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Ruido mediático/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Ruido mediático/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso #2157, 4 de marzo de 2018..
En la confrontación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el candidato presidencial Ricardo Anaya, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha salido mal parado por el uso faccioso del aparato gubernamental, aun cuando el aspirante de la coalición Por México al Frente no acaba de convencer sobre su papel en un presunto entramado de lavado de dinero que toca a una de sus empresas.
Desde distintas instancias, el gobierno federal emprendió las indagatorias para dar con quienes están detrás de ese esquema que, según una acusación pública, benefició al candidato de la coalición formada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quien aparece en el segundo lugar de intención de voto en las encuestas para la elección presidencial del 1 de julio. La PGR es la que ha dado la cara en una inusual prisa del gobierno por aclarar el caso. Pero detrás de las indagatorias también ha estado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Cuando la PGR empezó la investigación, en octubre pasado, el titular de Hacienda era José Antonio Meade, ahora candidato presidencial del PRI.

Detrás de Anaya también ha estado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo que fue hecho público por él mismo el 13 de febrero pasado, cuando las informaciones en torno a las indagatorias a las empresas del candidato presidencial ya tenían meses de haber sido filtradas a la prensa.
Hasta donde la PGR ha dejado ver, Anaya no está por ahora imputado en la indagatoria, pero el candidato presidencial tampoco ha sido claro en su relación con Manuel Barreiro Castañeda, uno de los presuntos responsables del entramado y con quien el panista hizo una transacción inmobiliaria que le redituó ganancias millonarias.
La actitud diligente del gobierno federal en este caso contrasta con los escándalos que implican al gobierno de Peña Nieto. Uno de ellos, el de la empresa brasileña Odebrecht y sus sobornos a Pemex por al menos 10 millones de dólares que involucran a altos funcionarios de la petrolera.
Uno de los mencionados en esa investigación iniciada por el gobierno de Estados Unidos y seguida por distintos países de América Latina, en los cuales la firma brasileña repartió sobornos para obtener contratos, ha sido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien tiene ahora la protección de la justicia federal.
El viernes 2, el periódico Reforma informó que la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, le otorgó a Lozoya una suspensión definitiva para impedir que la PGR solicite una eventual orden de aprehensión en su contra.
Los usos facciosos del poder
En entrevista con Proceso, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, explicó que la juez otorgó la protección a su cliente para que la PGR no siga con la judicialización del caso hasta que se desahoguen las pruebas solicitadas por el exdirector de Pemex.
“Hay declaraciones desde Brasil que imputan a mi cliente, pero no hay pruebas de eso. Lo único que hay es lo que ustedes publicaron (Proceso 2128): declaraciones de los imputados sin ninguna prueba”, dijo.
El tratamiento mediático entre los dos casos ha sido contrastante. En octubre, cuando Raúl Cervantes renunció a la PGR, aseguró que el caso ya estaba integrado. Pero desde entonces no hay avances, sólo ruido en los medios.
Después de la renuncia de Cervantes, el entonces titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, pretendió mediatizar el caso cuando investigaba un posible pago de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto por conducto de Lozoya Austin.
El fiscal fue cesado de inmediato por el encargado de despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán. En el caso de Anaya, las filtraciones a la prensa y la puesta al día de las indagatorias han sido la constante.
La PGR llegó al extremo de difundir, el pasado 28 de febrero, el video grabado el domingo anterior en la recepción de la Procuraduría, cuando el panista fue a presentar un escrito para saber si él también está siendo investigado en las operaciones de lavado de dinero.
Fue el segundo video sobre Anaya difundido a la prensa en unos cuantos días. El 23 de febrero se conoció una grabación en la que Anaya departe en la boda de Manuel Barreiro Castañeda, uno de los principales implicados en la trama y a quien el candidato presidencial de Por México al Frente pretendió desconocer al inicio del escándalo. El panista pretendió minimizar el impacto en la opinión pública al asegurar que estuvo en esa fiesta por invitación de un tercero.
El papel del Cisen
Como pocas veces, la SHCP ha acelerado las investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se ha encargado de identificar el esquema del presunto blanqueo de capitales, mientras que el Servicio de Administración Tributaria declaró ya como fantasma a la empresa Manhattan Master Plan Development, una de las operadoras en el entramado.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano desconcentrado de la SHCP, solicitó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias de tres empresas de Barreiro Castañeda, el empresario inmobiliario compañero de Anaya en el Instituto Queretano San Javier.
Las dudas sobre los negocios de Anaya fueron dadas a conocer en agosto del año pasado por el periódico El Universal, pero el tema adquirió otra dimensión el 22 de febrero pasado, cuando, en una conferencia de prensa, el abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial de haber obtenido 54 millones de pesos con la venta de una nave industrial en Querétaro. La nave era de Uniserra SA de CV, empresa propiedad de Anaya y fue vendida a Manhattan Master Plan Development mediante empresas fantasma. Anaya ha dicho que adquirió la nave en 10 millones de pesos.
Clave en la investigación ha sido la UIF, que hasta enero pasado estuvo a cargo de Alberto Bazbaz, el estrecho colaborador de Peña Nieto desde el gobierno del Estado de México y quien ahora es el director del Cisen.
En sus diferentes intentos para deslindarse de una persecución política contra Anaya, la PGR aseguró el 21 de febrero que este caso lo investiga desde el año pasado, cuando Bazbaz era aún director de la UIF, una poderosa instancia gubernamental que a principios de 2018 fue severamente cuestionada por el Grupo de Acción Financiera (Gafi, un ente creado por varios países para combatir el lavado de dinero) por sus escasos resultados en el combate de ese delito.
En un reporte de más de 200 páginas demostró que la UIF ha tenido muy pocos logros en el combate a las redes financieras de narcotraficantes y funcionarios y políticos corruptos. El Gafi colocó a México por detrás de Brasil y Colombia.
Bazbaz estuvo al frente de la UIF desde el comienzo del gobierno de Peña Nieto, en diciembre del 2012, y fue también el encargado de investigar las operaciones financieras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de las cuales Elba Esther Gordillo fue procesada por lavado de dinero.
El deslinde de Navarrete
El 28 de febrero, en el Poder Judicial se confirmó que las cuatro carpetas de investigación sobre las presuntas operaciones de lavado de dinero se abrieron desde el año pasado, cuando Meade estaba al frente de la SHCP.
Desde entonces, la PGR desplegó una amplia búsqueda de delitos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para lograr la orden de aprehensión contra Barreiro Castañeda y otros involucrados en la red de lavado de dinero.
La PGR prosiguió con la intensidad de las indagatorias luego de que el pasado miércoles, el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó a Barreiro y a otras cuatro personas la suspensión definitiva en contra de los actos de la SEIDO.
Los cinco habían logrado una suspensión temporal para que la PGR les diera acceso a la carpeta de investigación. Una vez obtenida, el juzgado federal negó la suspensión definitiva y dejó a la PGR en condición de mantener su despliegue indagatorio.
Además de Barreiro, quienes promovieron el amparo fueron su esposa Ana Paula Ugalde Herrera, quien de acuerdo con el periódico El Universal es amiga cercana de la esposa del candidato presidencial de la coalición del PAN y el PRD.
También promovió el recurso Juan Pablo Olea Villanueva, quien ha sido identificado como el dueño de Manhattan Master Plan Development. Las otras dos personas que buscaron el amparo para obtener las carpetas de investigación fueron los hermanos Sergio y Juan Carlos Reyes García.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, publicada el 28 de febrero, son cuatro las carpetas de investigación abiertas por la PGR en la SEIDO.
Una está en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS), otra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros y dos más en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Una de esas carpetas, la de la UEIDCS, tiene registro desde 2015.
Ante la percepción social de que el gobierno de Peña Nieto ha emprendido una persecución contra Anaya, la PGR y el propio titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se vieron obligados a presentarse ante la prensa el jueves 1.
En un comunicado, la PGR aseguró que se trataba de una denuncia que se había hecho pública y que a partir de entonces se habían hecho cateos en varios inmuebles en Querétaro, el aseguramiento de cuentas bancarias, inspecciones a varios inmuebles, citatorio a diversas personas y una alerta migratoria mundial. La PGR aludió a Barreiro, quien en cuanto se conoció el escándalo se fue a Canadá.
Según la PGR, la investigación se está haciendo en sigilo, resguardando su “estricta reserva”.
Navarrete Prida, de quien depende el Cisen, negó que exista “guerra sucia” contra Anaya y que Gobernación no tiene nada que ver. Y arremetió contra el panista: “Si alguien pretende trasladar un asunto que tiene que ver con pruebas para tratar de ver cómo se obtienen votos, pues también ahí se generan distorsiones. No tenemos las manos metidas en el proceso” electoral, afirmó.




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