Insiste la CIDH en acceder al 27 batallón de infantería

Insisten expertos de la CIDH en acceder al 27 batallón de infantería

En su tercer reporte advierten sobre tortura denunciada por presuntos responsables

Blanche Petrich, reportera.

Periódico La Jornada, Martes 12 de mayo de 2015, p. 3

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

 Consideran que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de los hechos la noche del pasado 26 de septiembre.

 Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad a dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre el grave riesgo de impunidad que podrían entrañar las referencias recabadas por la delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos responsables detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, señalados por la PGR.

 En nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron ayer en conferencia de prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento.

 Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares internacionales. Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco ciudades diferentes, donde son procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima seguridad: Altiplano estado de México), Tepic (Nayarit) y Puente Grande (Jalisco).

 Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI.

 Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ‘‘obviamente es parte de lo que se deberá investigar’’.

‘‘Nos torturaron’’

Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número lamentablemente alto’’ refirieron haber sufrido tortura. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad. ‘‘El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental’’ ya que, de confirmarse, tendría ‘‘consecuencias legales y un impacto muy negativo’’.

Beristain agregó: ‘‘Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy bien’’. Añadió que ‘‘serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias tienen confiabilidad y qué es lo que hay que hacer’’.

Los expertos indicaron que en esta tercera etapa se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, en más de 10 escenarios y momentos, con lo que tienen ya ‘‘mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques a los seis autobuses y otros vehículos’’.

Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero además, deben incluirse otros ilícitos graves como tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural de Ayotzinapa desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos que aún permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.

Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados’’.

Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, los expertos de la CIDH mencionaron que en el caso del joven que quedó en estado de coma, Aldo Gutiérrez, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres a obtener ‘‘una rápida segunda opinión’’ médica sobre sus posibilidades de recuperación. Esto último sigue pendiente.

En cuanto a la reactivación de las expediciones de búsqueda, informaron que el pasado 5 de mayo se realizó, por la mediación del GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y un numeroso grupo de familiares de los 43 desaparecidos, en la que se acordó reiniciar esas tareas e incorporar a los padres en ellas.

Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará ‘‘hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos’’.

Unificación del expediente

Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y el estado de Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta seguridad (Tepic, Puente Grande y el Altiplano).

Apuntan que, de no unificarse la investigación sobre lo anterior, podría perderse ‘‘la visión integral de los hechos’’ y se corre el riesgo de ‘‘pérdida de evidencia para los acontecimientos conexos”.

Insistieron: ‘‘Se requiere de una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi’’.
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5 fallas del gobierno mexicano en el caso Iguala, según los expertos de la CIDH
El grupo de expertos independientes acusaron que las autoridades mexicanas han dificultado las entrevistas a elementos del Ejército.
Animal Político, MAYO 11, 2015/Nayeli Roldán (@nayaroldan)
Con base en los testimonios y cruces de información sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHM) concluyeron que las autoridades supieron desde el inicio que los jóvenes detenidos, y posteriormente desaparecidos, eran estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Esto contradice las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR) -como parte de la “verdad histórica”- en la que sostenían que integrantes de “Guerreros Unidos” confundieron a los estudiantes con miembros del grupo opositor “Los Rojos”.
En conferencia de prensa al dar a conocer su tercer informe, los expertos informaron que las autoridades mexicanas han obstaculizado las entrevistas con miembros del 27 batallón del Ejército, que serán indispensables para contrastar los testimonios sobre la participación de los militares.
Las fallas encontradas a siete meses de lo ocurrido es que:
–       Fragmentación de la investigación: Hay más de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco), en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades (Tepic, Jalisco, Altiplano). Por lo que se sugiere unificar la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos.
–       Omisiones para investigar todos los delitos cometidos: tortura, obstrucción a la justicia: Los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, pero también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, 3) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados
–       Falta de atención integral a víctimas: El GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la atención a personas heridas, familiares de personas asesinadas y de los 43 desaparecidos. Entre las sugerencias se incluye: 1) Tener un mapeo completo de las víctimas del caso, que no se ha realizado a 7 meses de los hechos. 2) Dar pasos progresivamente para acercarse a las víctimas y familiares para generar confianza. 3) Hacer una propuesta de atención a las víctimas e informarles de sus derechos de forma personalizada.
–       Falta de atención en salud a los casos graves: Sobre la atención en salud a Aldo Gutiérrez y sus familiares, el acuerdo hecho por los familiares y la Secretaría de Gobernación en presencia del GIEI en cuanto a tener una rápida segunda opinión, está pendiente de cumplimiento.
–       Ineficiente protocolo para la investigación del delito de desaparición forzada: El GIEI hizo recomendaciones sobre el proyecto de “Protocolo Homologado para la investigación del delito de desaparición forzada” de la PGR, para la búsqueda de los desaparecidos sea una prioridad y no secundaria a la investigación de los responsables. El Protocolo debe tener una formulación de objetivos clara y explícita y estar orientado a dar respuesta rápida, coordinada y eficaz en los casos nuevos y en los ya existentes, aplicando criterios de actuación diligente, coordinación entre autoridades e incluyendo un análisis del contexto y modus operandi de los perpetradores para determinar la estrategia de búsqueda, investigación y reparación en estos casos.
A mes y medio de que un grupo de expertos enviados por la CIDH iniciara una investigación independiente sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, integrantes del grupo interdisciplinar de expertos independientes informó que continúa gestionando las entrevistas con el persona militar de Batallón 27.
“Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR; posteriormente se informó que esto  no era posible a través de la Procuraduría, y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa”, indicaron.
Carlos Beristain, integrante del grupo, informó que entrevistará a María de los Ángeles Pineda, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a fin de mes, toda vez que su testimonio aportará elementos para continuar con la búsqueda de la “verdad histórica”.
Claudia Paz, integrante del GEI, exhortó a las autoridades mexicanas a investigar los delitos de desaparición forzada, no de secuestro, y también otros como la tortura, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, así como uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
Entre las recomendaciones de los expertos para continuar con la investigación está “evitar la fragmentación de la investigación”, toda vez que existe “una dispersión tanto de los procesos como de la consignación de presuntos responsables con el caso”, por lo que sugieren que se unifique la investigación para que no se pierda una visión integral de los hecho