El futuro gabinete se pelea por las víctimas

¿Los Foros de Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación del País y Reconciliación Nacional, financiados por EU.....?
¿Por qué?
"Los pasajes de periodistas desplazados de varias partes del país y la organización del evento corrieron a cargo de Provoces, empresa donadora de fondos financiados por el USAID. ..."
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ProVoces @ProVoces, se define como "un proyecto financiado por @USAIDMX con el objetivo de contribuir a mejorar el entorno de seguridad y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos."
Revista Proceso # 2189, 14 de octubre de 2018....
El futuro gabinete se pelea por las víctimas/MARCELA TURATI
Los Foros Escucha, inaugurados el pasado agosto en Ciudad Juárez, tenían el propósito de escuchar a las víctimas de la violencia para darles forma a las iniciativas de ley de amnistía y de justicia transicional que deberán entregarse al Congreso el miércoles 24. Pero acabaron cancelándose, lo cual mostró que dentro del futuro gabinete hay jaloneos y contradicciones, que nadie sabe a ciencia cierta a quién le corresponderá ocuparse del tema y donde parece que no hay una política clara. Y además se hizo evidente el rechazo popular a cualquier esbozo de perdón o amnistía.
El repentino freno que el equipo de Andrés Manuel López Obrador puso a los Foros Escucha en cinco estados –donde cancelaron las consultas– refleja el jaloneo en el futuro gabinete por ver quién será responsable de atender a las víctimas de la violencia y el desconocimiento sobre cómo abordar esa agenda.
El sábado 6 Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y sobre quien recayó la responsabilidad de organizar los foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional, informó vía Twitter que se cancelaban las consultas en Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Morelos; explicó que se necesitaba tiempo para sistematizar las conclusiones de los foros que ya se habían realizado y para incorporarlas a las nuevas políticas de seguridad.
La noticia originó protestas en los estados referidos, al grado de que hubo una contraorden y se reanudaron los encuentros en Tamaulipas y Sinaloa, dos de los estados más violentos del país; suscitó críticas entre columnistas, que tradujeron la suspensión como un mensaje de desprecio a las víctimas y como el primer fracaso del próximo gobierno por el rechazo a su petición de perdón, y sorprendió al propio equipo organizador de los eventos.
Sin embargo, no tomó a todos por sorpresa. Para quienes han asesorado en temas de derechos humanos a los próximos integrantes de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad Pública, el descarrilamiento de los foros se veía venir en el encuentro que López Obrador tuvo con sobrevivientes de la violencia en el Centro Cultural Tlatelolco, el pasado 14 de septiembre.
Ese día, el próximo presidente anunció que Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, sería su representante para tratar la agenda relacionada con las víctimas de la violencia. En ese encuentro Durazo miraba desde abajo del templete, como un espectador más, pues había sido vetado por el grupo convocante, encabezado por el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y organizaciones afines.
Cuando López Obrador anunció los foros, tanto Sicilia como el investigador y académico Jacobo Dayán, y el grueso de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, se opusieron a que la SSP, dependencia encargada de la policía, fuera la interlocutora de las víctimas, y habían pedido que esa agenda volviera a su cancha natural: Gobernación, que encabezará Olga Sánchez Cordero.
Un par de personas consultadas para este reportaje informaron que incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había manifestado su preocupación por el asunto.
El resultado del encuentro de Tlatelolco fue la creación de cinco mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, expertos, colectivos de familiares, Encinas y su equipo, en las cuales definirán las políticas del próximo sexenio en cuanto a procesos de búsqueda de justicia y verdad, mecanismos de reparación, búsqueda de personas desaparecidas, así como garantías de no repetición. O sea, la agenda de las víctimas.
Desastre tras desastre
Los Foros Escucha nacieron envueltos en la polémica.
La creadora fue Loretta Ortiz, exlegisladora de Morena, académica de la Universidad Iberoamericana y amiga de López Obrador. Ella se presentó como la encargada de la pacificación y fue incluida en la estructura de la futura SSP, con Durazo.
Cuando empezaron, el 7 de agosto en Ciudad Juárez, con la presencia de López Obrador, los foros generaron críticas por la petición del próximo presidente a las víctimas para que perdonen, y también por la metodología, que parecía estar enfocada a convencer a las víctimas de que se reconcilien con sus agresores.
A partir de entonces, en ese y en los foros siguientes las víctimas invitadas dejaron claro que su prioridad era la justicia, y su desacuerdo con el perdón que, como fue explicado, se traducía en amnistía (Proceso 2180 y 2181).
En el camino se fueron sumando voces de preocupación, como la del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, que lanzó una alerta sobre la metodología y la inducción a las víctimas para que aceptaran una agenda que parecía preconcebida.
En el proceso comenzaron a notarse los jaloneos. Personas allegadas a los equipos de transición mencionaban que Sánchez Cordero y Encinas estaban incómodos porque Ortiz se había convertido en vocera de los temas que le tocaban a Gobernación: las víctimas, las comisiones de la verdad, las posibles amnistías y la justicia transicional.
Cuando las organizaciones sociales comenzaban a manifestar sus inquietudes por la exclusión de la Segob en la agenda de víctimas, se quiso mostrar unidad durante la inauguración del primero de los foros, donde hicieron presencia por igual Sánchez Cordero, Encinas, Durazo y Ortiz. 
Desde el acto en Ciudad Juárez se notó la división dentro del equipo de la futura SSP, entre Durazo y sus aliados, por un lado, y Ortiz y su equipo, por el otro, que se dividieron la organización de los foros por estados. 
La ruptura quedó evidenciada cuando se anunció la cancelación de las consultas. Ortiz, en entrevista con W Radio, argumentó que no hubo condiciones para la escucha y puso como pretexto la irrupción de un grupo que trató de reventar el foro de Oaxaca; también dijo que ella necesitaba tiempo para preparar las iniciativas de las leyes de amnistía y de justicia transicional.
Durazo, a su vez, negó los incidentes que mencionó la colaboradora que le impusieron en su equipo; dijo que todos los foros fluyeron en paz y que la cancelación se debía a que él necesitaba concentrarse en el rediseño de la seguridad pública.
El lunes 8, en el que fue anunciado como el último de los foros, los encargados de la organización no podían explicar el porqué de la abrupta cancelación y dejaban entrever que a ellos también los había sorprendido la noticia.
Seguirá el jaloneo
Para gente como el académico Dayán –uno de los más críticos de los foros– era obvio ese resultado: “Evidentemente los foros no iban a ningún lado. De esos foros no está saliendo nada y es evidente que lo que van a presentar como iniciativa de ley el 24 de octubre no sale de los foros; una ley consultada con nadie, con una metodología desconocida por todo el mundo, hecha por quién sabe quién”.
Personas que han estado en contacto con el equipo de Encinas dicen a Proceso que a partir del acto de López Obrador en Tlatelolco, Durazo tuvo claro que debía devolver a Gobernación la agenda de las víctimas. 
“No sabía a lo que se estaba enfrentando cuando le designaron a Loretta Ortiz como integrante del futuro gabinete, y ella, por ser cercana de Andrés Manuel, se manda sola”, confió una de esas fuentes.
“Durazo necesitaba darles salida política a los foros, porque las víctimas no son su tema”, dijo otra persona consultada.
“La gente de Durazo fue la que convirtió en show los foros desde que se inauguraron en Juárez. La idea inicial era tener encuentros privados con víctimas, pero a ellos se les ocurrió invitar a personalidades y gobernantes”, confió otra fuente.
“Mientras Andrés Manuel no defina a quién le toca el tema de las víctimas va a seguir este jaloneo de la cobija”, refirió un implementador de los foros.
“Durazo se dio cuenta del tamaño de la bronca que tiene en el tema de seguridad y que evidentemente se le venía el tiempo encima y no le daba la vida para estar yendo a los foros. Tiene que dedicarse completamente a armar el plan de seguridad”, diagnosticó Dayán.
Consultado por Proceso, Durazo negó que los foros hayan sido un fracaso. Consideró que son meras especulaciones las hipótesis según las cuales tuvo que salirse de la jugada porque López Obrador apuntaló a Encinas como su representante en el tema. 
A su vez, Ortiz –contrariamente a lo que había dicho en W Radio– asegura a este semanario que los foros que se cancelaron son los que habían metido de última hora a petición de los senadores de esos estados y que no estaban previstos al inicio. Esa información es correcta, salvo en el caso de Tabasco, que sí aparecía en el borrador original difundido a los medios. 
Explica que la encomienda de armar dos iniciativas de ley –la de amnistía y la de justicia transicional– no puede demorarse y debe ser entregada el miércoles 24 para que se discuta en el Congreso. 
Cuando se le cuestiona sobre qué dependencia debería hacerse cargo de esa agenda –la Fiscalía, Gobernación o la SSP–, defiende su papel autónomo por haber sido designada coordinadora de los procesos de paz, por lo que se encargará de diseñar las políticas públicas que tengan que ver con la pacificación.
Eliana García, quien estuvo encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos este sexenio y que volvió a las filas de la sociedad civil, dice en entrevista: “Lo que se percibe es que ya tienen muy armado lo que están pensando hacer. No se ve que realmente estén escuchando para construir, sino están haciendo foros para validar o no lo que ellos ya traen”. 
La misma Ortiz había dicho en la radio que otra de las razones para la cancelación de los foros era el problema económico. Y Proceso ya había publicado que el alcalde de La Huacana, Michoacán, pagó todos los costos del foro realizado en su municipio. 
Sin embargo, colaboradores cercanos mencionaron que había dinero para realizar los cinco foros, ya que generalmente cuentan con apoyo de universidades.
En Veracruz, por ejemplo, el foro se había convocado para septiembre, en plena crisis por el hallazgo de las fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe. De última hora –según una fuente directa– el gobernador electo Cuitláhuac García le pidió a López Obrador suspenderlo, y cuando los convocados manifestaron su molestia, se anunció que era para ajustar la agenda del tabasqueño.
Sin embargo, personas allegadas a este caso mencionan que la cancelación se debió a una disputa entre la persona designada por López Obrador como su delegado, y el próximo gobernador, que no estaba de acuerdo con que los aplausos fueran para el delegado.
En Sinaloa, Eunice Rendón –colaboradora de Durazo– habló con periodistas para anunciarles que el 15 de septiembre habría una consulta directa al gremio. Sin embargo, ésta se cambió de fecha y se pasó a la Ciudad de México; a periodistas y activistas que habían sido nombrado moderadores nunca se les avisó. 
Los pasajes de periodistas desplazados de varias partes del país y la organización del evento corrieron a cargo de Provoces, empresa donadora de fondos financiados por el USAID. Posteriormente hubo dos cambios de fecha y se eliminó de la consulta el tema de libertad de expresión.
Entrevistado sobre las causas de la cancelación de los foros, Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano y quien apoya a Ortiz en los foros que se realizan en cárceles y con migrantes, dice desconocer la explicación real para la cancelación.
“La molestia que ha causado la suspensión de los foros en los siguientes estados, por parte de familiares de víctimas y de sobrevivientes de violencia, tiene que darnos la pauta de que debe existir un mecanismo de escucha permanente y de diálogo para las víctimas”, señala Cruz.
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Se unen USAID y el Tec de Monterrey por la libertad de expresión...
Nota de USAID...
Ciudad de México, 11 de junio de 2018 – La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) firmaron un Memorandum de Entendimiento con el objetivo de generar oportunidades académicas para profesionalizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En este contexto, este memorandum atiende la complicada situación a la que se enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Por lo que juntos, USAID y el Tec de Monterrey, generarán actividades académicas para garantizar el acceso a ofertas curriculares de especialización accesibles en costo y ubicación, para apoyar y fortalecer el ejercicio de la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que lleven a cabo su trabajo de una manera más profesional y segura.
Funcionarios de USAID e ITESM
En la evento participaron Elizabeth Warfield, Directora de USAID en México, Alejandro Poiré (ex secretario de Gobbernación y), Decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ana Cristina Ruelas, Directora Regional de Artículo 19, y Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
La señora Warfield habló de la importancia de incluir a todos los actores para conseguir resultados sostenibles y detalló que “mediante la profesionalización y el diálogo coincidimos en generar capacidades en las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para reducir los factores de riesgo que incrementan su exposición ante agresiones. Es así como surge esta alianza entre USAID y el Tecnológico de Monterrey”.
Se espera que la primera edición de un Diplomado en línea, producto de este acuerdo de colaboración, tenga lugar en el segundo trimestre del año y que periodistas y personas defensoras de todo el país puedan inscribirse y beneficiarse de él.
USAID, a través de su proyecto ProVoces, impulsa diversos esfuerzos para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la libertad de expresión, en colaboración con la academia, colectivos, periodistas y personas defensoras, así como las instituciones responsables del tema.