Revista
Proceso # 2047, 23 de enero de 2016..
“El Chapo” coquetea con Estados Unidos/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
En
entrevista con este semanario, José
Refugio Rodríguez Núñez –cabeza del equipo de abogados de Joaquín Guzmán
Loera– afirma que el capo ya contrató a un litigante californiano para negociar
su entrega a la justicia estadunidense… entrega condicionada a una reducción de
la pena. De ahí el interés del sinaloense por interponer amparo tras amparo
contra su extradición –necesita tiempo y lo está consiguiendo. Y de ahí,
también, la prisa del gobierno de Enrique Peña Nieto por mandar cuanto antes al
narcotraficante a Estados Unidos.
Joaquín
Guzmán Loera se le puede adelantar de nueva cuenta al gobierno de Enrique Peña
Nieto. La urgencia que el presidente ahora ha expresado para entregarlo a
Estados Unidos puede quedar en nada. De acuerdo con su defensa, El Chapo está
abierto a una negociación con las autoridades estadunidenses.
“Está
abierto a ese escenario”, asegura su abogado José Refugio Rodríguez Núñez en
conversación con Proceso. Esa posibilidad la consideró desde antes de fugarse
del penal del Altiplano, en julio pasado.
Incluso,
de acuerdo con Rodríguez Núñez, desde entonces entró en contacto con un abogado
de California, estado donde una corte federal lo requiere desde 2001 por
tráfico de cocaína.
La
estrategia de la defensa de Guzmán, recapturado el viernes 8, es alargar el
proceso de extradición y ganar tiempo para un eventual acuerdo con Estados
Unidos. Si México autoriza su entrega a la justicia estadunidense, cambian las
reglas del juego y los términos de una posible negociación.
“En el
escenario de la negociación estaría la entrega voluntaria.
Desde su anterior detención lo conversamos”, dice Rodríguez Núñez, encargado
tanto de la defensa penal como de lo relativo al proceso de extradición del
sinaloense.
Guzmán,
quien en abril próximo cumplirá 59 años, podría buscar una reducción de
sentencia a cambio de declararse culpable y de una penalización millonaria,
pero el abogado dice desconocer los términos de la eventual negociación que
estará a cargo del estadunidense.
Al
posible acuerdo de los estadunidenses y el líder del Cártel de Sinaloa se ha
sumado otro despacho de abogados, del cual Rodríguez Núñez evitó dar datos. De
las conversaciones intervenidas a la actriz y empresaria Kate del Castillo con
El Chapo y el otro abogado de éste, Andrés Granados Flores, se desprende que
Joshua L. Dratel, con despacho en Nueva York, estaría dispuesto a defender a
Guzmán Loera de forma gratuita.
Especializado
en juicios y apelaciones penales y civiles, después de las conversaciones
filtradas al diario Milenio, Dratel negó que hubiera ofrecido sus servicios.
Según publicó ese periódico el martes 12, Del Castillo le dijo al Chapo que el
abogado estadunidense aceptó “¡¡¡representarte sin cobro, pro bono!!!”.
Brooklyn
y Manhattan, en Nueva York, son dos de las jurisdicciones estadunidenses donde
Guzmán Loera es requerido por tráfico de drogas. También lo es en Miami,
Florida; El Paso, Texas; Chicago, Illinois; Concord, Nueva Hampshire, y San
Diego, California.
En
su página en internet, el despacho de Dratel dice haber recibido premios
nacionales e internacionales por su solución de destacados casos criminales,
además de haber defendido a clientes de alto perfil y atendido asuntos
sobresalientes que van desde delitos cibernéticos y de negocios hasta
terrorismo y acusaciones relacionadas con drogas. También dice llevar expedientes
de extradición desde y hacia Estados Unidos.
Equipo
de abogados
En
el tema de la extradición de Guzmán, el gobierno de Peña Nieto pasó de la
negativa a la aceptación, luego de que El Chapo lo exhibiera internacionalmente
cuando se fugó del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El
Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015.
En
la primera posición, el entonces titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que Guzmán debería pagar primero su
condena en México y luego podría ser enviado a Estados Unidos. Pero para eso
tendrían que pasar 300 o 400 años, ironizó.
Recapturado
Guzmán, el gobierno peñanietista de inmediato declaró que el narcotraficante
sinaloense podría ser extraditado a Estados Unidos, por lo menos después de un
año, de acuerdo con sus estimaciones del proceso judicial.
El
viernes 22 Peña Nieto dijo ante empresarios y funcionarios reunidos en el Foro
Económico Mundial de Davos, Suiza, que su gobierno quiere extraditar “lo más
pronto posible” a Guzmán Loera. “La indicación que tiene la PGR es trabajar y
acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este
delincuente”.
Durante
su participación en el foro “Una nueva agenda para América Latina”, el mandatario
señaló que para su gobierno la fuga fue “un momento difícil, de tensión… pero
lo más importante es que se logró su reaprehensión” y que México tiene la
intención de entregarlo a Estados Unidos, aunque el proceso depende del Poder
Judicial.
Pero
Guzmán Loera se le podría adelantar y buscar antes un acuerdo con Estados
Unidos, de acuerdo con Rodríguez Núñez, quien el sexenio pasado litigó dos de
los asuntos más controvertidos del gobierno de Felipe Calderón.
Junto
con Raúl Carrancá litigó a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas tras
la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro decretada por
Calderón. Participó también en la defensa de algunos de los acusados del
“michoacanazo”, con el cual el entonces presidente intentó encarcelar a varios
funcionarios y alcaldes perredistas de Michoacán acusados de mantener nexos con
la delincuencia organizada.
Se
sumó a la defensa de Guzmán Loera a las pocas semanas de que el jefe del Cártel
de Sinaloa fue detenido en febrero de 2014, en Mazatlán, Sinaloa. Desde
entonces se ha hecho cargo del grupo de litigantes que lo representa en las
causas penales que se siguen en México en su contra, así como en el proceso de
extradición.
Desde
esa detención, después de 13 años de estar prófugo (en los gobiernos del PAN),
Guzmán Loera tramitó diversos amparos contra su extradición, y luego de su
recaptura logró la suspensión provisional, para evitar ser enviado de manera
inmediata a Estados Unidos.
Ante
la confusión en torno al equipo de los actuales abogados de Guzmán Loera,
Rodríguez Núñez precisa que, además de él, están acreditados ante las
autoridades penitenciarias como sus representantes legales Andrés Granados
Flores y los hermanos Cynthia y Carlos Castillo Castillo. Aclara que Juan Pablo
Badillo Soto, quien ha tramitado los amparos contra la extradición, sí trabaja
para Guzmán, pero ahora no ha tenido acceso a su cliente.
En
cambio, dijo desconocer a Jorge Olmos Fuentes, quien según el responsable de
las prisiones federales, Eduardo Guerrero Durán, aseguró que se había
acreditado como defensor del sinaloense. En entrevistas que dio la semana
pasada, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social aseguró que Olmos Fuentes era el quinto abogado acreditado.
En
esas entrevistas a diversos medios, Guerrero Durán aseguró que Guzmán estaba
deprimido y confirmó que un perro prueba su comida como medida de seguridad
para evitar que sea envenenado. Guzmán, además, es vigilado por perros
entrenados para seguirlo por su olor cuando se desplace en el penal.
Sin
que tuviera esas medidas, luego de su detención en febrero de 2014, Guzmán
nombró a un equipo de siete abogados: Rodríguez Núñez, Granados Flores, Badillo
Soto, Héctor Manuel Rábago Romero, Teresita de Jesús Contreras Espinosa, Óscar
Manuel Gómez Núñez y Carlos Omar Ramón Barajas.
De
todos ellos Guzmán ratificó después de su reaprehensión a Rodríguez y a
Granados. De acuerdo con la PGR, el segundo fue quien sirvió para la recaptura
del Chapo en Los Mochis, Sinaloa.
Según
la PGR, fue el seguimiento a las comunicaciones de Granados con Kate del
Castillo lo que le permitió enterarse de la intención del Chapo de filmar una
película autobiográfica.
Rodríguez
Núñez afirma que Granados Flores no cometió ningún delito, por lo que puede
seguir siendo abogado de Guzmán. Incluso, dice, ha declarado en dos ocasiones
ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) en relación con la fuga, en julio pasado, sin que se le haya
fincado ninguna responsabilidad.
La
primera vez permaneció más de 24 horas en la SEIDO, y la segunda 10 horas, pero
no ha sido acusado de nada, insiste Rodríguez Núñez. La primera vez que declaró
fue en cuanto El Chapo se evadió de El Altiplano, el 11 de julio de 2015.
En
cambio, Óscar Manuel Gómez Núñez está bajo proceso penal: la PGR lo acusa de
haber hecho los pagos para la construcción del túnel. Granados no tuvo nada que
ver con ese hecho y se mantiene en la defensa de Guzmán Loera, contrapone
Rodríguez Núñez.
El
litigante, además, lleva la defensa de su colega Gómez Núñez, y del cuñado de
Guzmán, Édgar Coronel Aispuro, a quien la titular de la PGR, Arely Gómez, acusa
de haber organizado y supervisado la construcción del túnel.
Rodríguez
Núñez niega que su cliente lo haya designado para coordinar la publicación de
su autobiografía.
Información
de inteligencia señala que durante su permanencia en El Altiplano, tras ser
detenido en Mazatlán, El Chapo valoró con sus abogados la publicación de una
autobiografía llamada El ahijado, en la que hablaría de su vida personal y de
su actividad como narcotraficante (Proceso 2038).
Según
esa información, “Benito”, como estuvo identificado Guzmán en su anterior
reclusión en El Altiplano, “mostró interés en la publicación del libro, el cual
lleva como título El ahijado, (en el que) narra los sucesos más relevantes de
su vida”, incluida su anterior detención en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de
2014. Además, tendría “anécdotas, hechos reales, conflictos, alianzas,
rupturas, traiciones, parejas sentimentales, entre otros temas”.
Petición
de Estados Unidos
A
los tres días de su reaprehensión, Guzmán Loera obtuvo de la juez noveno de
Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, María Catalina de
la Rosa Ortega, el inicio a trámite de un amparo para evitar su entrega
inmediata a Estados Unidos.
Su
defensa solicitó el recurso legal con el argumento de que su cliente estaba
además expuesto a maltrato físico, deportación, destierro, incomunicación o
desaparición forzosa.
El
amparo fue tramitado ante el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del
Distrito Federal, que decretó la suspensión de oficio de la extradición pero
desechó los otros alegatos de la defensa.
Enseguida,
el juzgado declinó su competencia y el expediente recayó en el Juzgado Noveno,
cuya titular revalidó la suspensión y admitió a trámite el amparo bajo el
número 47/2016. En una audiencia realizada el 10 de enero en El Altiplano,
Guzmán ratificó la demanda de amparo.
Este
recurso busca combatir la solicitud de extradición tramitada por Estados Unidos
desde 2001, cuando El Chapo se escapó del penal de máxima seguridad de Puente
Grande, Jalisco.
El
expediente de extradición está radicado desde entonces en el Juzgado Tercero de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con el número
3/2001.
La
petición de extradición forma parte de la acusación que hay contra el
sinaloense en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California,
en San Diego, que lo acusa de tráfico de cocaína desde 1996, aunque se le
imputan cargos en otras cuatro entidades de Estados Unidos.
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