Ninguno de los tres detenidos por el crimen ha recibido sentencia de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez.
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Revista
Proceso
# 2074, 31 de julio de 2016..
Multihomicidio
en la Narvarte Sigue la impunidad/
SARA
PANTOJA
Este
31 de julio se cumple un año de los asesinatos de Mile Virginia Martín, Yesenia
Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén
Espinosa Becerril, colaborador de este semanario, y las autoridades de la
Ciudad de México se encuentran enmarañadas. Y mientras el jefe de gobierno
Miguel Ángel Mancera se compromete ante los familiares de las víctimas, la
Procuraduría General de Justicia sigue dando vueltas sobre lo mismo y no da
resultados. Los tres presuntos implicados se dicen “chivos expiatorios”, pero
se niegan a hablar con la prensa.
A
un año del homicidio de la colombiana Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz,
Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa
Becerril en la colonia Narvarte, que se cumple este domingo 31, la Procuraduría
General de Justicia capitalina (PGJ) aún no determina el móvil del crimen.
El
titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, tampoco ha aclarado a quién o
quiénes pertenecen las 11 huellas dactilares, así como el adn masculino y una
huella de zapato ensangrentada localizados en la escena del crimen, pues son
ajenas a Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar
Martínez Zendejas, los tres presuntos victimarios.
Además,
los juicios que se desarrollan paralelamente en los juzgados penales 25 y 60 de
la Ciudad de México se encuentran entrampados por amparos y solicitudes de peritajes
y pruebas sin desahogar interpuestos por los abogados coadyuvantes de los
familiares de las víctimas y la defensa de los inculpados, quienes se
encuentran en una zona de máxima seguridad del Reclusorio Oriente.
Y
mientras las autoridades capitalinas parecen apostarle al olvido, los
familiares de las cinco víctimas esperan el desahogo de las líneas de
investigación y el resarcimiento del daño, tal como se los prometió el jefe de
gobierno Miguel Ángel Mancera hace 12 meses y lo reiteró el pasado 13 de mayo
en su oficina del antiguo palacio del ayuntamiento.
Desde
que Pacheco Gutiérrez, Torres Tranquilino y Martínez Zendejas fueron detenidos
en agosto y septiembre de 2015 y se les acusó de feminicidio agravado,
homicidio calificado, robo agravado y en pandilla, permanecen “encapsulados” en
una zona de máxima seguridad y de acceso restringido en el Reclusorio Oriente
–la llamada zona VIP–, con amparos interpuestos y pruebas pendientes que han
evitado su sentencia.
Su
confinamiento responde a motivos de seguridad y a la petición explícita de la
PGJ. Por lo que han confiado a sus custodios, los tres se consideran “chivos
expiatorios” de la dependencia dirigida por Rodolfo Ríos, aunque ninguno ha
querido hablar con la prensa, pues confiesan tener miedo.
Por
la zona VIP pasó Fabián Granier, hijo del exgobernador de Tabasco, Andrés
Granier, en abril pasado cuando fue acusado por defraudación fiscal, aunque
sólo estuvo ahí cinco días. Quien aún permanece ahí es Leopoldo Rafael Duarte
Pereda, acusado de abuso sexual agravado contra tres niños del colegio
Montessori Matatena.
Según
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), ninguno de
los tres detenidos por el crimen en el departamento 401 del número 1909 de la
calle Luz Saviñón ha recibido sentencia de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda
Silva Meléndez.
¿La
razón: En los expedientes 129/2015 y sus acumulados 139/2015 y 149/2015 aún hay
amparos y pruebas por desahogar, además de las 20 audiencias desarrolladas.
En
el caso de Pacheco Gutiérrez, por ejemplo, faltan por desahogar documentales a
registros de entrada y salida de vehículos de la Unidad Conjunto Habitacional
Cuemanco del 4 de agosto de 2015, un día antes de su detención. Respecto a su
denuncia por tortura, falta la emisión de un dictamen de medicina forense.
Además,
su defensa interpuso un amparo contra la resolución emitida por la Cuarta Sala
Penal del TSJ el pasado 29 de marzo, dentro del toca 995/2015. Este juicio
derivó de la apelación que su defensor de oficio interpuso contra el auto de
formal prisión dictado el 13 de agosto del año pasado.
Para
el proceso de Torres Tranquilino, según el TSJCDMX, todas las pruebas están
desahogadas. Sin embargo, en su denuncia por tortura, hecha en la ampliación de
su declaración, está pendiente la rendición de un dictamen en materia
psicológica.
Y
en el caso de Martínez Zendejas –quien desde su detención, el 11 de septiembre
de 2015, negó haber estado en el departamento y participado en el crimen–, aún
están pendientes por desahogar dictámenes terceros en discordia en materia de
criminalística de campo y otro en materia de identificación humana. Se sabe que
el primero fue solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR).
Además,
también está en trámite la resolución de un amparo contra el auto de formal
prisión del 18 de septiembre de 2015, dictado por el juez Séptimo Penal en la
Ciudad de México.
Si
bien el trabajo en los juzgados penales de la Ciudad de México no se distingue
por la rapidez y eficacia para resolver los juicios, el del multihomicidio de
la colonia Narvarte destaca por el historial del Juzgado 25 de lo Penal, a
cargo de Hermelinda Silva Meléndez, y del 60 de amparo en materia Penal,
encabezado por Flor Fernández de Castro Vargas. Ambos radican en el Reclusorio
Oriente, donde los rodea el escándalo.
Los
pendientes
El
pasado 13 de mayo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, recibió en su oficina del antiguo palacio del ayuntamiento a
familiares de las víctimas del caso Narvarte, los abogados coadyuvantes e
integrantes de la Plataforma de Acompañamiento para la investigación
ministerial.
El
encuentro fue casi un mes después de que el Juzgado 60 concedió –el 18 de
abril– un amparo a los familiares de las víctimas con el cual ordenó a la PGJ
retomar las reuniones informativas con ellos y revisar de nuevo la petición de
la coadyuvancia para cumplir 55 diligencias y pruebas que ésta le hizo en
septiembre de 2015.
“Fue
una reunión muy buena, salimos muy tranquilos porque hubo compromisos de
Mancera directamente… Se comprometió a que no iba a ser sólo un cumplimiento
formal del amparo, sino que se agotarían todas las líneas de investigación y se
buscaría la verdad para saber si en realidad los tres detenidos cometieron el
crimen. Y si es así, ¿por qué lo hicieron?, ¿para qué?, ¿qué ganaron?”, asegura
en entrevista con Proceso Karla Micheel Salas, integrante del equipo de
defensores de los familiares de Nadia Vera, Mile Virginia Martín y Yesenia
Quiroz.
Sin
embargo, cuando les tocó la reunión con las autoridades de la PGJ, dice, “vimos
que hay un abismo entre el discurso político de Mancera y lo que ha ocurrido en
la práctica con la procuraduría”.
Como
muestra, destaca la respuesta que el pasado 2 de junio emitió la dependencia
sobre la solicitud de las 55 diligencias relacionadas con las líneas de
investigación que supuestamente trabaja el Ministerio Público: las amenazas y
hostigamiento por el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y el activismo de
Nadia Vera en Veracruz, el robo, la prostitución y hasta un asunto de
narcomenudeo.
En
28 páginas, el acuerdo identificado con el oficio número 30490/2016 enumera
cada petición. Sin embargo, la respuesta en el fondo es la misma negativa: “No
resultan eficaces, idóneas y pertinentes para aportar nuevos elementos”, o
bien, que ya se realizaron y que gracias a ellas hay tres personas consignadas.
De
entre la lista llama la atención la respuesta sobre las amenazas a Rubén
Espinosa, quien colaboraba en Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias
de Veracruz.
En
los puntos ocho y nueve, la coadyuvancia pidió investigar “todos y cada uno de
los lugares” donde el fotoperiodista laboró, tanto en la Ciudad de México como
en Veracruz, además de recabar información sobre su trabajo periodístico.
Incluso dio como referencia el portal http://ruben:proceso.com.mx.
Textual,
en la foja 49, la PGJ contestó: “En respuesta a las solicitudes 8 y 9, se
llevaron a cabo dichas investigaciones por parte de la Policía de Investigación
a través de las direcciones electrónicas que se precisan y que se encuentran
relacionadas con la víctima en mención, dicha investigación se encuentra en las
fojas 3135 a 3142, y sí en cambio sirvieron de base para perfilar otras
diversas líneas de investigación, que a la postre determinaron el ejercicio de
la acción penal en contra de los probables responsables”.
Investigaciones
empantanadas
Para
el coadyuvante David Peña, lo anterior puede interpretarse como que Rubén fue
asesinado por su labor periodística, pero la PGJ insiste en negarlo.
En
la foja 50, la dependencia informó que aún queda pendiente “el traslado de
Policía de Investigación, mediante Oficio de Colaboración, al estado de
Veracruz, a efecto de realizar la investigación referente al entorno laboral de
Espinosa Becerril en dicha entidad, solicitando el traslado para que estén
preparados los posibles entrevistados del gremio periodístico”.
Otro
“pendiente”, según el documento consultado por Proceso, es “la comparecencia de
los diversos trabajadores del medio AVC Noticias de Veracruz”, como lo solicitó
Leopoldo Maldonado, oficial del programa de la organización internacional
Artículo 19 y representante de Alma y Patricia Espinosa, hermanas de Rubén.
Los
abogados también pidieron saber si la procuraduría capitalina pidió a la
Fiscalía General de Veracruz que requiriera a la Secretaría de Seguridad
Pública estatal “la identidad de los policías que detuvieron y agredieron” a
Rubén el 13 de septiembre de 2013, en una de las manifestaciones públicas que
él cubrió como parte de su trabajo.
Tajante,
la PGJ respondió: “Esa investigación está a cargo de la Procuraduría General de
la República”. Nada más.
Maldonado
asegura en entrevista que desde un inicio, con las filtraciones de parte del
expediente a medios de comunicación afines al gobierno capitalino –por las que
el Juzgado 9 de Distrito la señaló como responsable–, la PGJ “elaboró una
narrativa oficial dirigida a construir toda una historia que, de entrada,
desacredite el ejercicio periodístico de Rubén o el activismo de Nadia como el
principal móvil del crimen, además de dirigirla a estigmatizar y criminalizar a
las víctimas”.
Y
aunque aclara que no está “casado con ninguna idea, obviamente los casos de
Rubén y Nadia representan una línea fortalecida debido a los antecedentes de
persecución y hostigamiento que padecieron en Veracruz. Cualquier persona que
sale huyendo de una ciudad y es asesinada en otra, por lógica elemental genera
una investigación en ese sentido y un agotamiento de esa línea de
investigación, pero la procuraduría a priori la descartó desde las primeras
horas”.
Asegura
que para las hermanas de Rubén, el trabajo de la PGJ tiene “un nulo avance y da
vueltas sobre lo mismo. Están dispuestas a seguir luchando, aunque ven que esto
va ser un proceso de largo aliento, porque a eso está orillando la procuraduría,
a que sigamos agotando recursos legales, a que sigamos llevándolo a juzgados de
amparo hasta que no haya una respuesta verosímil o un agotamiento plausible, no
solo nominal o formalmente, sino real y efectivo de las líneas de
investigación”.
Los
silencios de la PGJ
En
el documento que la PGJ entregó a los interesados el pasado 14 de junio –cuando
se reunieron en el llamado búnker de la dependencia, aunque sin la presencia de
su titular, Rodolfo Ríos, ni del director de la Policía de Investigación, Raúl
Peralta–, llaman la atención las respuestas evasivas.
Por
ejemplo, al pedir explicación del por qué en la revisión del teléfono móvil de
Yesenia Quiroz sólo se encontraron conversaciones hasta el 27 de julio de 2015
–cuatro días antes de su muerte– y éstas se reanudan el 3 de agosto –tres días
después del homicidio–, la procuraduría contestó: “No se puede establecer una
razón en específico, como se desprende del informe de policía de investigación
cibernética”.
Tampoco
dio una respuesta satisfactoria sobre Marco Antonio Aguado López,
“representante legal de la empresa MS Model Management “, quien firmó la carta
para que Mile Virginia Martín –a quien llaman Nicole, aunque los abogados nunca
la mencionan como tal– se registrara ante el Instituto Nacional de Migración.
“No
se le encontró en los domicilios referidos en las fuentes de información”,
argumentó. Lo mismo dijo sobre la casera de la joven colombiana cuando vivió en
la colonia Del Valle. Ahí terminó su búsqueda.
El
Ministerio Público tampoco consideró “idóneo ni pertinente” entrevistar a todos
los vecinos del edificio donde ocurrió el crimen “para poder acreditar la
identidad y participación de otro y otros responsables”. También desechó la
petición de investigar de quién es la huella de sangre de un zapato del número
26 que quedó marcada en el piso del departamento junto al cuerpo de Rubén y
que, según el cotejo hecho por la misma dependencia, no corresponde a la pisada
de ninguno de los tres detenidos.
Sobre
el peritaje de genética forense del adn encontrado en una banda para hacer
ejercicio con la que fue torturada una de las víctimas y que no coincidió con
el perfil de ninguno de los tres detenidos –lo que supone la participación de
un cuarto hombre en el multihomicidio– la respuesta se redujo a: “se cuenta en
actuaciones con diversos dictámenes en la materia de genérica forense”.
Sobre
las 11 huellas dactilares que desde un inicio se encontraron en el Mustang rojo
–presuntamente propiedad de Mile– y en el departamento, que tampoco son de los
inculpados, la procuraduría calla.
Peor
aún, la dependencia consideró que “no es oportuno investigar” a la persona que
entregó a un policía judicial –en plena calle, según su versión– una USB rosa
con negro con los videos en los cuales se observó al Mustang y a la camioneta
Suburban involucrados en el crimen, en la zona de Taxqueña, unas horas después
del multihomicidio.
Y
sobre la solicitud de un peritaje en criminología para determinar un posible
móvil del multihomicidio, la PGJ capitalina de plano se lavó las manos.
El
lunes 18, en entrevista publicada en el portal de noticias SinEmbargo.com,
Mancera aseguró: “No se ha cerrado ninguna línea de investigación porque la
esencia misma de ésta es abrir todas las líneas posibles. Hasta que no se agote
estrictamente con lo que está pidiendo la coadyuvancia, con lo que están
pidiendo directamente las víctimas. Hasta que no se agote todo, no se va a
cerrar la averiguación”.
Para
Leopoldo Maldonado, “ese discurso no está reflejado, no tiene su correlato en
las acciones que está emprendiendo la procuraduría en el caso. Desafortunadamente,
en México las agresiones a la prensa son motivadas por el alto grado de
impunidad, y la Ciudad de México ya no es la excepción, ya no es un refugio
seguro”.
Karla
Micheel Salas y David Peña van más lejos: “Sí hay una intención política de la
jefatura de gobierno de avanzar con estas peticiones y no dejar morir el caso,
pero la procuraduría está resolviendo otros intereses que no necesariamente son
ni los del jefe de gobierno ni los de las víctimas, ni la justicia ni la
verdad. ¿A qué intereses responde el procurador?, ¿a quién le rinde cuentas
Rodolfo Ríos?”.
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