Gordillo puede ir por la revancha

Gordillo puede ir por la revancha/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2190, 12 de agosto de 2018..
Con la liberación formal de Elba Esther Gordillo el martes 7, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufrió la puntilla por el uso político de la justicia. Al desastroso manejo del caso Ayotzinapa se sumó el fracaso de la venganza contra la exdirigente del poderoso sindicato de maestros y el enésimo señalamiento de que utilizó información hacendaria de forma ilegal. Para colmo, la familia de Gordillo se montó oportunamente en la ola lopezobradorista y ahora se presume que ella tratará de recuperar el dinero, las obras de arte y, sobre todo, el poder que intentó quitarle el derrotado mandatario saliente. 

“¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, dijo Elba Esther Gordillo. Llevaba más de dos años presa y aprovechó una audiencia judicial para reivindicar su liderazgo y pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) y a su verdugo en el Poder Judicial, el juez Alejandro Caballero Vértiz, que aplicaran la ley y no criterios políticos.


Gordillo hablaba desde el área médica del penal femenil de Tepepan, al sur de la ciudad, donde estaba recluida, en una videoconferencia con el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la capital del país, con sede en el Reclusorio Oriente, en donde se centró gran parte de la batalla judicial de la “presidenta vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ese 17 de agosto de 2015, la PGR argumentaba ante el juzgador por qué debía negarle la prisión domiciliaria. Podría escapar al extranjero, donde tiene propiedades, le dijo el Ministerio Público federal al juez.
“Soy ciento por ciento mexicana y mis visitas al extranjero eran breves y para descansar”, reviró la maestra. Y, directa, le pidió a la PGR: “Quisiera precisar con todo respeto al Ministerio Público tenga a bien aplicar la ley sin ningún sesgo político”. También se refirió al Poder Judicial y remató con una disculpa: “Perdón”.
Fue la primera vez, en los dos años y medio que llevaba en prisión, en que Gordillo Morales aludía públicamente a una persecución política. La PGR llegó a utilizar hasta razones de estabilidad social y de “la paz y la seguridad del Estado” en el proceso judicial que inició con la detención de Gordillo en febrero de 2013, cuando Enrique Peña Nieto apenas tenía tres meses de haber llegado a Los Pinos y se encaminaba hacia la aprobación de la reforma educativa, a la que ella había manifestado su rechazo.
Cinco años después, al final de su sexenio y devastado electoralmente, Peña Nieto sufrió el mayor revés político judicial de su gobierno, luego de que un Tribunal Colegiado descalificó las investigaciones de la PGR en el caso Ayotzinapa. Lo que al principio pareció un triunfo político de Peña sobre Gordillo, quien lo había desafiado a él y a su partido, terminó en un desastre más para la procuración de justicia en México. 
Los autores del descalabro presidencial fueron dos de sus principales colabo­radores: el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el entonces secretario de Hacienda y ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El primero, por insistir en un delito que no pudo demostrar en tribunales; el segundo, por proveer información sin autorización judicial. Fueron los dos argumentos que pesaron en la sentencia judicial que le dio la libertad a Gordillo el martes 7 de agosto.
La información sobre los movimientos financieros de Gordillo con el dinero del SNTE fue provista por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, a cargo en ese momento de Alberto Bazbaz, ahora director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 
En los cuatro años que estuvo a cargo de la inteligencia financiera, Bazbaz, procurador de Peña en el Estado de México, apenas interpuso 317 demandas por lavado de dinero, una cifra muy baja respecto a la dimensión del problema en México, evidenció en enero pasado el Grupo de Acción Financiera (Gafi), una organización intergubernamental en contra del lavado de dinero.
En la PGR, Murillo Karam tuvo como mano derecho a la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, ahora diputada saliente del PRI por Oaxaca. “En la PGR se le recuerda por la altivez con que se conducía como mano derecha del procurador y por la manera en que protagonizó el caso de Elba Esther Gordillo”, dicen a este semanario exfuncionarios de la procuraduría. Benítez Treviño, además, representó al PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en el pasado proceso electoral, y fue quien acusó a Morena por el caso del fideicomiso creado para los damnificados del sismo del 19 de septiembre.
Información obtenida ilegalmente
Libre desde la noche del martes sin haber sido sentenciada por ningún delito, Gordillo, de 73 años, va ahora por lo que considera suyo: el liderazgo vitalicio del SNTE, además de sus cuentas bancarias, obras de arte y otros bienes que la PGR le aseguró. Si se lo propone, está en condiciones de demandar al Estado mexicano por haberla mantenido en prisión durante casi todo el sexenio sin probarle delito alguno.
Gordillo quedó libre porque los recursos fueron lícitos –eran del sindicato-, aun cuando los usó para ropa, atención médica, compra de arte y pago de renta de aviones ejecutivos.
Murillo Karam y Mariana Benítez la acusaron de “operaciones con recursos de origen ilícito” por mil 978 millones de pesos, en un esquema que equipararon al que usan los grupos de delincuencia organizada.
En cinco años y cinco meses, el Ministerio Público federal fue incapaz de demostrar esa grave acusación de delincuencia organizada y de lavado de dinero. En el propio Poder Judicial de la Federación se sabía que era un cargo difícil de sostener. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varios ministros tenían claro también que, si el caso llegaba al máximo tribunal, Gordillo tendría que ser liberada por las violaciones constitucionales que se arrastraban.
En septiembre de 2013, en entrevista con Proceso (1923), Murillo Karam aseguró que la información que la PGR le dio al juez “es contundente y no hay siquiera errores de procedimiento”. Pero desde temprano el gobierno peñista tuvo un revés judicial: la justicia federal determinó que la información con la que la PGR armó el caso fue obtenida de manera ilegal; es decir, que Hacienda se la dio a la PGR sin autorización judicial, lo cual fue ratificado en la sentencia final.
Gordillo obtuvo además un amparo al inicio del proceso porque, en la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PGR no esperó a que la Secretaría de Hacienda presentara primero una denuncia, toda vez que, para cometer el delito, la maestra debió utilizar el sistema financiero mexicano.
A pesar de las violaciones al debido proceso, la PGR tuvo en el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales el espacio para mantener la acusación contra Gordillo y establecer medidas extraordinarias de restricción en la prisión domiciliaria que logró la defensa de la maestra. Así fue hasta mayo pasado, cuando falleció el juez que llegó de Guanajuato sin experiencia en procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz.
La defensa de Gordillo, a cargo del litigante Marco Antonio del Toro, emprendió una agresiva estrategia de defensa e interpuso numerosos recursos para tirar las acusaciones de la PGR. Abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y del líder minero y próximo senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, logró incluso silenciar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la PGR en relación con el caso.
A través de un amparo, impidió que el órgano encargado de difundir la actividad de los juzgados federales informara sobre el proceso judicial de Gordillo. Lo mismo le aplicó a la PGR bajo el argumento de que las áreas de comunicación social del CJF y de la PGR podían violar la privacidad de los datos personales de la maestra. Del Toro promovió el amparo luego de que se difundieron imágenes de Gordillo tras las rejas.
A partir de 2016, todas las resoluciones judiciales del caso se conocieron a través de la defensa. Fue el propio abogado Del Toro y no el CJF quien informó a la medianoche del martes de la liberación de la maestra. 
En un comunicado que leyó a la prensa, expuso que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal decretó la “libertad absoluta e inmediata” de Gordillo. El titular del Tribunal Unitario, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, determinó que los recursos utilizados por Gordillo tuvieron origen legal, al contrario de lo que sostuvo la PGR para encuadrar la acusación de lavado de dinero, una de las modalidades del delito de delincuencia organizada.
El magistrado Aguilar López determinó, además, que la documentación bancaria con la que se armó la acusación se obtuvo con información que careció de autorización judicial. Ambos argumentos implican, respectivamente, a Murillo Karam y a Mariana Benítez, responsables entonces de la PGR, y a Videgaray y a Bazbaz, entonces en Hacienda.
Un tercer argumento del magistrado fue que el SNTE no presentó ninguna querella ni se manifestó como agraviado por algún ilícito de Gordillo.
La PGR consignó a Gordillo luego de una rápida averiguación de los movimientos financieros de las cuentas del SNTE entre 2009 y 2012, en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón, cuando la maestra alcanzó su esplendor político y económico.
Identificó que en ese periodo una de sus colaboradoras abonó a nombre de la maestra 1 millón 362 mil 500 pesos a favor de la exclusiva tienda de ropa de Estados Unidos Neiman Marcus, así como cuatro abonos adicionales de 342 mil pesos 500 pesos. De otra cuenta, de acuerdo con la PGR, se hicieron 22 transferencias a la tarjeta personal de Gordillo de la Neiman Marcus por un total de 2 millones 100 mil dólares entre marzo de 2009 y enero de 2012.
Eso fue sólo en ropa. También, en 2011 se pagaron 125 mil 221 pesos al UCSD Medical Center (Centro Médico de la Universidad de California en San Diego). Al año siguiente pagó 10 mil 612 dólares ahí mismo.
Las cuentas de Gordillo se abultaron con la adquisición de obras de arte. Entre 2010 y 2011 pagó 2 millones 275 mil dólares a las galerías Marian Goodman Gallery, Leon Tovar Galley Inc y Alex EM Gallery LLC, según la consignación que conoció Proceso.
El uso de los recursos del sindicato se extendió al pago de la renta de aviones ejecutivos. En una de las cuentas se registraron 42 transferencias a favor de la empresa Avemex, compañía de renta y venta de aviones ejecutivos, por un total de 2 millones 682 mil 365 mil dólares, entre marzo de 2009 y julio de 2011. La cifra no incluyó los pagos a las empresas de mantenimiento y venta de refacciones y servicios de internet.
Un poder reciclado
Cuando fue detenida, la prensa internacional se ocupó de la figura de Gordillo, la maestra rural de Chiapas que comenzó su vida sindical en Ciudad Netzahualcóyotl y que al amparo del gobierno de Carlos Salinas hizo del liderazgo magisterial un fuerte cacicazgo político y económico, y quien en los siguientes lustros fue uno de los grandes respaldos del PRI.
La “Jimmy Hoffa” mexicana, la describió la prensa estadunidense, comparándola con el poderoso y corrupto líder sindical de los camioneros de aquel país. Pero, a diferencia de éste, Gordillo se recicla. Después de alinearse al corporativismo priista, puso el sindicato magisterial al servicio del PAN y en la campaña presidencial de Enrique Peña se opuso a la reforma educativa propuesta por el priista.
Su rechazo fue parte de la larga sucesión de desencuentros con el PRI, del que fue expulsada en 2006 después de haber operado para el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales, en contra del candidato priista Roberto Madrazo.
El PRI tenía suficientes agravios y buscó en el dinero del sindicato los motivos para detenerla y procesarla luego de haber recuperado la Presidencia de la República. Con Felipe Calderón, Gordillo concentró su mayor poder. En 2007 fue declarada “presidenta vitalicia” del SNTE, que además le dio el “voto de confianza” para designar a los secretarios generales seccionales.
Estaba en su cenit político. Más que con el PRI. Dirigía al sindicato más numeroso de América Latina, había arrancado a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) una porción de sus afiliados, creado el Partido Nueva Alianza (Panal) y logrado de Calderón el control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Y, desde luego, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Cogobernaba. 
Los beneficiados fueron el ahora gobernador de Veracruz por el PAN, Miguel Ángel Yunes, en el ISSSTE; Francisco Yáñez Herrera, en la Lotería; Roberto Campa, ahora secretario del Trabajo, en el SNSP; y su yerno, Fernando González Sánchez, en la Subsecretaría de la SEP.
Después Gordillo rompió con Yunes y pidió “una auditoría especial” en el ISSSTE por supuestos malos manejos por 50 millones de pesos. Yunes le contestó que ella fue quien le pidió 20 millones del instituto.
En la elección presidencial de 2012, Gordillo estaba confrontada no sólo con Peña, sino también con la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Buscó a López Obrador, pero éste la rechazó.
En una larga conferencia de prensa que dio el 29 de junio de 2011, dijo que hasta ese momento no se declaraba a favor de ningún precandidato presidencial. Pero de antemano descartó a López Obrador: “Él ya me tomó como alguien a quien hay que fustigar”, explicó.
Después de que los allegados a la maestra declararon su apoyo a López Obrador, la PGR solicitó y logró del juez Caballero Vértiz que se restringieran aún más las visitas y llamadas telefónicas a Gordillo en el régimen de prisión domiciliaria en que se encontraba. Las medidas, justificadas en razón de la estabilidad, “la paz y la seguridad del Estado”, fueron otorgadas por el juez en febrero pasado, en pleno proceso electoral. Poco después de dos meses, Caballero Vértiz falleció. 
“No son medidas de seguridad para vigilar la permanencia de la maestra en su domicilio; se trata de medidas absolutamente arbitrarias y vejatorias”, señaló su abogado. Y argumentó: “Es evidente el carácter de persecución política que enfrenta la maestra, ya que estas ‘medidas de control’ están plenamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República de su yerno y su nieto”.