Dijo que
“…un grupo de trabajo, integrado por la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Consejería Jurídica (…), está definiendo los lineamientos de este sistema con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Este mismo grupo ya está logrando un proyecto de Ley General de Personas No Localizadas y Desaparición Forzada.”
El discurso completo.
Señoras y señores:
Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Muy distinguido señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez.
Quiero felicitarle por el Informe que ha rendido y, sobre todo, reiterarle la permanente e invariable disposición del Gobierno de la República para hacer frente común en lo que, sin duda, nuestro país demanda, exige y necesite, una cultura cada vez mayor en favor de los derechos humanos, de la protección de los mismos.
Y, sin duda, es un compromiso permanente, nunca agotado, de hacer frente a esta tarea de forma conjunta.
Felicidades por el Informe que ha rendido, señor Presidente.
Me da mucho gusto.
Quiero saludar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A la Presidenta y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tanto del Senado de la República, como de la Cámara de Diputados.
A los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.
Saludar a Presidentes y dirigentes de distintas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en favor de los derechos humanos.
A distintas Organizaciones No Gubernamentales aquí representadas.
A la representación de organismos internacionales que trabajan en favor de los derechos humanos.
A Presidentas y Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, de las distintas entidades federativas del país.
Al señor Gobernador Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a quien agradezco nos acompañe en este acto.
Señoras y señores:
Señores representantes de los medios de comunicación.
Permítanme, en el marco de este evento, hacer referencia a algo sobre lo que México ha expresado ya su más sentido pesar y me refiero a la tragedia área ocurrida el día de ayer, en Francia, y en la que lamentablemente perdieran la vida personas de distintas nacionalidades.
México ha expresado ya públicamente, y directamente a las autoridades de esos países, nuestra mayor solidaridad ante esta muy lamentable tragedia.
De manera muy particular, expreso aquí mi solidaridad y mi más sentido pésame a los familiares de dos mexicanas que lamentablemente perdieran la vida en este accidente: Daniela Ayón y Dora Isela Salas y, de igual manera, a esposo de una compatriota, a Carles Milla, a quienes reitero, expresamos nuestro más sentido pésame.
Al tiempo que he dado indicaciones y se ha atendido ya de manera oportuna por parte de la Cancillería, el darle atención a los familiares para la debida repatriación de los cuerpos de las víctimas de este muy lamentable accidente.
Señoras y señores:
En México la protección y el respeto a los derechos humanos no sólo es un deber constitucional, sino, y aquí en plena coincidencia con lo expresado por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en alguna forma, es, sin duda, un imperativo moral.
Bajo este principio, el Estado mexicano ha dado importantes pasos para mejorar el andamiaje legal e institucional que salvaguarda los derechos humanos.
La reforma constitucional de 2011 representó, por sí misma, un nuevo paradigma en la materia, a partir del cual todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Congruente con ello, desde el inicio de esta Administración, asumí el firme compromiso de trabajar por un Gobierno eficaz, que tenga como propósito fundamental hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución.
Se trata de un desafío mayor, que requiere del esfuerzo colectivo de autoridades, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto.
Por ello, reitero mi reconocimiento a la elevada función social que cumple la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde hace ya prácticamente 25 años.
Su labor ha sido de gran importancia en favor de la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos de los mexicanos.
Reconozco a todos los integrantes de este organismo nacional autónomo por velar por quienes han visto vulnerados sus derechos, o enfrentado la conducta indebida de alguna autoridad.
Así lo reafirma el informe que ha presentado el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. He escuchado con atención sus reflexiones y sus planteamientos.
Como señala en su documento, la esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la Administración Pública la defensa y protección de los derechos humanos, y la atención integral a las víctimas.
Particularmente, coincido con lo expresado por el señor Presidente, aún tenemos mucho qué hacer como Estado mexicano en favor del respeto y goce pleno de los derechos humanos.
En cada uno de los casos que ha documentado esta Comisión Nacional, el Gobierno de la República seguirá actuando en el marco de la ley, con total disposición de atender y dar cumplimiento a sus recomendaciones.
Toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley.
Quien quebrante este precepto fundamental del Estado de Derecho, tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan.
Con esta convicción, el Gobierno de la República ha articulado una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos, y particularmente estamos concentrando los esfuerzos institucionales en tres grandes ámbitos:
Primero. La difusión de una más amplia cultura social de conocimiento y de respeto a los derechos humanos.
En esta Administración estamos convencidos de que uno de los grandes retos que el país tiene es impulsar una nueva cultura en favor de los derechos fundamentales, condición necesaria para poder ejercerlos y exigir su cumplimiento.
El segundo ámbito de acción es prevenir la violación de derechos humanos.
Con este propósito, el año pasado pusimos en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos, que incorpora a los programas y políticas públicas una perspectiva de defensa y promoción de las libertades fundamentales de las personas.
En este marco, se está promoviendo la salvaguarda de los derechos humanos, a partir de un esfuerzo integral de capacitación a los servidores públicos.
A la fecha, se ha capacitado a más de 10 mil 500 integrantes de la Administración Pública Federal.
A partir de este año se incluye el análisis de quejas y recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho a dependencias y entidades del Ejecutivo Federal. Esto con el propósito de no repetir conductas contrarias a los derechos fundamentales.
Adicionalmente, el Programa Nacional impulsa que todas las entidades del país cuenten con su propio programa estatal de derechos humanos, alineado a la estrategia nacional.
Sobre estos dos temas, particularmente, quiero expresar aquí el compromiso del Gobierno de la República, señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de lo que usted mismo ha postulado y ha solicitado del Gobierno de la República: el acompañar, el prestar mayor atención y, sobre todo, estar siempre atentos a las recomendaciones y a las definiciones que tome la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que permitan avanzar de manera significativa en esta materia.
Y, por otro lado, es clara la convocatoria a los gobiernos de las distintas entidades federativas para que asuman también responsabilidad y tarea en este objetivo compartido.
Estoy cierto que el señor Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores llevará este tema al seno de esta Conferencia.
Este conjunto de acciones institucionales, ha permitido reducir el número total de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un 22 por ciento del 2013 al 2014.
El año pasado hubo prácticamente dos mil quejas menos ante este organismo nacional, es decir, mil 986 menos, para ser aún más precisos.
En el caso concreto de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, éstas se redujeron en un 60 por ciento en el mismo periodo.
Sobre este particular, quiero destacar que desde el inicio de esta Administración se han aceptado todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, desde luego, trabajamos para su efectivo cumplimiento.
Y el tercer gran ámbito de acción en el que estamos trabajando es la protección de los derechos de las personas.
México cuenta con innovadores instrumentos jurídicos en esta materia, entre los que destacan la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con sus respectivos mecanismos institucionales para asegurar su instrumentación.
Siendo trascendentes estos avances legislativos, aún tenemos que ir por más.
Y aquí quiero expresar reconocimiento a todos los integrantes del Congreso de la Unión, y al tiempo que agradezco la presencia aquí de Senadoras y Senadores de la República, y de las y los Diputados aquí presentes, quienes están comprometidos en favor de este gran objetivo que como sociedad tenemos los mexicanos: el de trabajar invariablemente, incansablemente, en favor de la debida protección y defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Por ello, como hizo bien referencia el señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 27 de noviembre de 2014 anuncié medidas adicionales en favor de los derechos humanos, la creación de leyes generales en los rubros de tortura y desaparición forzada, para lo cual envié una Iniciativa de Reforma Constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir estos ordenamientos.
Una segunda acción es la renovación de los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
En el Gobierno de la República estamos claros de que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables.
Para castigar estos graves delitos, vamos a adoptar las mejores prácticas internacionales, recomendación, además, que viene de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales.
Y, de esta manera, hacer efectivo el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas.
Una tercera acción, que anuncié en noviembre, es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y de una Base Nacional de Datos Genéticos.
Actualmente, como también ya lo refirió el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un grupo de trabajo, integrado por la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, está definiendo los lineamientos de este sistema con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Este mismo grupo ya está logrando un proyecto de Ley General de Personas No Localizadas y Desaparición Forzada.
Quiero resaltar que todas estas medidas y acciones han surgido de un diálogo constructivo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, promotoras de los derechos humanos.
Sus aportaciones han sido esenciales en el Consejo Ciudadano para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y de la Comisión de Política Gubernamental de esta misma materia.
Igualmente, reconozco el trabajo conjunto que se está desarrollando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para avanzar en la puesta en práctica de mejores políticas públicas.
Además, se colabora con la Oficina del Alto Comisionado, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para diseñar un Sistema Nacional de Evaluación que nos permita conocer con mayor objetividad y transparencia, la condición de los derechos humanos en nuestro país.
Señoras y señores:
Hoy reafirmo el compromiso indeclinable del Gobierno de la República con el respeto y la protección de los derechos humanos en todo México.
Por ser valores universales, los derechos humanos deben ser protegidos y respetados por todos los sectores y por todas las autoridades.
Los derechos humanos son una causa que nos convoca y que nos compromete a todos.
En esta misión colectiva, reconozco nuevamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su aportación a la construcción de una sociedad más libre, justa e incluyente.
Sigamos trabajando hacia este gran objetivo, de hacer de México una auténtica sociedad de derechos.
Nuevamente, muchas felicidades, señor Presidente, por el Informe que ha rendido, y deseo que esta tarea, que nos convoca a todos, nos permita arribar al México del Siglo XXI, en el que exista plena vigencia y pleno respeto a los derechos fundamentales de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
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