Hay voluntad política y clerical para la pacificación

Revista Proceso # 2189, 14 de octubre de 2018....
Hay voluntad política y clerical para la pacificación/
RODRIGO VERA

La responsable lopezobradorista del proceso de pacificación nacional, Loretta Ortiz, lleva semanas dialogando al respecto con grupos sociales, laicos y eclesiásticos, algunos de los cuales no sólo confirman las pláticas sino que las consideran fructíferas. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, quien funge asimismo como responsable de Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación del episcopado, subraya: “Acordamos establecer, ya como Iglesia católica y como gobierno federal, una forma institucional de vinculación, de interlocución y de colaboración conjunta”.
Loretta Ortiz Ahlf, quien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será responsable del proceso de pacificación, adelanta que tendrá todo el apoyo de la Iglesia católica para lograr su propósito:
“El futuro gobierno no podrá por sí solo lograr la pacificación del país. ¡Imposible! Este es un proceso que nos involucra a todos. Por eso conseguimos el apoyo de la Iglesia, que desde hace años ya viene trabajando en México en procesos de paz, de manera que aprovecharemos su experiencia”, comenta.

Gracias a sus gestiones, la próxima administración ya consiguió el respaldo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Compañía de Jesús y la Santa Sede, instancias que actualmente afinan sus respectivos proyectos de pacificación para apoyar a López Obrador.
Entusiasmada, Ortiz señala que coordinará esos esfuerzos desde sus oficinas, que dependerán de la nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular será Alfonso Durazo. “Mi unidad se llamará Seguridad Humana y Procesos de Paz. Será el centro coordinador para la pacificación del país y dependerá de la nueva SSP. Al igual que la católica, otras iglesias podrán sumarse a nuestros esfuerzos, lo mismo que organizaciones sociales”, dice. 
–¿Esta colaboración eclesiástica está proyectada para todo el sexenio de López Obrador? 
–Sí, por supuesto; para todo el gobierno. Por lo pronto queremos que el Papa Francisco nos envíe un mensaje, en carta o video, a quienes estamos participando en los actuales foros de paz que concluyen este mes.
–Los procesos de pacificación eclesiástica se basan en obtener la verdad, aplicar la justicia y finalmente llegar al perdón. ¿Ustedes respetarán estos tres pasos?
–Claro, el perdón viene al final de todo un proceso y no se les puede imponer a las víctimas; éstas decidirán si perdonan o no. En este punto hay mucha controversia, porque se confunde el perdón personal de las víctimas con el perdón del Estado, que es muy distinto y tiene efectos jurídicos.
“Que quede claro: el Estado va aplicar la justicia. No habrá amnistía para quienes hayan cometido actos violentos, como ejecuciones o desapariciones. Aquí no habrá perdón ni olvido. En cambio, puede aplicarse la amnistía para los menores de edad que están encarcelados porque el crimen organizado los utilizó como ‘mulitas’ para traficar droga, o para los campesinos que se vieron orillados a producirla.” 
Pláticas incluyentes
Con base en este acuerdo con la Iglesia, Ortiz ha tenido encuentros con Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, a quien el episcopado le encomendó coordinar los esfuerzos de los obispos mexicanos para apoyar al gobierno de López Obrador.
También se ha reunido con Jorge Atilano González, coordinador nacional del proyecto denominado Jesuitas por la Paz, con el que la Compañía de Jesús trabaja para restaurar el tejido social de varias comunidades afectadas por la violencia. Asimismo realizó gestiones ante el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, para conseguir el respaldo de la Santa Sede al proceso de pacificación en México. 
Dice al respecto: “Con monseñor Garfias me he reunido en dos ocasiones: una vez en Morelia y otra en mi casa. Aparte, también me he reunido con el sacerdote jesuita Jorge Atilano, pues el trabajo de Jesuitas por la Paz puede ayudar mucho a la pacificación”. 
–¿Y en qué consisten sus gestiones en la nunciatura para obtener el respaldo de la Santa Sede? 
–En la nunciatura he dejado cartas en las que, más allá de pedir la participación del Papa en los foros de paz, se ha ­externado lo importante que sería la participación de la Santa Sede en el proceso de pacificación. Son cartas de López Obrador. Esperamos a que fuera presidente electo para entregarlas a la nunciatura, pues todo tiene que hacerse de manera muy formal.
–¿Cómo ha visto la respuesta de estas instancias eclesiásticas?
–Muy buena. Todas están en buena disposición de colaborar con el nuevo gobierno. Nuestra intención es sumar sinergias. Y lo estamos logrando.
En un comunicado del pasado 16 de agosto, el episcopado mexicano anunció públicamente que aceptaba la invitación del equipo de López Obrador para participar en los actuales “foros de paz” y en la “reconciliación nacional”. Ahí dio a conocer que Garfias será el encargado de entenderse con el nuevo gobierno, por ser el titular de la Dimensión Episcopal de Justicia y Paz de la CEM.
Agregó que Garfias coordinará “las aportaciones y recursos pastorales que sobre este tema la Iglesia católica se ha esforzado en implementar a lo largo de los años en nuestro país”.
Reunión AMLO-CEM
El 4 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador se reunió en Monterrey con los directivos de la CEM, entre ellos su presidente, Francisco Robles Ortega, con quienes acordó coordinar esfuerzos para “construir entre todos una sociedad más justa, reconciliada y en paz”, según informó el propio episcopado en un boletín.
El 11 de septiembre la CEM difundió el Plan de la Iglesia católica para la construcción de la paz, un documento de 20 páginas en el cual los obispos mexicanos ya definen cuál será su “colaboración con el gobierno electo”. 
El documento adelanta que la Iglesia colaborará con los “asesores especializados en los diferentes temas de seguridad” y con “aquellos aliados que tengan una fuerte incidencia en las diferentes corrientes políticas”. Y enumera seis “acciones” que, por lo pronto, realizará para contribuir a la pacificación:
Primera, “apoyar al clero en las diócesis vulnerables por la violencia”; segunda, “promover en nuestros seminarios y presbiterios, entre los consagrados y laicos comprometidos, la capacitación para el servicio de la mediación en situaciones de conflicto”; tercera, “incentivar en los seminarios la preparación del alumnado para que se generen sacerdotes con estrategias para la construcción de paz”; cuarta, “compartir entre los presbíteros experiencias y herramientas que coadyuven al manejo de situaciones de dolor y muerte”; quinta, dar a conocer entre los sacerdotes “los protocolos de seguridad”, y sexta, crear “comités de crisis”.
El Plan de la Iglesia católica para la construcción de la paz también aclara que contribuirá con sus “acciones pastorales, ya efectuadas inicialmente en la Provincia de Guerrero” y hoy extendidas, dice, a “las provincias de Oaxaca, Michoacán, Durango y Monterrey”.
El episcopado alude a los llamados “centros de escucha”: espacios parroquiales que empezó a abrir en Guerrero y se han trasladado a otras regiones, donde se les da atención espiritual y jurídica a las víctimas de la violencia con equipos de sacerdotes, psicólogos, abogados y laicos que hacen esa labor social (Proceso 1951).
El episcopado dio después el siguiente paso: abrió las llamadas “escuelas del perdón”, donde reúne a las víctimas con sus victimarios para propiciar la reconciliación (Proceso 2038). Un paso más lo está dando el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quien ya dialoga directamente con los líderes de los cárteles a fin de lograr la paz (Proceso 2057).
Otra de las experiencias que aprovechará el gobierno de López Obrador es la de Jesuitas por la Paz, centrada en rehacer los vínculos comunitarios de las poblaciones afectadas por la violencia, mediante la capacitación de los actores locales en el mejoramiento de su convivencia (Proceso 2158).
Atilano González dice en entrevista que está ­dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno: “Hemos tenido dos reuniones en el Centro Miguel Agustín Pro con Loretta Ortiz: el 23 de julio y el 30 de agosto. Ahí le ­compartimos nuestros aprendizajes y le manifestamos nuestra disposición a ­colaborar con el nuevo gobierno federal”.
–Ella trabajará en la Secretaría de Seguridad Pública con Alfonso Durazo. ¿Ustedes no tendrán ningún problema con eso? 
–Ninguno, porque el gobierno no podrá resolver solo el tema de la violencia, que requiere la participación de todos. El Estado debe hacer bien su trabajo en materia de seguridad, de justicia, de cárceles, de policías, de jueces. Y nosotros, como Iglesia, también debemos asumir una responsabilidad. No somos expertos en seguridad, pero sí en cuestiones sociales, y es ahí donde debemos colaborar.
“A Loretta Ortiz le comentábamos, por ejemplo, que ahora la violencia no tiene relación directa con la pobreza, como la tuvo hasta 2005, cuando las zonas de pobreza coincidían con las zonas de violencia. Hoy la violencia se desplazó a las nuevas zonas de desarrollo.
“Tampoco la violencia proviene sólo del crimen organizado. Un estudio de la ONU de 2013 señala que 26% de los homicidios ocurridos en América Latina corresponden al crimen organizado, y el resto a otras causas, como la corrupción, la impunidad y la desigualdad social. Hay que tener muy en cuenta este fenómeno.” 
Disposición del Vaticano
Por su lado, la Santa Sede, mediante su secretario de Estado, Pietro Parolin, también manifestó su “apertura” para emprender una “colaboración” con el gobierno de López Obrador:
“Esperamos que esta apertura y colaboración se transformen después en hechos concretos, que puedan encontrarse los caminos porque, a final de cuentas, todos trabajamos por el mismo objetivo”, dijo Parolin el pasado 30 de agosto.
También señaló que existen “muchos ámbitos” de colaboración en los cuales se puede establecer “una sinergia” entre la Santa Sede y el gobierno del tabasqueño.
El investigador Roberto Velázquez Nieto, especialista en las relaciones México-Santa Sede, comenta que “las instancias vaticanas que intervendrán más directamente en la pacificación serán la Secretaría de Estado y la Pontificia Comisión para América Latina, por tener esas atribuciones”.
A su vez, Carlos Garfias, quien coordinará los aportes de la CEM, afirma: “Estamos dispuestos a colaborar con el próximo gobierno federal. Y ya éste, con base en las conclusiones de los actuales foros de paz, que terminan este 24 de octubre, nos planteará qué forma de colaboración quiere de la Iglesia”.
Garfias, quien también se ha ­reunido con Ortiz y Durazo, señala que el pasado 4 de septiembre, cuando alrededor de 80 obispos se reunieron en Monterrey con López Obrador, “acordamos establecer, ya como Iglesia católica y como gobierno federal, una forma institucional de vinculación, de interlocución y de colaboración conjunta”.
–¿El episcopado no tiene ningún problema en colaborar con la nueva Secretaría de Seguridad Pública? –se le pregunta en entrevista.
–Ninguno, porque en nuestros proyectos siempre hemos estado colaborando con instituciones municipales, estatales y federales. Hemos trabajado con los tres niveles de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones académicas. Todos debemos participar en la construcción de la paz.
Como responsable de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación de la CEM, Garfias ha encabezado varios proyectos de pacificación aplicados en México por la Iglesia; con ellos, adelanta, se planea colaborar con el nuevo gobierno.
Respecto al Plan de la Iglesia católica para la construcción de la paz, Garfias explica: “Estamos retomando lo que a partir de 2010 han sido los proyectos de construcción de paz del episcopado, los cuales se delinearon en una carta pastoral de ese año, titulada Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. Estos proyectos se iniciaron en la arquidiócesis de Acapulco, pasando de ahí a las demás diócesis de Guerrero. Y ya después a las provincias eclesiásticas de Oaxaca, Michoacán, Durango y Monterrey”.