The New York Times, 24 de septiembre de 2018..
El 14 de septiembre de 2018, en Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo una manifestación para apoyar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Credit Reuters
El 14 de septiembre de 2018, en Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo una manifestación para apoyar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Credit Reuters
Cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció en agosto que no volvería a renovar el mandato de la comisión anticorrupción, que establecieron de manera conjunta las Naciones Unidas y Guatemala, puso en marcha lo que algunos han llamado un golpe de Estado en cámara lenta.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) comenzó a operar desde 2007. A mediados de la década de los dos mil, cuando Guatemala estaba a punto de convertirse en un narco-Estado, se encomendó a los fiscales e investigadores internacionales de la Cicig y a sus colegas guatemaltecos la tarea de luchar contra el crimen organizado y acabar con la impunidad institucional que daba rienda suelta a criminales poderosos y políticos corruptos.
La Cicig se ha vuelto particularmente eficaz desde que Iván Velásquez, un reconocido fiscal colombiano, fue nombrado comisionado en 2013. En los últimos cinco años, más de sesenta grupos criminales, muchos de ellos con vínculos con el gobierno, han quedado expuestos, y alrededor de 680 personas han sido procesadas por corrupción y delitos relacionados. En 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina fue llevado a prisión, al igual que su vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, por encabezar una red de corrupción.
Cerca del 70 por ciento de los guatemaltecos aprueban a la Cicig. En cambio, de manera generalizada, el presidente Morales —un excomediante de televisión—es percibido como un corrupto. Su gobierno está respaldado por una “juntita” de militares reaccionarios y un bloque del Congreso guatemalteco conocido con sorna como el “pacto de corruptos” por sus esfuerzos para aprobar leyes que otorgan a sus miembros inmunidad contra acusaciones de corrupción y otros delitos.
La Cicig ha estado investigando a Morales por aceptar financiamiento no declarado para su campaña electoral, y hace poco la comisión pidió al Congreso eliminar su inmunidad contra procesos judiciales. En respuesta, Morales no solo se negó a renovar el mandato de la Cicig, sino que además envió vehículos militares a la embajada de Estados Unidos para intimidar al embajador estadounidense, quien ha apoyado públicamente a la comisión.
El 4 de septiembre, Morales prohibió el ingreso de Velásquez al país, quien se encontraba en Washington. Unos días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dictaminó que Morales tenía que readmitir a Velásquez. El gobierno de Morales respondió exigiendo a las Naciones Unidas que nombrara a un nuevo comisionado y, el 21 de septiembre, respondió que había sido notificado de la resolución de la CC y que “hará uso de las facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución”. Si el gobierno del presidente Morales decide ignorar la orden de la CC, algo que parece muy probable que suceda, no habrá salida clara ni legal para la crisis. La democracia Guatemalteca, que tanto costó conquistar, estará en peligro.
Estados Unidos financia el 40 por ciento del presupuesto de la Cicig e históricamente la comisión ha tenido el apoyo firme de los presidentes estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Sin embargo, a medida que la tensión ha aumentado entre Morales y la Cicig, el gobierno de Donald Trump se ha mantenido en silencio.
Incluso los encargados de la política exterior del gobierno de Trump —entre los que se encuentra el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton—, que a menudo son francos, no se han pronunciado en contra de un gobernante que enfrenta acusaciones creíbles de corrupción y desafía de manera beligerante al embajador de Estados Unidos.
Tras una llamada reciente a Morales, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, no condenó sus actos y el gobierno de Estados Unidos se negó a unirse a otros doce países donantes de la Cicig para emitir una declaración conjunta en apoyo de la comisión. Incluso hay signos que revelan que el consenso bipartidista en Washington para apoyar a la Cicig está diminuyendo.
El mutismo del gobierno estadounidense contribuye a crear las condiciones para un posible golpe de Estado, así como para el caos y la violencia que deriven de la crisis. Una respuesta firme del gobierno de Trump podría ser suficiente para detener la peligrosa táctica de Morales. Trump o sus lugartenientes podrían respaldar las amenazas del Congreso estadounidense de eliminar la asistencia económica a Guatemala. Podrían cortar de tajo la ayuda militar y reiterar su apoyo a la labor anticorrupción de la Cicig, incluyendo su investigación sobre Morales.
Algunos analistas han argumentado que el gobierno de Trump quiere recompensar a Morales por seguir su ejemplo y trasladar la embajada guatemalteca de Israel a Jerusalén. Otros especulan que los asesores de Trump temen provocar a Morales e impulsarlo a que cambie el patrocinio estadounidense por el de China.
Al margen de las interpretaciones, es importante recordar por qué se fundó la Cicig. Después de la guerra civil en Guatemala, los militares, políticos y otros grupos e individuos poderosos de la élite guatemalteca se dieron cuenta de que las donaciones y el apoyo incondicional de la era de la Guerra Fría estadounidense habían terminado, así que encontraron un nuevo amo: la delincuencia organizada.
El país sigue siendo un punto clave de tránsito en el corredor de las drogas que circulan entre Colombia y México. El Departamento de Estado de Estados Unidos calculó que, solo en 2014, hasta el 80 por ciento de la cocaína que llegó a su territorio pasaba por Guatemala.
Se necesita una solución internacional para luchar contra el delito trasnacional. Esta reflexión derivó en la fundación de la Cicig.
La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, escribió el 10 de septiembre en un artículo para CNN: “La corrupción estimula las revoluciones, permite la existencia de grupos extremistas y alimenta guerras civiles. Combatir la corrupción no solo se trata de buena gobernanza, sino de mantener la paz y la seguridad”.
Se trata de una idea poderosa pero, en lo que respecta a Guatemala, el gobierno de Trump parece tener otro estándar. En cambio, con su silencio, Trump está respaldando la corrupción y la delincuencia organizada.
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