Aseguradoras perras/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Aseguradoras perras/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019.
Con corrupción, negligencia y hasta falseo de pruebas para evitar que las aseguradoras cubran obligaciones por pólizas e indemnizaciones, el gobierno gasta ingentes cantidades de recursos que no le son redituables.

A partir de la revelación sobre el seguro que Pemex contrató a Mapfre, publicada por Proceso en su edición 2216, la información oficial difundida hasta ahora permite observar que esa empresa productiva del Estado aceptaría las condiciones de la aseguradora para evitar pagar diferentes aspectos contenidos en el contrato.
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Práctica generalizada en el gobierno federal –aceptar las condiciones de las aseguradoras, e inclusive fabricar pruebas para favorecerlas–, los casos se acumulan y han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros terminan concediendo la razón a las víctimas, aunque a veces a costa del erario.

En el caso de Pemex, no es la primera ocasión en que un accidente en ducto con pérdida de vidas humanas y daños materiales termina por hacer el seguro inoperante.
El 19 de diciembre de 2010, en San Martín Texmelucan, Puebla, la explosión de un ducto provocó la muerte de 29 personas que, en una zona habitacional, nada tenían que ver con el robo de combustible y perdieron casas; otras tantas personas resultaron con heridas graves.
La Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado (ONRE) identificó en 2015 que el mismo seguro, pero anteriormente contratado con Grupo Inbursa, mostró diferentes irregularidades desde que Pemex contestó la demanda que había generado un convenio de indemnización.
Uno de los casos que la ONRE representa es el de una familia que registró cuatro fallecidos, se quedó sin casa, sin bienes, ropa ni alimentos. Pemex llegó con un ajustador de Inbursa, pero sólo Pemex aparece como firmante.
Es decir, “la aseguradora queda escondida y Pemex dio la cara. Eso lo hacen porque es más barato que cubra el Estado a que cubra el asegurador que sólo nombra a un ajustador que aparece ahí como testigo. El convenio lo signa Pemex con las víctimas, cuando según la ley y el contrato, quien debía pagar era Inbursa”, explica el presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas.
“Lo hacen así para ahorrarle dinero a la aseguradora porque en la cobertura conforme al contrato la indemnización sería más alta”, agrega.
En ese caso, según la ONRE, sólo ofrecieron 475 mil pesos cuando los conceptos tendrían que ser, entre otros, fallecimientos, vivienda, daño moral, gastos funerarios. “Eso es ofensivo y no repara el daño”.
Según Guerrero Rojas, ese tipo de convenios los hacen sin presencia de abogados de las familias, a las que inclusive las amenaza el personal de Pemex, diciéndoles que si no firman de inmediato no recibirán nada y, en un momento de necesidad, sin vivienda, sin ropa y sin alimentos, estando en duelo, ellas terminan aceptando.
De acuerdo a una Tarjeta Informativa elaborada por Pemex y remitida a Proceso, en efecto la forma en que procede la petrolera es reclamando indemnización, luego de cubrir daños, a la aseguradora. De hecho, afirma que el seguro sí procedió en San Martín Texmelucan porque ahí a las víctimas no se les consideró con culpa o negligencia inexcusable, como quiere establecer Mapfre en el caso de Tlalhuelilpan.
La ONRE, en el caso del accidente en San Martín Texmelucan, invoca la Ley sobre el Contrato de Seguro, la cual establece que debe ser la aseguradora directamente quien se haga cargo de sus obligaciones y no el asegurado en triangulación, una conducta que, insiste, sólo se explica en la corrupción y por la que hay juicios pendientes.
Cuando de proteger aseguradoras se trata, además de Pemex la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha enfrentado y perdido litigios, porque protegiendo aseguradoras intenta evitar el pago de indemnizaciones a víctimas de su operación.
A principios de 2017, el carpintero Alexis Antonio Izazaga Manzanares realizaba su trabajo cuando la descarga de una línea de alta tensión que incumplía la norma le lesionó, dejándolo discapacitado de por vida. Demandó a la CFE para que lo indemnizara, por lo que reclamó un seguro contratado con Grupo Nacional Provincial (GNP).
Como parte de su Programa de Aseguramiento Integral, la CFE lanzó una licitación que en 2015 falló a favor de GNP, empresa a la que adjudicó el contrato por 75 millones 990 mil dólares. Pero al ocurrir el accidente que lesionó a Antonio, ésta no quiso pagar, argumentando que las líneas de transmisión eran responsabilidad del Estado.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió el pasado 28 de noviembre a favor de GNP, por lo que la CFE debió hacerse cargo de indemnizar a Antonio, pese a contar con el oneroso seguro.
Un caso similar, documentado por el reportero Paris Martínez para Animal Político (4 de septiembre de 2017), es el del niño Ángel, que el 11 de octubre de 2011 recibió una descarga eléctrica mientras jugaba con sus carritos en el balcón de su departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México. 
En ese caso, la CFE fue omisa en su responsabilidad y se documentó cómo se falsearon pruebas para atribuir ésta al pequeño, a quien imputó jugar con un tubo y golpear las líneas de transmisión, cuando en realidad el peritaje estableció un arco voltaico que provocó la explosión de un transformador. A sus ocho años de edad, el niño quedó con el 65% de su cuerpo quemado porque, con la fabricación de pruebas, el Grupo Interacciones se negó a pagar y la CFE solapó la negativa falseando pruebas.
De acuerdo al presidente de la ONRE, la corrupción posibilita que las aseguradoras vivan un paraíso en México, donde suelen evadir responsabilidades como no sucede en ningún otro país, tanto que aquí han abierto oficinas la mayoría de las aseguradoras importantes del mundo como en ninguna otra parte.
 Y es que evadir el cumplimiento de pólizas no es privativo del sector energético. El ejemplo más claro está en los sismos de 2017 que, a un año y medio de ocurridos, habían cubierto apenas la mitad (53%) de sus obligaciones por pólizas contratadas y reclamadas por el gobierno, según dio a conocer Recaredo Arias, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el pasado 31 de enero.