El virrey” y su herencia de sangre/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso No 2007, 18 de abril de 2015

El virrey” y su herencia de sangre/JOSÉ GIL OLMOS

Alfredo Castillo Cervantes no tiene empacho en decir que es amigo del presidente Enrique Peña Nieto. También lo son sus primos Humberto Castillejos Cervantes, responsable de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y el senador con licencia Raúl Cervantes Andrade, clave para la aprobación de la reforma energética y quien hoy busca ser magistrado de la Suprema Corte.

Los tres han adquirido enorme poder en el gobierno federal. Castillo Cervantes estudió ciencias penales y criminológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, ciencias políticas y administración pública en la Iberoamericana y economía financiera en la Escuela Bancaria y Comercial.

Recién nombrado titular de la Conade el jueves 16, ha sido cercano colaborador de Peña Nieto desde 2011, cuando en el Estado de México sustituyó en la Procuraduría General de Justicia a Alberto Bazbaz, defenestrado tras su fracaso en la investigación de la muerte de Paulette Gebara Farah.

Antes, en 2002, fue director de Planeación Estratégica de la Agencia Federal de Investigación (AFI), posteriormente director de Servicios de Seguridad Privada en la Secretaría de Seguridad Pública y luego subprocurador regional del municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.

El 20 de mayo de 2013 saltó a la Procuraduría Federal del Consumidor donde sustituyó a otro miembro del equipo peñista: Humberto Benítez Treviño, quien se vio envuelto en el escándalo provocado por su hija Andrea Benítez. En enero de 2014 Castillo llegó a Michoacán como comisionado nacional de Seguridad y estuvo ahí un año. Hoy está al frente de un organismo deportivo, un ámbito en el que incursiona por primer vez.

 Cifras de la violencia

 Castillo llegó a “coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano”, pero en realidad se comportó como “virrey” –señalan sus críticos– y actuaba por encima del gobernador y del Congreso local.

 Lo mismo formuló y ejecutó políticas para la prevención de delitos que acciones encaminadas a la reconstrucción de tejido social y al fortalecimiento de las instituciones; también dispuso, ordenó y coordinó acciones de apoyo de fuerza pública federal; solicitó el auxilio de las Fuerzas Armadas; recibió a los delegados, comisionados y representantes del Ejecutivo federal asentados en la entidad.

 Tenía facultades incluso para solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los miembros de organismos federales en Michoacán y para celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales y municipales.

 Con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones fueron para “servicios personales” y el resto para “gastos de operación”, según documentos de la Secretaria de Gobernación, la comisión encabezada por Castillo sólo logro una meta: desarmar e institucionalizar a las autodefensas de la región de Tierra Caliente, convirtiéndolas en Fuerzas Rurales adscritas a la Secretaria de Seguridad Pública local.

 Días antes de renunciar como comisionado, el 25 de enero, Castillo Cervantes compareció ante la comisión permanente del Congreso de la Unión. Dijo que en Michoacán ya no había problemas de inseguridad ni extorsiones y que la violencia se redujo de manera notable. Incluso se apoyó en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para señalar que Michoacán ocupa el lugar 25 en ese rubro; también comentó que los secuestros denunciados bajaron de 194 a 13 durante su gestión como comisionado.

 “No podemos hablar hoy por hoy que exista un Estado fallido cuando –a diferencia y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo– se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado”, argumentó.

 Lo cierto es que Castillo dejó Michoacán inmerso en la violencia. El 16 diciembre, semanas antes de su remoción, hubo un enfrentamiento en La Ruana entre la gente de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, El Americano. Hubo 11 muertos, incluido un hijo de Mora.

 La madrugada del 6 de enero, en Apatzingán murió un número aún indeterminado de civiles –ejecutados casi todos– cuando policías federales desalojaron la presidencia municipal.

 El secretario de la Cámara Nacional de Comercio en Michoacán, Gonzalo Zaragoza Méndez, afirmó que en 2014, justamente cuando Castillo estuvo como comisionado, más de mil 400 comercios tuvieron que cerrar.

 Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ese año fue el más violento de la historia de la entidad: se contabilizaron 2 mil 638 homicidios y Michoacán pasó del cuarto al segundo lugar como estado más violento del país, con más de mil 52 homicidios dolosos; también se convirtió en una de las 10 entidades con más secuestros (121) y extorsiones (275) registrados durante el periodo de Castillo como comisionado.

 Versión del padre Goyo

 Apenas dejó de ser comisionado Castillo, el padre Gregorio López, vicario de la catedral de Apatzingán, lo acusó de recibir dinero de los grupos criminales y de una presunta alianza con los nuevos capos locales conocidos como Los Viagras.

 “No reorganizó Castillo a los grupos, pero sí los empoderó, les dio charola; les dio fuero”, expuso López el pasado 18 de marzo. Y agregó: “Un criminal siempre será un criminal; un perro siempre será un perro; un burro no va a pasar a caballo porque le pongas una silla plateada. Hay gente que estuvo con Los Zetas –Los Viagras, por ejemplo– o con La Familia Michoacana o Los Templarios y ahora están con Los Viagras”.

 Comandado por los hermanos Mariano, Nicolás, Carlos, Rodolfo, Gabino y Francisco Sierra Santana, este grupo comenzó a posicionarse en la región de Tierra Caliente luego del desmembramiento de Los Caballeros Templarios.

 Para Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, Castillo dejó peor a Michoacán porque empoderó a los nuevos grupos criminales –Los Viagras– y traicionó a los que lucharon por mejorar la situación en el estado: José Manuel Mireles e Hipólito Mora.

 Domingo Barajas, exautodefensa del municipio de Apatzingán, en entrevista telefónica sostiene que Castillo traicionó a los michoacanos porque desarticuló al movimiento y protegió a los criminales: “Empezó bien pero se fue ladeando desde que comenzó a recibir dinero. Ahí es donde todo se vino abajo, después vino la traición”.

 Castillo nunca participó en un operativo; sólo se dedicó a escuchar lo que le decía la gente. “Ahora está en el deporte, premiado por el gobierno que debería castigarlo porque dañó la imagen de seguridad en Michoacán. Todo lo que hizo fue un fracaso y nos traicionó a todo el pueblo que luchamos por la paz y por defender a nuestras familias”, dice Barajas.

 E insiste: Castillo se fue “con la gente equivocada”, pactó con uno de los cárteles y persiguió y encarceló a quienes querían limpiar el estado del crimen organizado, como el doctor Mireles. Además, durante su gestión en Michoacán, el gobierno federal pactó para que el Cártel de Jalisco Nueva Generación sea el que controle Michoacán a través del grupo La Línea.

 “Creo que con ese nombre lo que quieren decir es que o te alineas o te mueres. Nosotros no le tememos a ningún cártel, a quien tememos es al gobierno que está con ellos”, remata el exautodefensa.