El golpe en el Tribunal Electoral/Pablo Hiriart
Uso de Razón
PabloHiriart
Por distintas fuentes obtuve la versión, la semana pasada, de que el presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, conminó a renunciar a la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ayer, en su columna de Reforma, el periodista Roberto Zamarripa lo publicó con todas sus letras y coincide con la información que tengo: el viernes 18 de este mes el presidente de la Suprema Corte citó a Janine Otálora y le pidió que dejara el cargo, por su bien y el del Tribunal.
Puedo agregar aquí un par de elementos adicionales. El motivo de la presión para quitar de la presidencia del Tribunal a Janine Otálora fue la validación de los resultados electorales en Puebla, en los que perdió el partido gobernante.
Ante la resistencia de Otálora a renunciar, porque el Tribunal es autónomo, el presidente de la Corte habría recurrido a un argumento extremo: podemos hacer una reforma constitucional y quitar a todos los magistrados.
La historia es por demás oscura en el caso Puebla: la gobernadora que irritaba al gobierno murió al caer su helicóptero en condiciones no aclaradas, diez días después de asumir el cargo.
Y tres semanas después de esa muerte, la presidenta del Tribunal que validó el triunfo de Martha Erika Alonso fue presionada hasta hacerla renunciar.
La andanada contra Otálora tuvo como culminación el ultimátum del ministro Zaldívar, pero se desataron cuando en el Tribunal se iba a votar la validez de las elecciones en Puebla.
El magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, hizo público su proyecto de resolución en favor de anular y repetir las elecciones, lo que va contra los procedimientos del Tribunal. Y, además, sin argumentos para echar abajo esos comicios.
Por mayoría de votos, el Tribunal validó los resultados de las elecciones en Puebla, en las que perdió el partido del gobierno.
Una andanada de amenazas vengativas, con nombre y sin nombre, cayeron sobre la presidenta del Tribunal.
El magistrado Vargas Valdez anunció, el 18 de diciembre, que se estaban trabajando “denuncias con elementos y pruebas que apuntan hacia las irregularidades cometidas por la magistrada presidenta”, Janine Otálora.
La amenaza no podía ser más directa contra la titular del Tribunal Electoral.
Vargas Valdez fue más allá. Llegó a la conclusión –también hecha pública– de que la magistrada ha perdido su papel como presidenta no sólo para él, sino “posiblemente para más miembros del Pleno, dado que ya no garantiza lo más elemental: la unidad del Pleno y la independencia de sus magistrados, lo que lamentablemente lleva al funcionamiento indebido de la institución”.
Al día siguiente, Janine Otálora respondió a las amenazas y exigencia de renuncia, a través de una entrevista con Magali Juárez, de El Financiero: “la integración actual de la Sala Superior me eligió, por unanimidad, presidenta con un mandato de cuatro años. Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”.
Las presiones continuaron y Otálora resistió… hasta que se le vino encima el presidente de la Suprema Corte.
Dejó el máximo puesto en el Tribunal, continúa como magistrada, en una condición de bajo perfil, luego de las presiones de aliento gangsteril de que fue objeto.
Esperemos que haya una aclaración categórica y sin ambigüedades del presidente de la Corte a lo que aquí se expone y a lo que ayer publicó Zamarripa.
Además, que ya no haya nuevas amenazas a la magistrada ex presidenta del Tribunal, ahora que se destapó una posible maquinación de Estado para quitarla del camino.
Esperemos que más de un mes después de haber amenazado públicamente a Janine Otálora, el magistrado José Luis Vargas también diga que no dijo lo que dijo, o que se equivocó.
Lo que estamos presenciando es una grave muestra de cómo se aplasta a un poder autónomo, porque no le dio la razón al partido del gobierno.
Y de cómo se desnaturalizan las instituciones que deberían ser baluartes de la división de poderes, para hacer cumplir la voluntad del partido gobernante.
Por lo visto, no tienen límites. Nadie se los quiere poner.
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Primoroso/Roberto Zamarripa/ Primoroso
Reforma, 28 de enero
Al recibir la constancia de triunfo, el 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo ante el Tribunal Electoral federal: "En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes... Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos".
La elección de Puebla constituía una prueba de fuego para ese compromiso. Morena alegaba fraude y el PAN defendía el triunfo de Martha Alonso.
Según fuentes consultadas del Tribunal Electoral y de la Corte, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acudió los primeros días de diciembre con la entonces presidenta Janine Otálora para sugerirle amablemente que anularan la elección de Puebla. En uno de los encuentros, según las fuentes, Scherer habría sido acompañado por el Ministro de la Corte, Arturo Zaldívar. Otálora tomó nota de la sugerencia pero no asumió compromiso alguno.
El magistrado ponente del caso, José Luis Vargas, tenía en sus manos dos resoluciones para lo que pudiera ofrecerse: en una proponía la validación del triunfo de la panista Martha Alonso y en otra impulsaba la anulación de los comicios.
Al final, Vargas presentó la propuesta de anulación pero el Tribunal le rechazó el 9 de diciembre su ponencia y validó el triunfo de Alonso. Ello provocó furia en el gobierno y en el partido Morena. Luego vino la trágica muerte de la gobernadora y su esposo.
El Poder Judicial estaba bajo presión por su resistencia a reducir salarios de funcionarios y gastos institucionales. En ese contexto fue nombrado presidente de la Corte el Ministro Arturo Zaldívar, un liberal altamente respetado, con muy buena relación con el titular del Ejecutivo.
El tema del Tribunal Electoral todavía hervía. Con la daga clavada, el Consejero Jurídico Scherer, según las fuentes judiciales consultadas, incrementó su presión ahora para destituir a Janine Otálora como presidenta del órgano calificador, advirtiendo a magistrados que dado lo oneroso que resultaba el Tribunal, podía promoverse su desaparición.
Simultáneamente a la presunta presión de Scherer, el Ministro presidente Arturo Zaldívar -en su facultad de titular del Poder Judicial, al que está adscrito el Tribunal Electoral- solicitó a Janine Otálora la mañana del pasado viernes 18 en un encuentro dimitir a la presidencia para facilitar la relación con el Poder Ejecutivo. La recomendación fue amable pero enérgica.
Ese mismo día, Felipe Fuentes, a la postre electo como sucesor de Otálora, decía al resto de los magistrados que estaba en riesgo el Tribunal, dada la confrontación con el Ejecutivo, y solo él podía salvar la permanencia del órgano.
En la sesión del 23 de enero del Tribunal Electoral, Otálora presentó su renuncia. Ya depuesta, Fuentes intentó extender su mandato como nuevo presidente más allá de lo permitido legalmente. Como sustituto, su encomienda debe completar el periodo de la renunciante que concluye en noviembre de 2020. Sintiéndose apoyado por personeros del Ejecutivo, Fuentes pidió en la sesión del Tribunal que le aprobaran un periodo de 4 años a partir de 2019. Es decir, se iría de la presidencia en el 2023.
Había una potente razón política: encabezaría la calificación de las elecciones intermedias de 2021, claves para Morena y su flamante aliado, el PRI.
No le aprobaron su moción. Entonces solicitó establecer la posibilidad de reelección en el cargo después de 2020. Tampoco fue aceptado.
Fuentes es un hombre cercano al PRI mexiquense; ahora presume su filia con Morena.
Los maldicientes del Poder Judicial le llaman "El Primoroso". Silenciaría esas blasfemias si aclara que Otálora no cayó por presiones externas y él no fue impuesto desde otro poder, sino que llegó con méritos propios.
Así despejaría sospechas de que los halcones y las palomas dejaron el nido y tienen permiso de volver a volar.
robertozamarripa2017@gmail.com
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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