El PT de Beto Anaya... ¿Persecución política?

En las columnas políticas, hoy 30 de octubre de 2017..
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Bajo Reserva/El Universal
Marchas, la respuesta del PT
La dirigencia nacional del PT organiza una marcha para presionar al gobierno federal para que aclare las investigaciones que realiza contra varios dirigentes, entre ellos la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez, por un supuesto manejo ilegal de recursos públicos. Nos dicen que don Alberto ha convocado a sus huestes en el centro de Monterrey la tarde de este lunes para iniciar una marcha por varias calles de la ciudad.
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HISTORIAS DE REPORTERO |/Carlos Loret de Mola
El Universal
AMLO: el teflón raspado
La imagen de candidato anticorrupción de AMLO acumula lastres por su defensa de personajes implicados en escándalos.
A nueve meses de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha decidido apostar su imagen de candidato anticorrupción a favor de los dirigentes del Partido del Trabajo.
Frente a la investigación de la PGR por el presunto desvío de 100 millones de pesos de recursos públicos de Nuevo León a cuentas personales de Guadalupe Rodríguez Martínez, fundadora del PT y esposa de su líder nacional, Alberto Anaya, López Obrador fijó postura: es una persecución política del gobierno de Enrique Peña Nieto por el apoyo petista a Morena. “Los vamos a defender”, anunció en un tuit.
Poco antes de la elección de gobernador en el Estado de México, López Obrador decía que el PT ya se había vendido a la mafia del poder. Cerca del final de la campaña el candidato petista Óscar González Yáñez declinó a favor de la abanderada de Morena, Delfina Gómez, y volvió a ser un partido honesto a los ojos del tabasqueño.

El PT ya aprobó ir en alianza con Morena al 2018 para la elección presidencial, las legislativas y las estatales de gobernador. Va con López Obrador.
Es un partido que sigue por estatutos la “Línea de masas” de Mao Tse Tung, que admira al régimen norcoreano y al gobierno madurista de Venezuela. Se alía según le convenga con el PRD, con Morena, con el PRI o con el Partido Verde, y en sus 27 años de vida ha tenido una dirigencia colegiada siempre encabezada por Alberto Anaya e integrada por los mismos: los hermanos González Yáñez, Ricardo Cantú y Pedro Vázquez.
Anaya ha sido en ese lapso dos veces senador y cuatro diputado federal. Ha sido el máximo líder de un partido que ha recibido casi diez mil millones de pesos de financiamiento público. Maneja con su esposa un negocio privado de 72 centros de desarrollo infantil que cobran a los padres de sus alumnos y además reciben dinero del erario de doce estados. De 2009 a 2017 ha recibido casi 4 mil millones de pesos etiquetados por el Congreso para esos Cendis. En 2015, más de 900 millones de pesos para ese propósito.
Fue impulsado para su nacimiento por Raúl Salinas de Gortari, en el gobierno de su hermano Carlos, ha postulado lo mismo a Cuauhtémoc Cárdenas que a César Duarte, a Gabino Cué y a López Obrador, y tiene como exponente central en el Senado, hasta hace poco su cooordinador, a Manuel Bartlett.
En la elección federal de 2015, la votación que obtuvo no le alcanzaba para mantener su registro nacional. De última hora, una maniobra de la Secretaría de Gobernación le salvó la vida. Dos años después, regresó a los brazos de Andrés Manuel.
Es indudable que el gobierno federal se sintió traicionado tras salvarle el registro y que la investigación puede tener motivaciones políticas, pero también es indudable que el caso trae datos duros de una operación de burdo robo al erario.
Vamos, ni siquiera se molestaron en armar triangulaciones complicadas y cuentas en paraísos fiscales: de las arcas públicas el dinero fue directo a la cuenta personal de la Maestra Lupita, como le dicen en los Cendis, y de ahí a las de sus cuates, entre ellos el líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, ya acusado por la PGR y vinculado a proceso.
La imagen de candidato anticorrupción de López Obrador va acumulando lastres por su defensa de personajes implicados en escándalos.
La apuesta por la honestidad de los dirigentes del PT parece de alto riesgo. Optó de nuevo por la teoría del complot y la defensa a ultranza de los señalados. Confía en que sigue teniendo teflón. Siento que ese teflón ya está muy raspado. Ya no es lo mismo que antes.
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Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
El PT, la verdadera mafia del poder
La investigación del fraude del PT con recursos públicos se amplía cada día más y está involucrando a nuevos actores. Además de la esposa de Alberto Anaya, el líder de siempre (decir histórico es un exceso) de ese partido, María Guadalupe Rodríguez Martínez (actualmente prófuga de la justicia) y del dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, la investigación ha alcanzado ya a otros funcionarios del partido y de la organización Tierra y Libertad (de donde surgió en los 90 el PT), pero también al gobierno de Jaime Rodríguez, El Bronco.
La investigación no es compleja porque en este esquema de lavado de dinero y sintiéndose con absoluta impunidad, los petistas ni siquiera ocultaron demasiado sus huellas. El gobierno de Nuevo León inexplicablemente destinó 100 millones de pesos para unos centros de desarrollo infantil manejados por Tierra y Libertad y el PT. Los depositó directamente en la cuenta personal de la esposa de Alberto Anaya. Ella tomó de ahí 62 millones y los colocó en su cuenta de inversión. El resto lo fue canalizando en distintas partidas hacia Héctor Quiroz en Aguascalientes. Por supuesto que a los Centros de Desarrollo Infantil, reales o no, no llegó ni un centavo. Todo se distribuyó en cuentas personales de dirigentes del PT.
El gobierno de Nuevo León es investigado porque es ilegal depositar recursos públicos, en las cuentas personales de alguien, en este caso de la esposa de Anaya. Muchos creen que fue el pago del respaldo legislativo local del PT a El Bronco. López Obrador y el propio
Alberto Anaya se han apresurado a decir que son perseguidos porque el PT apoyó a Morena en el Estado de México. En realidad, son perseguidos porque son una bola de ladrones, y no de ahora sino de hace muchos años. Es vergonzoso que López Obrador no pueda reconocer un fraude tan evidente. Para el candidato de Morena la obsesión con Los Pinos hace tiempo que le hizo olvidar aquello de la honestidad valiente. Hoy buena parte de la mafia que denuncia desde hace años es parte de su equipo.
El PT es una parte fundamental del proyecto de Morena. Ahí se han refugiado muchos de quienes han dejado el PRD o el PRI para acercarse a López Obrador, desde Manuel Bartlett hasta Miguel Barbosa, pasando por Mario Delgado o René Cervera. El acuerdo es simple: el PT les da cobijo político y les ofrece sus grupos parlamentarios, a cambio de que ellos se queden con las prerrogativas y puedan, de la forma que sea, conservar el registro.
Por cierto, el PT no tendría por qué conservar el registro, lo perdió en las últimas elecciones federales. En una operación política poco clara, se anuló un distrito en Aguascalientes (casualmente la tierra del imputado Héctor Quiroz) y en esos comicios extraordinarios, también, sorprendentemente los priistas terminaron votando por el candidato del PT. Con eso, por centésimas de porcentaje, el PT conservó el registro. Se dice que era parte de un acuerdo con el PRI por el cual el PT iría solo, sin alianzas, en las elecciones del Estado de México.
Y así comenzaron, así cobraron todas sus prerrogativas y así, con ese y otros dineros en la bolsa, decidieron de última hora apoyar a Morena. ¿Alguien puede asombrarse de que alguien haya puesto la lupa en los recursos de ese partido?
La historia del PT es una historia de traiciones similares. Tuvo apoyo y respaldo para constituirse como partido en la administración Salinas de Gortari (Raúl en su juventud fue cercano a los grupos de Tierra y Libertad y del propio Alberto Anaya). Era una expresión legítima de una izquierda marginal, maoísta, que tuvo el acierto en su primera aparición política, en 1994, de lanzar una candidata como Cecilia Soto, quien hizo una magnífica campaña, les garantizó el registro y mucho más y a la que inmediatamente desplazaron del partido. Desde entonces, el PT ha hecho todo tipo de alianzas para mantener su registro y sus prerrogativas.
El PT se nutre, también, de otros apoyos políticos. Es uno de los pocos partidos del mundo que respaldan incondicionalmente al régimen de Corea del Norte, una dictadura terrible, la única que tiene un “líder eterno”, Kim Il Sung, que heredó el poder a su hijo Kim Jung Il, y éste a su hijo, Kim Jong Un, este gordito al que le encanta estar lanzando misiles nucleares mientras su pueblo se muere de hambre, amenazarse con Trump con una guerra nuclear y matar a los miembros de su gabinete que lo desafían (por ejemplo, por quedarse dormido en un acto público) dejando que lo devoren vivo una jauría de perros o fusilándolos con artillería.
No es un secreto: los dirigentes del PT van a  Pyongyang, se entrevistan con sus funcionarios, participan en sus congresos, pagan desplegados en los medios para felicitar en su cumpleaños y efemérides a ese régimen brutal y a sus líderes. También, son fervientes simpatizantes de Nicolás Maduro: sus integrantes suelen visitar Venezuela, defender a sus gobernantes, organizar conferencias con la gente de Maduro.
Finalmente, alguien se decidió a hacer lo que tendría que haber ocurrido hace muchos años: indagar en los recursos de esa verdadera mafia del poder que algunos llaman partido.
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Itinerario Político/ Ricardo Alemán
Milenio
¡Anaya apaleado! ¿Hasta cuándo?
Hasta hoy van cinco “palos” demoledores al jefe nacional del PAN.
Pero la duda no es el tamaño de la “paliza” y tampoco hasta cuándo terminará la golpiza.
No, la verdadera pregunta es sobre la responsabilidad que tienen en la debacle del PAN los auténticos panistas; líderes reales y la estructura territorial del partido azul.
Por eso la pregunta: ¿no hay nadie capaz de parar a un locuaz que por sus ambiciones sin freno ya empujó al barranco al único partido capaz de ser alternativa a las dos versiones del PRI; el de Peña Nieto y el de AMLO?
Y es que podrán decir misa los aliados de Anaya, los sometidos por Anaya y los comprados por Anaya, pero lo cierto es que el PAN empezó el más peligroso proceso de exterminio del que se tenga memoria en 80 años.
Por lo pronto el PAN podría no estar en la boleta de 2018 —ni en las presidenciales y menos en la renovación de Ciudad de México—, porque por encima de los órganos rectores del partido, el señor Anaya decretó que los azules vayan en alianza con el PRD y MC, lo que anulará la plataforma electoral del PAN, sus principios y doctrina.
Y es que de seguir en esa aventura —sin futuro y sin pies ni cabeza—, el PAN acudirá a las elecciones presidencial y capitalina en calidad de “cola de león”, en un ferrocarril sin dirección y sin frenos, que descarrilará en cualquier momento.
Y si tienen dudas, basta formular las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo resolverá el PAN las contradicciones ideológicas, doctrinarias y que lo hacen el partido antagónico al PRD de Los Chuchos y al Movimiento Ciudadano de un vividor de la política como Dante Delgado?
2. Cómo le van a explicar a los panistas, por ejemplo, que voten por el partido que ha hecho del aborto un éxito ideológico en la capital del país?
3. ¿Qué le van a decir a los electores de la capital del país y de otras entidades cuando la orden sea votar por impresentables candidatos de la dizque izquierda?
4. ¿Cómo le van a explicar a los militantes y a los votantes del PAN esa grave contradicción para que, por ejemplo, en Ciudad de México voten por Alejandra Barrales o por Ricardo Monreal en la renovación del gobierno capitalino y no por Margarita Zavala en la presidencial?
5. Cómo explicar que en Jalisco los panistas deberán votar por ese locuaz llamado Enrique Alfaro, portento del populismo venezolano y quien ha sido el mayor enemigo estatal del PAN, en lugar de votar por algunos de los reputados cuadros estatales azules?
Las contradicciones, la confusión, la división y la improvisación llevan al PAN a una de las peores elecciones, ya que su actual jefe nacional solo busca “el poder por el poder” y no le importa llevar a la “marca PAN”, de vuelta al poder.
Lo cierto es que sin una figura clara en su liderazgo, sin una propuesta concreta y sin un partido unificado, el PAN tiene muy poco que hacer en la presidencial de 2018 y menos en las nueve elecciones estatales concurrentes.
Y gracias a esa torpeza del secuestrador del PAN, el partido azul dejará el camino libre al PRI y a Morena.
Por lo pronto, Ricardo Anaya acumula paliza tras paliza. Lo dudan.
Primero. No tardan en aparecer las evidencias de la fallida reforma electoral que impulsaron Gustavo Madero y Ricardo Anaya, a cambio de las reformas del Pacto por México. Ese “mazacote” electoral ya empezó a hacer agua —por ejemplo— en el caso de la Fepade. Y pronto hará agua en las elecciones estatales.
Segundo. Ricardo Anaya recibirá un serio revés en las elecciones de Coahuila, en donde finalmente el PRI se llevará la victoria. Hoy nadie se acuerda, pero junto con la paliza en el Estado de México, el jefe del PAN también perdió Coahuila.
Tercero. Acaso la mayor derrota de todas para Ricardo Anaya resulte, con el tiempo, la renuncia de Margarita Zavala al PAN. Y es que si la ex primera dama recopila las firmas suficientes para postularse como candidata presidencial independiente, se lleva una buena cantidad de votos azules.
Cuarto. En contra de los básicos de la política, el jefe panista abrió todos los frentes posibles y se ha pelado con todos. Peleó con el presidente Peña, con AMLO, con medio PAN, con el PRI, con todos los medios y, sobre todo, con El Universal, que pronto le regresará la dosis.
Quinto. Y la más reciente paliza a Ricardo Anaya fue la fallida defensa de Santiago Nieto, el indefendible ex fiscal de delitos electorales. Como saben, Anaya trató de usar a Nieto como ariete contra el gobierno. Sin embargo, el ex fiscal dejó “colgados de la brocha” a todos los incautos que pretendieron usarlo para enderezar una nueva “madriza” contra el PRI y contra el gobierno federal.
¿Hasta cuándo aparecerá el panismo sensato, los sabios del PAN capaces de poner orden en la otrora alternativa democrática en México?
Al tiempo.
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Orígenes/Manuel J. Jáuregui
Reforma, 30 Oct. 2017
Somos, como sociedad, de corta memoria.
Quizás esto contribuye a que el golpe incesante de conflictos políticos y sociales nos deje perplejos y muchos ciudadanos opten por desinteresarse por completo de todo aquello que incida en nuestra vida pública.
Tomen ustedes, amigos, como ejemplo la súbita y reciente arremetida de la PGR contra el Partido del Trabajo, acusado de varios delitos, pero principalmente de lavado de dinero.
La embestida tiene todo que ver con el hecho de que el PT se sumó a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, y nada que ver con una supervisión pulcra por parte del Gobierno de las dádivas que entrega a los partidos políticos, so diversos pretextos.
Mismas dádivas que datan -cuando menos- de principios de los 90, cuando Carlos Salinas de Gortari decidió convertir a Tierra y Libertad -un movimiento de posesionarios urbanos- en partido político, logrando para éste no sólo la legitimación, sino el registro como tal para acceder a puestos públicos.
Hubo en su momento una cercanía importante entre el líder de este movimiento cuasisocialista, Alberto "Beto" Anaya, y los hermanos Salinas de Gortari.
¿En dónde se refugió Carlos Salinas cuando fue a Monterrey a hacer su "show", dejada la Presidencia, y acusar a Zedillo de perseguirlo? ¡En una casa en Tierra y Libertad!
Que el PT se sumara a AMLO les ARDIÓ hasta lo más recóndito a los miembros del Politburó actual, ya que para ellos el PT rompió un acuerdo tácito: mantenerle el registro (perdido en las elecciones del 2016 y recuperado en un recuento de un distrito oscuro ¡de Aguascalientes!), pero a cambio de que el PT la jugaría con el PRI en el 2018.
¡Y no con AMLO!
El "rescate" reciente del PT fue instrumentado por el Secretario de Gobernación, Osorio Chong.
El hecho de que el PT recibiera como partido carretonadas de dinero "de ayuda" por parte de Gobiernos federales y locales debe interpretarse como una de las múltiples fallas de la "administración" del proceso político en México, no sólo en lo que se refiere al monopolio del acceso al poder ejercido por los partidos políticos, sino igualmente en la incapacidad (¿o complicidad?) de los INE, TRIFES y demás entidades responsables de garantizar la equidad y la observancia de las reglas en las contiendas electorales.
Por lo menos en lo referente a los "apoyos": ¿quién decide quién recibe apoyo de la hacienda pública y quién no?
La disfuncionalidad de los supervisores electorales está ahí exhibida a plena luz del día para quien la quiera ver (¿o acaso no, Coahuila?).
El dinero del que ahora acusan al PT de lavar, es dinero que este organismo tiene DÉCADAS recibiendo, de la misma forma, con las mismas personas, y nadie dijo nada... hasta hoy.
¿Qué cambió?
Simplemente que Anaya y sus seguidores optaron por sumarse al movimiento de AMLO y el "sistema" recordó aquellas inmortales palabras de uno de sus Presidentes más pintorescos, José López Portillo, quien famosamente aseveró: "No pago para que me peguen".
Este sórdido episodio pone de manifiesto, para que ustedes, ciudadanos, se percaten de cómo opera nuestro sistema político, los acomodos existentes armados con la argamasa del dinero público y por qué resulta tan lucrativo pertenecer a la "chiquillada".
Si la PGR de veras estuviese interesada en limpiar el empleo de fondos públicos, llama la atención que no le eche el ojo, por ejemplo, al Partido Verde, cuyos dueños son ya inmensamente acaudalados y reciben igualmente grandes infusiones de dinero público sin rendición de cuentas a nadie.
Sólo que éstos nunca se han "equivocado": siempre han sabido quién les da de comer y jamás se han atrevido a morder su mano.
NO DEFENDEMOS a nadie con este opus matutino, solamente pretendemos darle contexto a lo que está pasando, valorados lectores, y ayudarlos a entender por qué en algo que nació chueco hace casi 30 años, apenas se descubre "está mal".
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Los Anaya y ese negocio llamado PT/Carlos Zuñiga
El Heraldo..,
Me queda claro que desde hace muchos años, el matrimonio Anaya no sabe o no quiere manejar ética y legalmente todo aquel recurso público que recibe
En la campaña de 1997 para elegir gobernador de Nuevo León, siendo el que esto escribe responsable del contenido de un noticiero de tv en Monterrey, recibimos un videocasete con actividades de varios candidatos del Partido del Trabajo. De ahí se sacarían extractos para una nota en el informativo. Tras 10 minutos de discursos, saludos y entrega de propaganda, el material de campaña terminaba, no así todo el contenido de la cinta. Luego de un corte de edición, se veía una grabación donde Alberto Anaya y su esposa Guadalupe Rodríguez Martínez, bailaban en una fastuosa boda, ante los acordes de una banda grupera de moda. Un descuido de un camarógrafo a su servicio revelaba que desde entonces, para ellos, daba lo mismo usar los equipos de trabajo para las actividades políticas públicas o para sus festejos familiares. Tras una discusión editorial, se resolvió que eso era material privado y no salió al aire.
La anécdota me viene a la memoria al leer las explicaciones que Anaya ofrece para defender a su pareja, quien es acusada de fraude por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al trasladar a cuentas bancarias a su nombre más de 100 millones de pesos que el gobierno de Nuevo León proporcionó para la operación de los Cendis, escuelas que el matrimonio opera en zonas bajo su influencia política en la zona metropolitana de Monterrey. Según el líder del PT, la administración estatal depositó el dinero en cuentas a nombre de personas físicas, para no generar “derechos laborales de los empleados”. Y ellos, sin empacho alguno, aceptaron caer en tal ilegalidad. Ahora, culpa de la situación al gobierno de ‘El Bronco’ y acusa una campaña de desprestigio en su contra.
En declaraciones a la revista Proceso, la ahora prófuga Lupita Rodríguez también justifica el manejo de dinero público en cuentas a su nombre y sostiene que se trata de “un ataque del gobierno federal por apoyar a Andrés Manuel López Obrador”.
Me queda claro que desde hace muchos años, el matrimonio Anaya no sabe o no quiere manejar ética y legalmente todo aquel recurso público que recibe. Ante la falta de rendición de cuentas, podrán disponer del dinero como lo hicieron con aquella cámara y material de tv.
Las sospechas sobre la pareja y su círculo cercano siempre han estado presentes, más desde que manejan a su antojo la dirección del Partido del Trabajo. La gran pregunta es ¿Por qué hasta ahora la acción penal?
CONTRASEÑA: En una acción poco clara, agentes de la SEIDO aseguraron a principios de mes en Cancún la empresa First National Security, que resguardaba más de mil 500 cajas de valores. El viernes, la subprocuraduría dispuso que las cajas fueran abiertas y que su todo contenido fuera trasladado a la Ciudad de México. Los clientes afectados califican el procedimiento como ilegal y una violación a la propiedad privada. Faltan muchas explicaciones.
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Revista Proceso..#2139, 29 de octubre de 2017
Plan para afectar a Anaya, a su esposa y a AMLO/LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- El presunto desvío superior a los 100 millones de pesos de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en esta entidad involucran no sólo a la directora de la dependencia, la exdiputada local Guadalupe Rodríguez Martínez, sino también a su esposo, Alberto Anaya Gutiérrez, líder del Partido del Trabajo (PT) y fundador del Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL), la asociación civil de donde aquél surgió.
Entrevistada sobre los señalamientos en su contra, Rodríguez Martínez sostiene que se trata de un ataque del gobierno federal “aberrante y sin fundamento” contra el PT –ligado a los Cendis y al FPTyL– por su respaldo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para 2018.
Con respecto a las imputaciones que le hace la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el manejo de varias cuentas bancarias, la exdiputada sostiene que la pasada administración estatal encabezada por Rodrigo Medina la facultó pa­ra ello. Incluso asegura tener pruebas para demostrarlo.
Con respecto al presunto desvío de recursos que le imputa la PGR, admite que por “acuerdo tácito” tomó dinero que el estado le otorga al FPTyL para fondear los Cendis debido al retraso de pagos a principios año. Esa, dice, es una práctica recurrente, aunque al final se regresan los recursos.
Sin embargo, la PGR quiere intervenir el Frente, uno de cuyos integrantes del consejo colectivo es precisamente Anaya Gutiérrez, sobre quien va presuntamente la PGR.
Según Rodríguez Martínez, existe también una cuenta a nombre del Frente que maneja Héctor Quiroz, dirigente del PT en Aguascalientes, quien fue aprehendido por presuntos malos manejos de esos recursos. Las siete personas que manejan las cuentas cuestionadas han ocupado puestos en ese partido.
Reitera que en efecto dispuso de las cantidades, aunque lo hizo a través de cuentas de firmas mancomunadas en las que participan empleados de los Cendis que son sus subordinados. En agosto, señala, la SEIDO bloqueó las cuentas en Banorte que estaban a su nombre, lo que provocó carencias en los centros y protestas frente al palacio de Gobierno.
Las cuentas 
Ante el temor de ser detenida, pues hay una orden de aprehensión en su contra, Guadalupe Rodríguez dejó de aparecer en público, sobre todo a raíz de la detención de Quiroz, tesorero del FPTyL y dirigente del PT en Aguascalientes el lunes 23.
A Quiroz se le acusa de presunto desvío de aproximadamente 100 millones de pesos de los Cendis, un sistema educativo fundado hace 27 años por Rodríguez, quien desde entonces es su directora general.
Parte de los recursos que recibe provienen del gobierno federal, que los hace llegar a la Tesorería de Nuevo León; ésta los canaliza a la secretaría de Educación del estado, que finalmente los asigna a los planteles en la localidad mediante cuentas abiertas en Banorte.
Rodríguez Martínez explica el modus operandi de esos recursos:
La cuenta 0680890054 está a nombre de ella y de Laura Elena Guerra Martínez y es para sueldos y salarios; la 0651922553 está a nombre de Guerra Martínez y de Mayra Paredes Díaz.
Otro rubro que sale del presupuesto de egresos de la Federación –el “Fondo no regularizable o recurso de una sola vez”– le llega a Rodríguez Martínez y a Marlén Dinorah Martínez Tijerina por medio de la Tesorería estatal en las cuentas 0669150285 y 0501728289.
Desde ambas se transfieren recursos para “complementación de salarios” a la cuenta que manejan Paredes y Guerra; la directora de los Cendis también envía dinero a la cuenta 0264941495, que maneja María Cristina Martínez Corpus, para “mantenimiento, obras, equipamiento, acabados, remodelación y otros gastos educativos”.
A su vez, el gobierno estatal aporta fondos al FPTyL en la cuenta 00534259811 de Banorte que administran Quiroz y Carlos Hugo Castañeda Garay. Esa cuenta se conecta con las que llevan Rodríguez Martínez y Martínez Tijerina.
La directora de los Cendis dice que la aportación del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, es de 60 millones de pesos al año, e insiste en que un acuerdo administrativo la faculta para abrir las cuentas de los Cendis a su nombre.
En Nuevo León, el sistema Cendis está integrado por 13 escuelas con una plantilla de 702 trabajadores, entre maestros y administrativos, y una matrícula de 5 mil niños. Cuenta con un presupuesto de 140 millones de pesos sólo para el pago de salarios, aunque los centros tienen otras erogaciones por mantenimiento de instalaciones y construcción de nuevas estancias.
Rodríguez Martínez dice que la PGR se está confundiendo, pues ella no tiene que ver en otros estados, pues sólo administra los recursos de los 13 Cendis de Nuevo León.
El pasado 23 de agosto la SEIDO abrió las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/2819/2017 y la 2826/2017 y aseguró las cuentas bancarias que tenían como representante legal, beneficiaria y firmante a María Guadalupe Rodríguez Martínez, a quien le dieron carácter de indiciada. El 31 de agosto las cuentas quedaron congeladas.
Según la inculpada, en septiembre la SEIDO llamó a declarar a sus colaboradores Quiroz, Martínez Corpus, Paredes y Guerra. Ella no acudió porque, dice, es la acusada directa. Sin embargo, después se emitieron órdenes de aprehensión contra Quiroz, Corpus y Paredes. Rodríguez Martínez adelanta: “Al rato vienen contra todos”, en alusión al FPTyL.
El fondeo de recursos
Rodríguez Martínez asegura que intentarán cuestionarla por el crédito puente que pidió para operar los Cendis, pues los primeros meses no tuvieron recursos, por lo que ella recurrió a los recursos que le otorga el gobierno estatal al FPTyL, fundado en 1976 por su esposo.
El Frente, aclara, recibe una partida anual del erario estatal para atención social, y cuando los Cendis carecen de recursos, como en esta ocasión, se extrae dinero de ese fondo por un “acuerdo tácito”.
El tesorero del organismo es Héctor Quiroz, quien, según Rodríguez, recibe partidas presupuestales en ministraciones de hasta 20 millones de pesos por uno, dos o tres años.
“Cuando ese fondo revolvente (del FPTyL) tiene recursos le solicitamos apoyo para operar los Cendis a fin de no parar la actividad. Siempre se hace mediante un acuerdo tácito. Las autoridades te dicen: ‘Agárralo de ahí’.” Al final, aclara la directora de los Cendis, cuando éstos reciben sus recursos, se regresa el dinero al Frente.
Insiste en que está facultada para manejar las cuentas de los Cendis con base en el acuerdo del gobierno de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial del 8 de diciembre de 2010, donde se establece que esos centros educativos se integran a la Secretaría de Educación del estado.
Mediante ese acuerdo, dice la entrevistada, se determinó quién sería la directora general, a propuesta del consejo consultivo de los centros.
Por eso, abunda, la acusación en su contra es errónea. Y reitera que la propia administración estatal le pidió abrir dos cuentas para recibir los recursos ordinarios y extraordinarios que mantienen los Cendis.
Los 13 Cendis gastan aproximadamente 8 millones de pesos al mes, de los cuales 2 millones se invierten en la compra de alimentos y el resto para el pago de empleados y directivos.
Sobre su situación, Rodríguez Martínez dice que no estuvo en la conferencia de prensa que ofreció Anaya en la Ciudad de México porque convalecía de una enfermedad, aunque advierte que, como hay una orden de aprehensión en su contra, tiene que tomar precauciones por recomendación de su abogado.
“La SEIDO está buscando información para ver cómo nos adjudica un delito espectacular, para ver cómo desprestigiarnos, metiéndonos en una campaña de lodo que hacen hasta con mentiras. La SEIDO quiere abrir un teatro mayúsculo”, apunta.
Las acusaciones, concluye, son una estrategia del gobierno federal para impedir que el PT respalde a AMLO en su aspiración presidencial.
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