30 mar. 2017

Golpe de Estado en Venezuela/ editorial

Golpe de Estado en Venezuela/ editorial
El País, 30 de marzo de 2017..
Nicolás Maduro consolida una dictadura

Nicolás Maduro junto a los miembros de Tribunal Supremo venezolano. ARIANA CUBILLOS AP
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.
 La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana —diseñada e impulsada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.
Pero el mandatario no ha hecho nada de esto, sino que ha intentado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por completo el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a ser reconocido internacionalmente como una democracia.

En este contexto no pueden extrañar las durísimas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el informe de la misma organización que exige unas elecciones. En palabras de Almagro, “de una dictadura se sale por elecciones”.
La ruptura del orden constitucional amparada por Maduro y los suyos supone un peligrosísimo punto de no retorno en la fractura creada en Venezuela por el chavismo. A pesar de los llamamientos serios a la cordura y al diálogo reiterados durante meses por personalidades e instituciones internacionales y al intento de mediación del Vaticano, Maduro se ha negado tozudamente a cumplir los requisitos mínimos que hicieran posible siquiera buscar el entendimiento y ha acelerado su resistencia al cumplimiento de la ley en una estrategia que ha finalizado con el golpe del pasado miércoles.
Hoy Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo. Algo que no merecen los venezolanos, a quienes no se les puede negar el derecho, como exige la OEA, a elegir a sus gobernantes en unas elecciones libres.
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Acontecimientos recientes en Venezuela
Comunicado No. 127.- 
El gobierno de México reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país
Secretaría de Relaciones Exteriores, 30 de marzo de 2017
El Gobierno de México expresa su profunda preocupación por las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país.  En particular, preocupa el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo de ese país, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes.
México reitera lo manifestado en la Declaración del 23 de marzo, suscrita junto con otros países de la región, así como su llamado a que mediante el diálogo se avance en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas.

Asimismo, el gobierno de México reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país, así como al restablecimiento del orden democrático.

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