y director de la Policía Municipal, Felipe Flores y Jesús Valladares, respectivamente, y la consignación del exalcalde y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, el primero procesado por el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona y la segunda aún arraigada.

 Pero la omisión más grave, alerta, es que la PGR no toma en cuenta los testimonios de sobrevivientes quienes “indican que hubo una participación activa del Ejército mexicano, que consistió en neutralizar y someter a los estudiantes en una colaboración plena con la policía preventiva”.

 Contra la intención del gobierno federal de circunscribir la responsabilidad de los hechos en el crimen organizado y en autoridades municipales coludidas, Rosales sostiene que por los testimonios de los sobrevivientes y por la magnitud de la tragedia, no hay duda de que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado se ejecutó “un operativo sumamente grande e impresionante para controlar toda la ciudad de Iguala, del que necesariamente tuvo que estar enterado el entonces gobernador (Ángel Aguirre) y las autoridades federales, el Ejército y la Policía Federal, que tienen base ahí”.

Por esas inconsistencias, faltas y omisiones es que los padres de los normalistas de Ayotzinapa no están dispuestos a admitir que sus hijos fueron reducidos a cenizas, insiste Felipe de la Cruz.

“La posición de los padres es la misma: No estamos aquí por dinero, sino por nuestros hijos. Es cierto que no dormimos bien, que no comemos bien, es muy pesado… pero no nos van a detener. No vamos a tener vacaciones y no va a haber vacaciones para el presidente”, dice.

Sobre las palabras de Peña Nieto, quien pidió “superar el dolor” por el caso, De la Cruz apunta que de estar en su lugar el presidente “no lo superaría, porque esto no se supera. Toda la vida que tengamos nosotros lo vamos a llevar presente. Y él también lo va a tener presente toda la vida, porque vamos a estar en todos lados. Antes sólo éramos 43; ahora somos miles o millones los que reclamamos a los muchachos”.