Ricardo Anaya en las columnas hoy, 5 de marzo de 2018..

Entre encuestas te veas....;ahora nos dice que Meade va en segundo lugar y en la otra lo colocan cerca de los independientes...Caray!
El periódico El Heraldo y Massive Caller dan a conocer sus encuestas hoy...: .
1º Con 30% de las preferencias, AMLO de Morena-PT-PES
2º Con 25% de las preferencias, José Antonio Meade, del PRI-Verde-NA
3º Con 23% de las preferencias, Ricardo Anaya, del PAN-PRD-MC

La encuesta de Massive Caller de Carlos Campos Riojas..
1º Con 32.2% de las preferencias, AMLO 
2º Con 25.1% de las preferencias, Anaya, 
2º Con 13.5% de las preferencias, José Antonio Meade
Como dice Federico Arreola "Sean serios, señores encuestadores!
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Las columnas políticas hoy, 5 de marzo de 2018...
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Confidencial/ElFinanciero
Buscan apoyos para Anaya... en el Frente
Nos indican que los jefes de las bancadas de PAN, PRD y MC en el Congreso hacen malabares para que los legisladores de sus grupos parlamentarios muestren más su apoyo público a Ricardo Anaya. Es decir, que vayan a sus eventos, “que se pongan la camiseta, pues”. Aunque se notó en el pleno de San Lázaro la defensa que hicieron del abanderado del Frente ante la arremetida de la PGR, indicaron que habrá que ir a las calles a mostrar la fuerza de la coalición. Los legisladores del PRI “son más disciplinaditos y van a todas con su candidato”, comentan.
Irrumpen intelectuales en el caso Anaya-PGR
La polémica por las investigaciones que la PGR tiene abiertas contra Ricardo Anaya subió de tono ayer con la carta que académicos, activistas e intelectuales de diversos signos políticos dirigieron al Presidente. En la misiva –firmada, entre otros, por Enrique Krauze, José Woldenberg, Claudio X. González, Federico Reyes Heroles y María Elena Morera– llama la atención el señalamiento de que, si no hay pruebas contundentes contra el candidato panista, “el uso de la PGR para perseguir a un líder de la oposición pone a México junto a países con regímenes autoritarios o democracias totalmente disfuncionales”. ¿Y si sí las hay?
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Columnas Serpientes y Escaleras/Salvador García Soto
El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/la-ruptura-de-las-elites-y-el-caso-anaya

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La trama de Anaya paso a paso, y una pregunta final/Pablo Hiriart

El Financiero.
Uso de Razón
La encrucijada en que se encuentra Ricardo Anaya, y que a cualquiera lo hubiese sacado de la carrera por la presidencia, la labró él solo y nadie se la inventó.
Ese camino que lo tiene al pie del precipicio político está cimentado con sus palabras y mentiras.
Primero, en su 3de3 puso que vivía con 100 mil pesos al mes, 50 suyos y 50 de su esposa.
Muy bien, con ese dinero vivía su familia en Atlanta, Georgia, donde pagó casa, tres colegiaturas en escuelas privadas, alimentos, más un viaje suyo cada fin de semana para ver a su familia.
Con ese solo acto se acredita que gastaba más de lo que sus ingresos se lo permitían.
Creó la fundación Más Humanismo, que utilizó para construir un edificio y venderlo.
Además, tiene una planta industrial, vecina a la de Nike… con 100 mil pesos al mes.
Cuando le preguntaron qué empresa le construyó el edificio que hizo la fundación para venderlo, dijo que no se acordaba.
Bien, ese edificio fue construido por la misma empresa que le construyó la planta industrial. ¿Cómo pudo construir una planta industrial, si en su vida solamente había sido servidor público de segundo o tercer nivel?
Dijo que la construyó mediante sus ahorros de servidor público en Querétaro, y gracias a que hipotecó su casa.
Sin embargo, el único gravamen que tiene su casa es una hipoteca de HSBC desde 2005.
Y la historia de la planta se empieza a escribir casi una década después.
Cuando Anaya dio la explicación de las inconsistencias entre su 3de3 y sus ingresos, dijo que éstos venían de la venta de la planta industrial.
Pero la venta de la planta fue en agosto de 2016, cuando su familia ya tenía un año viviendo en Estados Unidos, en las escuelas privadas y él visitaba a los suyos cada fin de semana.
Anaya vende esa planta industrial en 54 millones de pesos –compró el terreno en 10– en agosto de 2016 y se la vende a una empresa fantasma.
Esa empresa fantasma, Manhattan Master Plan Development, se constituyó un mes antes de comprarle la planta a Ricardo Anaya.
La nave industrial de Anaya la compraron dos personas (las que constituyeron esa empresa fantasma con un capital social de 10 mil pesos), dos personas que tienen como domicilio fiscal un terreno baldío.
Esas dos personas han sido señaladas como el chofer y una empleada de Manuel Barreiro. ¿Monto de la operación? Cincuenta y cuatro millones de pesos.
Dijo Anaya que él no sabía que la empresa a la que le vendió era fantasma, que él se la vendió a un arquitecto.
Lo anterior es falso. El arquitecto fue incorporado a la empresa un mes después de haberle comprado la planta industrial a Ricardo Anaya.
¿No sabía que la empresa era fantasma, o 'facturera', como se les suele llamar a las compañías de fachada para cometer algún delito?
Tampoco es verdad.
Cuando se firma ante notario, en la escritura pública se anexa el acta constitutiva de la empresa compradora. Es pública. Y ahí se ve que no está el arquitecto. Que se formó hace un mes. Y que los compradores no tenían capacidad de pago.
¿Cómo se fondeó la operación? A través de varias empresas que recibieron el dinero en paraísos fiscales (la trama empezó con un depósito en Gibraltar).
Dos de los encargados de realizar la ingeniería para el blanqueo de dinero por medio de empresas fantasma en paraísos fiscales, atestiguaron que fueron contratados por Manuel Barreiro a fin de hacerle llegar ese dinero a Ricardo Anaya.
Anaya dijo que no conocía a Barreiro, y resultó que sí, que no sólo se conocían, sino que son amigos.
Mañana seguimos con el tema, porque hay más. Pero una pregunta final: ¿No que estábamos hasta la madre de políticos en negocios sucios?
Éste, Ricardo Anaya, quiere ser presidente.
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 Marko, reveladora ausencia…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
Si pasamos revista a los hechos de los últimos días, estaremos en capacidad de asegurar que no existe un cierre generalizado de filas del panismo en torno a su autoimpuesto candidato 
Prácticamente al término de la sesión del jueves, mientras en el salón de plenos de San Lázaro Candiratón, la caricaturizada figura de Ricardo Anaya Cortés vestido de reo era paseado por priistas, centrando la atención de propios y extraños, más de uno entre los más de cien integrantes de las bancadas de PAN, PRD y MC que apoyan la candidatura presidencial del queretano se preguntaban dónde es que estaba Marko Cortés Mendoza, el gris-gris coordinador de la fracción blanquiazul que, presumiblemente, era quien debía “armar la resistencia y respuesta a la agresión…”.
Concluyó la sesión y, ahora sí que como dijera un clásico, “nadie sabe, nadie supo…” sobre el michoacano que, sin embargo, ahora es posible asegurar, dejó la sede de la diputación federal aun sabiendo del escándalo que, a manera de “ajuste de cuentas…” por la demanda de juicio político contra Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho en PGR, habían montado los tricolores y sus afines… escándalo que, finalmente, acabó “igualando el marcador” entre las partes.
Lo anterior viene a cuenta en virtud de que, al margen de que el priista Carlos Iriarte Mercado haya corrido o no al panista, como efectivamente ocurrió, la cortesía parlamentaria —“así le llaman ellos…”— sobre lo que finalmente ocurriría en el pleno, el hecho ratifica lo que de sobra se ha afirmado en éste y en infinidad de espacios más respecto al caos y absoluta desorganización existente al interior de la campaña de la antinatural alianza suscrita entre derecha e izquierdas (afines al sistema), como resultado del desmedido protagonismo y enfermiza desconfianza del candidato que, como en su momento denunció Javier Corral Jurado, reserva la toma de decisiones “a un pequeño grupo de no más de cinco...” al que, dicen quienes en verdad conocen, nadie, con excepción del administrador partidista de turno, el sonorense Damián Zepeda Vidales tiene acceso…y, últimamente, el neo-fan y defensor del queretano Diego Fernández de Cevallos.
Huelga decir que lo ocurrido el jueves en la sede camaral no es, ni con mucho, el único incidente con tales características pues, si pasamos revista a los hechos de los últimos días, de forma preferente, estaremos en capacidad de asegurar que ni existe un cierre generalizado de filas del panismo en torno a su autoimpuesto candidato ni, menos, de la totalidad de las instancias de decisión de quienes en su momento, igual al interior del sol azteca que de los naranja-naranja, tendieron la alfombra roja para que adelantara hacia la nominación presidencial.
Y de ello, sin duda, alguien es culpable…  
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Anaya: ¡Más mentiras”/Ricardo Alemán
Milenio
Ya metido en la victimización, Ricardo Anaya se dice perseguido político. ¿Ustedes le creen? Van más pruebas del presunto lavado de dinero.
1. Una de las grandes dudas es si el candidato presidencial del PAN, PRD y MC está o no acusado en la carpeta de investigación de la PGR. La respuesta es que tiene calidad de imputado, más no de acusado.
2. ¿Por qué imputado? Primero, porque de viva voz y de puño y letra, Anaya reconoció en videos y entrevistas que intervino en calidad de vendedor en el presunto lavado de dinero.
Y, segundo, porque incurrió en más de una de las conductas penales del artículo 400 bis del Código Penal Federal “…adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o trasfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bines, o alentar alguna actividad ilícita”.
3. También es público que en la operación inmobiliaria motivo de investigación participaron Anaya, Manuel Barreiro, los denunciantes, aquellos que ejecutaron y planearon la triangulación de dinero, así como los que intervinieron en el contrato de compra-venta y hasta los empleados del banco que le entregaron 54 millones de pesos a Anaya. Todos se encuentran en alguna de las causales del citado artículo 400 bis del Código Penal Federal.
4. Además, Anaya engaña a la sociedad al señalar que él, en su calidad de vendedor, no tiene la obligación de investigar el origen de los recursos que recibe por la venta de un inmueble.
Sin embargo, lo desmiente otro párrafos del mismo artículo 400bis, que dispone: “Para los efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”.
5. Conforme a esa disposición, el hecho de que Anaya conociera o no el origen de los recursos es irrelevante. ¿Por qué? Porque se impone al imputado la carga de la prueba, obligación confirmada en jurisprudencia de la SCJN.
6. Además, en su video de ocho minutos, Anaya pretende que no le corresponde verificar si tiene o no origen ilícito el dinero que recibe por una compraventa. Y con ingenuidad de niño bobo explica que para eso pactó un contrato privado, que dice: Cláusula VIGÉSIMA:
En este acto, LA PARTE COMPRADORA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que: —————–
(a) Los recursos económicos que serán utilizados en la presente operación de compraventa tienen una naturaleza lícita y no contravienen bajo ningún concepto las leyes aplicables en materia de recursos de procedencia ilícita y además regulaciones legales aplicables relacionadas con dichas normas, comprometiéndose en sacar en paz y a salvo a LA PARTE VENDEDORA en caso de cualquier infracción de su parte a cualquiera de los ordenamientos relativos a la procedencia de recursos y lavado de dinero; (…).
7.- Dicha cláusula —además de risible— pone en evidencia que Ricardo Anaya conocía del origen ilícito de los recursos, por eso ingenuamente pensó que un pactó entre particulares lo dejaba libre del presunto lavado de dinero.
8. Más aún, la cláusula inculpa a Anaya. ¿Por qué? Porque en su video de maestro decimonónico, el mismo Anaya afirma que el precio de la compraventa, los 54 millones de pesos los recibió a través de tres transferencias bancarias, del banco “Bajío”.
El abogado Anaya engaña al sostener que no existió lavado de dinero, por el hecho de que los 54 millones de pesos de la compraventa salieron del banco Bajío. Oculta que —por eso y para eso— se hizo la triangulación del dinero por el mundo, para que ya lavado, el dinero entrara al sistema financiero. No, los ciudadanos no son idiotas.
9. Pero una joya de la que poco habla “los talentos” que defienden a Anaya, es que los compradores de la nave industrial que vendió fueron Alberto López López y María Amada Ramírez Vega; uno chofer y otra empleada de Manuel Barreiro. ¿Y qué creen? Que ninguno contaba con capacidad financiera para una compra por 54 millones de pesos. Así o aún más claro.
Y es que existen causales sólidas del presunto delito cometido por Ricardo Anaya, quien se esconde en las amplias faldas de la impunidad política, esa que dice que combatirá cuando sea presidente.
¿Por qué ya no acepta preguntas en las conferencias?
Al tiempo.
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Sí, es la guerra/ Leo Zuckerman
Excelsior..
De ganar en 2018, Anaya prometió que investigaría “los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y narcotráfico que se hayan cometido en la actual administración
En octubre del año pasado, en este espacio advertí que las elecciones en México estaban cruzando el umbral entre una competencia normal democrática a un combate descarnado por el poder más parecido a una guerra. Para el gobierno de Peña, y para el PRI, ya no se trataba de una cuestión de preservar el poder, sino de supervivencia humana.
No había que ser un genio para imaginar entre qué opción elegirían: si ir a la cárcel por corrupción o ganar a como diera lugar.
Después de que el PAN perdiera las elecciones en el Estado de México y Coahuila en 2017, enojado por los ataques que ya desde entonces estaba recibiendo por presunta deshonestidad Ricardo Anaya prometió que, de ganar en 2018, investigaría “los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y narcotráfico que se hayan cometido en la actual administración”.
Para tal efecto, bloqueó la propuesta del presidente Peña de “pase directo” del que era procurador en funciones a primer fiscal autónomo: Raúl Cervantes.
Las alarmas se prendieron en el gobierno y en el PRI. La derrota en la elección presidencial de 2018 ya no era opción porque podría significar una persecución judicial, con todo y cárcel, comenzando nada menos que con el Presidente. Así lo estaba prometiendo Anaya.
López Obrador, por su parte, adoptó un discurso distinto.
Con el objetivo de evitar la ira gubernamental, prometió “borrón y cuenta nueva” con la actual administración. De ganar, vería hacia el futuro perdonando los pecados pasados. No sé si el gobierno y el PRI confían mucho en esta promesa de AMLO.
Lo que es evidentísimo es el pavor que le tienen a Anaya. Su miedo es del tamaño de la operación que están realizando para bajarlo de las encuestas y, hasta quizá, sacarlo de la boleta.
Claramente están en una lógica bélica utilizando todo el aparato del Estado para golpear a Anaya.
C’est la guerre, mon cher Richard. Y, como siempre, la guerra saca lo peor de las personas. Si el futuro es la cárcel, mejor despedir a Santiago Nieto como fiscal electoral y congelar cualquier investigación judicial sobre corrupción de la actual administración incluyendo los sobornos de Odebrecht.
Si hay que ganar a como dé lugar, se vale usar a la PGR, la Secretaría de Hacienda y el SAT para investigar y perseguir a Anaya. Encontrar una enredada compra-venta de un terreno en Querétaro hace años y lanzar la sospecha de una presunta operación de lavado de dinero, aunque en México, como demostró ayer Juan Pardinas en Reforma, no se persigan casos de este tipo.
 Ahora resulta que las instituciones del Estado encontraron que el candidato que ha prometido meter a la cárcel a los corruptos del gobierno actual no es una blanca palomita; que lo único que tiene blanco es el dinero que ha blanqueado.
El gobierno y el PRI ya cruzaron el Rubicón. Van a tratar de mantener el poder “haiga sido como haiga sido”. 
El mensaje ha quedado muy claro: utilizarán todo el poder del Estado para ganar comenzando, primero, con Anaya. Cuentan con muchísimas zanahorias y palos. Tienen policía y cárcel. Los van a usar porque, literalmente, se están jugando el pellejo.
Ante esto, Anaya ha realizado una jugada muy interesante. Ayer denunció el uso faccioso de las instituciones de justicia y responsabilizó directamente al presidente Peña.
Luego reiteró su promesa de romper el pacto de impunidad actual. Criticó la propuesta de AMLO de perdonar. Aseguró que él no dejará impunes los escándalos de la Casa Blanca, Odebrecht, el socavón, la Estafa Maestra y el desvío de recursos de la Sedesol y Sedatu.
Para tal efecto, de ganar el primero de julio, apoyará la creación de una fiscalía autónoma y apartidista que estará acompañada de una Comisión de la Verdad con asistencia internacional que investigará la corrupción del gobierno de Peña.
Un mensaje duro y maduro de tres minutos. Sin ambages, Anaya le dobló las apuestas al gobierno y al PRI. Además, en el camino, se diferencia de López Obrador. Se convierte en el candidato más duro en el tema de perseguir a los corruptos para castigarlos.
Ante el poder del Estado de Peña y el PRI, Anaya busca el amparo del apoyo social, de una sociedad harta de la corrupción, que quiere ver a los responsables tras las rejas.
¿Quién ganará?
Ya lo iremos viendo en las encuestas. Por lo pronto, como dijimos desde octubre, la lógica bélica se va imponiendo en esta elección. Y es que lo que está en juego es mucho para muchos. Oh oui, c’est la guerre!
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Sus instituciones/Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma, 05 Mar. 2018
En uno de los momentos más tensos de nuestra guerra civil fría, el candidato del PRD desconoció la resolución del tribunal electoral que confirmaba su derrota. Era septiembre del 2006. Rechazando aquel fallo, Andrés Manuel López Obrador convocaba a la resistencia y gritaba: "Que se vayan al diablo con sus instituciones". Subrayo el adjetivo posesivo. Lo que mandaba al infierno eran las instituciones de los otros. Sus instituciones. Las tres letras importan porque reflejan la convicción de López Obrador de que las instituciones democráticas no son, en realidad, un patrimonio compartido sino una herramienta que controla una minoría para su propio beneficio.
Esa denuncia de la ajenidad es el centro de su crítica política. Carecemos de instituciones comunes. Las que se presentan como instituciones públicas son, en realidad, instituciones secuestradas. No merecen confianza porque actúan para proteger a sus ocupantes y solamente a ellos. Lo que el discurso de López Obrador pone en duda es el ámbito de la neutralidad que es, ni más ni menos, el sustento del orden liberal. Para la existencia de una democracia liberal que merezca ese título es indispensable contar con instancias de la imparcialidad: reglas que permitan el juego de las alternativas, procedimientos que garanticen la vigencia de los derechos, árbitros que no lleven puesta la camiseta de uno de los equipos. ¿Es injusta, infundada, absurda la denuncia de nuestras instituciones torcidas? No lo es. Nadie a estas alturas puede desconocer el mérito de esa crítica de López Obrador al funcionamiento de la democracia mexicana. No hemos construido plataformas de la neutralidad; no hemos cuidado las que algún día tuvimos.
Es absurdo desconocer el valor de la crítica populista a las democracias liberales realmente existentes. Las parcialidades son evidentes en muchos de los ámbitos en que debería reinar la neutralidad. Es fundada y casi diría irrebatible esa denuncia: las principales instituciones políticas no han funcionado como instituciones comunes sino como armas de unos contra otros. Órganos que deberían estar por encima del juego de los partidos se someten a ellos. Entidades regulatorias son secuestradas por las empresas reguladas. Fiscalías que deberían separarse del gobierno le hacen el trabajo sucio. Órganos que deberían reclutar a técnicos intachables se tiznan con la política de las camarillas.
Estoy convencido de que la receta que propone el populismo para remediar esta perversión terminaría agravando la enfermedad pero no dudo en reconocer el valor del diagnóstico. Nuestro régimen político es tan débil como sus neutralidades. Pocas instituciones han ganado el calificativo de estatales. Instrumentos del gobierno en turno; agencias de los grupos de interés, bocados del corporativismo, obsequios a los privilegiados para el cuidado de sus ventajas. La captura de las instituciones ha corrompido, desde la raíz, el pluralismo. Por eso, lejos de abandonar el ideal de la imparcialidad bajo el espejismo de lo auténticamente popular, habría que insistir en la necesidad de tonificar las instituciones del equilibrio.
La intervención de la Procuraduría en la contienda electoral confirma que estamos ante instituciones de ellos. No puede ser una institución común la que entierra pruebas y olvida acusaciones contra los aliados del Presidente mientras se lanza a una campaña para desprestigiar a sus opositores. No es la primera vez que el gobierno putinesco de Peña Nieto usa a los órganos del Estado para intimidar a sus contrarios.
Cuando Mario Vargas Llosa advierte que una victoria de Andrés Manuel López Obrador significaría un retroceso democrático imagina una playa hermosísima a punto de ser invadida por los bárbaros. El novelista cierra los ojos al retroceso que han provocado los gobiernos de la alternancia. Han sido los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto los que han pervertido las instituciones democráticas poniéndolas al servicio de sus intereses. Si la crítica populista tiene fundamento es precisamente por ellos. Cuando era tiempo de cimentar las imparcialidades se empeñaron en revivir el corporativismo, en pervertir los órganos regulatorios, en negociar el cumplimiento de la ley, en debilitar a los árbitros y en emplear la ley para combatir a sus enemigos.
La profundidad de nuestra crisis exige decir lo elemental: las instituciones del Estado, si quieren serlo, han de ser de todos.
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Pruebas..
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
Reforma, 05 Mar. 2018
El único candidato presidencial del PAN encarcelado en plena campaña electoral fue Luis Héctor Álvarez. Ocurrió el viernes 10 de enero de 1958 en Jalpa, Zacatecas, cuando protestaba por la disolución de un mitin suyo en ese pueblo (Reforma. Tolvanera. 01/01/18).
Al grito de "Viva López Mateos" (candidato del PRI a la Presidencia), el jefe policiaco Miguel Flores encañonó a Álvarez y lo encarceló por "insultos a la autoridad".
Don Luis salió de la cárcel, perdió la elección con fraude y continuó su vida política esencialmente congruente. En 1986 protagonizó junto a Francisco Villarreal, una huelga de hambre de 40 días por el respeto al voto.
Otro panista opositor fue Adalberto Rosas quien en 1985 estuvo a punto de ser inhabilitado como candidato a gobernador por una triquiñuela jurídica promovida por el gobierno de Sonora. Cruzó Sonora en una marcha de la dignidad democrática.
Salvador Nava, el doctor independiente, luchó contra el fraude en 1991 en la elección de gobernador de San Luis Potosí e hizo una marcha a la Ciudad de México en defensa del voto.
Eran opositores de toda la vida. Tenaces y ejemplares. Antes, desafiar al régimen, desde la testimonialidad y sin recursos públicos, era heroico y ponía en juego la vida. Personajes como Valentín Campa o Demetrio Vallejo, encarcelados 11 años por su disidencia política, o los muchachos asesinados en 1968 en Tlatelolco, son ejemplo de lo que significaba ese desafío.
Perseguir a los disidentes bajo dudosos o arbitrarios argumentos jurídicos fue una práctica que identificó al régimen del Partido único. En el 2005, cuando vino el desafuero de AMLO, llamó la atención que conspicuos "demócratas" panistas promovieran la emboscada en el mejor estilo priista. En Los Pinos de Vicente Fox, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ocupadas por Santiago Creel, y en la casa de Diego Fernández eran las reuniones para diseñar la estrategia que desahuciara a AMLO, según narran los participantes de los aquelarres.
Aquella intentona polarizó al país con consecuencias que aún pagamos en México.
Lo que ha hecho el gobierno de Enrique Peña contra Ricardo Anaya tiene el mismo sello del viejo PRI y del reciente PAN.
Ricardo Anaya es un tierno opositor. Trece de sus 15 años políticos han sido en oficinas de gobierno o parlamentarias; apenas dos en la confrontación. Seis años fue secretario del gobernador Francisco Garrido, cuya gestión fue duramente cuestionada por opaca y arbitraria. En la LXII Legislatura federal (2012-2015), cuyo signo fue el reparto de moches, Anaya fue coordinador panista. No rompió el pacto de impunidad que enriqueció ilícitamente a varios de sus colegas. Impulsó desde el Congreso las reformas de Peña manteniendo una interlocución civilizada con el poder. En 2015 obtuvo la presidencia del PAN y al año siguiente bajo su mando ganó 7 de las 12 gubernaturas en disputa.
A partir de 2016, un osado Anaya pasó a confrontar al gobierno priista con el que antes colaboraba y promovió una amenazante coalición electoral de fuerzas disímbolas.
Ya como candidato presidencial, Anaya ha sido acusado de vínculos con un lavador de dinero, amigo de juventud.
El burdo uso de la PGR o la Secretaría de Hacienda para incriminarlo recuerda los peores momentos de López Mateos o Fox.
El gobierno debe decidir inmediatamente la responsabilidad legal de Anaya con pruebas convincentes y evitar un descarrilamiento no de un candidato sino de la propia contienda que quedaría manchada por el abuso.
A Anaya le falta mucho para semejarse a Álvarez, Nava o Vallejo. En su quinceañera carrera ha dejado agravios y datos de traición. Aunque no necesita ser Mandela para merecer la cárcel y bajarlo de la contienda a la mala.
Ahora bien, Anaya tiene la llave para desactivar la andanada: que entregue papeles de la transacción cuestionada y del pago legal de sus impuestos a un grupo anticorrupción ajeno a partidos para que le avalen su legalidad. Si nada hay de raro, frenaría un atropello.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Las columnas políticas hoy, 4  de marzo de 2018...
. (Carton de Helguera/ Proceso)
¿Perder perder?
La estación7GERARDO GALARZA
Excelsior..
Uno de los más grandes orgullos históricos de los creadores, impulsores, seguidores y nostálgicos del régimen político posterior a la revuelta violenta llamada Revolución Mexicana es la fundación de instituciones.
Tal presunción —del verbo presumir— llega a tanto que a partir de 1946 denominaron a su partido político con el oxímoron “revolucionario institucional”. ¡Échense ese trompo a l’uña!, dirían los viejos de la comarca.
No fue ni es para menos. En México, la institucionalidad tuvo el objetivo de controlar a los caudillos, los iluminados, a los mesías, los jefes de facciones, quienes tenían la fuerza de las armas, aunque no fuera mucha, para imponer sus creencias y gobiernos para controlar al régimen político, mediante el corporativismo, el clientelismo político y, en el caso extremo, la represión; las dádivas y el castigo. La “justicia” de la revolución o el error de vivir fuera del presupuesto… aunque no se trabaje para el gobierno.
Por eso aquel grito de la revancha desesperada de “¡al diablo con sus instituciones!” de Andrés Manuel López Obrador sonó a blasfemia y, aunque se niegue, provocó preocupación mucho más allá de pudorosas cejas levantadas.
Para fortuna de sus propios compañeros de ruta, que lo fueron y lo siguen siendo, entonces López Obrador no tuvo la fuerza —civil en este caso, por suerte lejos de las armas de las primeras décadas del siglo pasado— necesaria para realmente enviar al diablo las instituciones que dan sustento al vigente régimen político mexicano.
En ese entonces todo quedó en la retórica electoral. Sin embargo, en medio de otro proceso electoral, hoy el propio gobierno ha decidido mandar al diablo las instituciones y esta vez, al parecer, sin punto de retorno.
Un suicidio real: la evidente utilización de la principal institución de cualquier Estado (la administración de la justicia) en aras de un deseado, pero también presunto, beneficio político-electoral. Una institución fundamental del Estado mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), al servicio de un interés político particular, el del partido de la “revolución institucionalizada” y, por ende, de su candidato a la Presidencia de la República, quien, por cierto, no es militante oficial de ese organismo. No es la primera vez que un fenómeno de estas características se presenta en la historia política nacional, pero sí el más obvio, el más descarado, el más cínico, el más escandaloso, quizá por todos los medios de información y opinión que hoy existen.
No se trata de defender al panista Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente (PAN, PRD y MC), sino de condenar y negarse a aceptar el evidente uso faccioso de las instituciones en contra de un opositor político (sí, sí, calma, no es la primera vez que ocurre en este país ni tampoco lo fue con López Obrador) y, consecuentemente,  en favor del candidato del partido en el gobierno.
Hoy, para fortuna de los mexicanos, existen en su país (aunque no se crea) las libertades de información y expresión que permiten enterarse de todo (o más o menos todo, no se alebresten) lo que ocurre en el ámbito político, lo que no ocurría hace 30, 40 ni muchos menos 50 años, en esas épocas que hoy añoran un candidato por tercera vez y sus seguidores, muchos de ellos quienes venturosamente no vivieron esos días y no tienen forma, porque tampoco leen, de establecer algún parangón.
Así, hoy, la PGR está obligada a demostrar que Ricardo Anaya, candidato presidencial, es responsable de algún delito. Anaya es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nadie se debe oponer a la acción de la justicia. Pero también es justo reclamar a esa institución su proceder frente a otros casos de presuntos graves delitos (y aquí usted ponga los que quiera, porque son muchos), frente a los cuales ha sido al menos omisa.
Por lo pronto, y sin vuelta atrás, la evidente utilización facciosa, política, corrupta, de la PGR para desacreditar a un candidato presidencial (más allá de su probable o no responsabilidad, que no ha sido comprobada en ninguno de los dos sentidos) tendrá efectos político-electorales y también institucionales. En ningún caso beneficiosos para los actuales detentadores del poder político.
El primero: Ricardo Anaya ya fue victimizado. Si lo procesan penalmente y lo llevan a la cárcel será el ejemplo más notable de una víctima política; si no, será el superhéroe que logró enfrentarse al sistema y salir indemne. En ambas hipótesis habrá consecuencias electorales: no poder votar por Anaya seguramente incrementará los votos de López Obrador; si se puede votar por él, pues incrementará su caudal de sufragios con probabilidades de ganar la elección.
En el aspecto institucional. Sencillo: la PGR se fue al diablo. No tiene remedio. Sería urgente la prometida fiscalía autónoma, sin consenso entre los partidos políticos, aunque tampoco tendrá futuro (la autonomía, claro) en el caso del regreso al poder del PRI de hace 40 años, que no es el que postula a José Antonio Meade.
¿De veras jugaron a perder perder? ¿En serio? Son preguntas.
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¡CANDIDATO “COPY PASTE”!
Itinerario Político/Ricardo Alemán...
Milenio.
¿Qué pensarían si el candidato José Antonio Meade es cachado al copiar –en una de sus presentaciones–, a un reputado conferencista?
¿Imaginan, por ejemplo, que el candidato presidencial del PRI hubiese
copiado una conferencia a Bill Gates?
¿Pueden imaginar la escandalera y la madriza? Pues no tienen que llevar muy lejos su imaginación.
En redes apareció un trabajo de edición gráfica que confirma a Ricardo Anaya –aspirante del PAN, PRD y MC–, como copión de conferencias magistrales, para su presentación como candidato presidencial.
La prueba del “candidato #copypaste” como ya lo motejan, se puede ver en la pagina www.laotraopinion.com en donde también aparece la respuesta de Anaya a uno de los tres ejemplos de plagio.
En efecto, a pesar de que resulta “difícil de creer”, lo cierto es que el “joven maravilla” está lejos del estadista que “vende” a sus electores. Y basta ver el video para probar que Anaya “no pasa la prueba de la risa”.
Anaya plagió el discurso del 6 de mayo de 2012 de Selim Ismael, emprendedor y uno de los conferencistas indios más reputados de Sillicon Valley; ponencia en la que explica el funcionamiento del Google Car.
También plagió a Tony Seba, reconocido conferencista y número uno en ventas de Amazon, por su libro “Clean Disruption o Energy and Transportation”. La conferencia, 2016, versó sobre el cambio de tecnologías en pocos años, para lo cual utilizó el ejemplo de la empresa Kodak.
Y si aún dudan, Anaya plagió el discurso de Peter Diamandis, presidente ejecutivo de la Fundación X-Prize, en donde compara los discos duros y las cámaras digitales de 1976 y la tecnología actual.
Anaya plagió a los tres en su conferencia del 18 de febrero de 2018, al ser presentado como candidato presidencial.
Quienes presenciaron “la espectacular ponencia” de Anaya al asumir la candidatura presidencial, se sorprendieron de los pobres recursos empleados por el candidato presidencial, para explicar su riqueza inexplicable.
A través de un video de ocho minutos, Anaya aparece frente a un pizarrón –como decimonónico maestro de escuela–, que explica lo inexplicable; la magia para hacer una fortuna de casi 60 millones de pesos, en su paso por el Congreso federal.
Esa pobre explicación, incluso ridiculizada por el senador Javier Lozano, contrasta con los recursos y habilidades mostrados por Anaya en su presentación como candidato presidencial. ¿Qué pasó?
Elemental, que además de lavar dinero, Ricardo Anaya plagia discursos.
Al tiempo.
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Ensuciado de instituciones/Juan E. Pardinas
Reforma 04 Mar. 2018
El Grupo de Acción Financiera es una agencia de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El GAFI, o FATF por sus siglas en inglés, es una especie de Organización de Naciones Unidas de las oficinas de gobierno dedicadas a combatir el delito de alquimia que transforma las fortunas mal habidas en dineros integrados en la economía legal. En enero pasado el GAFI publicó una evaluación sobre las capacidades de México para combatir el lavado de dinero (http://www.fatf-gafi.org). El estudio resulta elocuente en el contexto del uso de la PGR para incidir en el proceso de la elección presidencial.
En el resumen del estudio se cita lo siguiente: "Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de activos (dinero y bienes) como una de sus prioridades clave. El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso... la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja. Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de activos. Específicamente, solo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo".
Los investigadores del GAFI deben estar muy satisfechos. Apenas siete semanas después de la publicación de la evaluación, el lavado de dinero se ha convertido en una prioridad máxima para el Estado mexicano. Un elemento importante que ofrece el reporte es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera que depende directamente de la SHCP. La UIF es la oficina más poderosa y menos conocida dentro de la estructura del gobierno mexicano. Digamos que si anoche cenaste unos tacos y pagaste con tu tarjeta de crédito, la UIF puede inferir cuánto dejaste de propina.
El estudio del GAFI sostiene: "La UIF funciona bien y produce buenos análisis estratégicos operativos y de alta calidad que sirven para que la PGR inicie las investigaciones de lavado de activos y delitos determinantes asociados". Si la investigación de lavado contra Manuel Barreiro se inició en octubre de 2017 por la UIF, en ese momento José Antonio Meade era superior jerárquico de la oficina encargada de investigar financieramente a sus futuros contrincantes electorales. Es imposible hablar de equidad en las elecciones, o de un sistema democrático, si uno de los candidatos tiene a su disposición el monopolio de la acción penal. La corrupción no sólo es robarse el dinero a manos llenas, también es corrupto quien abusa de un cargo público para obtener un beneficio personal. Es corrupto quien prostituye el sistema de procuración de justicia, para ver si sube unos puntos en las encuestas.
Los expertos internacionales de la GAFI presentan estadísticas contundentes sobre la prioridad que tenía el lavado de dinero hasta antes de la campaña presidencial: "La UIF envió a la PGR 166 denuncias después de bloquear cuentas en los últimos tres años y la PGR solamente continuó cuatro para realizar una acción judicial". Entre 2014 y 2016, la PGR sólo atendió el 2.4% de las denuncias de la UIF, pero ahora el lavado de dinero en Querétaro es un "caso emblemático".
La PGR es un arma electoral del Presidente, no importa si este se apellida Peña Nieto, Calderón o Fox. Tenemos un sistema de procuración de justicia que es propio de un país bananero o de un régimen autoritario, no de un país que aspira a la prosperidad y la convivencia civilizada. A México le urge un Ministerio Público independiente que te sirva a ti, no que le sirva al PRI.
Las opiniones expresadas en este espacio son personales.
@jepardinas
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