En derechos humanos, reprobado

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

En derechos humanos, reprobado/GLORIA LETICIA DÍAZ

México, a decir de especialistas del más alto nivel, vive ahora mismo una de sus peores crisis en cuestión de derechos humanos, mostrada al mundo con los casos ya emblemáticos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, donde la brutalidad de las fuerzas estatales es inocultable. Y ante cada nuevo episodio, sostienen, el gobierno peñanietista sigue el mismo patrón: comienza con la negación, sigue con la fabricación de “verdades históricas” y termina –demasiado tarde– con el reconocimiento, a regañadientes, de sus pifias, inacciones y omisiones.

 Intolerancia a la crítica, deterioro constante, negligencia, negación de la crisis humanitaria, falta de voluntad política, ingobernabilidad y fabricación de verdades oficiales ante los abusos, son algunos de los rasgos que distinguen la política de derechos humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 El balance lo hacen para Proceso directivos de Freedom House, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), así como un integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, consultados por separado.

Cumplidos ya cuatro años de gobierno de Peña Nieto, los expertos entrevistados advierten de retrocesos graves y cifras oficiales alarmantes, ineludibles, en materia de derechos humanos, al mantenerse intocada la política de combate frontal contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, quien heredó más de 26 mil desaparecidos, cifra que se ha incrementado durante la actual administración a cerca de 28 mil.

 Si Calderón dejó una imagen preocupante por los altos índices de abusos de las Fuerzas Armadas y por masacres inimaginables, como las de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, para los defensores de derechos humanos lo que se ve es la multiplicación de esos horrores.

 No sólo eso. La falta de acceso a justicia y verdad en México lo han colocado a la cabeza de los países americanos con mayores peticiones de intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluso muchas más que durante el sexenio de Calderón, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico.

 Según el último informe de la CIDH, con datos de 2015, en los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto se acumularon 2 mil nueve quejas de víctimas ante ese órgano de la OEA, 423 más que las registradas durante todo el sexenio de Calderón, que fueron mil 586.

 A escala nacional, en su último informe de labores la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó de un incremento de 18% en los expedientes de queja entre 2014 y 2015, al pasar de 8 mil 455 a 9 mil 980, y en casi la tercera parte de las denuncias, 3 mil 24, se ubicó como responsables de los abusos a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública.

 Familias investigadoras

 Más allá de las cifras, durante el gobierno de Peña Nieto las imágenes de país en esta materia son devastadoras.

 “Ver que los padres de familia son los que buscan en las fosas clandestinas a sus hijos, porque las instituciones del Estado no lo hacen, ¿qué significa?, ¿por qué tiene un padre de familia que destinar sus fines de semana a desenterrar cadáveres? Eso le toca, en un país civilizado, al gobierno; eso lo hacen las procuradurías. Aquí lo hacen los familiares, que además realizan la investigación. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que abdica de esa responsabilidad?”, pregunta indignada Mariclaire Acosta Urquidi, directora de Freedom House.

 Entrevistada en su oficina, sostiene que en materia de derechos humanos “el panorama se ve bastante negro” para México, calificado por quinto año consecutivo como “No Libre”, por Freedom House, en materia de libertad de prensa y de trabajo para los defensores de derechos humanos.

 Acosta es integrante del consejo consultivo de la CNDH, organismo al que, dice, pese a los esfuerzos y los recursos, “le falta muchísimo para encarar esta crisis de derechos humanos que tenemos en el país”.

 Apunta que el ejemplo más claro es que el gobierno de Peña Nieto “ya ni siquiera es capaz de garantizar el derecho a la educación”, porque “no ha sido capaz de llegar a un acuerdo (con el magisterio disidente), de procesar demandas que pueden ser razonables o no”.

 Al enlistar algunas atrocidades durante el actual gobierno, entre ellas la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya, afirma que eso prueba que “la crisis de derechos humanos empieza a desbordarse y está tocando los límites de la gobernabilidad”.

 Explica: “La incapacidad que tiene este gobierno de darle cauce a los conflictos sociales y a las causas sociales hace que estas demandas se desborden, afecten los derechos de terceros, y nos encontramos con que el gobierno no puede recurrir al uso legítimo de la fuerza, porque cada vez que utiliza la fuerza lo hace de manera desbordada, no regulada, y produce atrocidades”, como sería el caso reciente de Nochixtlán.

 Acosta destaca que otro de los sellos distintivos del actual gobierno es el ataque permanente a los defensores de derechos humanos, así como a especialistas de la ONU, como el relator para la tortura Juan Méndez, a la CIDH y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), recurriendo incluso a organizaciones afines a la administración en turno.

 En marzo pasado Acosta fue blanco de ataques emprendidos por la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien la ubicó como cabeza de “una red dentro de la CNDH y la CIDH” para cobrar indemnizaciones por violaciones a derechos humanos, campaña que el pasado mayo fue repudiada por la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos.

 Acosta, quien ha solicitado medidas de seguridad al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, al que Freedom House brinda asistencia técnica, agrega que las agresiones no paran contra defensores y periodistas.

 Aun cuando considera que podría haber funcionarios de buena voluntad, el mecanismo, con más de 500 beneficiarios, “no ha modificado el clima de amenazas y hostigamiento, lo que pone de manifiesto la falta de una política integral e integrada”.

 Advierte que si bien “desde el gobierno de Calderón las cosas empezaron a ponerse muy mal en materia de derechos humanos, el pecado de Peña Nieto fue continuar con esa política y no haberle dado la atención debida y haber creído que con un poco de retórica las cosas iban a cambiar”.

 Toma de distancia

 José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, coincide en que el gobierno de Peña Nieto ve el asunto de los derechos humanos como “tóxico”, del cual prefiere “tomar distancia”, cuando recibió como herencia de Calderón un panorama “deplorable de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos fundamentales, cometidas por el Ejército, la Marina y por la policía en todos sus niveles como parte de la guerra contra el narcotráfico”.

 Añade: “Es difícil imaginar un récord peor que ese, tanto por el número de atrocidades cometidas como por el contexto abrumador de impunidad en que se cometieron esas violaciones”.

 Para el activista, lo “especialmente decepcionante del gobierno de Peña Nieto es que se activa y reactiva ante los escándalos, reacciona con soluciones de parche, buscando más bien una temporal superación de la crisis, pero no un compromiso de fondo sobre el tema, un esfuerzo serio, riguroso, por mostrar resultados”.

 Vivanco, quien considera un gran avance la reforma al fuero militar, en la que no ve “mérito en el gobierno de Peña Nieto sino de las organizaciones civiles mexicanas”, insiste en que el presidente perdió la oportunidad de cambiar la política calderonista de seguridad, pese a que están “perfectamente advertidos del descalabro en derechos humanos que generaron las políticas de Calderón”.

 Al recordar que desde la administración del panista “la imagen de México a nivel internacional ya había sido fuertemente afectada por las violaciones masivas y gravísimas en derechos humanos”, la de Peña Nieto “tiene una actitud de total negligencia frente a abusos muy graves, como los cometidos por la Policía Federal en Tanhuato”.

 Peor aún, apunta el representante de HRW, durante esta administración se estableció un “patrón” para la creación de “verdades oficiales”.

 En casos gravísimos, como Tlatlaya, Ayotzinapa y ahora Tanhuato, entre otros, apunta, “un patrón constante es la negación de los hechos en un primer momento, se minimizan las circunstancias, se trata de vender una verdad oficial, y cuando ya es muy tarde, frente a investigaciones independientes, a regañadientes empiezan a admitir las cosas, cuando ya es muy tarde y se ha impuesto la impunidad”.

 En el caso específico de Ayotzinapa, explica, “una de las cosas más perversas fue el esfuerzo deliberado por encubrir los hechos y construir una historia paralela”, lo que resulta grave si se toma en cuenta que el gobierno de México es capaz de involucrarse en una operación, ya ni siquiera de maquillaje, sino de distorsión de los hechos, de fabricación de un récord”.

 Vivanco cuestiona el hecho de que el gobierno de Peña Nieto, “específicamente la PGR”, haya tomado la decisión de “construir un cuento” como lo fue la “verdad histórica”, que ubicaba como destino final de los 43 jóvenes el basurero de Cocula.

 Puntualiza que la actitud del gobierno de Peña Nieto de intentar “vender” a la opinión pública nacional e internacional y a los familiares de las víctimas una versión oficial que fue desmantelada por el GIEI, “es muy revelador de la profundidad de la crisis y de lo que podemos esperar del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos”.

 Vivanco insiste en que para las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, los focos de alerta estaban encendidos desde mucho antes, pero que el caso de Ayotzinapa “permitió mostrarle al mundo entero la profundidad de lo que las poblaciones más vulnerables en México están sufriendo, y la indefensión en la que se encuentran, no sólo por el quehacer del crimen organizado, de los cárteles responsables de un importantísimo número de violaciones, abusos y de violencia, sino que el problema es la participación de agentes del Estado, tanto por sí mismos como por colusión con cárteles o mafias del crimen organizado”.

 La marca de Ayotzinapa

 Ariel Dulitzky, integrante del GTDFI, concuerda en la importancia que tuvo ante la opinión pública internacional el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, pues “renovó la atención sobre México, aunque muchos organismos indicaban algunas preocupaciones, y Ayotzinapa vino a confirmar y (hacer) entender la gravedad de la situación”.

 Si bien en América Latina hay otros asuntos relacionados con derechos humanos que atraen la atención pública internacional, Dulitzky aclara que “la gravedad de Ayotzinapa es única, porque no hay ningún otro país en el continente en el que en un solo evento 43 personas hayan sido desaparecidas en las últimas décadas, lo que coloca a México en una situación peculiar”.

 Para el experto de la ONU, lo lamentable del caso es que, de haberse seguido las recomendaciones del GTDFI, retomadas por el Comité sobre Desaparición Forzada, así como por otros organismos de la ONU y de la CIDH “que ponen énfasis en la desaparición forzada”, la historia en relación con Ayotzinapa pudo haber sido distinta.

 “No estoy seguro si la desaparición de los 43 se hubiera podido evitar; de lo que estoy seguro –dice– es que si se hubieran cumplido las recomendaciones, el Estado mexicano hubiese tenido muchísimas mejores condiciones de responder a una situación como esa.”

 Dulitzky, quien junto con otros expertos del GTDFI visitaron el país en 2011, recuerda que entonces “se manejaba una cifra de 3 mil personas desaparecidas, y en este momento, aun cuando no hay cifras exactas, se habla de más de 25 mil, de manera que la situación continúa deteriorándose”.

 Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Austin, Dulitzky considera que el deterioro de la situación en México, y en particular lo relativo a la desaparición de personas, radica en que “no hay un reconocimiento del más alto nivel político de la gravedad y dimensión del problema”.

 Señala que el ejemplo más claro de lo anterior es que hasta ahora la Ley General sobre Desapariciones “no ha entrado como una de las agendas prioritarias, no es un tema central de la administración”, de ahí su falta de aprobación.

 Ineficacia, negligencia…

 Éricka Guevara Rosas, directora regional de AI, considera que el deterioro de derechos humanos en el país se origina en “la ineficacia y la negligencia de la forma de atender los problemas y la crisis de derechos humanos, particularmente de Enrique Peña Nieto”, además de que permea la impunidad y la negación de la realidad.

 Para la representante de AI, lo que viven los mexicanos es una situación que se registraba “en la región en los años ochenta, setenta, en otros países en los que se vivían dictaduras o guerras civiles; pero en un contexto de democracia, en un contexto de paz, por supuesto que es alarmante, y en ese sentido sí reconocemos que México está viviendo una de las peores crisis de derechos humanos de todo el hemisferio”.

 Guevara recuerda que después de la administración de Calderón, la llegada de Peña Nieto al poder causó cierta expectativa en organizaciones internacionales, como AI, cuyo secretario ejecutivo, Salil Shetty, y ella se reunieron con el mandatario en Los Pinos, en febrero de 2014, para entregarle un diagnóstico y una serie de propuestas, que aparentemente fueron bien recibidas.

 “Estamos en agosto de 2016 y no sólo continuamos con las mismas preocupaciones, sino que estamos alarmados por el deterioro de la situación, y lamentablemente no vemos que los compromisos retóricos del presidente y su gobierno hayan tenido un impacto para cambiar las cosas. Todo lo contrario, los espacios se han cerrado”, refiere.

 Al gobierno de Peña Nieto, asegura Guevara Rosas, lo va a marcar la desaparición de los 43 normalistas como “un emblema de más de 27 mil desapariciones que han ocurrido en un contexto de políticas de seguridad inefectivas e ineficientes, que han generado graves condiciones de violaciones a derechos humanos.

 “También estará marcado por las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en su sexenio; la violencia generalizada en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas; por la polarización que provocaron sus reformas estructurales, que no han generado cambios significativos que mejoren las vidas de las personas.

 “Pero también será recordado por los escándalos de corrupción que lo implican, y que pese a las pruebas, no pasa nada; lo que hacen es mandar un mensaje oscuro de impunidad para los que cometen graves violaciones a derechos humanos”, puntualiza Guevara Rosas.