De acuerdo con los artículos 7, 28 y 30 del Estatuto de Roma –que rige a la Corte Penal Internacional– en Apatzingán se cometió un crimen de lesa humanidad al tratarse de “ataques generalizados” contra una “multiplicidad de víctimas” civiles, consumados con “intencionalidad” por parte de “fuerzas” bajo el mando de una autoridad.
Revista
Proceso No 2007, 18 de abril de 2015
Apatzingán,
6 de enero: “¡Mátenlos…!”/LAURA
CASTELLANOS
REPORTE
ESPECIAL
El
pasado 6 de enero, decenas de policías federales irrumpieron en el centro de
Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo
menos 16 personas y heridas a muchas más. Sin embargo, Alfredo Castillo,
entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser
nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un
“fuego cruzado”. La periodista Laura
Castellanos reconstruye esa masacre con base en testimonios grabados de 39
personas –sobrevivientes, pobladores, familiares de víctimas y personal médico,
entre otros–, así como en fotografías y videos. Su investigación fue compartida
con el semanario Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva
Univision.
APATZINGÁN,
Mich.- “¡Mátenlos como perros!”, gritaron los policías federales al atacar a
tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural que estaban
en plantón en los portales del Palacio Municipal de esta localidad, a las 2:30
de la madrugada del pasado 6 de enero.
Ninguno
de los manifestantes tenía armas largas. Seis de ellos portaban pistolas
registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos. Ninguno
disparó.
Todos
ellos obedecieron las indicaciones que les dio Nicolás Sierra, El Gordo Coruco,
líder del G-250, grupo creado por quien entonces era comisionado federal de
Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.
Durante
ocho meses el G-250 persiguió en la sierra a Servando Gómez, La Tuta, líder de
Los Caballeros Templarios.
Sierra
es uno de los siete hermanos conocidos como Los Viagra, temidos y odiados en la
región, acusados de ser extemplarios y de cometer diversos atropellos. Castillo
tuvo a cinco de ellos a su servicio en Michoacán.
Los
rurales, hombres forjados en la pizca del limón, protestaban porque 20 días
antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas
incursiones de templarios en sus localidades.
Por
esa razón El Gordo Coruco se presentó a medianoche en el plantón frente a
Palacio y les ordenó a los rurales que no respondieran con armas ni piedras a
ninguna provocación, para no ser tratados “como delincuentes”. “Tengan
cuidado”, les dijo cuando se retiraba del lugar.
El
convoy de la PF se estacionó en las calles traseras del Palacio Municipal.
Algunos guardias rurales dormitaban en camionetas, otros charlaban en el
jardín.
En
la protesta también había familiares de los integrantes de las fuerzas rurales,
así como simpatizantes que, de paso, exigían bajar los costos de la luz.
Los
federales bajaron de sus camionetas. La familia de un taquero de la plaza
buscaba un regalo en los portales.
Los
uniformados, la mayoría con el rostro cubierto, otros vestidos de negro,
alistaron sus armas largas: Galil calibre 308, Heckler & Koch G3 calibre
7.62 y R-15 calibre 2.23, según un integrante de las Fuerzas Rurales.
Los
federales tomaron por asalto la plaza. El ataque duró 15 minutos. Los manifestantes
corrieron al jardín, a guarecerse tras las bancas. Las cámaras de vigilancia
registraron a decenas de personas desarmadas huyendo en todas direcciones.
Más
policías federales entraron y sitiaron la plaza entera. En el estacionamiento,
a un costado del Palacio, balearon las camionetas de la Fuerza Rural y
golpearon a sus ocupantes.
Artemio,
uno de los guardias rurales, fue detenido. Mientras lo sometían presenció cómo
uno de sus compañeros descendió de su vehículo alzando los brazos. Vio que lo
hincaron: “Dijo que estaba desarmado y le dieron un balazo en la cabeza”.
Observó
además a otro policía golpear a una mujer: ésta les gritaba que estaba
embarazada. “Ellos le decían: ¡Cállate, hija de tu puta madre o te vamos a
matar! Y le dieron patadas, cachetadas, la arrastraron hasta los portales donde
está la zapatería Tres Hermanos”, narra en su testimonio.
En
esos portales concentraron a los arrestados, a quienes siguieron golpeando y
despojaron de sus pertenencias. Varios de los que acudieron a la vendimia de
Reyes tampoco se salvaron.
Artemio,
ya sometido en los portales, se percató del tamaño del operativo. “Escuchábamos
gente llorar, mujeres, hombres, niños que se quejaban, estaban heridos
–describe–. Oímos unos disparos y ya no volvimos a oír las voces de los niños”.
También
se dio cuenta de que los federales detuvieron a 11 hombres y mujeres que
compraban juguetes y se los llevaron en un camión.
Constató
que después un mando federal le reclamó a un subordinado: “¿Dónde está el
camión que te pedí?” Éste respondió: “Ya vino y tú dijiste que 11 personas y se
las llevaron”. Lo increpó: “¡Hijo de tu pinche madre! ¡¿No te dije que era para
estos pendejos?!”, y señaló a los sometidos.
A
Artemio y a su grupo los remitieron a la delegación de la Procuraduría General
de la República en Morelia, y de ahí a un penal en Tepic, Nayarit. No sucedió
así con esas 11 personas subidas al camión, las cuales “nunca aparecieron
detenidas en Morelia ni en la prisión de Nayarit”, advierte Artemio.
Los
que sí aparecieron en la cárcel fueron el taquero y su hijo, a quienes los
agentes de la PF detuvieron en la tienda Novedades Jackeline. El taquero dijo
que lo arrestaron junto con “dos taxistas, un albañil, un señor que vende
periódicos y su trabajador”.
Otros
civiles cruzaron el jardín y se escondieron en la azotea del edificio Béjar, de
donde los policías los bajaron a punta de pistola. Sierra y un vecino vieron
más de 10 cuerpos tirados en el lugar. “Eran personas heridas y otras no se
movían”, dice el segundo.
Grupo
de rescate
Amaneció
con un cielo grisáceo. Manchas de sangre en el pavimento y en las paredes del
Palacio y una treintena de camionetas tiroteadas era lo que quedaba de la noche
anterior.
A
las 07:20 horas una decena de camionetas y grúas federales se llevaron los
vehículos incautados por avenida Constitución hacia el corralón.
Mientras,
sobrevivientes y familiares de los detenidos, y jóvenes jornaleros que dejaron
su faena para apoyarlos, se reagruparon en la glorieta de Apatzingán, en la
salida de esta ciudad hacia Chandio, para rescatar a heridos y arrestados.
Alguien informó que una caravana de la PF salía del jardín central. Alguien más
dijo que ahí llevaban a compañeros detenidos y, peor, heridos que gritaban
pidiendo auxilio.
Personas
de distintas edades, armadas con palos, subieron a camionetas y trataron de
alcanzar a la caravana de la PF.
Cerca
del cruce de Constitución y Plutarco Elías Calles un vecino barría su banqueta.
A las 07:45 horas miró la caravana de la PF avanzar con lentitud y detenerse al
cruzar Plutarco. Vio después que se aproximaban cuatro camionetas con civiles
“muy enojados, con palos, no traían armas, y llegaron a la última camioneta
federal y le dieron palo y tronaron los vidrios”.
Un
uniformado profirió: “¡Ora sí se los llevó la chingada!”
Los
federales dispararon.
Y
se inició la segunda matanza.
El
tiroteo duró 20 minutos. La avanzada de los civiles se detuvo ante las
descargas. En punta quedó una camioneta blanca con siete muchachos, menores de
20 años, armados con palos.
Metros
atrás se detuvo la camioneta negra de Miguel Madrigal, uno de los operadores de
Los Viagra en Apatzingán. Iba con su familia.
En
medio de la acometida irrumpió una camioneta roja con más muchachos. La
copiloto, una joven de 17 años, grabó con su celular durante 37 segundos la
marejada de civiles con palos que primero corría hacia las patrullas y luego
retrocedía huyendo de los tiros. Al ser atacados, ella y sus compañeros salieron
del vehículo y escaparon a gatas.
Al
mismo tiempo, uno de los muchachos que viajaban en la camioneta blanca que iba
a la vanguardia descendió veloz. Reaccionó de inmediato: “Levanté las manos
para que vieran que íbamos desarmados y comenzaron a disparar”. Un disparo de
los federales le dio en el hombro izquierdo. Él y otro de sus compañeros se
metieron debajo de la camioneta. Se fingieron muertos. Desde su escondite el
muchacho escuchó: “Esos güeyes están heridos, hay que rematarlos”. La ráfaga
traspasó una pierna y la cadera de su acompañante.
Las
balas perforaban las carrocerías de las camionetas, reventaban sus neumáticos,
hacían estallar sus vidrios.
Asustados,
los vecinos atisbaban. Uno de ellos escuchó a un policía federal ordenar:
“¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Se asomó por la ventana y miró a cuatro muchachos
guarecidos en la caja de la camioneta blanca.
“De
la camioneta iban saliendo y les iban disparando”, cuenta. “Vi a tres personas
tiradas y una se movía y no la auxiliaban ni nada”.
Una
adolescente que viajaba en esa camioneta blanca quedó tirada en el suelo,
herida.
La
PF no pidió ambulancias pese a que en la misma avenida Constitución, a un
kilómetro, está el Hospital General Ramón Ponce.
Desde
su ventana una vecina observó cómo tres jóvenes heridos se desangraron durante
casi una hora. “Fue muy triste, parecía como si se estuvieran consolando.
Estaban vivos y se tomaban el hombro”, dice.
Un
video en YouTube muestra el momento en que un joven que vestía playera a rayas,
rodeado de dos compañeros, ultimados, en charcos de sangre, mueve el brazo
penosamente, sin ser auxiliado.
Rematados
La
camioneta en la cual viajaba la familia Madrigal quedó frente a una de las
esquinas del cruce de Plutarco y Constitución. Miguel Madrigal descendió con la
playera alzada para probar que estaba desarmado, pero también le dispararon.
En
una grabación de dos horas y 49 minutos de la radiotransmisión del grupo –en
poder de la reportera– se escucha a Madrigal pedir ayuda: “¡Los güeyes no dejan
de tirar! ¡No traigo más que puros palos y mujeres y niños!”
También
se escucha en la grabación la voz del Gordo Coruco ordenar a los guardias
rurales no usar armas: “¡Vayan hacia atrás, arrastraditos! ¡Sálganse!” Y otra
voz que alertó: “¡Acá nos están tirando! ¡No se pueden salir los compañeros,
nos están tirando los federales!”
Un
vecino de la calle Plutarco Elías Calles miró cuando el hijo de Madrigal
intentó contraatacar con una pistola. “Una pistolilla que tenía cinco, seis
tiros”, dice. Su detonación fue insignificante ante las poderosas descargas de
los rifles de asalto. No obstante, hirió a un federal.
La
arremetida en su contra hizo que la familia se acostara apretujada sobre el
pavimento; los hombres cubriendo con sus cuerpos a su hijo y a la hermana de
Miguel Madrigal. El vecino presenció la escena durante 20 minutos: “Gritaban
las muchachas: ‘¡No tiren, estamos desarmados!’ Y luego lloraban y luego
gritaban”.
Los
policías federales se acercaron a la familia que estaba tirada en el suelo:
“Como unos ocho o 10, desde la esquina. ¡Y así los agarraron para abajo!”.
Precisa el vecino: “¡Los masacraron! ¡Los hicieron pedazos!”
La
familia quedó abrazada, con múltiples perforaciones de bala, recostada sobre
palos y restos de carne desgarrada. Un disparo a corta distancia hizo estallar
la cabeza de Madrigal.
Los
federales se dirigieron entonces a las camionetas donde se resguardaban otros
civiles.
Cuenta
un ciclista que atestiguó el ataque a cuadra y media: “Los federales empezaron
a bajar a los civiles de las camionetas, a arrodillarlos con las manos en alto
y así les estuvieron disparando, como a tres, cuatro”.
Otro
testigo a su vez vio que los federales “levantaron un cuerpo y se lo llevaron
en su camioneta”. Se trataba de un hombre “con sudadera con rayas entre
moradita y negra”.
Poco
después de las 08:00 horas los médicos del hospital Ramón Ponce recibieron el
cuerpo de un veinteañero con un balazo en el pecho. Quedó en calidad de
desconocido.
Un
puñado de guardias rurales se atrevió a incursionar en dos camionetas para
rescatar a la gente atrincherada en la balacera. Sacaron a otro muchacho con un
balazo en el pecho, refugiado en un restaurante. Un video de 15 segundos captó
al joven delgado sobre el piso, con la playera ensangrentada, que extiende los
brazos para que lo levanten y trasladen a una camioneta.
Los
rurales dejaron a este joven y a otro más con la rodilla despedazada en la
banqueta del hospital, sin que el personal del mismo se percatara de ello, por
lo que no ingresaron al nosocomio. Uno de los civiles que lo rescató advierte:
“Pudo ser que la federal los haya recogido”. Se ignora su destino.
La
balacera terminó. Los policías federales alteraron la escena. En videos y
fotografías se ve a los muchachos ultimados de la camioneta blanca en distintas
posiciones y distancias. “Las armas que aparecen ahí las pusieron los
federales”, cuenta uno de los sobrevivientes.
Los
federales sacaron a los dos muchachos escondidos debajo de la camioneta blanca.
Descubrieron que el del hombro baleado vivía. Un federal le recargó su bota en
la herida y le acercó su rifle a la cabeza. “(Los vecinos) están grabando”, lo
alertó otro uniformado, por lo cual detuvo su acción.
Llegó
Protección Civil y socorrió a los heridos. Los policías federales se grabaron
ayudando a subirlos a la camilla y así lo difundieron.
Cuatro
personas fueron hospitalizadas en el Ramón Ponce. Uno era un muchacho de 18
años con la pelvis, la vejiga y el recto destrozados. Lo operaron de urgencia.
Las heridas eran boquetes. Por uno de ellos los médicos palparon su columna
vertebral hecha añicos.
Otro
de los heridos tenía 17 años. Llegó con el abdomen y la cabeza tiroteados. Un
miembro del hospital valoró que recibió un “tiro de gracia que le afectó su
cerebro”.
Los
médicos observaron que las heridas de las víctimas presentaban “tatuaje”, es
decir el sello quemante de la pólvora en la piel cuando el disparo se hace a
“una distancia de 10 a 20 centímetros”.
A
las 13:00 horas el director del hospital, Carlos Torres Vega, intentó trasladar
a los heridos a Morelia. La PF se lo impidió.
“Los
federales no dejaron salir a los muchachos, aun cuando no estaban en calidad de
detenidos”, cuenta Torres a la reportera. Siete horas después se lo
autorizaron. Trasladaron primero al herido de la pelvis. Debido a la espera
“sangró muchísimo y cuando llegamos a la caseta, falleció”.
Tras
los dos ataques, los familiares de las víctimas empezaron a buscar a los suyos.
En el Ramón Ponce el personal se extrañó al saber que un número indeterminado
de heridos fue trasladado a los hospitales civiles de Morelia y de Uruapan, que
están aproximadamente a dos horas y media de Apatzingán.
Los
médicos atestiguaron además que en la clínica irrumpieron madres de niñas
heridas en la madrugada a quienes presuntamente se habían llevado los
federales. Decían que eran dos o tres, una de ellas de dos años. Un trabajador
del hospital narra: “Unas mujeres entraron llorando, gritando que sus hijas
estaban heridas y no las encontraban”.
Al
Semefo de Apatzingán no se trasladó ningún cadáver. Un trabajador aseguró que
había instrucciones de no llevar los cuerpos a sus instalaciones “porque eran
bastantes” y sólo tenían capacidad “para 10”.
Tres
actas de defunción prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de
tres horas: el de Luis Alberto Lara Belmonte, de 20 años, con “laceración en
ambos pulmones y traumatismo torácico”, lo llevaron al Semefo de Lázaro
Cárdenas; el de Luis Gerardo Barajas Rodríguez, de 18 años, quien murió “por la
penetración de múltiples proyectiles de arma de fuego” en abdomen, lo
trasladaron a Zamora; y el de Guillermo Gallegos Madrigal, de 20 años, que
falleció por “penetración de un proyectil de arma de fuego a cráneo”, lo
canalizaron al Semefo de Morelia.
La
explicación de Castillo
El
12 de enero Castillo aseguró en conferencia de prensa que la madrugada del 6 de
enero se desalojó a hombres armados que tomaron el Palacio Municipal de
Apatzingán. Afirmó que la policía detuvo a 44 por asociación delictuosa y
portación de armas de fuego: 13 armas largas y una granada. Hubo un
atropellado.
Los
rurales, por su parte, afirman que de los 44 detenidos, 25 eran del G-250 y 19
eran personas ajenas a la protesta, entre ellas la mujer embarazada y una
muchacha con retraso mental.
El
14 de enero el juez de Uruapan Jorge Wong Aceituno ordenó la “inmediata
libertad”, por falta de elementos, de 43 de los detenidos.
En
la boleta de libertad de la causa penal 3/2015-I –de la cual tiene copia la
reportera–, se les exonera de los delitos de “portación de arma de fuego
exclusiva del ejército, armada o fuerza aérea” y de “asociación delictuosa”.
Sólo
un integrante de la Fuerza Rural que estaba de guardia y acudió en apoyo de su
grupo con su arma larga sigue preso y está en proceso de ser liberado.
Sobre
el segundo ataque, Castillo agregó que a las 07:45 horas, hombres armados
emboscaron una caravana de la Policía Federal para quitarles vehículos
incautados. Hubo ocho muertos por “fuego amigo” disparado desde una camioneta
roja. Negó que hubiera ejecuciones extrajudiciales. “Esto es por un tema de
fuego cruzado”, afirmó.
El
22 de enero Castillo fue reemplazado por el general Felipe Gurrola. Al
comandante Fausto Arenas de la PF de Apatzingán se le comisionó a Guerrero.
Hasta
hoy sigue sin modificarse la versión oficial y sin abrirse una investigación
del caso.
La
reportera solicitó a Castillo una entrevista. No hubo respuesta.
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