Michoacán: otro crimen de policías, otra mentira oficial

Revista Proceso No. 2086, 23 de octubre de 2016..

Michoacán: otro crimen de policías, otra mentira oficial/

JESUSA CERVANTES

El levantón y la ejecución de 10 pobladores de un municipio michoacano en julio pasado tiene inquietantes semejanzas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, cometida en 2014. Dado el horror del crimen, el gobernador Silvano Aureoles se apresuró a barajar versiones que ofendieron a los familiares de las víctimas, pero el contradictorio expediente del caso deja entrever que en éste también se ocultaron pruebas, se falsearon declaraciones y se intimidó a los testigos.

moreLos levantaron, los entregaron al crimen organizado, los ejecutaron y los quemaron durante una madrugada lluviosa del pasado mes de julio.

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayot­zinapa, en Guerrero, el crimen organizado y el poder político se mezclaron de nuevo para desaparecer y matar a 10 habitantes del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán.

Igual que en el caso de Ayotzinapa, las autoridades –en este caso las judiciales de Michoacán– difundieron una “verdad” que no convence a las familias de las víctimas, quienes han realizado cuatro manifestaciones para pedir que se esclarezcan los hechos.

La versión oficial está llena de contradicciones, como lo muestra el expediente MOR/053/06913/2016.

El pasado 29 de julio, aproximadamente a las 11 de la noche, 10 hombres fueron levantados por policías de Álvaro Obregón y ministeriales vestidos de civil. Según cuatro personas que alcanzaron a resguardarse en el interior de la tienda Los Arcos –adonde llegaron primero tres de las víctimas y después otras siete a comprar cervezas– los municipales llegaron al lugar en sus patrullas y los estatales en autos particulares. Ahí detuvieron a los 10 y los golpearon antes de llevárselos con rumbo desconocido.

Al siguiente día, el 30 de julio, apareció una decena de cadáveres en una camioneta Tacoma, calcinada con todo y cuerpos. Los peritos forenses comprobaron que cuatro de ellos recibieron disparos y uno estaba fuera de la camioneta pero igualmente carbonizado.

Según el expediente de la Fiscalía Especializada de Homicidios, el grupo fue ejecutado en un paraje cercano a La Ciénega, del municipio de Cuitzeo, colindante con Álvaro Obregón. Ahí quemaron la camioneta y los cadáveres.

El gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, se apresuró a informar el 1 de agosto que se trató de una explosión por “ordeña de combustible”. Luego reveló que los agentes estaban involucrados, “incluido un elemento de la Policía Ministerial del estado”. Después sostuvo que “aparecieron indicios” de que el presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, “tenía algunos vínculos con grupos de la delincuencia organizada”.

Finalmente Aureoles indicó: “Todo parece indicar que es una disputa por el territorio para la venta o distribución de droga”. Esto indignó a los familiares de los asesinados, quienes rechazaron la versión en diversos medios.

De los 10 ejecutados, sólo Luis Alberto López Guillén tenía cierta solvencia económica. Uno más padecía retraso mental y los otros eran un operador de maquinaria pesada, tres estudiantes y jornaleros, dos ayudantes de soldador y uno más era el chofer del hijo del presidente municipal, aunque en el caso de este último persisten dudas de que el cuerpo mostrado a los familiares sea el suyo, pues fue el único al que no se le realizó prueba genética.

El alcalde señalado

El gobernador Aureoles señaló por el crimen a policías municipales y a un par de ministeriales, e hizo lo mismo con el alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez.

A éste se le han atribuido relaciones con el crimen organizado, específicamente con Kike Plancarte, líder de los Caballeros Templarios y abatido en Querétaro. Incluso se indica que su hijo Juan Carlos Arreygue Torres le rentaba caballos al hijo de Plancarte; lo que sí es seguro es que aparece en el video musical de Melissa Plancarte Si no soy nada, fechado el 7 de abril de 2014.

La agencia Quadratin dio a conocer el 4 de agosto pasado que en 2008 el rancho Santa Fe, propiedad del Arreygue y ubicado a medio kilómetro de donde fueron levantadas las 10 personas, fue sede de una cumbre de líderes del narcotráfico:

“Versiones documentadas por servicios de inteligencia del gobierno federal indicaban que en esa reunión estuvieron representados los cárteles de Tijuana, del Golfo, Sinaloa, Juárez y de la propia Familia Michoacana. Tuvo la presencia de Enedina Arellano, Ignacio Coronel (actualmente muerto), Vicente Carrillo Fuentes (preso), Eduardo Costilla (preso) y los anfitriones Jesús Méndez (preso) y Nazario Moreno (muerto).”

Este semanario corroboró con fuentes de inteligencia que tal encuentro se realizó, pero aclararon que se le abrió proceso a Arreygue como presunto lavador de dinero de los Caballeros Templarios, para lo cual habría utilizado el propio rancho Santa Fe y el lienzo charro que construyó a un lado.

Sin embargo, los mismos informantes afirman que fue absuelto al comprobar que el rancho se había adquirido con dinero lícito y que el lienzo era parte de una donación que le hizo un empresario de Monterrey aficionado a la charrería. “Después de ese hecho fue nombrado director de la Policía de Álvaro Obregón”, comenta una de las fuentes.

El expediente del caso menciona el historial del presidente municipal. Tampoco aluden a ese funcionario las cuatro personas que estaban en la tienda y lograron salvarse. Una de ellas, cuyo nombre se omite por su seguridad, relata que vio al comandante Omar Guzmán:

“El policía se acercó a Luis Alberto, le dijo: ‘salte, hijo de tu puta madre’… yo me concentré en el policía Omar, que fue quien se llevó a Luis Alberto… los otros policías se llevaron a los otros muchachos y otros tres o cuatro que ya estaban ahí. Los llevaron a todos hasta donde está la jardinera… ahí los pusieron a todos hincados y con las manos en la nuca con dirección hacia Álvaro Obregón y empezaron a golpearlos.

“…Atrás de esta camioneta Tacoma se fueron las dos patrullas que habían llegado al lugar, igual que la otra camioneta. Es importante decir que cuando el policía se llevaba a Luis Alberto, se acercó una persona que no portaba uniforme de policía (sino) una playera de color verde y pantalón claro, así como una mochila cruzada en el pecho como las que se conocen como mariconeras, esta persona se asomó al interior dela tienda pero no hizo ni dijo absolutamente nada.”

En sus primeras declaraciones tampoco los directivos policiacos mencionaron al alcalde. Sin embargo, cinco horas después narraron que él llegó posteriormente a la tienda con los ministeriales vestidos de civil y se fue detrás de las patrullas y la camioneta Tacoma donde llevaban a los detenidos, se detuvo en un paraje y dio la orden de ejecutarlos.

Marín Martínez Correa, director de Seguridad Pública de Álvaro Obregón, declaró a las 20:30 horas del 30 de julio que se enteró de los hechos “el día sábado”, es decir, al día siguiente, cuando fue citado en la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Antes de su declaración entregó una relación de los turnos policiacos, de los comandantes y los policías a su cargo; hizo hincapié en el comandante Omar Guzmán García: “A éste lo puedo describir como una persona violenta”.

Cinco horas y media más tarde, a la 1:54, Martínez Correa cambió su versión. Sostuvo que a las 11 de la noche del viernes de los hechos recibió una llamada del policía Giovanni Ortiz García, quien le informó que había varias personas tomando y escandalizando en una tienda. Dijo que pidió apoyo y fue al lugar, donde ya estaban los policías Víctor Hugo Tejado, Humberto Sosa Ávalos, Sacramento Nava Alvarado y Omar Guzmán García.

Agregó que sus subordinados revisaban a 10 hombres y los subieron a la camioneta Tacoma cuando llegaron en una Suburban negra particular el presidente municipal con su chofer y el subdirector de Seguridad Pública, Isaid Reynaldo González, y el comandante de la Policía Ministerial Marcos Antonio Flores.

“El presidente indica, verbal: ‘Llévenselos’… En una brecha se detuvieron –sigue narrando el jefe municipal– y descendió el presidente municipal, sacó una pistola; se la dio al subdirector, quien a su vez se la dio a Omar Guzmán García, y les dijo ‘Ya saben lo que tienen que hacer, mátenlos’. Luego les advirtió: ‘El que hable se muere y sabe que lo cumplo’. Luego se fue del lugar.”

La declaración del subdirector González es similar: primero niega saber de los hechos y horas más tarde da la misma versión que inculpa al alcalde. Sin embargo, a los familiares de las víctimas no se les ha podido entregar ninguna declaración del primero que acusó al director y al subdirector de haber participado en el crimen. Este elemento es clave, pues cuando los declarantes narran como testigos rechazan conocer los hechos, pero cinco horas después, presuntamente torturados, cambian su declaración y ya son “imputados”, es decir, posibles involucrados.

A su vez, el policía ministerial del estado Marco Antonio Flores dice que él estaba con el presidente municipal cuando éste recibió una llamada y le pidió que lo acompañara. Cuando llegaron a la tienda, acusa, el edil dijo: “Llévenselos”. Y confirma: los vehículos se detuvieron en una brecha, donde Arreygue ordenó matar a los levantados. Aclara que no defendió a las víctimas porque los municipales lo superaban en número: “Mi vida y mi integridad física corrían peligro”, puntualiza, pero añade que su conciencia lo llevó a declarar.

En su primera presentación el comandante Flores declara en calidad de “imputado” y en la audiencia del 26 de septiembre ya como “testigo”. Arribó al juzgado con una escolta de ocho agentes ministeriales porque el 19 de septiembre recibió amenazas y existen rumores de que se ofreció 1 millón de pesos por matarlo.

Expediente contradictorio

Los nombres de los 10 asesinados son Luis Alberto López Guillén, Ricardo Guillén Jacobo, Kevin Jaime Hernández, César Omar Mejía González, Miguel Ángel Rosel Huerta, Juan de Dios Chávez Cervantes, Sergio López Arellano, Gustavo López Ayala, Braulio Santiago Pérez Andrade y Eric García Díaz.

Este último era chofer del hijo del presidente municipal. Una de las contradicciones del expediente es que tras el levantamiento de los cadáveres, las autoridades ordenaron que no se cremara lo que restaba de ellos; sin embargo, permitieron que se aplicara ese procedimiento al cuerpo de Eric.

Además, cuando se realizó el trámite de reconocimiento, la madre de Eric aseguró a los demás familiares que no identificaba el cuerpo que le habían mostrado. Pese a ello, en el acta correspondiente se registra que la señora dijo: “Tengo la certeza de reconocer a mi hijo Eric García Díaz… sin temor a equivocarnos… solicitamos sea entregado su cuerpo para cremarlo… manifestamos que por el momento no es nuestro deseo presentar denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el delito de homicidio en contra de nuestro familiar”.

La supuesta renuncia a presentar denuncia penal también contrasta con una parte de su declaración, donde la madre de Eric dice que seis meses atrás su hijo recibió amenazas por teléfono.

Esas contradicciones provocaron dudas, ya que el presunto cuerpo de Eric García también fue el único que no se sometió a la prueba genética forense.

Existe un video en el que, horas antes del levantón, se ve a Eric conviviendo con seis de los ejecutados. Algunos familiares de éstos suponen que él “los puso”. Para agravar las suspicacias, la familia de Eric desapareció del pueblo y es la única que no se suma a las marchas.

Otra anomalía es que en la prueba dental para establecer la edad de los fallecidos se determina que uno de los cuerpos es femenino, lo cual confirmó la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, pero la genética forense lo identifica como Braulio Santiago Pérez Andrade. A su vez, la fiscalía estatal insiste en que todos eran hombres.

Jorge Luis Lemus García, encargado de la radio del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), narra que el director y el subdirector de la Policía Municipal, así como el comandante Omar Guzmán, salieron en un vehículo particular y no le dijeron a dónde iban. Después llegaron familiares de tres menores e informaron que el comandante Omar los detuvo, por lo que Lemus se comunicó con el comandante, pero éste le respondió que no había detenido a los menores.

“A las 3:30 o 4:00 horas –agrega Lemus en su declaración– llegaron el director, el subdirector y el comandante Giovany Ortiz García. Los noté muy nerviosos, temblaban, tartamudeaban, y el director me dijo que cambiara la bitácora diciendo que entre las 20:30 horas y las 2:00 am realizaron un operativo… Obedecí.”

La bitácora del C4 registra toda la noche sin novedad. No hay reportes de levantones y se establece que los presuntos implicados realizaron un operativo de revisión.

Fuentes de inteligencia comentaron a Proceso que, según los indicios, los policías no mataron a los detenidos, que fueron torturados para implicar al presidente municipal y que es dudoso que haya muerto Eric García Díaz. Pero sobre todo hacen notar que en Michoacán existe el mando único y que, en consecuencia, la policía no está a cargo del presidente municipal sino del secretario de Seguridad Pública estatal, quien debió haber recibido el reporte sobre la detención de los 10 hombres en Álvaro Obregón.

Esto puede confirmarse en el oficio DL-5091/2016 que envió la Fiscalía Especializada en Homicidios al director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Salvador Sánchez Suárez, en el que le pide los nombres de todos los policías del municipio de Álvaro Obregón. Sánchez Suárez le informa que la dependencia “asume la coordinación operativa, mas no la administrativa y financiera, por lo que dicha información obra en el municipio”.

Una de las citadas fuentes de inteligencia comenta que los policías “sólo entregaron” a la organización criminal Los Caballeros Templarios a sus detenidos, de los cuales tres aparentemente participaban en el robo de combustible y los siete restantes estuvieron en el lugar equivocado.

Relata que este año en Salamanca, Guanajuato, se efectuó una reunión entre integrantes de Los Caballeros Templarios, del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis, en la que éstos últimos aceptaron que Alberto Espinoza Barrón, La Fresa, se quedara con el territorio de Morelia y las ciudades aledañas.

Para ello, abunda, ese cabecilla inició desde mediados de julio “una limpia” en Michoacán, sobre todo contra los hombres de Ignacio Rentería Andrade, El Cenizo, quienes seguían traficando con combustible robado. “Detrás de todo este evento de los 10 quemados está el pleito por la plaza, la participación de policías con el crimen organizado y la urgencia del gobernador por deslindarse del alcalde, con quien ha participado en varias cabalgatas”, resume.