El presidente de la Cámara de Diputados,
Jesús Zambrano Grijalva, solicitó este miércoles 22 de junio, al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza
la facultad que le confiere la Constitución y observe la Ley General de
Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), en particular los artículos 29
y 32.
El
diputado presidente hizo la solicitud en un escrito que envió este miércoles al
Ejecutivo federal.
Pide
que Peña Nieto “ejerza la facultad que le confiere el artículo 72, apartados A,
B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observe la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular los artículos
29 y 32”.
Esos
apartados de la Constitución se refieren a la facultad del Ejecutivo federal de
publicar los documentos aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores, así
como la posibilidad de que los regrese de manera íntegra o sólo alguna parte de
éstos.
El
Congreso de la Unión aprobó la semana pasada esa ley, en el marco de las normas
que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y los dos artículos
mencionados generaron polémica porque no corresponden a lo establecido en la
iniciativa ciudadana que impulsa la también llamada Ley 3 de 3.
En
el artículo 29 se establece que “las declaraciones patrimoniales y de interés
serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o
los datos personales protegidos por la Constitución”, lo que es cuestionado por
quienes plantean la necesidad de que la difusión sea sin restricciones.
El
artículo 32 señala que deben presentar declaración patrimonial y de intereses
los servidores públicos, pero también cualquier persona física o moral que
reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes
públicos, de la federación, entidades o municipios, así como sus empleados.
Zambrano
Grijalva precisó que el artículo 29 “no incorpora los elementos de la
iniciativa ciudadana, denominada Ley 3 de 3”, en relación a las obligaciones de
los servidores públicos.
“Se
incorporaron preceptos que destruyeron por completo el espíritu de la Ley
ciudadana”, añadió.
Sostiene
que los artículos 29 y 32 imponen a personas físicas y morales una obligación
destinada a los servidores públicos.
“De
publicarse las normas crearían un temor en la sociedad, en virtud de la
desconfianza que implica dar información privada en relación al patrimonio”,
apuntó.
También
comentó que de existir un error en el llenado del formato de manera
involuntaria, sujetaría a la persona a una responsabilidad administrativa y/o
penal, toda vez que la información que se proporcione sería bajo protesta de
decir verdad ante autoridad administrativa.
Asimismo,
“como está redactado el artículo 32 de la Ley, afectaría a millones de personas
beneficiarias de programas sociales como PROSPERA, PROAGRO; los pensionados del
IMSS, ISSSTE, PEMEX, así como becarios de CONACYT, entre otros, que reciben
recursos públicos”, aseveró Zambrano Grijalva.
Al
final de su misiva, reiteró al Presidente de la República la necesidad de que
observe esos artículos “en virtud de que la norma es incompleta, oscura,
imprecisa y confusa, que no genera los instrumentos institucionales necesarios
para combatir la corrupción”.
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