Palabras del Ministro Luis María Aguilar Morales.. El plazo llega a su fin.

“Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación”

El próximo 18 de junio entrará en plena vigencia en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Palabras del Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Muy buenas tardes. Muchas gracias.

 Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

 Señores funcionarios; representantes de la sociedad civil y todos lo que nos acompañan en este foro.

 El Foro Nacional de Seguridad y Justicia se ha convertido en un referente crítico y propositivo de la escena jurídico-penal de nuestro país.

 No me cabe duda que dentro de este foro no debe omitirse el tema del nuevo Sistema de Justicia Penal, que está a escasos días, si no es que a horas de entrar en vigor en todo el territorio de nuestro país.

 Creo también que este nuevo sistema debe ser objeto de disección y análisis en las jornadas por venir, a cuyo desenvolvimiento y conclusiones hemos de estar muy atentos, para que las experiencias enriquezcan y se apliquen en el ámbito de nuestras responsabilidades y competencias.

 Desde el año 2008, los tres Poderes de las Unión y las entidades de la República están comprometidas ante el pueblo de México para cumplir con las disposiciones del Constituyente Permanente para dar comienzo y culminar una revolución procesal sin precedente ni punto de comparación en toda la historia jurídica de nuestro país.

 El plazo llega a su fin. Y hemos dado los pasos necesarios en la justicia Federal para modificar una inercia poco satisfactoria de un paradigma y una instrumentación de justicia penal que ya no ha podido poner énfasis en la atención de las necesidades de seguridad y justicia en el marco moderno del ejercicio y respeto de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, en cuestiones tan sensibles como la justicia pronta y completa, así como lograr el equilibrio de derechos y potestades de la víctima y el acusado, dentro del proceso o la restricción máxima de la prisión preventiva.

 Todas estas cuestiones significaban ya problemáticas estructurales que requerían soluciones de la misma envergadura.

 Las labores que hemos desarrollado en la justicia Federal en estos últimos ocho años, y especialmente en este año y medio reciente, han sentado las bases para ellos, en múltiples aspectos, que han llevado al Consejo de la Judicatura Federal en pleno a crear una estructura física y humana para satisfacer la nueva justicia penal Federal. Y por ello, me permito anunciarles que ya contamos con centros de justicia penal Federal en todas y cada una de las entidades federativas y juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas.

 Hoy, en 28 entidades ya están en funcionamiento salas de Justicia Penal Federal que suman, en esas 28 entidades, 31 centros con jueces especializados y seleccionados. Y en las cuatro entidades de la República restantes, que son Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas estamos a punto de la puesta en funcionamiento, que será no el 17, sino el 14 de junio, dentro de una semana, para que abran sus puertas seis centros más ubicados en esas cuatro entidades, además de la Centro de Justicia Penal en las Islas Marías, que también corresponde a la jurisdicción Federal.

 Desde luego, están designados para atenderlos 118 Jueces de Distrito, que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación.

 Con ello, no sólo hemos cumplido con la ley, sino que, además, hemos evitado e impedido, porque así lo queremos, cualquier influencia en la designación de los jueces que no sea su preparación, su capacidad y, desde luego, haciendo a un lado cualquier posibilidad de nepotismo o de designación indebida.

 Capacitación, además, que se dará de manera continua para elevar siempre el nivel de calidad en la actuación de los juzgadores Federales.

 Los resultados de estos esfuerzos están a la vista y serán materia de análisis en las distintas mesas de trabajo que tendrán lugar a continuación, por lo que de momento no me detengo mayormente en ellos.

 Sólo quiero destacar que las poco más de cuatro mil causas judicializadas hasta la fecha en el Sistema Penal Federal en tan sólo poco más de un año y medio, han arrojado ya experiencias suficientes como para generar interesantes reflexiones y, en algunos casos, ya las acciones consecuentes.

 Hemos instalado, además, en la página Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un acceso directo en el Semanario Judicial a todos los criterios que ya se han estado sosteniendo en relación con este nuevo Sistema y, además, un capítulo sobre la jurisprudencia relativa por derecho humano protegido y reconocido por nuestra Constitución.

 Las acciones que hemos considerado importantes, son éstas:

 Primera. Que el diálogo entre los diferentes operadores es fundamental para un inicio adecuado y uniforme. Por ese motivo, hemos emprendido una intensa comunicación entre los juzgadores del nuevo sistema y los que ejercen el control constitucional a través del amparo, que se ha visto coronada con un ejercicio inédito de interlocución con los juzgadores, además del fuero de las entidades de la Federación, de manera presencial en cada una de ellas.

Con ello, hemos querido extender la mano de colaboración a los Tribunales Superiores de Justicia de los estados para lo que ha habido, y lo reconozco, una respuesta extraordinaria.

Segundo. La respuesta de los juzgadores Federales en el trámite de las causas que se someten a su decisión, hasta ahora ha sido adecuada, en un contexto en que prácticamente la totalidad de los casos han involucrado flagrancia.

El desafío está en mantener constante el flujo de solución de conflictos de índole penal, una vez que se incrementen los procedimientos, como resultado de las labores de investigación de la policía y del Ministerio Público, labor que, desde luego, los jueces sólo atendemos, pero no realizamos.

Tercera. Hasta ahora, los delitos de las causas judicializadas son, diríamos, de menor entidad, pues casi el 60 por ciento corresponde a delitos relacionados con portación de arma de fuego, mientras que otro 30 se compone de delitos de narcomenudeo federal, narcotráfico, aunque por cantidades de narcóticos bajas y, especialmente, robo de hidrocarburos.

Aquí, quiero hace notar, por ejemplo, que, en las dos salas o centros de justicia, uno en Puebla y otro en Guanajuato, es donde el número de causas es mayor, precisamente, por el robo de hidrocarburos.

Esto tiene notables implicaciones en dos aspectos. Por un lado, que fluyan de manera adecuada los diversos mecanismos alternativos, ya que el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso están cumpliendo su misión, tanto de solución, como a la vez de descongestión del sistema a fin de que el juicio como tal se reserve para un número reducido de casos, como ha sucedido ya.

Por otro lado, la prisión preventiva se ha disminuido hasta poco menos del 20 por ciento en materia federal, y hoy, en el nuevo sistema, menos de uno de cada cinco imputados enfrenta el proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares.

Tema de análisis, es que si ese porcentaje se podrá reducir todavía una vez que empiece a funcionar la Unidad de Medidas Cautelares para el ámbito federal, para que correlativamente el reto sea conservarlo en bajos niveles de prisión preventiva cuando se judicialicen causas con delitos de mayor relevancia, entre ellos los de prisión preventiva, oficiosa, como establece la Constitución y el Código Nacional.

Cuarta. Desde el comienzo nuestros Centros de Justicia Penal Federal y nuestros jueces de Distrito, quiero subrayarlo, están preparados para conocer de todos los delitos del orden federal, incluidos los de delincuencia organizada, que hasta ahora no se han judicializado, ya que tenemos sólo tres causas por delitos de este tipo, uno en Guanajuato, uno en la Ciudad de México y uno en el Estado de México, de más de cuatro mil causas que ya conocen los jueces especializados, lo que impide hasta ahora hacer cualquier evaluación de cómo está reaccionando el nuevo sistema, ya que en sede judicial estos delitos no han sido promovidos.

Quinta. Es indudable que, en esta renovada esfera jurisdiccional, como acto de autoridad, como cualquier otra, las decisiones de los jueces de proceso son un acto de autoridad, la última palabra estará en manos de los jueces de amparo, quienes tienen la alta misión de velar porque todos los postulados constitucionales se cumplan absolutamente con rigor. Así lo ha señalado ahorita don Miguel Carbonell y Alejandro Martí; que los derechos humanos deben respetarse absolutamente. Esa es la labor de los jueces de Amparo.

En sus distintas competencias los jueces de amparo son garantes de que se respeten los derechos reconocidos por nuestra Constitución y, con ello, realmente, se castigue al culpable, mediante el respeto a la presunción de inocencia y que si bien los mecanismos de solución de controversias hagan fluir el sistema, a la vez, no deje de repararse el año, de que cuando se opte por el juicio se busque la verdad mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a pruebas ilícitas.

En suma, están llamados a velar por los intereses de todos los involucrados, destacadamente del imputado y especialmente, creo yo, de la víctima, pero también de los fines de una sociedad que ha apostado por un Estado de derecho y ha depositado esta delicada tarea en los jueces, quienes ahora claramente deciden, de cara a la sociedad, y deben ser evaluados por virtud de las razones y de sus decisiones.

El debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto. Es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país.

El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable. Mientras no existan pruebas licitas que así lo demuestren, los jueces no podrán seguir un camino fácil de condenar a alguien por su propia apariencia.

Es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, lo que no contribuye al interés de lograr un mejor Sistema de Justicia Penal, y haciéndolo, ese juzgamiento de los jueces, sin conocimiento muchas veces directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto, y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que los rigen obligatoriamente.

Reglas construidas sobre las disposiciones de la ley y de la Constitución, y tras largos debates de interpretación, favoreciendo, como lo dice el Artículo Primero, la interpretación más favorable a la persona humana, sustentadas todo, en los principios y derechos reconocidos por nuestra Carta Suprema.

Por supuesto que los jueces no son infalibles. Cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con rigor, porque no aceptamos jueces corruptos o torpes, que indebidamente aplican mal la ley, o que lo hacen en un sentido doloso.

En el tiempo en el que he estado yo al frente del Poder Judicial de la Federación, se han sancionado a tres Magistrados, a tres jueces y a diversos funcionarios con destitución del cargo por su mala conducta.

Son pocos los casos, afortunadamente, porque creo que merecen dichos castigos. No se puede, de esta manera, hacer una descalificación generalizada de los jueces, porque, además, la calificación, la confianza en los jueces es la que le da legitimación a este nuevo sistema, en el que todos ustedes y yo creemos, y se ha construido para ello.

Si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, lo que nos serviría, inclusive para imponer las sanciones, en nada contribuirá a la legitimidad de los operadores, que al menos en el ámbito Federal constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que soporta lo que ustedes mismos, todos, destacados representantes de diversos sectores, confluyeron para idear, diseñar, impulsar y hacer una realidad este nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estamos por concluir la etapa de implementación con éxito, gracias a la labor coordinada de todos los involucrados.

Debemos seguir, y estoy seguro, continuaremos por una senda de profunda responsabilidad en la que estamos inmersos.

El Poder Judicial de la Federación tiene, además, a su cargo, la Defensoría Pública y, en esto, se ha especializado un esfuerzo real de darles una capacitación continua en todos los nuevos aspectos del nuevo Proceso Penal Acusatorio.

Además, los defensores en materia Federal sólo pueden ejercer su función dentro de este sistema. No pueden ejercer la profesión libremente. Tienen buena remuneración y una vigilancia que hace que se les avalúe periódicamente cada tres meses para saber su desempeño.

México, que no es otro, sino su pueblo, su gente, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, exige y merece una justicia penal madura, protectora, sí, pero no solapadora.

La sanción que nuestras leyes determinan para quienes dañan, agravian a la sociedad, deben ser impuestas no sólo como un castigo al responsable, sino especialmente como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, por el agravio a las personas, por el peligro que implica la conducta antisocial, buscando el equilibrio de los derechos de todos los involucrados, de todos los afectados, reconociendo que todos son igualmente importantes, que todos deben ser respetados.

No tenemos duda en la justicia Federal que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia, trascendencia y altura humana, y deben ser respetados con la misma aplicación y cuidado, responsabilidad e intensidad. De lo contrario, la decisión perdería su cualidad de verdadera justicia.

Con la implementación del Nuevo Sistema Penal, estamos en la realidad concreta, en el camino correcto para cambiar la inercia histórica que nos llega de hace siglos, que no por eso es mala, sino porque el desarrollo del reconocimiento y avance en el respeto a todos los derechos obligó a repensar y orientar un camino diferente, que permita satisfacer los anhelos de una sociedad participativa cada vez más, más informada y más exigente.

El Poder Judicial de la Federación asume, y ha asumido cumpliendo, el compromiso. Lo estamos haciendo, y no cejaremos en nuestro propósito de cumplir con el pueblo de México.

Muchas gracias.