"El Bronco", un desafío para el INE y el TEPJF/

El constitucionalista Diego Valadés expone los motivos por los cuales el Instituto Nacional Electoral no debe otorgar el registro al gobernador de Nuevo León...

Revista Proceso # 2158, 11 de marzo de 2018..
"El Bronco", un desafío para el INE y el TEPJF/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón se convirtió ya en un problema para las autoridades electorales. El constitucionalista Diego Valadés expone los motivos por los cuales el Instituto Nacional Electoral no debe otorgar el registro al gobernador de Nuevo León. En entrevista con Proceso, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también aborda el sinsentido del periodo de intercampañas que prohíbe los debates, lo cual ha provocado airadas críticas de los concesionarios de los medios de comunicación.

El jurista Diego Valadés es contundente: el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que rechazar el registro de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato independiente a la Presidencia de la República. Su argumento es que el gobernador de Nuevo León con licencia será juez y parte en el proceso electoral a partir del día de los comicios. La única manera de salvar su aspiración, dice, es que renuncie a la gubernatura.
Además de las irregularidades que el INE termine por determinar en el número de firmas que presentó como apoyo a su candidatura –estimadas preliminarmente en 40%–, Rodríguez Calderón tendrá que ser sometido a los criterios fijados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligan a la separación del cargo durante todo el proceso electoral y no sólo los seis meses que dura su licencia.

El problema para Rodríguez Calderón es que la Constitución de Nuevo León no prevé una licencia mayor a ese plazo, por lo que la única manera de salvar el impedimento para registrarse como candidato independiente es que renuncie en definitiva al gobierno de Nuevo León, explica en entrevista el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El INE y el TEPJF tienen otro escollo por delante que exige una solución pronta: la prohibición que tienen los candidatos durante el actual periodo de intercampañas para debatir y expresarse libremente.
Los magistrados del Tribunal Electoral tendrán que resolver en los próximos días los diferentes juicios interpuestos por actores políticos, medios de comunicación y la cámara empresarial de radio y televisión en contra de los lineamientos del INE que impiden la realización de debates entre los candidatos en el actual periodo de intercampañas.
“Esta prohibición no tiene ningún fundamento democrático”, asegura el investigador especializado en derecho constitucional, sistemas representativos y control del poder, quien además ha sido titular de la Procuraduría General de la República y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como embajador de México en Guatemala, además de haber estado al frente del propio IIJ.
Valadés asegura que la candidatura de Jaime Rodríguez “representa un dilema” para las autoridades electorales; administrativa en el INE y judicial en el TEPJF.
“Desde mi punto de vista, el Instituto Nacional Electoral no debe darle el registro como candidato por el muy sencillo hecho de que ese candidato volverá a ocupar el gobierno del estado el día mismo de las elecciones”, asevera.
Esto significa que a través de sus representantes participará en el cómputo de los votos que inicia el miércoles siguiente a las elecciones, pero lo hará ya como gobernador, pues su licencia de seis meses se vence el 1 de julio de 2018, el mismo día de las elecciones. Ya de nuevo en funciones, podría intervenir en cualquier proceso contencioso que se inicie en su contra o en el caso de que él atribuya actos indebidos a otros. Esa es una irregularidad que ya está prevista por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, apunta Valadés.
Un dilema administrativo-judicial
Tanto el TEPJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo han determinado. El Tribunal Electoral, incluso, con jurisprudencia firme ha establecido que la separación del poder por parte de quienes ocupan un cargo como gobernador debe ser durante todo el proceso electoral, no sólo hasta la fecha de la elección.
El proceso electoral no termina el día de los comicios, sino con la declaratoria formal que valida el triunfo de candidato con mayor número de votos; en el caso de las elecciones presidenciales, es en septiembre.
“Si el Instituto Nacional Electoral le da el registro a quien a partir del 1 de julio incumple ese requisito, creo que sería un fallo técnico jurídico muy relevante”, dice el experto.
Autor de Constitución y política, Constitución y democracia y El control del poder, entre otros estudios, Diego Valadés dice que la solución está en manos del propio gobernador con licencia: “Para seguir adelante en el proceso electoral, tiene una opción que está a su alcance: renunciar”.
–¿Y por qué renunciar?
–Porque la Constitución del estado de Nuevo León no permite que las licencias sean por más de seis meses. Si la Constitución estatal permitiera que fuera un año, entonces podría seguir con licencia. Pero no es el caso.
–¿Cómo es que las autoridades electorales dejaron que el proceso de registro del gobernador continuara?
–El INE lo que hizo fue admitir las solicitudes y dar seguimiento a la obtención de firmas y su correspondiente validación. Pero ya para el registro, el gobernador tendrá que demostrar que su licencia es válida durante todo el proceso electoral. Y si no es así, estimo que el Instituto Nacional Electoral no le puede dar el registro.
–Si el fundamento es la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿entonces el INE, como autoridad administrativa, debe de negarle el registro?
–Una jurisprudencia firme del TEPJF es vinculante para todos los órganos electorales. Por lo tanto, una eventual negativa del INE no sería una decisión administrativa, sino la aplicación de un criterio de la máxima autoridad judicial en materia electoral.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional y del Colegio de Sinaloa –entidad donde nació hace 73 años–, Valadés explica que en ese caso Rodríguez Calderón no quedaría desprotegido porque puede presentar un recurso ante el Tribunal Electoral y, eventualmente, esa instancia judicial podría modificar su criterio.
“La negativa a su registro como candidato independiente se podría apelar. Nadie está en estado de indefensión y a todos se les debe aplicar la norma en términos razonables”, dice.
Aún antes de esa eventualidad, El Bronco debe sortear la validez de las firmas que presentó al INE como apoyo de su candidatura presidencial independiente. De los tres aspirantes en esa condición, el gobernador de Nuevo León con licencia es el que más apoyos inexistentes habría presentado.
Firmas dudosas
Las revisiones preliminares del INE dadas a conocer el pasado 26 de febrero, indican que de los 2 millones 34 mil 432 firmas que presentó el expriista, 824 mil 472 serían falsas. Es decir, 40.5% del “apoyo” que ostentó sería en realidad una invención.
Para Rodríguez Calderón las firmas falsas son “travesuras”, no un fraude. “La gente puede sacarle copias a una credencial y tomarle la foto y enviarla; esa no cuenta, esa no se aplica que cuente. Eso no es un fraude, eso simplemente es una travesura de alguien”, declaró en enero pasado cuando el INE dio a conocer la persistencia de esa irregularidad en el caso de varios candidatos independientes a distintos cargos de elección popular.
Pero las firmas falsas no son la única manera de hacer trampa por parte de los candidatos independientes. También la presentación de credenciales caducas, credenciales de personas fallecidas o de personas con cambio de domicilio, entre otros recursos.
Después de Rodríguez Calderón, en el número de firmas no validadas está el senador con licencia por Guerrero y experredista Armando Ríos Piter. Presentó 1 millón 765 mil 728. Pero de ellas, 606 mil 214 están bajo escrutinio del INE, lo que representa 34% de su “apoyo”.
Muy cerca quedó Margarita Zavala, la expanista esposa del expresidente Felipe Calderón. Del millón 578 mil 762 firmas registradas, 511 mil 582 serían irregulares; es decir, 32%, según la revisión preliminar. Descontadas las inconsistencias, Zavala sería la que menos firmas logró recabar.
El INE deberá dar a conocer las cifras definitivas antes de que apruebe la distribución del financiamiento público para el gasto de campaña de los independientes, calendarizada para hacerse entre los próximos domingo 11 y domingo 18.
La revisión del INE deberá precisar las irregularidades de las firmas duplicadas, las personas dadas de baja, las no encontradas y otras inconsistencias, como las de las personas que estén en el padrón electoral pero no en la lista nominal de electores, que es en donde están registrados los ciudadanos que solicitaron su ingreso al padrón y tienen credencial de elector vigente.
Los candidatos independientes podrán pedir una revisión de las firmas no encontradas por el INE. En el extremo, en caso de desacuerdo podrían acudir al Tribunal Electoral. Pero no hay mucho tiempo para las diferencias, pues las campañas empezarán formalmente el viernes 30.
Antes de esa fecha, el TEPJF también deberá resolver las impugnaciones que se han presentado contra los lineamientos del INE que impiden la realización de debates entre los candidatos durante el actual periodo de intercampañas.
Esta determinación no tiene fundamento democrático, asegura Valadés. Pero para evitar una nueva reforma electoral y eliminar ese periodo, propone “simplemente interpretar la ley de la manera que resulte más adecuada para los intereses de la democracia”.
Si se quiere que durante este periodo no se puedan hacer campañas, habría que entender éstas en un sentido restrictivo respecto a grandes concentraciones y movilizaciones públicas, explica.
“Hay que entender este periodo para que nos dejen a los ciudadanos respirar un poco después del aluvión de spots que padecimos durante la precampaña y que vamos a padecer durante la campaña. Pero fuera de esas dos limitaciones –que están a favor de la ciudadanía, para que no se nos abrume con los anuncios y no se nos obstaculice la circulación–, los candidatos deben tener absoluta libertad para reunirse entre sí y asistir a programas de televisión, debatir en radio o estar en los medios impresos.
“Los ciudadanos tenemos derecho a valorar a los que vamos a elegir. Este no es un derecho subjetivo de ellos, es un derecho nuestro como ciudadanos que vamos a tomar una decisión muy importante, que es la de decidir más de 3 mil cargos en los niveles municipal, estatal y federal, y necesitamos saber quiénes son ellos; aunque es cierto que esta prohibición está destinada fundamentalmente a los candidatos presidenciales”, apunta.
Pero, ¿por qué razón no podemos estar escuchando en este momento a los aspirantes a diputados o al Senado de nuestros distritos? Es una prohibición que no se aviene con un Estado democrático, insiste.
Las impugnaciones
Para el especialista, no tiene por qué ser tan complicado: “La democracia tiene una regla de tres: todo lo que contribuye al ejercicio de las libertades públicas debe ser válido. Toda limitación a las libertades públicas se contrapone a un sistema constitucional democrático”.
Por eso considera valiosa la contribución de Jorge Castañeda, quien después de haber sido secretario de Relaciones Exteriores entre 2000 y 2003, en el gobierno de Vicente Fox, buscó ser candidato presidencial sin partido en 2006. Después de una queja que promovió contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 el Congreso aprobó las candidaturas independientes.
Restricciones como las establecidas para que los candidatos no puedan debatir durante las intercampañas en nada contribuyen a la democracia, asegura Valadés.
El TEPJF ha recibido varias impugnaciones contra los lineamientos del INE que impiden la participación de los candidatos en debates organizados por los medios de comunicación durante el actual periodo de intercampañas.
El 23 de febrero, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión presentó un recurso ante el Tribunal Electoral por considerar que la decisión de la autoridad administrativa electoral limita el trabajo de los comunicadores, además de inhibir el desarrollo de la prensa libre y afectar de manera negativa el libre debate de las ideas, en detrimento de la opinión pública durante el actual proceso electoral.
Una segunda impugnación la presentaron el PRI y su candidato presidencial José Antonio Meade el 27 de febrero, con el propósito de que los magistrados electorales revoquen la decisión del INE y hagan un pronunciamiento sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
Al cierre de edición, el viernes 2, se esperaba una impugnación más por parte de TV Azteca contra la prohibición del INE de realizar entrevistas, debates y mesas de análisis con los candidatos. La televisora también argumenta que se trata de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.
El TEPJF tendrá que resolver los distintos recursos antes de que finalice el actual periodo de veda, por lo que los acumulará en un solo juicio y emitirá su veredicto en los próximos días.
Al cierre de esta edición, el TEPJF revocó el acuerdo del INE por ser restrictivo de la libertad de expresión de los candidatos.