Miguel Angel Osorio Chong en San Lázaro

Viernes 27 de octubre de 2017..
Cmpareció nte las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno...
Mensaje...
Muy buenos días a todas, a todos.
Mercedes Del Carmen Guillén, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación.
Diputado Federico Döring.

Señoras diputadas, señores diputados.
Saludo a los coordinadores parlamentarios, César Camacho, Jesús Sesma, Alejandro González Murillo, José Clemente Castañeda.
Comparezco ante las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación de la Cámara de Diputados, lo hago con la convicción de que el diálogo entre Poderes es fundamental para la democracia mexicana.
Me da mucho gusto volverles a ver, diputadas, diputados.
Y si me lo permiten, iniciaré refiriéndome a un tema fundamental del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, y sobre el que hemos venido trabajando arduamente todas y todos, durante los últimos cinco años.
Me refiero por supuesto a la protección civil, que ha adquirido la mayor relevancia de cara al momento especial que vive nuestro país.

Un momento en el que la sociedad mexicana ha demostrado su fortaleza.
Un momento en el que nuestra nación ha dejado en claro que es una nación solidaria y generosa.
Que sabe responder con entereza y determinación ante la adversidad.
Una vez más, septiembre, nos puso a prueba como país, y una vez más, las y los mexicanos estuvimos a la altura del reto, porque los sismos que cimbraron nuestra tierra, también sacudieron conciencias, y nos recordaron que cuando trabajamos juntos, cuando sumamos esfuerzos y actuamos en unidad, entonces podemos remontar las dificultades que enfrentamos.

Fue con ese espíritu que la sociedad se volcó a las calles para ayudar a quien lo necesitaba, y fue con esa visión que las instituciones, integradas por mexicanas y mexicanos de gran valía, respondieron con oportunidad y compromiso ante la emergencia.

Los temblores de septiembre pusieron a prueba lo que hemos venido construyendo en estos últimos años.

Me refiero a un Sistema Nacional de Protección Civil que durante los últimos cinco años ha priorizado el enfoque preventivo, la articulación entre órdenes de gobierno e instituciones, y el desarrollo de capacidades.

En ese sentido, no fue fortuito que existiese una reacción coordinada, ágil y oportuna.

Fue así que el día 7 de septiembre se instaló el Comité Nacional de Emergencias, que sesionó de forma ininterrumpida hasta el 5 de octubre, analizando la situación, determinando las medidas urgentes y proveyendo los medios materiales para enfrentar la emergencia.

También de forma inmediata, se activó el Plan Nacional de Respuesta MX, creado en esta administración, y que integra el Plan DN-III de la SEDENA, el Plan Marina, el Plan de Apoyo a la Población de la Policía Federal, y el que suma también los planes de respuesta de PEMEX, de CFE, de CONAGUA y de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La respuesta oportuna de las instituciones ha permitido que a pesar de la dimensión devastadora de los sismos de septiembre, hoy la emergencia ha sido superada y nos encontremos de lleno en el proceso de reconstrucción.

Un proceso que se realiza con total transparencia, y lo más importante, que tiene en la participación de la sociedad un componente esencial.

Porque siempre que la ciudadanía se involucra, las políticas públicas siempre serán más efectivas.

Con esta convicción, es con ésa, que hemos dirigido la política interna estos últimos cinco años, escuchando a la sociedad y canalizando sus exigencias por las vías institucionales para construir soluciones de manera pacífica, con puertas abiertas, sentándonos a la mesa para dialogar lo mismo con estudiantes y empresarios, que con campesinos, centrales obreras u organizaciones de mujeres.

Privilegiando las coincidencias por encima de las diferencias, e impulsando la construcción de consensos, la corresponsabilidad con los Poderes de la Unión; órdenes de gobierno; sectores y grupos sociales.

Porque estamos convencidos de que en democracia la pluralidad no es un obstáculo, sino una fortaleza.

Fue así que las fuerzas políticas, con el empuje de la ciudadanía, pusimos fin a más de tres lustros de parálisis legislativa, y concretamos grandes reformas en beneficio de la población.

Y ha sido así también, como se ha trabajado de manera permanente para fortalecer las condiciones de estabilidad y gobernabilidad democrática que el país requiere para desarrollarse.

Esto se ha logrado haciendo uso de la buena política.

Es decir, la que sirve a la sociedad. La que está al servicio de las causas de México.

Viendo siempre más allá de lo inmediato y poniendo el interés general por encima de intereses particulares.

Es con esa misma lógica que estamos enfrentando los retos en materia de seguridad.

Atendiendo las coyunturas complejas que se han presentado, pero actuando con visión de largo plazo.

Y con la claridad de que las soluciones duraderas se construyen por la vía de las instituciones, NO de los voluntarismos.

Fue desde esa óptica, por ejemplo, que se implementó en todo el país el número 9-1-1.

Pasando de más de 500 números en todo el país, a uno solo. Y marcando un antes y un después en la materia, al brindar a la sociedad mexicana una herramienta novedosa y eficaz para la atención de emergencias.

Así también se amplió la capacidad de la Policía Federal y se creó la División de Gendarmería. Y no solo eso, sino que se ha mejorado la formación de todos sus integrantes, y también las prestaciones que reciben por su servicio y entrega al país.

Al mismo tiempo, en estos cinco años se han fortalecido los sistemas de inteligencia del Estado, a través de la puesta en marcha de cinco centros regionales de inteligencia, que permiten obtener y analizar información desde los propios estados.

A esto se suma la estrategia de prevención de la violencia que, a pesar de las limitantes presupuestarias, se sigue aplicando desde 29 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Del mismo modo, se ha dado un respaldo decidido a todas las entidades por igual.

Desplegando a las Fuerzas Federales, las cuales realizan una gran labor –que en muchas ocasiones no les corresponde-, para apoyar a la población ahí donde las autoridades locales han sido rebasadas.

Impulsando la creación de Unidades Estatales Contra el Secuestro en todas las entidades.

Y asignando, con el apoyo de ustedes, legisladoras y legisladores, recursos importantes para la seguridad.

Es decir, durante los últimos cinco años se ha realizado un esfuerzo sin precedentes por fortalecer las instituciones de seguridad, trabajando muy de cerca con los estados para hacer frente a los delitos que más lastiman a la sociedad.

A pesar de ello, como Estado Mexicano, aún tenemos el reto de la disparidad institucional entre el nivel federal y el nivel local.

Mientras que a nivel federal se cuenta con instituciones profesionales, confiables y eficaces como el Ejército, la Marina y la Policía Federal, a nivel local, indudablemente se necesitan redoblar esfuerzos.

Muestra de ello es que existen alrededor de 600 ayuntamientos sin corporaciones propias, y que solo 14 de las entidades tienen cuerpos de seguridad en todos los municipios.

Además de que el 86 por ciento de las policías municipales tiene menos de 100 elementos, hay una distribución muy heterogénea, dejen les explico, ya que mientras las 20 corporaciones más grandes concentran el 25 por ciento del cuerpo de fuerza, el 10 por ciento de todos los policías se dispersa entre mil 100 municipios, o sea, pocos municipios cuentan con un estado de fuerza sólido.

Y si revisamos las condiciones laborales, el panorama tampoco mejora. Ya que 40 por ciento de los policías perciben un sueldo base mensual inferior a los 4 mil 600 pesos, y apenas el 4 por ciento recibe un sueldo superior a los 12 mil.

Lo anterior es importante, porque mejorar la seguridad requiere, necesariamente, dignificar la labor policial.

Todo lo anterior resulta en una gran debilidad institucional de las corporaciones de seguridad locales, que a su vez se traduce en una limitante para fortalecer el Estado de derecho en todo el territorio nacional.

Al mismo tiempo, obstaculiza la continuidad en los esfuerzos. Ello, sumado a los cambios de gobierno connaturales a nuestra democracia, dificulta una acción eficaz y de largo plazo.

Lo anterior adquiere una mayor relevancia cuando se analiza la información sobre la violencia en México.

Me explico. Del total de homicidios, aquellos que están relacionados con delitos del fuero común, pasaron de tres de cada 10, en 2011, a cinco de cada 10, en 2016.

Lo anterior da cuenta de que a diferencia de 2011, estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal de crimen organizado, pero agudizado en gran proporción en los delitos del fuero común que se suceden en el orden local.

Al mismo tiempo, hay que decir que las facultades concurrentes en materia de seguridad pública que mandata la constitución responden a los años ochenta del siglo pasado, no a la realidad del siglo 21.

En los últimos 30 o 40 años, el fenómeno del crimen se ha transformado, y así también resulta necesario preguntarse cuál es la mejor forma en que el Estado mexicano debe organizarse.

Ello requiere, necesariamente, de la participación decidida del Poder Legislativo.

En suma: el Gobierno de la República es el primero en reconocer que existen retos en materia de seguridad.

Y con esa misma claridad les estamos haciendo frente.

Sin embargo, construir soluciones duraderas y eficaces no es un tema solo de gobierno, sino de Estado.

Por ello, se requiere la participación decidida del Poder Legislativo, y por supuesto, de los gobiernos municipales y estatales.

Con esa misma óptica debemos seguir avanzando como país para lograr un sistema de justicia ágil, confiable y transparente.

Se trata de una de las demandas más sentidas de la sociedad.

Y es por ello que desde un inicio, una de las prioridades del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto fue lograr que el Nuevo Sistema Penal entrara en vigor en el plazo constitucional.

Algo que se logró gracias al trabajo conjunto.

Aunque se trató de un avance histórico, hay que señalar que se requiere un esfuerzo permanente para consolidarlo.

Es así que en el Gobierno de la República se han mantenido los esfuerzos para identificar las áreas de oportunidad que presente, concluir la construcción y adecuación de la infraestructura, y capacitar a los integrantes de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Pero seamos claros, si bien el sistema es perfectible, nadie puede argumentar que el anterior era mejor.

Lo que sigue es continuar trabajando juntos en esta etapa de consolidación.

Porque afianzar el Estado de Derecho exige el actuar corresponsable de todas y todos.

Exige también, de un compromiso irrestricto con los Derechos Humanos.

Compromiso que hemos asumido en el Gobierno de la República.

Y que se refleja en un esfuerzo permanente para proteger, garantizar y promover el ejercicio de nuestras libertades.

Sumando esfuerzos con la sociedad, respondiendo a las recomendaciones de organismos especializados, y atendiendo agendas específicas.

Desde las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, ante las cuales se han emprendido medidas puntuales; hasta violaciones graves como son la trata de personas, la tortura y la desaparición forzada.

Y desde el impulso a los derechos de niñas, niños y adolescentes; hasta el trabajo decidido para empoderar a las mujeres y erradicar la violencia en su contra.

Un fenómeno, por cierto, inaceptable que lamentablemente es la violación de derechos humanos más recurrente en el mundo y la más tolerada por la sociedad.

Y todo esto lo hacemos con la convicción de que nada puede estar por encima de la dignidad de las personas, teniendo como único límite lo que establece la ley.

Con el mismo enfoque de derechos, es que se devolvió a la política de población la prioridad que ameritaba.

Por un lado, impulsando, junto con las entidades, la adopción de un formato único de acta de nacimiento, la modernización e interconexión de los registros civiles, y la consolidación de la CURP como clave de identidad.

Y por el otro, acercando los servicios del registro civil a comunidades marginadas, y simplificado el trámite del apostille en beneficio de la población México-americana.

El objetivo es que cada mexicana y cada mexicano, pueda hacer efectivo su derecho a la identidad.

Porque no solo se trata de la puerta de acceso a otras garantías y servicios; sino que también es palanca de bienestar, prosperidad e inclusión para el país.

Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos para garantizar una migración más digna y humana en ambas fronteras.

En la Frontera Norte para que el regreso de nuestros connacionales se dé con seguridad y en condiciones dignas y de respeto.

Ante los nuevos desafíos, se ha fortalecido el Programa Somos Mexicanos, que además de servicios de alimentación, albergue, servicios de salud y transporte, comienza a ofrecer opciones para su reincorporación productiva.

Al mismo tiempo, en la Frontera Sur, se ha incentivado una migración formal y ordenada.

A través de la expedición de Tarjetas de Trabajador Fronterizo y Tarjetas de Visitante Regional, que permiten facilitar el intercambio y la movilidad segura con nuestros vecinos de Centroamérica.

Porque estamos convencidos de que las fronteras no deben ser muros, sino puertas para la amistad, cooperación e intercambio comercial y cultural entre las naciones.

Es así construyendo puentes de diálogo y entendimiento, escuchando a todas las voces, trabajando coordinadamente con estados y municipios, impulsando y fortaleciendo las instituciones y, decididamente, trabajando de la mano con la sociedad, como en cinco años de Gobierno hemos transformado, para bien, a México.

¿Persisten retos? Por supuesto que sí, pero lo importante es que entre todas y todos hemos puesto bases sólidas para concretar y profundizar los cambios que hemos iniciado.

Un mejor futuro le espera a México, el futuro que se está construyendo, ya, desde ahora entre todas y todos.

Celebro la oportunidad de llevar a cabo ejercicio de rendición de cuentas, que sin duda fortalece a nuestra democracia.

Este diálogo además nos brinda  la oportunidad de analizar los avances que como país hemos logrado y contribuye a construir respuestas conjuntas a los retos que aún tenemos.

Sepan que en el Gobierno de la República seguiremos tendiendo puentes con los Poderes de la Unión y con la sociedad.

Con la convicción de que, la unidad es la mejor vía para el avance del país.

Estoy a sus órdenes diputadas y diputados.
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