¿Es generalizada la tortura en México? En décadas anteriores, se respondía afirmativamente a la anterior pregunta sin asomo de duda. Actualmente cualquier respuesta al mismo cuestionamiento es causa de división; sin embargo, es un hecho que existe en el país.
También es cierto que desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, la población tiene una instancia que la apoya si es víctima de tortura o si se violentan sus derechos, lo que hace más visibles los casos.
El año pasado hubo un choque de declaraciones entre el Relator Especial de Tortura de la ONU, Juan Méndez, y el gobierno mexicano luego de que el primero aseguró que la tortura era una práctica generalizada en el país.
Ayer se conoció un video en el que dos elementos del Ejército y otro de la Policía Federal agreden física y verbalmente a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. Le colocaron una playera en la cabeza, cortaron cartucho y colocaron el arma de fuego en la cabeza de la joven, después le ataron las manos y le pusieron una bolsa de plástico en el rostro para intentar asfixiarla al tiempo que le preguntaban: “¿Quién es María? ¿No me vas a decir? Dime y no te mato”. ¿Son esas las técnicas interrogatorias de los elementos federales?
La participación del Ejército en tareas de seguridad desató desde el sexenio pasado quejas por violaciones y abusos. Ante los señalamientos, la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó que sus elementos recibieran capacitación en el respeto a los derechos humanos; las quejas fueron a la baja. La salida de elementos militares de tareas de seguridad pública es aún tarea pendiente. La profesionalización de corporaciones policiacas estatales para atender los problemas de inseguridad todavía está incompleta y necesita acelerarse para que los militares vuelvan a su espacio natural, los cuarteles.
El caso que se reveló ayer ocurrió en febrero de 2015 y la Defensa reconoció que se enteró 10 meses después, en diciembre pasado; en enero dio vista a la PGR, donde desde el 11 de enero se les dictó auto de formal prisión para quedar a disposición del juez Quinto Militar. Un caso no puede marcar a una institución como el Ejército, pero una sola prueba de tortura es suficiente para redoblar acciones contra ella y castigar a responsables.
La demanda al Estado mexicano es la urgente necesidad de profesionalizar los interrogatorios, además de castigar los casos de tortura y no tolerarlos. La observación internacional, aunque puede incomodar, debe servir para demostrar el compromiso con el respeto al debido proceso y avanzar hacia una mejor impartición de justicia
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