Pese al boicot priista, va adelante la Comisión Casa Blanca

Revista Proceso No. 1989, 13 de diciembre de 2014

Pese al boicot priista, va adelante la Comisión Casa Blanca

La relación político-empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú, proveedor predilecto del gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y con uno de sus hombres más cercanos, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hizo que la Cámara de Diputados se aprestara a crear una comisión investigadora para indagar los contratos millonarios que le ha extendido la administración peñanietista. Además, ese grupo podría verificar si existe conflicto de interés y tráfico de influencias desde el Poder Ejecutivo federal.

Durante un mes, la fracción priista presionó para que no se creara una comisión especial que hurgara en la forma en que Angélica Rivera adquirió su Casa Blanca de 86 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, como reveló el portal Aristegui Noticias en un trabajo de investigación del que Proceso dio cuenta en su edición del 9 de noviembre último.

Sin embargo, el creciente malestar entre la población logró que sorpresivamente panistas y perredistas apoyaran al diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara para crear la “Comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con las mismas”.

La presión

La tarde del miércoles 10, Huerta se presentó ante la curul del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, mostrándole 21 hojas que contenían las firmas de 197 diputados, incluyendo a los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila; del PAN, José Isabel Trejo; del PRD, Miguel Alonso Raya, y del vicecoordinador del PT, Ricardo Cantú. En la parte superior se leía: “Solicitud de integración de la Comisión de investigación…”

Beltrones primero se sorprendió por tanto apoyo: “¡21 hojas con la firma de 197 diputados de todos los partidos!”, reconstruye Huerta. “Luego, cuando vio que aparecía el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, expresó: ‘¡Ah, es de un particular! Caray, son muchas firmas, pero no podemos revisar los contratos de un particular’, y luego me dijo, irónico, perverso como es: ‘Júntate otras 200 firmas para que pase’. Mi respuesta fue: ‘Revise lo que tenga que revisar pero esta comisión no tiene vuelta de hoja’”.

Tras ese diálogo, Huerta se retiró. Al irse, se acercó al lugar del coordinador priista la legisladora del PRD Martha Lucía Micher Camarena, quien en 2005 presidió la comisión encargada de examinar el presunto tráfico de influencias de los hijos de la entonces primera dama, Martha Sahagún.

Ahí, Micher le recordó a Beltrones Rivera que, en aquella ocasión y aunque se trataba de particulares, se buscó la forma legal de instalar el grupo de investigación. Para lograrlo se consensuó, entre otras cosas, concentrarse en las empresas y contratos. Así, se pactó el kilométrico nombre de “Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.”.

Posteriormente se acercó al priista el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía, quien luego comentó que Beltrones se comprometió a revisar el documento y sus firmas.

Huerta dijo que, ante el rechazo constante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para crear una “Comisión especial Casa Blanca” se mencionó el caso de los hijos de Sahagún. “En aquel caso la Cámara autorizó investigar a particulares por la vía de figuras legales, y eso pretendemos ahora”.

Una vez que el diario The Wall Street Journal diera a conocer el jueves 11 que en octubre de 2012 Luis Videgaray le “compró” a Hinojosa una casa en Malinalco, Estado de México, por 7.5 millones de pesos, fuentes del PRI confirmaron que ese partido no rechazará la comisión planteada por Manuel Huerta, pero insistieron: “La vamos a corregir para que no plantee una idea ilegal, pues la Cámara no puede investigar a particulares”.

Resistencia priista

Después del 9 de noviembre, cuando se reveló la existencia de la Casa Blanca de Angélica Rivera, todas las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados se abrieron con demandas de la oposición para esclarecer el caso, sobre todo porque el jueves anterior (6 de noviembre) el gobierno federal había dado a conocer la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, cuyo ganador fue la empresa China Railway Construction Corporation –asociada con Teya, de Hinojosa Cantú.

El 13 de noviembre, la diputada de MC Luisa María Alcalde Luján propuso un punto de acuerdo en el que se exhortaba “a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la compra del inmueble de lujo denominado popularmente ‘la Casa Blanca’ y el origen de los recursos con que se realizó aquélla”. El documento se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Transparencia y hasta el momento sigue en la “congeladora”.

El 20 de noviembre, Ricardo Monreal propuso otro punto de acuerdo para exhortar al gobernador mexiquense a suspender la construcción del tramo carretero Toluca-Naucalpan asignado a Hinojosa Cantú.

El 25 de noviembre, Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja propusieron un tercer punto de acuerdo para “revisar los contratos o convenios celebrados con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada a él, celebrados de 2011 a la fecha”.

El último punto de acuerdo lo propuso la panista Elizabeth Yáñez Robles para “exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer público en Compranet el acto administrativo por el cual se canceló la licitación sobre la construcción, el suministro, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento del tren México-Querétaro”.

Todos los documentos fueron enviados a comisiones. Con excepción del último, que fue rechazado, ninguno se resolvió.

Que sí, que no

La primera demanda de PT, MC y PRD para crear la comisión especial se diluyó el 24 de noviembre durante la reunión de la Jucopo, cuando la dupla PRI-PVEM la rechazó.

Sin embargo, Lilia Aguilar, vicecoordinadora del PT, reveló el 27 de noviembre que existía un acuerdo entre PRI, PAN y PRD para darle una salida al asunto: “Ayer, en la misma Junta (de Coordinación Política) se acordó que sí se iba a hacer un espacio, pero no para crear la ‘comisión Casa Blanca’, sino con otro nombre. A cambio se cerraría el paso a una comisión del Distrito Federal que indague los abusos de los policías durante la manifestación del 20 de noviembre”.

Pasaron los días y el PRI mantuvo su evasiva. Para atemperar los reclamos, el lunes 1 la Jucopo aprobó crear una comisión especial para indagar solamente la licitación y cancelación del tren rápido México-Querétaro. Sin embargo, sorprendió que se conformara con ocho miembros, uno por cada partido político pero dos del PRI –uno de los cuales ocuparía la presidencia del grupo.

La situación enojó al petista Manuel Huerta, quien consideró “una simulación” crear esa comisión especial. Por esta razón se dedicó a recolectar firmas durante la sesión del miércoles 10.

Explicó que los panistas por Nuevo León firmaron porque están molestos con un acueducto que construirá una de las empresas de Hinojosa Cantú.

“El vicecoordinador del PAN, Marcelo Torres Coufiño, me pidió tiempo para procesar el tema en su partido. A los pocos minutos regresó y me dijo: ‘Se aceptó el respaldo. Ya estamos recolectando las firmas’. Para ese momento yo llevaba 90 firmas, y él regresó luego con 60 más de panistas.”

La diputada Elizabeth Yáñez explicó la postura de sus compañeros aludiendo a lo ocurrido con la comisión que indagó a los hijos de Sahagún por posible tráfico de influencias, y abundó:

“Que la (comisión) del tren la presida el PRI es una burla. Ahora respaldamos esta nueva iniciativa y firmamos porque estamos convencidos que no es Angélica Rivera la que debe dar cuentas de cómo adquirió su casa, no estamos en contra de que una mujer sea autosuficiente, pero aquí hay un posible tráfico de influencias y conflicto de intereses.”

El 27 de noviembre, cuando el PRI se resistía a crear una comisión y el escándalo aún no alcanzaba al titular de la Secretaría de Hacienda, la propia diputada Yáñez Robles pidió la palabra al inicio de la sesión y, desde su curul, respondió a la “absurda” defensa que hizo el PRI el día 25: Aquel día, el priista Leobardo Alcalá acusó a la izquierda de “sexista” por cuestionar que Angélica Rivera pudiera tener patrimonio propio y adquirir una casa como la ubicada en la calle de Sierra Leona.

La panista dijo: “A nadie en este país le importa si la señora Rivera tiene 100 millones de pesos o mil millones de pesos para comprar el Castillo de Chapultepec. No desviemos la atención: el responsable de este problema se llama Enrique Peña Nieto”. En ese momento fue reconvenida por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PVEM Tomás Torres Mercado, lo que desató el enojo de la panista:

“¡No me interrumpa, señor presidente, no me interrumpa! ¡No, señor presidente!, no me quite el derecho de expresarme, ¡cuidado y me quite el micrófono! El señor Peña Nieto es el que tiene que venir a explicar, es el que tiene que transparentar y dejar claro el conflicto de intereses acerca de que la empresa que él benefició durante ocho años de repente decidió comprar una casa y vendérsela a la esposa del presidente de la República en módicas mensualidades.”

La semana pasada, Manuel Huerta manifestó: “Esta comisión investigadora ya nada la para, y hemos dejado un espectro tan amplio que nos dará para indagar en todos los contratos de las paraestatales con Grupo Higa, el cual agrupa empresas como Constructora Teya, Mezcla Asfáltica, Impresión Publicitaria, Señales y Mantenimiento y Autopistas de Vanguardia (Autovan). Todas del señor Hinojosa Cantú”.

Para el lunes 15, la Junta de Coordinación Política tiene previsto decidir si solicita al área jurídica de la Cámara de Diputados que le informe si procede o no la demanda de Huerta, quien invocó el derecho de las minorías –expresado en la Carta Magna– de instalar comisiones de investigación con un mínimo de 125 firmas de diputados.