PUNTO DE ACUERDO (pendiente aun)
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma y al injusto encarcelamiento de Leopoldo López, ambos políticos opositores, en la República Bolivariana de Venezuela, hechos que representan graves violaciones a los derechos civiles y políticos así como agravios a la democracia en la región.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, una visita de Jefes de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad promover el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, a impulsar una reunión de Cancilleres a fin de evaluar la situación en la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 26 febrero de 2015.
ANTECEDENTES
1. El Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2014 se realizaron un total
de 9 mil 286 protestas, equivalentes a 26 manifestaciones diarias en todo el
país, de las cuales el 52 por ciento fueron en rechazo a la administración del
Presidente Nicolás Maduro.
2.Existe una gran
preocupación por parte de la comunidad internacional, por posibles violaciones
de derechos fundamentales a los ciudadanos venezolanos, por parte de los
elementos policiacos. La organización no gubernamental Amnistía Internacional
considera que “la grave situación por la que atraviesa el país podrían haberse
evitado si el gobierno hubiese priorizado la promoción y los derechos humanos;
fortaleciendo las instituciones que sustentan el Estado de Derecho; y combatido
los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y
municiones en manos de la población”.
Así mismo, la
organización denunció y documentó casos de torturas, abusos, detenciones
arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los
opositores al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, durante las protestas en
el Estado de Táchira el 12 febrero de 2014; instando desde entonces a la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), para coadyuvar en
la observancia de la justicia y respeto a los Derechos Humanos en el Estado
venezolano.
De acuerdo con los
datos capturados por Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las
manifestaciones han dejado un saldo de al menos 39 muertes, más de 550 personas
heridas por balas (de fuego y de goma) y 2.157 detenidos, de los cuales tan
solo 66 han sido liberados incondicionalmente.
Actualmente, son
41 personas las que continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola
de protestas violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son
funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB).
3. Tras las
manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a
Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de
tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación
pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se le
acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que
elementos de grupos parapoliciales allanaron las instalaciones del partido
Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.
Una vez iniciado
el proceso, la Fiscalía General acusó a López por los delitos de incendio,
instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir,
y retiró los cargos por terrorismo y homicidio.
El 18 de febrero
de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia, a la que calificó
“injusta… corrupta, que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes…”;
tras una multitudinaria concentración se presentó a las autoridades afirmando
“…si mi encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, y vale para que
Venezuela despierte definitivamente, y que la mayoría de los venezolanos que
queremos un cambio podamos construirlo en paz y en democracia, bien valdrá la
pena el encarcelamiento infame que me plante, directamente, con cobardía,
Nicolás Maduro…”
Leopoldo López
cumplió un año privado de su libertad en una cárcel militar el 18 de febrero
pasado, bajo condiciones de aislamiento y en plena violación de sus derechos
políticos y del debido proceso. Su reciente traslado a una celda más pequeña
(constatada la misma semana que se conmemoraron las marchas y detención de
López del mes de febrero del pasado 2014), por orden de la consultora jurídica
de la Defensoría del Pueblo, fundamentada en la supuesta incautación de un
teléfono celular (prohibido en las prisiones), es una muestra de los abusos y
violaciones cometidos en contra del líder opositor.
A pesar de que las
audiencias son “públicas” en el país venezolano, no se ha permitido el acceso a
los medios de comunicación ni tampoco la asistencia de figuras políticas de la
oposición que apoyan a Leopoldo López.
En una entrevista
exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en español, el
pasado 8 de febrero desde la prisión de Ramo Verde (lugar donde se encuentra
recluido Leopoldo López), el líder opositor habló sobre su encarcelamiento, la
situación de Venezuela yel futuro político del país. Señaló que es "la
primera vez que he tenido la oportunidad de conversar con un medio de
comunicación directamente", y denunció las duras condiciones
penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político pues se ha
enfrentado a tortura, y situaciones inhumanas (López afirma que a varios presos
les han lanzado excremento humano).
Además, hizo
énfasis en que "Muy probablemente esta llamada pueda tener las mismas
consecuencias. Castigos, aislamiento, como ha sido común desde que estoy preso
desde hace un año" y argumentó "Soy un preso del régimen, de Maduro,
del sistema", "Yo estoy secuestrado, el hecho de que el Presidente de
la República haya planteado un canje (por un terrorista preso en Estados
Unidos) pone en evidencia que soy un secuestrado político del Presidente
Maduro".
Cabe señalar que
en 2008, el gobierno venezolano decidió “inhabilitar” a Leopoldo López a fin de
que no se postulara a la Alcaldía de Caracas. Después de llevar su caso a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, se señaló al Estado venezolano por
violación de los derechos políticos de Leopoldo López y de los millones de
venezolanos inhabilitados para votar por su candidato de preferencia; finalmente,
el 16 de septiembre de 2011, la Corte ordenó la restitución inmediata de sus
derechos políticos, decisión que desacató abiertamente el Estado venezolano,
quien posteriormente, decidió denunciar el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Lo anterior apunta
a que el hostigamiento de las autoridades venezolanas a la oposición se ejerce
de manera sistemática.
4. El pasado 20 de
octubre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, expresó su preocupación por la detención del dirigente
opositor venezolano durante las protestas públicas que han tenido lugar en
Venezuela, y pidió su liberación inmediata.
El Comisionado
señaló: “…la prolongada y arbitraria detención de opositores políticos y
manifestantes en Venezuela está causando cada vez más inquietud a nivel
internacional; esta situación sólo exacerba la tensión en el país…”, y exhortó
a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo a las opiniones del Grupo de
Trabajo y a liberar inmediatamente a Leopoldo López y a todos aquellos
detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar
pacíficamente.
Por su parte, en
septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la
ONU, opinó que las detenciones de Leopoldo López, así como de Daniel Ceballos,
ex alcalde de San Cristóbal, son arbitrarias.
El Canciller de
Venezuela, Rafael Ramírez, rechazó semanas después dicha resolución afirmando:
“así como le dijimos al Departamento de Estado [de Estados Unidos] que no se
inmiscuya en nuestro asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de
cualquier institución. Todos los juicios que están en desarrollo en función de
los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, tienen su
curso en el marco de nuestras leyes”.
5. Respecto al
seguimiento de la detención de Leopoldo López, desde del 20 de febrero del
presente año, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 45 días para
decidir acusar, sobreseer o archivar el caso de Leopoldo López. Sin embargo, el
proceso judicial contra López ha sido retomado esta semana después de siete
meses de juicio; los testigos de la Fiscalía son funcionarios públicos de la
policía judicial o de la Fiscalía, por lo que, los órganos judiciales se
convierten en “juez y parte” en este proceso. Pese a ello, ninguno de los
funcionarios ha señalado a López como responsable de los hechos violentos del
12 de Febrero.
Aunado a lo
anterior, la jueza que lleva el caso del político, Susana Barreiros, le ha
negado a la defensa de López la presentación de pruebas y por ello puede ser
declarado culpable y tendría que enfrentar una condena de 13 años y nueve meses
de prisión.
Peticiones
externas se han hecho presentes en un fallo del Grupo de Trabajo de Detenciones
Arbitrarias de las Naciones Unidas, el cual determinó el año pasado que no hay
razón para mantener a López preso y que el Estado venezolano estaba violando
sus derechos humanos, civiles y políticos.
6. El 26 de enero
de 2015, los ex presidentes de México, Felipe Calderón; de Chile, Sebastián
Piñera; y de Colombia, Andrés Pastrana; visitaron Venezuela en el marco de un
foro sobre democracia organizado por la depuesta diputada María Corina Machado.
Antes de la
visita, Nicolás Maduro lanzó una serie de advertencias y argumentos respecto a
su oposición al apoyo por parte de estos tres mandatarios al político Leopoldo
López, en las que señaló: “Si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de
un golpe de Estado ustedes —señor Piñera, señor Calderón y señor Pastrana—
quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos
terroristas”; afirmó “nosotros les vamos a prestar todo el apoyo logístico, de
seguridad. Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos
tres ex presidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero, y en
segundo lugar vienen a apoyar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo
que yo presido, contra el gobierno de Venezuela. Esa es la verdad que denuncio
frente al mundo”.
Los ex presidentes
intentaron visitar a Leopoldo López, pero fueron impedidos por las autoridades
venezolanas negándoles el ingreso a la prisión militar; sin embargo, y en su
lugar, se reunieron en Venezuela con Lilian Tintori, esposa del líder opositor,
quien externó su agradecimiento ante el apoyo que representan.
El presidente
Piñera declaró que “Desgraciadamente, a pesar de todas las gestiones que
hicimos con el general Rall e incluso con el vicepresidente se nos ha negado la
posibilidad de visitar a Leopoldo López", además, dijo que "los
presos en los países democráticos tienen derecho a las visitas" e hizo
alusión a que Leopoldo López “lleva casi un año preso y de acuerdo a las
propias Naciones Unidas no hay ninguna justificación para esa privación de
libertad", mientras que Pastrana afirmó que sin importar el delito
"el mínimo acto de respeto a los derechos humanos es que los familiares y
amigos puedan visitar a los presos en sus días de visita"; lamentando así
las condiciones bajo las cuales se tiene a López en su estancia en la prisión
venezolana y afirmando que como mandatarios "no hemos venido a fomentar ni
a apoyar ningún golpe de estado".
7. El 19 de
febrero de 2015, Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, fue detenido por un
centenar de elementosdel Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes
detonaron sus armas para dispersar a las personas que intentaban impedir su
detención.
Por la noche, el
presidente Nicolás Maduro reveló que por orden de la Fiscalía General, el
alcalde Ledezma fue acusado de ser participe en la llamada “Operación Jericó”
que pretendía derrocar al gobierno venezolano; sin embargo, la Fiscalía imputó
a Ledezma con una declaración de un militar retirado o jubilado obtenida bajo
tortura.
8. El pasado
viernes 20 de febrero, el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos, José Miguel Insulza, expresó su alarma por los hechos ocurridos en
Venezuela, sin embargo ningún representante de los países miembros solicitó
formalmente una reunión de Cancilleres para observar dicha situación.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que el
artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República
establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones
ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.
SEGUNDA. Que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la
República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan
proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no
constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar
seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.
TERCERA. Que según
lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de
nuestro país según los siguientes Principios Normativos:
“la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”
CUARTA.Que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser
detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en
condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial.
QUINTA. Que el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser
sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora
delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe
ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10);
que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que
toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de
inocencia(artículo 14); que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones
teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).
SEXTA. Que la
Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 3 establece
entre los principios de esta organización regional, está la proclamación delos
derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza,
nacionalidad, credo o sexo.
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, aseguró que el gobierno mexicano ha actuado con prudencia en torno a los enfrentamientos que se registran en Venezuela entre grupos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y fuerzas de seguridad.
“Así sea que muchos lamentemos lo que está sufriendo este pueblo hermano de Venezuela, nuestro principio es fundamental y es histórico: la autodeterminación de cada uno de los pueblos y sobre todo de sus gobiernos”.
La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó los hechos en los que resultó muerto un estudiante. Consultado por la prensa al respecto, Beltrones Rivera dijo que “la Secretaría de Relaciones Exteriores y nuestro canciller (José Antonio Meade) ha sido lo prudente que amerita esta situación”.
Consideró que los legisladores se deben mantener atentos a lo que sucede en ese país, siempre con una posición institucional. “Institucionalmente respetamos la decisión que tomen el pueblo y el gobierno venezolano al respecto, por más diferencias que podamos tener de puntos de vista, sobre lo que está aconteciendo”, subrayó
En tanto, para el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que México tiene la autoridad moral para exigir al gobierno de Venezuela que respete los derechos humanos de los ciudadanos.
“Hoy México tiene una oportunidad muy importante para ejercer, particularmente en el seno de la OEA, y hacer frente en esta exigencia de que ese gobierno y cualquier otro gobierno en el mundo empiece por respetar los derechos humanos”, indicó el legislador en conferencia de prensa.
Señalo que Venezuela sólo vive una crisis económica y de falta de respeto a los derechos humanos, en referencia a las recientes manifestaciones en rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y detenciones de opositores. “Creemos que México hoy tiene la estatura y la autoridad moral para plantarse con firmeza en la OEA” sobre ese tema, aseveró,
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