Tlatlaya
de nuevo/FA
- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió una nota informativa relacionada con "la versión publicada en algunos medios" en la que rechazó que el secretario de gobierno del dicha entidad, José Sergio Manzur Quiroga, haya dicho que "mandos de la Sedena retrasaron el arribo de autoridades a Tlatalaya". (el comunicado oficial dice que sí...pero habrá que pedir la versión estenográfica).
Publicado en La Otra Opinión, 16 de abril de 2015
Esta
vez la nota en el polémico caso Tlatlaya-
causa penal 81/2014- la dio el
secretario de Gobierno del Estado de México José Manzur Quiroga al afirmar ante
legisladores que llegaron tarde al lugar
de los hechos porque un general así se los lo pidió.
Los
hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana, pero las autoridades
arribaron al lugar hasta las doce horas de aquel día.. “Estos hechos sucedieron
a las 6 de la mañana del lunes 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro
Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México y “el personal de la
Procuraduría tuvo oportunidad de ingresar a las bodegas a las 12 del día; esto
quiere decir que entre el momento en qué sucedieron los hechos y la
Procuraduría tuvo la oportunidad de estar en el lugar pasaron 6 horas”, afirmó
el secretario de gobierno.
¡Increíble!
Reveló
a una comisión de legisladores -de
derechos humanos que preside Heriberto Galindo (PRI)- que en la tragedia de
Tlatlaya, la Procuraduría General de Justicia estatal llegó seis horas tarde,
porque así se sugirió desde la zona militar, el mismísimo comandante de la 22
zona Militar José Luis Sánchez León. “Me
volví a comunicar con el general y nos
dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía
estaba más o menos obscuro. “Y que había por ahí alguna posibilidad de que
hubiese más personas en el trayecto de Toluca hacía Tlatlaya y que pudieran
tener algún riesgo el personal de la Procuraduría”, dijo.
Pero
días después, el 8 de julio, un
reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press–firmado
desde San Pedro del Limón, Tlatlaya–planteó serias dudas de los hechos
lamentables.
Reporteros
de la agencia estadounidense sugirieron que los orificios y las manchas de
sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento sino de
una sanguinaria ejecución por parte del Ejército. Las manchas de sangre y los
orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas tres días
después del tiroteo plantearon interrogantes acerca de si todos los sospechosos
murieron en el enfrentamiento o después de que terminara.
Un
testigo anónimo entrevistado dijo que oyó disparos y golpes durante casi dos
horas la madrugada del 30 de junio. Después de que se silenciaron los disparos
observó a los soldados merodeando en los cerros.
Ante
ello varias óneges, como Human Rights Watch pidieron al gobierno “una
investigación imparcial y efectiva”.
Aun
con esa presión el asunto se manejó de bajo perfil, nadie dijo nada, salvo
algunas excepciones .
Sin
embargo, semanas después un reportaje de la revista Esquire– firmada por Pablo
Ferri Tórtola –difundido el miércoles 17 de septiembre llevó que el
Departamento de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una
“explicación creíble” acerca de los hechos.
La
frase de Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue
contundente: “Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento
a este caso”.
Declaró
según reportó el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, que
“como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza
letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las
circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas
investigaciones”.
Esa
declaración ocurrió justo a una horas de que el Presidente de México arribará a
de Nueva york a una gira de trabajo.
¿Qué
publico Ferri Tórtola?
Consiguió
la versión de una testigo presencial de los hechos de nombre “Julia“: “Julia
—su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por
Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los
presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el
enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma
Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:
“Ellos
(los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les
perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos,
hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares
cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron,
definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y
los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y
ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en
hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se
escuchaban los quejidos”.
¡La
declaración fue dura! Además el reportaje se difundió simultáneamente en varios
medios.
Ante
la presión que generó el reportaje y los comentarios adversos, sobretodo a la
institución castrense se emitieron un par de comunicados, la Sedena dijo el 19
de septiembre:
“Esta
Dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo,
pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados conducirnos
con pleno respeto a los derechos de las personas. La Secretaría de la Defensa
Nacional, prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente
esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este
acontecimiento.“
Por
su parte la PGR hizo lo propio –Boletín 164/14, dijo:
“La seriedad con que ésta administración toma
en cuenta, tanto la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de
búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para
llegar a la verdad.
La
PGR tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta
tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Nuestra
responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron
a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos.“
Y
el lunes 22 de septiembre el Presidente Enrique Peña se vio obligado a emitir
un breve posicionamiento. Le dijo por cierto a la agencia AP en las afueras de
la ONU que “la PGR está ahondando en la investigación y será la instancia que
dé respuesta a este tema".
Ante
la presión, días después se detuvieron a ocho militares, de bajo rango.
En
efecto, el jueves 26 de septiembre , ocho elementos del Ejército Mexicano–un
oficial y siete de tropa– que
participaron en el enfrentamiento fueron conducidos al Juzgado 6° del Campo
Militar Número 1-A en calidad de presentados. La detención ocurrió casi tres
meses después de los hechos lamentables.
La
Justicia militar los acusa, de acuerdo al comunicado de la Sedena por “la
comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e
infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el
caso del personal de tropa”.
Pero
afortunadamente el comunicado dice que el personal castrense deberá responder
ante la justicia militar por las faltas señaladas, “independientemente de las
investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su
competencia en el referido acontecimiento”. Es decir la PGR.
Ese
mismo jueves 25 de septiembre las cosas empezaron a tomar un nuevo cauce.
En
efecto, el Procurador General de la Republica –Jesús Murillo Karam- compareció
ante legisladores de las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de
Investigación de Contratos de Pemex en el marco del informe de gobierno. Las
interrogantes fueron varias. Una de ellas fue de la joven diputada Lilia Aguilar Gil, de la
bancada de PT, quien preguntó directo: “Señor Procurador ¿Cuánto tiempo cree
usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de
21 personas cuando en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a
persecuciones que parecieran más importantes. No hablaría de justicia
selectiva, por no utilizar un término ya usado en este espacio, sino diría
investigaciones, unas más rápidas y otras menos importantes?
Agregó
la legisladora de Ojinaga Chihuahua, haciendo referencia a Human Rights Watch
que en lo que va de este gobierno 628 civiles han muerto en enfrentamientos con
militares.
La
respuesta del procurador fue directa. De entrada señaló que el asunto fue
atraído por la PGR, y al que considero como “un asunto bastante complejo en el
que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual sea.“
Y
aprovechó para pedir tiempo “Me tienen que dar el tiempo que necesito para
poder hacer peritajes“ Dijo que necesitaba “una ampliación del dictamen de
criminalística, un dictamen de trayectorias de impactos y de vehículos, una
ampliación de necropsias para el establecimiento de tiempo y modo de muerte,
posición víctima-victimario para determinar trayectorias, reconstrucción de
hechos, ampliar y recabar muestra hemática para confrontación de ADN, mecánica
de lesiones y una cantidad mayor de investigaciones para determinar con
precisión cuál es la verdad.“
Y
fue muy claro al decir a los legisladores “sería un gravísimo error que sin
tener todos los elementos yo planteara una definición. El papel fundamental de
una autoridad de este tipo es ser seria. En el momento en que la tenga, eso sí
me comprometo, será la verdad la que salga.“
Comunicado
del martes 30 de septiembre
Inconsistencias:
hubo enfrentamientos y también homicidio de 3 militares
Y
bueno días después, la tarde del martes 30 de septiembre el Procurador concluye
en una comunicado emitido, por cierto a un lado del Procurador de Justicia
militar lo siguiente:
“La Secretaría de la Defensa Nacional y la
Procuraduría General de la República, desde prácticamente el principio
iniciaron una serie de investigaciones en razón de que la propia Secretaría de
la Defensa había detectado algunas inconsistencias en cuanto a la aplicación de
los protocolos de actuación: una sola camioneta en lugar de dos, un grupo
reducido. Iniciamos en consecuencia, a partir de entonces, una investigación
que después al poco tiempo, en razón de los datos recabados, se convirtió en
averiguación previa para estudiar y analizar las inconsistencias que entonces
veíamos y los hechos que hoy podemos plantear.
Realizamos
una serie de pruebas periciales; hemos hecho una serie de diligencias y de
interrogatorios en los que nos queda claro que en un primer momento,
efectivamente, como lo señalan prácticamente todos los participantes que pueden
declarar, hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de
delincuentes, hoy podemos decirlo con toda claridad, que se encontraban al
interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos. Sin
embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos
militares, uno se quedó afuera porque estaba herido, el Teniente porque lo
estaba asistiendo, el chofer, porque él lo era, y los otros tres entraron y
realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna.
Ante ello, quiero decirles que la PGR, ha tomado la determinación de culminar
la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres
participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido
detectar, independientemente de que ya la Sedena les está siguiendo los proceso
militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley
Militar, a la de disciplina y desobediencia.
Independientemente
de esas, la PGR el día de mañana – 1 de octubre, 4 meses después de los hechos–
presentará acusación y solicitud de orden de aprehensión al juez para que se
les juzgue a estos tres por homicidio y a los otros por las razones que
pudieran aparecer tanto en el Código Militar, como las que nos dé el Código
Penal en razón de su actividad.“
Agrega
el procurador en el boletín número 175/14:
“Esta
información la quisimos señalar con toda claridad, porque los ocho
participantes están detenidos en las instalaciones militares correspondientes y
en consecuencia podemos hablar de una averiguación que está culminando y que
estaremos consignando cuando tengamos completos todos los periciales, pero que
con lo que ya tenemos, tenemos suficiente para poder determinar el exceso de la
fuerza y la tipificación del delito de homicidio, esto es creo que suficiente y
claro...
Han habido más reuniones en San Lázaro sobre el
tema.
El
pasado jueves 19 de marzo de 2015 se realizó
una audiencia pública con varias
organizaciones de la sociedad civil interesadas en el desarrollo del caso.
El
grupo de trabajo plural para coadyuvar con las autoridades competentes en la
investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de
México, el 30 de junio de 2014, se reunió con organizaciones de la sociedad
civil e integrantes de la academia; participaron también un representante de la
PGR y un Comisionado de Atención a
Víctimas.
El
objetivo del encuentro fue conocer sus perspectivas y propuestas, a fin de
contar con una visión independiente para esclarecer el caso, así como prevenir,
investigar, sancionar y garantizar la no repetición de este tipo de hechos.
La
coordinadora del grupo Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), señaló que esta
audiencia pública es fundamental ya que en la información recabada se advierten
actos de suma gravedad, y destacó las 22 personas privadas de la vida, de entre
las cuales al menos 15 pudieron haber sido víctimas de ejecución arbitraria,
pero también en casos de tortura y de tortura sexual, de encubrimiento y de
delitos de abuso de autoridad.
Desafortunadamente,
agregó, existen indicios de faltas contra el debido proceso y actuaciones
controvertidas en cuanto a la obligación de dar máxima publicidad a la
información sobre violaciones a derechos humanos. “La consecuencia es que en la
práctica se imponen obstáculos a las víctimas para ver satisfechos sus derechos
a la verdad y la reparación”.
La
legisladora perredista reconoció que el papel del Ejército es un tema difícil
de tratar y que el grupo de trabajo tuvo dificultades para acceder a la
información sobre el caso; aclaró que aunque el papel del grupo de trabajo no
es de investigador, el propósito es construir una opinión para compartir con el
Pleno.
Puntualizó
que nuestro país tiene ciertos pendientes como resolver el tema de la seguridad
que no es una tarea del Ejército y en materia legislativa, se requiere
tipificar el delito de las ejecuciones extraoficiales, desapariciones forzadas
y la transparencia de la información, así como la cadena de mando.
Por
ello, precisó que el objetivo de esta audiencia es conocer las perspectivas,
los elementos de análisis y las propuestas de organizaciones y personas
expertas, a fin de que este grupo de trabajo cuente con una visión
independiente para el esclarecimiento del caso, y la elaboración de acciones legislativas
tanto iniciativas como solicitudes y proposiciones.
Enfatizó
la necesidad de “tipificar el delito de ejecución extrajudicial”, para evitar
hechos como los de Ayotzinapa, Guerrero, en referencia a la desaparición y, de
acuerdo a las autoridades, asesinato de 43 estudiantes normalistas.
Manifestó
su confianza de que la nueva titular de la PGR, Arely Gómez González,
contribuya al esclarecimiento pleno del caso.
El
tema ha seguido, y con esta declaración de los funcionaros del estado de México
de este jueves 16 de abril toma nuevo aire..
Hay muchas preguntas sin respuestas, todavía.
Recomiendo
un texto de mi autoría en La Silla Rota sobre el caso,
http://lasillarota.com/tlatlaya#.VTBGsE10yUk
Al margen…
Al término de la comparecencia de funcionarios del estado de México ante la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre el caso Tlatlaya,
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió una nota informativa
relacionada con "la versión publicada en algunos medios" en la que
rechazó que el secretario de gobierno del dicha entidad, José Sergio Manzur
Quiroga, haya dicho que "mandos de la Sedena retrasaron el arribo de
autoridades a Tlatalaya".
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