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El gobierno de @lopezobrador_ devolvió este sábado a 104 migrantes hondureños a su país..
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El vuelo de regreso a Honduras -dice AP-sucedió en medio de la presión que México enfrenta de parte del gobierno del presidente Trump para frenar a los inmigrantes --Po cierto, lLa Patrulla Fronteriza ha empezado a tomar huellas dactilares, así como a identificar a través del iris ocular, a migrantes menores de 14 años, para detectar posibles casos de explotación infantil y establecer con más fiabilidad la identidad del menor y sus padres.
Se toman medidas para detectar la trata de personas, establecer la identidad del menor y establecer que el adulto que lo acompaña es en verdad su padre o tutor legal", señaló este domingo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza .
La agencia federal, que hasta la implementación de estas nuevas medidas solo tomaba fotografías a los niños menores de 14 años, indicó que habían detectado casos de menores utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada ilegal al país,...
De acuerdo a cifras de esta agencia federal, entre el pasado 1 de octubre y hasta el 30 de marzo, se identificaron a más de 2 mil 700 personas en la frontera con México que de manera fraudulenta afirmaban ser parte de una unidad familiar.
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López Obrador llama “fifís” a morenistas que no se sumaron a la derogación de la Reforma Educativa
Arremetió contra los diputados de Morena...
Desde el municipio oaxaqueño de Matías Romero, Oaxaca, en un evento privado, el presidente los calificó de “fifís” y conservadores a ocho diputados maestros que votaron en contra.
“Ahora algunos maestros se opusieron a la reforma que se votó en la Cámara de Diputados y votaron algunos diputados maestros igual que como votaron los diputados de los partidos conservadores, ahí se unieron con los fifís, afortunadamente la mayoría entiende de que nosotros tenemos palabra y estoy cumpliendo”, dijo.
Entre los morenistas que votaron en contra se encuentran Azael Santiago Chepi, ex líder de la Sección 22 de la CNTE.
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Las columnas políticas, hoy domingo 28 de abril de 2019..
Templo Mayor/Reforma
ES MUY SENCILLO: cualquiera puede meterse a Google y escribir "¿dónde vive López Obrador?" y le aparecerán, ¡nomás!, 740 mil resultados. No se requiere, pues, de mucha ciencia para conocer el domicilio particular del Presidente.
TAN ES ASÍ que la dirección ha sido publicada en medios impresos y difundida en medios electrónicos y en las benditas redes sociales, y nunca -hasta ahora- se planteó que se ponía en riesgo a Andrés Manuel López Obrador al revelarse un dato que, por cierto, él mismo hizo público.
EN ESTOS DÍAS de linchamiento y quema de brujas, habría que echar mano de la reserva de prudencia y entender que quien amenazó la integridad del Presidente fue el crimen organizado... no un medio de comunicación.
POR CIERTO que hay quienes siempre encuentran la manera de llegar más bajo, como lo pudo comprobar la ex funcionaria Laura Ballesteros, una experta en cuestiones de movilidad que ha mantenido intensos debates con la actual administración capitalina.
RESULTA QUE la ex panista escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy viviendo el momento más feliz de mi vida hasta ahora", sin dar más detalles de a qué se refería. No fue necesario. Sus trolls crearon una cuenta parodia de la suya y, ahí mismo en su post, se burlaron de ella y revelaron que está embarazada.
¿CÓMO se enteraron de algo que la propia Ballesteros no había hecho público? Sólo queda pensar en el espionaje, lo cual es bastante grave y podría ser hasta un asunto criminal. El troleo cruel en contra de su intimidad queda ahí, para el Museo de la Vergüenza Tuitera.
EN LOS PASILLOS del Antiguo Palacio del Ayuntamiento tienen identificados a algunos ex funcionarios capitalinos como los más interesados en moverle el piso a la actual directora del Metro, Florencia Serranía.
TAN ES ASÍ, dicen, que hasta quisieron embarcar a la procuradora llevándole expedientes más piratas que la mercancía de un vagonero, relacionados con el caso de la mujer a la que dejaron morir afuera de la estación. Sin embargo, Ernestina Godoy tiene el colmillo largo y el olfato fino, por lo que no se dejó embaucar.
NADIE SABE quién anda haciendo ese tipo de jugarretas, pero por alguna extraña razón más de uno voltea a ver al -¡oh, casualidad!- ex director del Metro y actual diputado local, Jorge Gaviño. ¿Por qué será?
EN FIN, recuerde que hoy es domingo y mañana el país vuelve de lleno a la realidad tras las vacaciones. Así que relájese, póngase los audífonos y disfrute de su canción favorita de Beatriz Gutiérrez Müller.
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Frentes Políticos /Excelsior.
1. Decidido. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su estrategia de seguridad con el despliegue de mil 59 miembros de la Guardia Nacional en Veracruz, tras la masacre la semana pasada. “Por las circunstancias que se padecieron, se decidió que aquí iniciemos con la primera coordinación, que va a tener sede en Minatitlán; (...) venimos a decirles que no están solos, que tienen el apoyo de su gobierno, que éste es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, señaló. Destacó que en esta zona está un proyecto importante que conectará por ferrocarril Coatzacoalcos con Salina Cruz para el transporte de contenedores con mercancías. Es hora de que el gobernador, Cuitláhuac García, despierte.
2. Despedida. La familia política está de luto con la partida de María de los Ángeles Moreno, quien fuera, entre muchos otros cargos, la primera mujer presidente del PRI. En redes sociales se expresó el cariño y agradecimiento a quien abrió brecha a otras mujeres. A la casa funeraria asistieron a despedirla Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, el priista Jorge de la Vega, el excandidato presidencial José Antonio Meade. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la calificó como una “mexicana de excepción, con altura de miras y siempre comprometida con las mejores causas de nuestro país”. Rompió paradigmas, abrió espacios. Supo llevar las riendas del partido y siempre fue parte importante de la democracia mexicana. Falleció a los 74 años.
3. Justicia para todos. Una encuesta del INE determina que los niños mexicanos se sienten más seguros en casa; pero es ahí donde más maltrato reciben. “Los niños tienen derecho a la vida, a desarrollarse como personas, a estar en una familia donde los quieran, cuiden y protejan; a ser prioridad en todas las decisiones que los involucren a ellos y que se tome en cuenta lo que más los beneficie”, destacó la SCJN. A unos días de la celebración del Día del Niño, la SCJN resaltó los derechos de niñas y niños mexicanos, como tener acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, pues nadie puede obligarlos a realizar un trabajo que pueda afectar su salud, desarrollo o educación. Con Arturo Zaldívar como ministro presidente, los niños encontrarán el equilibrio para desarrollarse en el mejor ambiente. Ahora la SCJN sí nos representa a todos.
4. Se le acabó la suerte. El Órgano Interno de Control del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México determinó suspender temporalmente a Ismael Figueroa, al detectar que cometió diversas irregularidades en el manejo de recursos dentro de la institución. El líder del sindicato recibió 181 mil 900 pesos, a efecto de cubrir los alimentos del personal del HCB. No obstante, se descubrió que Figueroa se quedó con los recursos. Otro suspendido es Salvador Sáenz Hernández, subdirector de Administración de Capital Humano de los Bomberos. Se investigan además las cuentas de Figueroa para determinar en qué otras anomalías incurrió. Se estaban tardando. desde hace mucho. ¿Ahora sí le pondrán un hasta aquí?
5. A la escuela. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, admitió que es necesaria una capacitación y actualización para los policías, para recuperar la imagen de respeto a la autoridad, por lo que también se buscará que hayan terminado el bachillerato. Los elementos de la Policía Preventiva, Bancaria, Auxiliar e Industrial carecen de capacitación para ser más eficientes en sus funciones y, por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana les enseñará a mejorar el uso de la fuerza y a detener bajo todos los lineamientos de la ley y con el debido respeto a los derechos humanos, a las personas sospechosas de algún ilícito. Esto, tras la difusión de un video en redes sociales donde un vagonero golpeó a un policía del Metro. Urge seriedad en el asunto. ¿Son o no la autoridad?
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Poder y verdad/Gabriel Zaid
Reforma, 28 Abr. 2019
El poder como servicio es indeseable. Nunca faltan personas abnegadas que se desviven al servicio de los demás. Pero sus beneficiarios pueden ser desconsiderados, creerse dignos de atención infinita. No tener límites para pedir, cuando descubren que les hacen caso. Pueden esclavizar al que les sirve desinteresadamente. Los padres de familia, maestros, médicos, religiosos, pueden ser explotados vilmente por sus hijos, pupilos, pacientes, feligreses, si se abandonan al deseo de servir.
Cuando aceptar el poder es sacrificarse de verdad, los elegibles corren a esconderse, como sucede en alcaldías paupérrimas. En algunas, hay la costumbre mañosa de no faltar a la asamblea de elección, porque se nombra alcalde al que no asiste. Si, por alguna afortunada anomalía, alguien tiene ambiciones de poder (cuando el poder no es más que servicio), hay que aplaudirlo, festejarlo y entregarle el poder rápidamente, antes de que se arrepienta.
El poder como saber profesional aparece tardíamente. Los guerreros empleaban a los letrados que, estando cerca del poder, llegaron a creerse capaces de gobernar. Confucio y Platón soñaron un Estado racional, dirigido por sabios como ellos. Pero la racionalidad política no es tecnocrática, sino democrática: una conversación entre conciudadanos que deliberan públicamente y finalmente toman una decisión razonada.
Los especialistas deben ser escuchados, pero no mandar. En la práctica, los tecnócratas no son Platones ni Confucios. Ni siquiera son los técnicos más conocedores, sino los más políticos. Son especialmente hábiles para ocultar la realidad bajo razonamientos y estadísticas que les dan la razón. Su especialidad no es la administración del ramo equis, sino la administración de la verdad sobre el ramo equis.
Tener poder es tener razón. Lo que parece que está mal está bien; y, si algo sale mal, es por causas incontrolables o por culpa de administraciones anteriores (a las que no llaman a cuentas). Eso sí: celebran ruidosamente el futuro de las sabias medidas que están tomando para superar los desastres de las sabias medidas anteriores.
El poder como negocio es una tradición lamentable. Pero las denuncias, noticias y escándalos destacan el modus operandi y lucro del abusivo, subestimando lo esencial, que es la mentira.
La tecnocracia y el poder como negocio dependen de la buena administración de la verdad. Muchas realidades del poder se mantienen secretas. La demagogia encubre lo que no se quiere publicar.
Esta doblez daña también al que la impone. En La paz perpetua, Kant dice que el poder atrofia la razón. Lord Acton dijo algo parecido en una carta: El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
¿De dónde surge la tendencia corruptora del poder? De la doble personalidad. La corrupción sólo puede existir cuando alguien está investido de una representación que lo convierte en otro: una personalidad simbólica, que no necesariamente coincide con sus propios intereses, gustos, deseos, opiniones. El poder empuja al exceso, el crimen, la locura, porque lleva a la confusión de identidades.
Lo que Max Weber llamó patrimonialismo (la indistinción entre el erario y el bolsillo de los hombres de Estado) es sólo una de las confusiones posibles. Antes de ser rapiña, irresponsabilidad, injusticia, la corrupción es una impostura. Puede ser mañosa. Puede ser cómica. También puede ser trágica, como en El gesticulador de Rodolfo Usigli: la otra personalidad se apodera del poseso y lo arrastra a creerse lo que no es.
La corrupción degrada a los que abusan del poder por el abuso mismo, más que por los beneficios que reciben. Los degrada incluso cuando no se benefician, cuando abusan para salvar el país o la fe, que así destruyen.
Solón estableció el derecho de llamar a cuentas a las autoridades: algo bueno para ayudarles a conservar el sentido de la realidad. Montesquieu propuso la división de poderes. Kant, la transparencia del poder. Todos estos principios dicen lo mismo: No te aloques, no eres Dios. Te respetamos como persona y respetamos tu investidura, pero te vamos a ayudar a que no te creas lo que no eres.
En los viejos tiempos del PRI, la omnipotencia presidencial y el servilismo llegaron a extremos cómicos. El presidente era el Creador de todas las cosas y el Verbo Encarnado que las definía en sus propios términos, como en aquel certero chiste. Pregunta a un ayudante obsequioso:
-¿Qué horas son?
-¡Las que usted diga!, Señor Presidente.
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¿Le has visto?/Eduardo Caccia
Reforma, 28 Abr. 2019
Son casi las 7 de la mañana del sábado 16 de febrero, ella llega a la estación del Metro Tacubaya, quizá le dolía el brazo o se sentía desorientada, sabe que algo no está bien pero sigue caminando. En los andenes se desvanece y queda en el suelo. Cuatro elementos de la policía la cargan en camilla y la llevan a la oficina del jefe de estación (quiero pensar que se trata de una oficina equipada para atender emergencias médicas, digamos, algo como una enfermería en donde al menos una persona tiene la capacidad de administrar primeros auxilios). Tres horas después la mujer sale arrastrada por cuatro policías. No puede sostenerse por sí misma, la cabeza de lado, las piernas líquidas. Un quinto elemento policiaco escolta el arrastre lento y parece que le carga la bolsa a la mujer que ha sido diagnosticada con estado de ebriedad. Es abandonada afuera de la estación, depositada como bolsa de basura en la base de las escaleras. Decenas, cientos de personas la verán ahí, tirada, como despojo, las siguientes horas.
Durante el sábado, una hoja membretada con los logotipos oficiales de la Ciudad de México y la PGJ exhiben la filiación de la mujer y preguntan, te preguntan: ¿Le has visto?
El Efecto del espectador (Bystander effect) es un fenómeno social en el que una persona que necesita ayuda no es atendida cuando hay mucha gente a su alrededor. Los espectadores enfrentan un dilema, por una parte saben que deben hacer algo, por la otra ven que nadie hace nada. Generalmente gana el ejemplo de la colectividad, hay una difusión de la responsabilidad, "alguien ayudará".
Un experimento social realizado afuera de una estación del Metro en Londres arrojó otras pistas para entender este fenómeno. Un individuo tirado en las escaleras de acceso a la estación se queja y queda desvanecido, pasan muchas personas a su lado y nadie lo atiende. Después de casi 5 minutos es atendido. Otra persona, en el mismo lugar, es atendida a los 6 segundos. ¿Cuál fue la diferencia? La forma en como vestían. Al obrero lo ignoraron, al ejecutivo de traje y corbata lo ayudaron. Cuando hay más personas, asumimos que alguien hará la llamada de emergencia. Cuando estás tú y la víctima nada más, las posibilidades de que tú auxilies son muy altas.
Después de 26 horas de estar tirada en la calle, agonizando, la mujer es atendida por paramédicos. Muere a los 3 días en un hospital del IMSS. Un infarto cerebral que no es diligentemente atendido se vuelve mortal.
Ahora sabemos que se llamaba María Guadalupe Fuentes Arias y tenía 56 años. Valientemente las autoridades del Metro han asumido la culpabilidad por este trágico incidente y los policías involucrados han sido separados de sus cargos. Quedan, empero, muchas lecturas. ¿Cuál es el tipo de preparación que tiene un policía? Es muy lamentable que hayan confundido un infarto cerebral con estado de ebriedad y aunque ninguno de ellos es el Dr. House ni tienen preparación para haber hecho un diagnóstico diferencial médico, al menos uno tuvo que haber olido alcohol en la víctima. Y aunque hubiese sido un caso de ebriedad, la policía está para proteger y servir (estas dos palabras deberían traerlas bordadas en los uniformes y pintadas en las patrullas), nunca se justifica que la hubieran tirado en la calle.
Por otro lado, ¿cuáles son las condiciones de vida de los mismos policías? Seguramente su contexto es tal que su conclusión fue "está borracha". No podemos esperar mejores policías si no mejoran las condiciones de vida y la preparación de estos servidores públicos. ¿De qué forma se cumplió o incumplió con el protocolo que tiene el Metro para estos casos? Seguramente hay más de un superior involucrado en la cadena de decisiones.
Este lamentable hecho también evoca la importancia de saber definir un problema. Quizá los policías llamaron a los servicios médicos diciendo "tenemos una femenina en estado de ebriedad" y del otro lado de la línea la llamada se archivó. No lo sé. Asumir sin evidencia puede llevar a tomar malas decisiones. Sería deseable una gran campaña nacional que conjuntara los esfuerzos del gobierno, medios, organizaciones civiles, empresas, para vencer el Efecto del espectador (entre otros grandes temas nacionales).
Piensa en la persona que más quieres. ¿Le has visto?
@eduardo_caccia
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La "cuarta transformación" avanza de la misma manera, con prisa y sin pausa, dejando damnificados por doquier.
Damnificados/Luis Ruio
Reforma,
En la medida en que se apilan los damnificados crecen las fuentes de enojo, rezago económico y oposición
Cuando Don Quijote descubre los molinos de viento, le dice a su escudero: "La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra... ¿Qué gigantes? -dijo Sancho Panza. -Aquellos que allí ves -respondió su amo- de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. -Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino". Acto seguido, procedió a arremeter, gritando: "Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete".
La "cuarta transformación" avanza de la misma manera, con prisa y sin pausa, dejando damnificados por doquier. Como con el Quijote, el avance no es terso ni libre de conflictos, aunque no hay duda que crear conflictos para confrontar es parte del plan. Pero en la medida en que se apilan los damnificados también crecen las fuentes de enojo, rezago económico y eventual oposición.
La lista de damnificados es creciente e impactante: con la cancelación de las estancias infantiles, los niños que están siendo privados de un lugar para pasar el día de manera segura y creativa mientras sus madres trabajan, al igual que las propias madres que no pueden ir a trabajar, afectando el sustento familiar. Los exportadores de aguacate que ven su producto deteriorarse por la lentitud con que operan las aduanas estadounidenses sin que el gobierno mexicano haga nada al respecto. Los residentes de las regiones fronterizas que ven llegar a decenas de miles de migrantes centroamericanos sin que haya infraestructura para alojarlos u oportunidades para emplearlos. Los despedidos del gobierno que, sin deberla ni temerla, quedaron en la calle sin indemnización ni oportunidades alternativas. Quienes han visto sus sueldos diezmarse, perdiendo derechos adquiridos por decisión mañanera. Las mujeres que sufren de violencia familiar y ya no tienen refugios seguros a los cuales dirigirse. Los recién nacidos que no tendrán la oportunidad de asegurar una vida exitosa, sin defectos de nacimiento que son corregibles, gracias a la suspensión del tamiz neonatal. Las organizaciones de la sociedad civil que, cumpliendo funciones legítimas, son atacadas y socavadas.
La ciudadanía que deja de contar con medios de protección por la desaparición de contrapesos clave para el funcionamiento de la economía -en materia de energía, hidrocarburos, competencia, educación- y ahora con la potencial pérdida de una Suprema Corte independiente del poder ejecutivo. Los concesionarios en materia de energía que, cumpliendo sus compromisos, se encuentran amenazados. Los niños que no contarán con la oportunidad de una mejor educación, todo por servir a sindicatos abusivos cuyo interés nada tiene que ver con la educación misma y menos en la era digital. La caída del consumo, que afecta a los más pobres. El atentado contra el crecimiento económico por la eliminación de fuentes de certidumbre e inversión. Los ex funcionarios -en su mayoría profesionales responsables y probos- damnificados en sus personas y reputación, que sufren consecuencias que el presidente no puede llegar a concebir o relacionar.
Los damnificados se multiplican y son muchos más de los que el propio presidente imagina, muchos de ellos -de hecho, la abrumadora mayoría- parte de su base política natural. Quienes más sufren por la multiplicación de ataques son precisamente a quienes les urge una mayor tasa de crecimiento y los beneficios que de ello se derivan en la forma de ingresos y empleos. El presidente está absolutamente comprometido con lograr una mayor tasa de crecimiento económico pero, como dice un viejo chiste irlandés, no hay forma de llegar de aquí hacia allá por el camino adoptado.
No hay forma de llegar atacando, minando, destruyendo y creando daños a cada paso. Como proyecto político, el ataque es una forma de avanzar, pero no así como proyecto económico en esta era de la historia del mundo. El crecimiento se finca en la inversión y ésta depende de la disposición del inversionista a asumir el riesgo de que su proyecto resulte exitoso; que haya mercado para sus productos; que no haya barreras nuevas al crecimiento de su empresa; que las fronteras no sean un obstáculo a la exportación de sus bienes o a la importación de sus insumos; que la burocracia no invente impedimentos a su avance y que los empleados, funcionarios y dueños de la entidad no sean injustamente atacados y vilipendiados. No es casualidad que literalmente todos los gobiernos del mundo se dedican a atraer, con recursos y estrategias cuidadosamente articuladas, nuevas inversiones y empresas. Las excepciones, como Corea del Norte y Venezuela en la actualidad, lo dicen todo.
La lista de damnificados y los valores y contrapesos que se erosionan o eliminan día a día atentan contra la viabilidad de la economía y del país en general. Por ahí no vamos a llegar.
@lrubiof
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Evidencia desempleo al gobierno
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior....
Hay una consistente y creciente desaceleración del crecimiento económico y la creación de empleos
Si bien para muchos pasó desapercibido, el último informe sobre el comportamiento del desempleo constituyó, al más alto nivel gubernamental, la confirmación de una tendencia, que si bien semanas atrás se intentó matizar y ocultar, el martes quedó más que evidenciada: la consistente y creciente desaceleración del crecimiento económico y la creación de empleos a nivel país, que, desde el arranque de la nueva administración, comenzó a cobrar forma.
El informe del Inegi, de Santaella, efectivamente, confrontó a las áreas económicas oficiales –Banxico, de Díaz de León, y Hacienda, de Urzúa, en particular– con las del sector social –Trabajo, de la cuestionada Luisa María Alcalde, y Bienestar, de María Luisa Albores– que con frecuencia “pecan de optimistas” con miras a mantener políticas dispendiosas, pero electoralmente “clientelares” y exhibió el endeble avance del anunciado proceso de reactivación que, como destacamos, no sólo forzó ya a revisar a la baja las expectativas de crecimiento para este año sino, también, para todo el sexenio que comienza.
Ello, no sólo porque la tasa de 3.6% de desempleo abierto reportada constituye el más alto registro desde diciembre de 2016 sino, también, porque confirma el avance del deterioro –“se han perdido algo más de 300,000 empleos en términos absolutos, durante los cuatro primeros meses del régimen”– y, en los hechos, constituye una premonición nada alentadora para el futuro más próximo.
Menos, cuando en medio de un proceso inconcluso de reforma laboral, reportes como el que nos ocupa mueven a pensar que lo peor en ésta y otras materias relacionadas aún está por ocurrir y que, si bien el mercado laboral sigue mostrando robustez, esta amenaza no será permanente.
Al propio tiempo, la estadística sobre la materia dejó claro que los más altos niveles en la materia continúan concentrados en entidades torales para la economía como son la CDMX, de Claudia Sheinbaum, (4.8%); el Estado de México (4.3%), de Alfredo Del Mazo; Sonora, de Claudia Pavlovich, (4.2%); y Guanajuato, del cuestionado Diego Sinhue, por sólo citar ejemplos particularmente reveladores. Todos, atrás de Tabasco, de Adán Augusto López, con su escasamente presumible registro de 7.4%. Revertir tal situación entonces urge, como lo es definir alternativas para millones que, un día sí y otro también, buscan alternativas de acceso al mercado laboral y no las encuentran.
Asteriscos
* Este martes, en la LVI Asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el zacatecano Alejandro Tello aprovechará para exponer a AMLO el tema del Fondo Minero, que, si bien nació para apoyar a municipios con tal vocación y fue cancelado al arranque de la 4T, sigue siendo cobrado, pero nadie sabe a dónde están yendo a parar o a qué se destinan ahora tales recursos.
* La primera mujer en presidir el PRI, María de los Ángeles Moreno, falleció a los 74 años. De tiempo atrás se hablaba de su deteriorada salud aun cuando estuvo presente en la campaña de Meade, quien lamentó su muerte, al igual que otros liderazgos actuales y pasados del priismo y otras fuerzas políticas. Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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El ABC/Isabel Turrent
Reforma 28 Abr. 2019
Desde ahí hay que empezar para explicar por qué el Presidente se equivoca día a día en sus decires matutinos y en muchas de sus políticas. Desde el ABC de la teoría política. LO parece creer genuinamente que todos los problemas que enfrenta son nada más producto de políticas "neoliberales" del pasado reciente; no ve, ni acepta, las consecuencias de los errores que ha cometido desde que tomó el poder y no tiene idea de las tareas fundamentales de un Estado eficaz.
Desde Sun Tzu, pasando por Maquiavelo, Hobbes y Max Weber, y todos los teóricos que han explicado la construcción de un Estado funcional a partir de un contrato social original, están de acuerdo en que el Estado tiene, desde el principio de la historia, tres obligaciones fundamentales: la responsabilidad de proteger a sus gobernados, la de solucionar los conflictos impartiendo justicia de acuerdo con los mandatos de ley, y la capacidad de recolectar impuestos y redistribuir de manera eficaz los recursos para garantizar el bienestar de todos.
Sobre el tema se han escrito bibliotecas. Quien quiera viajar por todo el pensamiento político occidental puede consultar el libro enciclopédico de Alan Ryan (On Politics). Para un excelente recuento, más breve y escrito desde el (vapuleado) centro-izquierda Good and Bad Power de otro escritor inglés, Geoff Mulgan, es inmejorable. Mulgan agrega una cuarta tarea fundamental para un gobierno eficaz, que, paradójicamente, en lugar de perder relevancia, se ha vuelto aún más importante en esta era de la posverdad: la responsabilidad de promover la verdad y el conocimiento.
López Obrador ha fracasado en esas responsabilidades para construir y apuntalar un Estado eficaz, porque no ha asumido que encabeza un Estado débil. Tampoco, que la debilidad del Estado mexicano no es resultado de las políticas de libre mercado de sus antecesores, sino del crecimiento y expansión a lo largo del territorio del país de una constelación de grupos bien organizados de narcotraficantes y delincuentes que roban, toman casetas, extorsionan, secuestran y asesinan con total impunidad.
La verdad lo tiene sin cuidado. Ha inventado, como lo han hecho muchos populistas iliberales que han transitado por el siglo XX y el siglo XXI, a enemigos anónimos, imposibles de identificar y de llevar a la justicia. El perfecto chivo expiatorio. Los "conservadores" de López Obrador -que parecen reflejo de los "peligrosos inmigrantes" con los que Trump ha azuzado el supremacismo blanco en Estados Unidos- no existen.
El presidente López Obrador comparte, de menos con su antecesor inmediato, una imaginación política deficiente, que le ha impedido diseñar una estrategia inteligente y de altos vuelos para cimentar el desarrollo económico (del cual depende el fortalecimiento del Estado benefactor) y para resolver la violencia de narcos y delincuentes con el uso de la violencia legítima.
Es un político de muy cortos plazos. (Por eso no le interesa tampoco el conocimiento ni el futuro de los estudiantes que ha dejado en manos de la CNTE, ni de los que no tendrán oportunidad de estudiar en el extranjero, porque desmanteló Conacyt).
Pero ha olvidado que la seguridad y la protección de sus gobernados no puede ser cortoplacista. El anhelo de paz no es monopolio de un grupo de ciudadanos "conservadores", como dice el Presidente. Es el cimiento del contrato social entre un Estado y la sociedad que gobierna desde el principio de los tiempos: la garantía de seguridad, orden, paz y prosperidad, a cambio de obediencia a las leyes, lealtad al Estado y pago de impuestos.
Como lo hemos comprobado los mexicanos, es difícil exagerar la importancia de un gobierno fuerte, estable y protector para el bienestar de sus ciudadanos. Por eso, para todos los teóricos políticos, es el cimiento de la legitimidad de un Estado. Eso y no su política clientelar debería ser la primera prioridad del gobierno. Encontrar una estrategia eficaz para garantizar la paz.
Si falla, correrá el riesgo de que su legitimidad quede prendida con alfileres de una retórica matutina hecha de ocurrencias.
editorial@reforma.com
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El privilegio de perder y una mujer sentada / Rafael Cardona
La Crónica de Hoy
La verdad esto es como para recordar a Jorge Ibargüengoitia y la historia maravillosa, alucinante del general José Guadalupe Arroyo y su arribo a la dicha burocrática, cancelada para siempre por la muerte del presidente recientemente electo, Marcos González, quien falleció víctima de una apoplejía al poco tiempo de ofrecerle el puesto de secretario particular en la recientemente conquistada presidencia de la República.Todo eso ocurre —como todos sabemos— en la novela Los relámpagos de agosto; pero la historia del industrial papelero mexicano, Miguel Rincón, quien además de ser compadre y consejero empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un notable personaje del sector, con nexos viejos en la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, ya es como para hacer otro capítulo. U otro relámpago.
Esta historia reciente está colmada con elementos dignos de una mejor pluma, pero por ahí encontré un relato en primera persona con el auxilio de la imaginación, como si esto fuera una carta, una misiva a un lejano amigo a quien se le cuentan las cosas importantes.
“—Como sabrás, querido amigo, desde hace tiempo he cultivado la amistad de Arturo Miguel, un hombre íntegro cuya vocación de servicio lo ha hecho perseguir la presidencia de la república a través de muchos años y en varias campañas, en las cuales se ha enfrentado a todos los obstáculos posibles; incluyendo un fraude electoral en el cual yo creo con firmeza.
“Sí, estoy seguro; le birlaron, a la mala, el triunfo electoral (nadie birla a la buena, ¿verdad?) y él, paciente y pacífico, ha protestado y ha seguido construyendo alternativas políticas de organización nacional ahora coronadas por un éxito arrollador en las urnas. Nadie había ganado así la presidencia. Nadie.
“Pero bueno, eso no es lo importante, lo importante ahora es cómo esa relación evolucionó hasta el punto en el cual los mexicanos le depositamos confianza perdurable hacia el futuro a un hombre, a quien le encomendamos el cuidado de un hijo en caso de nuestra muerte.
“El compadrazgo no es un pacto de complicidades, es una muestra de confianza y respeto y en tales condiciones, Arturo Miguel, ya instalado en presidencia y acompañado de otro amigo nuestro, el cardenal Gilberto Correa, aceptó hace unos días ser padrino de mi hijo, lo cual, ha sido un orgullo para mí y una distinción para el chamaco. El niño todavía no sabe nada de la dimensión histórica de su padrino, pero lo sabrá cuando sea mayorcito. Cuando ya no le sirva para nada, por cierto. Como a mí, pero no adelantemos.
“La verdad, no voy a negarlo, yo siempre imaginé un vuelco en mi vida con este compadrazgo.
“No cualquiera tiene esa cercanía con el presidente y menos con uno tan poderoso como éste, cuyo control del país es absoluto. Yo si pensé, la verdad, ¡ya chingué!, porque si mis negocios siempre fueron bien, pues ahora con el simple conocimiento público de mi cercanía con el jefe del Poder Ejecutivo, y más cuando ejecuta de manera tan contundente, hasta sin pedirle nada, pues se me iban a abrir todas las puertas.
“Para no hacerte la historia larga, me inscribí otra vez en las licitaciones para proveer de papel a la Comisión de los libros gratuitos de texto (ya ves cómo éstos le dicen gratuitos a los textos, no a los libros, pero en fin), y a las derechas, te lo juro por Dios, gané la licitación.
—¡Gané!, hermano, gané. Un contrato de más de 200 millones de pesos. Nada mal, pues.
“¡Ah!, pero los adversarios de AM (pocos, pero tiene), los malvados conservadores y la prensa fifí, le atribuyeron mi contrato a mi cercanía con él y hasta su orden, quizá, y comenzaron jode y jode con la cantaleta y la insinuación del compadre favorito, y como ya te lo dije, él, como hombre honesto, ¡sácatelas! me hace saber por una conferencia de prensa, una petición: ‘Compadre, renuncie al contrato obtenido y yo, ¿pues cómo le hago?’
“Ni modo de decirle ‘¡Ah!, no, compita, lo cáido, cáido, pues no se trata de eso; y entonces, pues le dije, ¡claro, Compadre, para cualquier cosa yo estoy con usted! Y aquí me tienes, disfrutando al revés los privilegios de ser compadre del presidente.
“Sin contrato, pero con reconocimiento y con la satisfacción de haber, comprendido las circunstancias como él me dijo. ¡Pinches circunstancias!; pero, en fin. Nunca hice las cosas por interés, sino por amistad. Y los amigos se prueban en las malas, no en las buenas.
“En otros tiempos todo se conseguía nomás por eso. Hoy todo se debe rechazar, nomás por eso.
“Ni modo, mi historia —no se por qué— me recuerda la de aquel famoso vate Campos, quien fue siempre conocido en los rumbos de Bucareli como el poeta desflorado, pero no por las razones impropias de tu lúbrica imaginación, amigo, sino por las derrotas del triunfo.
“El vate aquel, muy certero e inspirado, no tanto como el mamarracho a quien le acaban de dar el Premio Aguascalientes (quien sí presume de floraciones rectilíneas), participó en un concurso municipal y ganó el premio de la Flor Natural y unos pocos pesos de estímulo económico.
Durante la fiesta del festejo, después de hacerlo repetir por cuarta vez los versos laureados, el alcalde se le acercó y le dijo con aliento a pulque:
—El dinerito se lo queda, mi poeta, pero la florecita ésa de chapa de oro, me la devuelve; porque es el misma del año entrante.”
“Y desfloraron al vate. Cuando ganó, perdió.
“Bueno pues ya te conté y no te quito más tu tiempo. ¡Ah! y si se te ofrece algo o sabes de alguien, me dices. Me acabo de quedar con veinte toneladas de papel y no tengo a quien vendérselas.”
Leo la biografía política de Adolfo Ruiz Cortines, escrita por Juan José Rodríguez Prats:
“… sabía (don Adolfo), dar consuelo y manifestar su solidaridad cuando no podía otorgar una posición política. A Manuel Caldelas no pudo hacerlo presidente municipal en una primera ocasión. Al llegar a Veracruz le dio una palmadita en la mejilla y con cariño le expresó: “mi candidato derrotado”.
Ésa es otra versión del célebre “perdimos”, atribuido al mismo Adolfo El viejo (cito a Enrique Quintana):
“…Cuenta Gonzalo N. Santos en sus Memorias que cuando ya se acercaba el proceso de sucesión presidencial del veracruzano Adolfo Ruiz Cortines, éste recomendó a algunos de sus subalternos que revisaran con todo cuidado los papeles y la situación financiera, fiscal y de todo tipo de su secretario de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz, con objeto de quitarle toda mancha.
“Habiendo trascendido esta indicación presidencial, se dio por sentado que el sucesor que Ruiz Cortines dejaría, era el político nayarita, mejor conocido como El Pollo en los medios políticos.
“Como al final de cuentas, el astuto Ruiz Cortines engañó a todos, y se inclinó por su secretario del Trabajo, el mexiquense Adolfo López Mateos, se hizo célebre la expresión que usó para informarle a Flores Muñoz que él no sería ‘el bueno’:
‘Perdimos, Pollo, perdimos’”.
No se sabe cómo pudo estacionar su auto frente a la puerta Mariana del Palacio Nacional, en una embestida distinta a la del general Bernardo Reyes, pero silenciosa y con la melena al aire se sentó recargada en su vehículo y se burló de la inexistente seguridad, a pesar de haber sido olisqueada por los “binomios caninos” (no se sabe cuál de los dos elementos del binomio la olfateó a ella y cuál al coche), pero cuando le vino en gana se fue sin nadie para conocer siquiera sus ocultos pensamientos, hundidos con la cabeza entre las piernas durante más de una hora y media.
Quería una cita con el Presidente y en nombre de sus Derechos Humanos, los puso a todos en ridículo. Cualquiera puede hacer un happening en el Zócalo.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
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Nada ni nadie consigue abatir la violencia en México/
PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..
Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su programa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno. Por el contrario, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un incremento de los índices de homicidios, pero además el crimen organizado se empeña en demostrar que, si las condiciones del país no cambian, seguirá sembrando el terror y corrompiendo la vi
Hasta el pasado 12 de marzo, el presidente insistió en que habían bajado los índices delictivos, a pesar de que cada mes los medios de comunicación publican los datos del SESNSP. Esa actitud le costó al mandatario una confrontación con Jorge Ramos, periodista de Univision, quien dijo en la conferencia matutina de ese día que, de continuar así, 2019 será el año más violento de la historia en el país.
Aunque el mandatario insiste en responsabilizar de la inseguridad a las administraciones pasadas, en este gobierno han ocurrido masacres similares a las del sexenio de Felipe Calderón, como aquella en que un grupo delictivo asesinó a estudiantes que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Calderón se apresuró a señalar que se trataba de ajustes entre bandas rivales.
Ya en la administración lopezobradorista, el pasado 19 de abril, Viernes Santo, un comando irrumpió en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, y asesinó a 13 personas, incluido un bebé de un año. Dos días después, el 21, en Comalcalco, Tabasco, pistoleros ejecutaron a dos mujeres e hirieron a dos menores.
Al día siguiente unos automovilistas que volvían de vacaciones denunciaron que fueron víctimas de un asalto masivo en la autopista México-Acapulco. Hombres armados bloquearon la circulación y los despojaron de sus pertenencias en el tramo conocido como Los Túneles.
El 24 de abril Maricela Vallejo Orea, alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Veracruz, fue asesinada a balazos cuando iba en una camioneta por el municipio de Los Reyes.
Y en un hecho inusual, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, amenazó a López Obrador con enviarle un “regalo” explosivo a su casa. Es el primer presidente de la República que recibe una amenaza directa del crimen organizado.
En una revisión de la estadística delictiva que el SESNSP publicó el 21 de abril, Guanajuato destaca entre los estados con la mayor incidencia con 947 asesinatos de enero a marzo. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez había festejado por todo lo alto el operativo Golpe de Timón, realizado en conjunto con la Marina a fin de arrinconar al Cártel de Santa Rosa, pero guardó silencio ante los datos oficiales sobre la violencia. El Marro sigue libre.
A su vez, el gobierno federal ha informado sobre la disminución del robo de combustible en Guanajuato, pero en el estado persisten los problemas que lo tiñen de sangre: el incremento de los consumidores de drogas y por ende el del narcomenudeo, así como la agudización de la pugna entre el grupo del Marro y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno federal reforzó su presencia a través del Ejército, Policía Militar y Marina, pero no logra pacificar la entidad ni contener al crimen organizado, que ataca negocios y ejecuta personas en la vía pública, coloca narcomensajes amenazantes contra sus rivales, “los traidores” e incluso las autoridades, como en el caso de la manta colgada en Celaya en la Semana Santa en la que amagó a López Obrador.
El número de homicidios dolosos reportado por el SESNSP en Guanajuato es “el más alto registrado en la historia reciente del país para cualquier estado de la República, con lo que se vive una situación que podría ser considerada similar a un ‘estado de excepción”, según la investigación de México Social, realizada por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, que la publicaron el pasado 21 de abril.
Nueva impunidad
En el Estado de México se han incrementado sobre todo los feminicidios y la desaparición de mujeres, señala Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Atribuye el exponencial aumento de casos de desaparición desde 2006 al menos a cuatro hechos: la confrontación entre el gobierno y los grupos del narcotráfico, que motivó a éstos a defender los que consideran sus territorios; que se diera prioridad a la captura de los líderes de los grupos criminales; el crecimiento del mercado interno de las drogas, y que se haya privilegiado el uso de la fuerza para atacar el problema.
Sin embargo, a decir de Cortez, al inicio del gobierno de López Obrador se privilegia la impunidad, al no perseguir a las bandas delictivas.
Frente a las deficiencias de la integración de los expedientes contra los presuntos capos del narco, dice el activista, la alternativa del gobierno era tomar la justicia bajo su responsabilidad, “y eso creo que significaba acciones de tortura, desaparición y ejecuciones extraordinarias por parte del Ejército”.
En un documento entregado el viernes 19 a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el IMDHD señala que actualmente el paradigma de seguridad no ha cambiado y con la Guardia Nacional “parece agravarse”, ya que la sociedad civil logró reducir los componentes militares de esa corporación pero no pudo eliminarlos por completo. “Mientras se produce la erradicación de pruebas ilícitas en el sistema penal, la Guardia Nacional tendrá un incentivo para seguir usando detenciones arbitrarias y tortura”, advierte Cortez.
En Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el fiscal de la zona Norte, Jorge Nava, atribuyen a la guerra entre cárteles la tendencia ascendente del crimen que se sostuvo hasta marzo.
Hace un año la pandilla de Los Aztecas –poderosa en la entidad y en la ciudad de El Paso, Texas– se separó de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Los Aztecas constituyeron el grupo delictivo La Empresa, a través del cual controlan la venta de todo tipo de drogas tanto en las calles como en centros penitenciarios.
La Línea y el Cártel de Sinaloa se disputan asimismo los municipios fronterizos de Guadalupe y Distrito Bravo, mientras que el segundo controla Praxedis Guerrero. Por esta zona ha pasado históricamente todo tipo de droga a Estados Unidos.
En el noroeste de la entidad –municipios como Cuauhtémoc, Galeana, Madera y Gómez Farías, entre otros– operan los cárteles de Sinaloa y de Juárez, lo que ocasiona enfrentamientos constantes.
A pesar de los operativos policiacos de los tres niveles e incluso militares, la violencia en el estado llega a niveles comparables con los del sexenio de Calderón, por ejemplo con el incendio de casas en Gómez Farías. En el primer cuatrimestre –hasta el 25 de abril– se registraron sólo en Ciudad Juárez 139 homicidios.
Los casos del sur
En Guerrero surgieron nuevos grupos de autodefensa que las autoridades vinculan con la delincuencia, sobre todo en zonas donde el gobierno de Héctor Astudillo impulsa desarrollos mineros: las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó a finales de enero pasado que existen “grupos paramilitares-delictivos” entre las 24 policías comunitarias y autodefensas que operan en más del 50% de la entidad.
Después de reprochar la inacción de las autoridades estatales y del Congreso local, Encinas anunció un plan para “desarticular” los grupos de civiles armados que asumieron las funciones de seguridad pública en 42 de los 81 municipios del estado y controlan grandes territorios.
Sin embargo, ninguna autoridad ha detenido la expansión de los grupos armados. El director del Centro Nacional de Información (CNI), del SNSP, David Pérez Esparza, informó que en marzo Guerrero ocupó el sexto lugar nacional en víctimas de homicidio doloso por cada cien mil habitantes.
Desde el primer año de su administración, el priista Héctor Astudillo se declaró incompetente para enfrentar a la delincuencia organizada y delegó su responsabilidad en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Recientemente Astudillo volvió a deslindarse. Manifestó su esperanza de que la Guardia Nacional que impulsa el presidente López Obrador ayude a resolver la crisis de inseguridad.
En 2016 el gobierno estatal reportó una fuerza policial de 6 mil 881 elementos, de los cuales 3 mil 304 están adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, mil 406 a la Fiscalía General del Estado, mil 518 a la Policía Auxiliar y 653 al sistema carcelario.
El informe del SESNSP indica que el número de policías estatales confiables descendió de mil 107 en 2016 a 984 en 2018, pese a que los recursos para este rubro han aumentado en los últimos tres años.
De acuerdo con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) Pedro Almazán Cervantes, 335 efectivos están comisionados como escoltas de funcionarios, familiares de políticos, exgobernadores y empresarios.
Además, en marzo pasado los alcaldes de 30 municipios guerrerenses denunciaron públicamente que sus policías municipales están desarmados y son grupos civiles armados los que realizan las funciones de seguridad.
Corrupción, complicidad e infiltración
El pasado 5 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente López Obrador anunciaron que están disminuyendo los delitos patrimoniales gracias a la coordinación entre militares y policías federales, estatales y municipales. Sin embargo, al comparar las cifras oficiales del primer trimestre de 2018 y el de 2019 no se advierte reducción alguna.
El año pasado se registraron en dicho periodo mil 239 robos a casa habitación; en 2019 van 2 mil 6, según las estadísticas del SESNSP.
El pasado 1 de marzo arrancó de manera formal la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, con el operativo Bases de Operación Interinstitucionales (BOIS). A los 10 días se informó de la detención de 20 personas y el decomiso de cuatro armas cortas y 10 largas, más de 2 mil dosis de distintas drogas, 18 autos y seis motos.
En las BOIS participan mil 18 militares que operan en los municipios más violentos de la entidad: Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Al preguntarle al comandante de la XV Zona Militar, Norberto Cortés, si esos resultados no son pobres en relación con el gran número de efectivos movilizados, el general responde que el propósito de las BOIS sólo es “disuasivo”.
Alfaro Ramírez confirmó: “Sería un error evaluar los resultados de este operativo en términos de detenciones (…) El propósito central de estas operaciones es reforzar la presencia que, por las limitaciones en nuestro estado de fuerzas estatales, municipales y federales, teníamos que resolver de alguna forma”.
Otros 2 mil 80 efectivos están distribuidos en los municipios de Mascota, Puerto Vallarta, Ameca, La Barca, Tepatitlán, Colotlán, Tequila, Zapotlán El Grande, Autlán de Navarro y Jocotepec.
La autoridad afirma que los crecientes asesinatos obedecen a los ajustes de cuentas entre bandas rivales. De acuerdo con la fiscalía estatal, el CJNG sostiene una sangrienta lucha con el Cártel Nueva Plaza por el control del tráfico y venta de droga. El caso es que, mientras en el primer trimestre de 2018 se registraron 417 homicidios dolosos, en este año van 576.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, la principal causa de que la incidencia delictiva no disminuya es la corrupción de las fuerzas del orden y la falta de capacidad de sus mandos para dirigirlos, porque llegaron al cargo por amistad o compadrazgo con gente poderosa.
Refiere que el crimen organizado está infiltrado en las policías de los tres órdenes de gobierno “y en algunos casos hasta en las fuerzas armadas”, dado su poder económico y político.
En Baja California, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Raúl Baena, cuestiona: “Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policiacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué? Porque las corporaciones federales, estatales y municipales son fuente de recursos ilegales, producto de amplias y complejas redes de corrupción, de mordidas, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia… Mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, nada se va a resolver.
“AMLO ha apostado demasiado a la Guardia Nacional, que es una reedición de la estrategia militar de combate a la delincuencia organizada que provoca la violencia en el país, lo que no presagia el éxito a no ser que se actúe a sangre y fuego, con el riesgo de que continúen las violaciones graves a los derechos humanos”.
El abogado Osvaldo Medina Olvera subraya que para atacar al crimen y la violencia es esencial privar a los criminales de los ingresos que les reditúa el lavado de dinero.
Los especialistas consultados coinciden también en la necesidad de desaparecer la Policía Estatal Preventiva (PEP) –señalada desde su creación por su presunta complicidad con el crimen organizado y graves violaciones de los derechos humanos–, a fin de destinar sus recursos al fortalecimiento y la capacitación de las corporaciones municipales, que están en contacto con las comunidades, conocen la dinámica de las bandas de robo domiciliario y de vehículos, del narcomenudeo y de las pandillas en las colonias.
Este estado cuenta con ciudades como Tijuana, una de las más violentas del mundo, con 138 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Un reporte de la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, puntualiza que “desde hace dos años esta frontera es campo de batalla de tres cárteles criminales”: el CJNG aliado con Los Arellano Félix contra el de Sinaloa.
Y David Solís Juziano, vicepresidente del Comité de Seguridad Pública de Tijuana, admite que en la ciudad operan 2 mil 500 pandillas de entre 25 y 100 integrantes.
El pasado 3 de febrero, en Tijuana fueron asesinadas 21 personas en menos de 24 horas. El presidente López Obrador ordenó el inmediato despliegue de un operativo especial para frenar la criminalidad y se destinaron a Tijuana 2 mil 231 efectivos. Según el titular de la Sedena, después de 51 días los homicidios dolosos disminuyeron 25% en la urbe fronteriza. Sin embargo, la tendencia estatal continuó al alza.
Por otra parte, la violencia que arreció en el noreste de Tamaulipas desde finales de 2018 fue atribuida por los gobiernos estatal y federal a nuevas disputas entre numerosas bandas escindidas de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que se dividieron tras la detención de sus capos, como lo han revelado la DEA y el Ejército Mexicano.
Según las cifras oficiales, en 2018 se registraron mil 472 homicidios dolosos en Ciudad Victoria, que tiene unos 300 mil habitantes. La seguridad recae en el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), actualmente Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en el que participan mandos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal.
Desde principios del año el gobierno federal reforzó con efectivos que integrarán la Guardia Nacional ciudades tamaulipecas como Reynosa, pero las balaceras y las muertes no disminuyeron.
El vocero de seguridad del Grupo de Coordinación, Luis Felipe Rodríguez, señaló que los homicidios se han reducido este año. No obstante, cuando se producen enfrentamientos con muertes esa instancia no informa ni emite comunicados, y en ocasiones de plano los niegan.
Hasta hoy se desconocen los cambios que provocará la operación de la Guardia Nacional. (Con información de Olga Aragón, Juan Alberto Cedillo, Verónica Espinosa, Ezequiel Flores y Gloria Reza).
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Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..:
Los delitos siguen al alza en la Ciudad de México/
SARA PANTOJA
Delitos como el homicidio doloso por arma de fuego –particularmente por ajuste de cuentas, deudas y peleas por el territorio–; narcomenudeo, extorsión –cobro de piso o préstamos engañosos–, secuestro y trata de personas, presentan números al alza en la capital del país.
Según el reporte del Observatorio Ciudadano Ciudad de México (Ocmx) presentado el pasado 3 de abril, en 2018 el homicidio doloso tuvo un “aumento histórico” de 16.9% respecto al año anterior. De las mil 421 víctimas, 69.9% murieron por disparo de arma de fuego, 14.1% por arma blanca y 16.1% por otro elemento. Las tres alcaldías que registraron el mayor número de carpetas de investigación fueron Iztapalapa con 288, Gustavo A. Madero con 238 y Cuauhtémoc con 119.
En el portal de datos abiertos del gobierno capitalino se muestra que el homicidio doloso por arma de fuego también ha ido en aumento desde que la exdelegada en Tlalpan tomó posesión de su actual puesto, el 5 de diciembre de 2018. En ese mes se registraron 111 carpetas de investigación, mientras que en enero pasado hubo 143, en febrero 114 y en marzo 160. Éste último dato implica un promedio de 5.3 homicidios al día.
Entre los asesinatos más sonados en ese periodo está el de la madrugada del 17 de febrero, cuando siete personas de entre 20 y 30 años fueron asesinadas a balazos en el atrio de la iglesia de Los Reyes Culhuacán, alcaldía de Iztapalapa. Tres más quedaron lesionadas. Testigos del crimen dijeron que unos 10 individuos armados les dispararon de forma directa. La Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) afirmó que la banda de Los Rodolfos estaba detrás del mutihomicidio.
Se trata de uno de los dos grupos que se disputan el control del narcomenudeo en las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco. También cometen extorsión y secuestro. Sus rivales son Los Molina, según un reporte de El Universal, publicado el pasado 26 de febrero.
Narco, extorsión y secuestro
El reporte del Ocmx afirma que el narcomenudeo subió 128.1% en 2018 respecto del año anterior. Tuvo una “tasa histórica” de 67.4 y se mantiene al alza desde el cuarto trimestre de 2016. Las tres alcaldías con mayor número de carpetas de investigación abiertas fueron Iztapalapa con mil 167, Cuauhtémoc con mil 62 y Gustavo A. Madero con 849.
Aunque en todas las demarcaciones se incrementó este delito, donde se disparó fue en Benito Juárez, con 385.4%. En 2018 la capital del país ascendió de la posición 14 a la ocho en el ranking nacional por entidad en la venta de drogas al menudeo.
Los datos abiertos del gobierno local indican que en diciembre pasado se abrieron 410 carpetas de investigación por narcomenudeo. En enero siguiente subieron a 474, en febrero bajaron a 428 y en marzo a 421.
De acuerdo con el reporte del diario mencionado, al menos ocho de las 12 bandas que operan en la ciudad se dedican al narcomenudeo: La Unión Tepito, La Anti-Unión Tepito, Los Rodolfos, Los Molina, el Cártel de Tláhuac, Los Panchos, Los Pitufos y Los Spring Breakers.
Sobre la extorsión, el observatorio registró que en 2018 subió 6%. Aumentó en nueve de las 16 alcaldías, sobre todo en Iztacalco, con 69%. No obstante, fue en Cuauhtémoc donde se abrieron más carpetas (80), seguida de Iztapalapa (74) y Benito Juárez (46). En el primer mes de la gestión de Sheinbaum, según los datos abiertos, se abrieron 209 carpetas; en enero 206, en febrero 253 y en marzo 267.
El año pasado el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró 513 denuncias por este delito e identificó a las colonias Centro, Doctores, Roma Norte y del Valle Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, como las de mayor incidencia.
Un comerciante que pidió el anonimato por temor a represalias, contó a Proceso que a principios de año rentaba un local en la calle Palma, en pleno Centro Histórico, pero “gente de La Unión comenzó a pasar a pedir cuotas. Tenía que darles al menos 500 pesos al mes. Yo mejor me salí de ahí”.
El pasado 16 de enero el gobierno capitalino anunció una estrategia para combatir el préstamo conocido como “gota a gota”, que termina en extorsión y amenazas. Pese a que dicho fenómeno –presuntamente operado en su mayoría por gente de nacionalidad colombiana– fue detectado desde 2017, la autoridad aseguró que cobró fuerza en los últimos meses.
El delito de secuestro aumentó 14.9% el año pasado, según el Ocmx, y registró una tasa de 0.94. Las alcaldías con más carpetas de investigación fueron Iztapalapa (7), Tlalpan (6) y Tláhuac (5). En los primeros cuatro meses de la presente administración, las cifras van al alza: en diciembre se abrieron 176 carpetas, en enero 206, en febrero 253 y en marzo 219.
La PGJ-CDMX ha dado cuenta de una presunta relación entre el grupo de La Unión Tepito con personas que manejan portales de internet, como Zona Divas, que ofrece servicios de mujeres de origen sudamericano como escorts o acompañantes, quienes en algunos casos son víctimas del delito de trata de personas y hasta de feminicidio.
De acuerdo con el reporte del Ocmx, la tasa de la trata creció 52% en 2018, mientras que la tasa de la capital es 41% mayor que la nacional. Además, su incidencia aumentó 251.8% en Benito Juárez y 101.3% en Venustiano Carranza, aunque la alcaldía que registró más carpetas de investigación fue Cuauhtémoc (10). En el primer cuatrimestre del gobierno de Sheinbaum, según sus datos abiertos, hubo 22 carpetas sobre este delito en diciembre, 20 en enero, 32 en febrero y 13 en marzo.
En su edición 2210 Proceso publicó una entrevista con el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, quien informó que las bandas criminales cometen otros delitos de alto impacto, como invasión de predios y restaurantes, lavado de dinero, robo en transporte público, a casa habitación y de autopartes, así como clonación de tarjetas bancarias.
El funcionario explicó que el crecimiento de estos grupos en la capital se dio por la “relación perversa” que tuvieron con el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en el último tramo de su administración. No obstante, confió en que la estrategia de seguridad que aplica el gobierno de Claudia Sheinbaum, basada en 15 ejes –entre ellos combatir la corrupción en la policía, operar por cuadrantes y tener más cercanía con la gente–, arrojará los primeros resultados positivos a finales del presente año.
Dicha estrategia fue presentada el 15 de noviembre de 2018, un día después de que el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de la Guardia Nacional (GN). Al respecto, Sheinbaum consideró que en la capital no sería necesaria su operación, pues los más de 80 mil policías de la SSC eran suficientes para contener la inseguridad.
El pasado 2 de abril, cinco meses después y sin resultados positivos perceptibles, reconoció que la GN operará en Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en sus límites con el Estado de México, y no descartó que pueda intervenir en otras demarcaciones si fuera necesario.
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Apaciguar los 50 municipios más violentos, el reto/JOSÉ RAÚL LINARES
Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 50 municipios concentran el infierno que atiza el crimen organizado. Si bien es cierto que las tasas de homicidios dolosos se incrementaron en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en estados como Jalisco y Guanajuato la situación se agravó tras la lucha contra el huachicol que el presidente López Obrador lanzó a inicios de 2019. Es “irresponsable” decir que en seis meses cesará la violencia, dijo Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, sobre el plan del mandatario contra la delincuencia.
Un puñado de 50 municipios concentra la mitad de los delitos de alto impacto que laceran a todo el territorio nacional (homicidio, secuestro, robo y extorsión), pero sólo tres, Tijuana, Ciudad Juárez y Acapulco, encabezan la lista de los más violentos.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo los indicadores de las localidades más inseguras servirán para concebir la estrategia de seguridad pública que buscará reducir los índices delictivos.
De la lista de los 50 municipios más peligrosos del país destacan cinco porque sus tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes son superiores a los de los países en guerra, de acuerdo con información reportada por el Banco Mundial. Cuatro de ellos incluso encabezan las listas ya sea por sus tasas de homicidio y los primeros sitios en secuestros, feminicidios, robo de autos o extorsiones.
En 2019 las ciudades de León, Irapuato, Salamanca, Silao y Salvatierra, en Guanajuato, ingresaron a la lista negra de asesinatos dolosos. Se trata de urbes que padecieron el azote del crimen organizado luego de que el gobierno federal emprendió la guerra contra el robo de combustibles.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en el primer trimestre de 2019 fueron abiertas siete mil 242 carpetas de investigación por “homicidio doloso” en México. De ellas, tres mil 458 se concentran en menos del 10% de los municipios.
Corrigen al presidente
La matanza de Minatitlán, Veracruz, ocurrida el viernes 19, visibilizó esta tendencia violenta al alza. En el primer trimestre de 2019 creció 8.87% el número de las carpetas de investigación por homicidio doloso (de ellas, 9.54% fueron por arma de fuego) respecto del primer trimestre de 2018. Se trata de un fenómeno delictivo que está en aumento desde los tres últimos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Una semana después del homicidio de 13 personas, entre ellas un niño, López Obrador visitó Veracruz, donde anunció la aceleración del cambio de la estrategia contra el crimen organizado, apuntalada por el despliegue de los programas de bienestar a la población, la conformación de la Guardia Nacional y la erradicación de la corrupción.
“Se desató la violencia, pero la estamos estabilizando, que no continúe la tendencia de incremento”, dijo el mandatario en el estado. Además, prometió que en seis meses se verían los primeros resultados.
Sin embargo, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, contradijo los dichos de López Obrador y en su comparecencia en el Senado calificó de irresponsable decir que en seis meses cesará la violencia.
Durazo detalló que en seis meses comenzará a bajar la curva de asesinatos dolosos, que en tres años habrá “niveles razonables de paz” y al final del presente sexenio se entregará un país tranquilo y estable.
Unas horas después, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el programa federal para abatir la delincuencia, fue aprobada con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones.
“No hay datos que establezcan criterios que justifiquen los alcances de la estrategia. Son manifiestos de apreciación subjetiva”, reprochó la senadora priista Claudia Edith Anaya.
No obstante, la fortaleza de la cadena se mide por el eslabón más débil: los municipios más violentos.
Peor que en El Salvador
El Banco Mundial (BM) ubicó en 2016 a El Salvador como el país más violento del mundo, con una tasa de 83 asesinatos por cada 100 mil habitantes. No obstante, cuatro municipios mexicanos encabezan la lista de los más violentos de 2019; todos esos casos superan la tasa de homicidios de El Salvador.
Tijuana, Baja California, registró en 2018 una tasa de 132.6 homicidios por cada 100 mil habitantes y en los tres primeros meses de 2019 acumula 471 asesinatos, manteniendo una tasa de 5.1 reportes diarios, según el cruce de datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo (Coneval) y del SESNSP.
Junto a los homicidios, otros delitos también se imponen en el cruce fronterizo a San Diego; a nivel nacional encabeza los primeros lugares en carpetas de investigación por feminicidio (tres casos), extorsión (17 reportes) y robo de auto (dos mil 60 casos).
Acapulco, en Guerrero, tuvo en 2018 una tasa de 108.8 asesinatos por cada cien mil habitantes. Entre enero y marzo de 2019 se ubicó en el tercer lugar en homicidios (159 casos), así como en las primeras posiciones en feminicidios (dos carpetas), extorsiones (24 registros), robo de auto (471 casos) y secuestro (cinco denuncias).
También en el estado de Guerrero, Chilpancingo mostró el año pasado una tasa anual de 96.7 homicidios dolosos por cada cien mil personas. En apenas 90 días de 2019 ocurrieron en la pequeña ciudad 37 asesinatos. La capital del estado también destaca por secuestro, con tres carpetas de investigación.
En Tecomán, Colima, la tasa de asesinatos en 2018 se ubicó en 154.3 casos por cada cien mil personas; dos años antes ocupó el primer lugar nacional, empatando con La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur. Durante los primeros meses de 2019 fueron abiertas en Tecomán 33 carpetas de investigación por homicidio y seis por secuestro.
Con excepción de Tecomán, Tijuana, Acapulco y Chilpancingo ya tuvieron la presencia del Ejército para tareas de seguridad pública. En los Operativos Conjuntos de Tijuana y Guerrero, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, fueron desplegados miles de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, de la Policía Federal y ministerios públicos federales.
El avispero, agitado
Durante 2018, en el estado de Guanajuato se integraron dos mil 609 carpetas de investigación por homicidios dolosos. Ubicada por las autoridades como una de las entidades más peligrosas del país, en 2019 abrió 217 carpetas al mes por asesinatos, indican los datos del SESNSP.
Cuando el gobierno del presidente López Obrador lanzó la estrategia contra el huachicol a principios de este año, enfocada en la refinería de Salamanca, las aperturas de las carpetas de investigación por homicidio se elevaron 11% al mes. Datos del SESNSP indican que los casos aumentaron 31.7% en comparación con el primer trimestre de 2018.
El 7 de febrero último, Alfonso Durazo ofreció los pormenores sobre la fallida orden de captura contra José Antonio Yépez El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Dicha organización criminal, apunta la Fiscalía General de la República, mantiene una disputa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de combustibles.
El enfrentamiento generó, según las autoridades, la matanza en un bar de Salamanca el 10 de marzo, con saldo de 15 muertos.
Ante la violencia de las organizaciones delictivas y la ocupación de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), León, Irapuato, Salamanca, Silao, Valle de Santiago y Salvatierra ponen a Guanajuato como el estado con más municipios violentos. Sólo Salvatierra alcanzó una tasa de 125 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes: 42 más que El Salvador.
Jalisco es el segundo estado con más municipios violentos. Se trata de un estado donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación se dedica al trasiego de droga y al huachicoleo.
Los datos del SESNSP advierten que en los tres primeros meses del año se abrieron 576 carpetas de investigación por “homicidios dolosos”. Más de 77% de los casos ocurrieron en Guadalajara y los municipios conurbados de Tlaquepaque y Zapopan, así como en Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Lagos de Moreno.
En la mira
De los datos de 2019 también se destaca la inclusión de Huimanguillo, Tabasco, en la lista negra de municipios con más homicidios dolosos. En la localidad, que está a 85 kilómetros del lugar donde nació el presidente López Obrador, se han reportado 48 asesinatos y tres carpetas por feminicidios, ubicándola en el lugar 50 de las más peligrosas de México.
Controlados por el Cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel de Juárez, el norte y el occidente del territorio nacional se mantienen como una de las zonas más peligrosas.
En Ciudad Juárez y Chihuahua, donde campean bandas y pandillas escindidas del Cártel de Juárez, se reportaron 345 carpetas por homicidios dolosos. La situación más grave se mantiene en Ciudad Juárez, con una tasa de 66 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, cinco feminicidios y 913 denuncias por robo de auto.
La situación también es crónica en los municipios que el crimen organizado considera estratégicos para el cruce de drogas hacia Estados Unidos. Entre esos casos destaca Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, en Baja California; Culiacán, en Sinaloa; Hermosillo y Cajeme, en Sonora; Ciudad Victoria, en Tamaulipas; Monterrey, en Nuevo León, y el puerto de Manzanillo, en Colima.
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Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..
Llega la Guardia Nacional a Minatitlán… a velar muertos/
NOÉ ZAVALETA
MINATITLÁN, VER.- El viernes 19, alrededor de las 20:00 horas Alfredo Meugniot Careta llegó a la fiesta que se celebraba en la palapa “La Potra”, en la colonia Obrera de este municipio. Media hora después un grupo armado irrumpió en el establecimiento y lo ejecutó junto con 12 adultos y un bebé de un año.
Alfredo era hijo de un empresario local y de Aracely Careta, funcionaria del sector salud en el ayuntamiento de Minatitlán. Alfredo dejó un hijo de 13 días de nacido, que no puede ser alimentado por la madre debido a la crisis nerviosa que le provocó la masacre.
Además de Alfredo murieron, entre otros, César Hernández, entrenador de un equipo de beisbol de la liga local, y su hijo Santiago Hernández, de un año; Fulvia Salinas Jiménez, vecina de la colonia Obrera, quien era la festejada ese día; Claudia Patricia Cabrera, estudiante de la Universidad del Valle de México campus Puebla; Leobardo Salinas, entrenador de Crossfit, y Hebert Reyes, empleado de la refinería Lázaro Cárdenas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los seis agresores abrieron fuego cuando llegaron a una mesa ubicada frente al baño, donde se encontraban Julio César González Reyna, La Becky –dueño del bar La Esquina del Cha-Kl– y otros parroquianos.
Cuando los sicarios intentaron llevarse a González Reyna, él y sus acompañantes se resistieron. Y así empezó la balacera. Algunos corrieron hacia la barra; otros se refugiaron en la cocina, según los testimonios de los sobrevivientes.
Varios vecinos comentan que Alejandra González Reyna, de 34 años y hermana de La Becky, fue secuestrada en septiembre de 2014. Su cuerpo fue localizado días después en un camino de terracería en la carretera Oteapan-Zaragoza.
Uno de ellos comenta: “Creímos que eran cuetes… La lluvia de balas duró dos o tres minutos”. Otro dice: “En 10 minutos, esto estaba lleno de patrullas; vivo a una cuadra y no me dejaron acercarme al lugar. Los vecinos sólo veíamos la sacadera de cuerpos”.
–Pero este es un barrio tranquilo –les comenta el reportero.
–¡Qué va! Hace unos meses en la esquina mataron al encargado de ese restaurante porque supuestamente no pagó la cuota a los criminales.
El 9 de agosto de 2018, El Diario de Minatitlán informó que el encargado de un negocio llamado “El Original, la casa de la arrachera” fue acribillado. Desde entonces el local permanece cerrado.
El martes 23, en la plazoleta Lázaro Cárdenas, Aracely reprochó a las autoridades: “Dijeron que era un ajuste de cuentas, y no es cierto. Mi hijo fue a una fiesta; ustedes también van a fiestas. ¡Basta ya! Ni uno más”.
El viernes 26, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la ciudad y, desde el parque Reforma, declaró: “Vengo a Minatitlán a decirles que no están solos, tienen el respaldo al cien (sic) del gobierno de la República”.
Y anunció que más de mil elementos de la Guardia Nacional comenzaron ya el patrullaje en la zona sur de Veracruz, que comprende los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos.
El panteón de los ejecutados
Cerca de la refinería Lázaro Cárdenas se encuentra el panteón ejidal Tlacoteno, que recibe de cuatro a cinco difuntos por mes. Los lugareños lo llaman el camposanto de los ejecutados.
El domingo 21 llevaron a ese lugar, que es atendido sólo por cuatro empleados, seis de los 13 ejecutados en la palapa “La Potra”. Los entierros se iniciaron al mediodía y concluyeron horas después. La ceremonia más concurrida fue la del menor Santiago Hernández, quien fue depositado en una gaveta junto con su padre, el entrenador del equipo de beisbol local, y otros familiares.
De acuerdo con la FGE la masacre en “La Potra” se originó por un “ajuste de cuentas” en torno a los bares de La Becky, en los cuales presuntamente se vendía droga. Según esa versión, primero llegaron Los Zetas y luego el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Policías estatales comentan que en diciembre de 2017 fueron ejecutadas seis personas en un autolavado en la colonia Esperanza Ancon en el puerto de Coatzacoalcos. Refieren que el operativo fue similar al del viernes 19. Desde entonces, los sicarios del CJNG comenzaron una limpia en el sur de la entidad.
Los vecinos dicen que en la colonia Santa Clara de Minatitlán las ejecuciones por el “cobro de piso” son comunes. En marzo del año pasado fue baleado un hombre fuera del centro comercial “Más Carne”; en junio siguiente, cerca de la casa de La Becky, cayó el encargado del centro botanero “Los Compas”, un negocio que se había inaugurado pocos meses antes.
En “La Crudería” se realizaban fiestas de la comunidad LGBT, comentan los vecinos de la calle Querétaro, y daba servicio sólo de vez en cuando.
Gente de colonias como Cánticas, municipio de Cosoleacaque, así como La Obrera, Santa Clara y el ejido Taconteno viven en virtual toque de queda.
Entrevistado el miércoles 24 sobre la inseguridad en Minatitlán, municipio con 160 mil habitantes, el alcalde Nicolás Reyes Álvarez, de Morena, se muestra nervioso cuando se le menciona que los comercios locales deben pagar su derecho de piso al CJNG y a Los Zetas.
“Nosotros no tenemos ese dato –dice–. Los bares y comercios extorsionados por el crimen organizado operan en la clandestinidad. Nosotros tenemos información sólo de los que están empadronados y pagan impuestos; de los otros no sabría decirle.”
El día anterior, un centenar de manifestantes, entre ellos integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo Regional de Seguridad y Participación Ciudadana, expresaron su hartazgo por los robos, extorsiones, cobro de piso, homicidios y secuestros.
“Vamos bien… bueno, hemos tenido problemas; vamos bien (en materia de seguridad), no como quisiéramos… Pero hoy tenemos la ventaja (sic) de que ya Minatitlán está patrullado por la Sedena mañana, tarde y noche”, comenta el alcalde al reportero.
Y proporciona cifras: 80 militares, 65 policías municipales, 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 10 de la Gendarmería Nacional y un número indeterminado de federales.
Los nuevos sicarios
En la última década, la región sur –que comprende Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jaltipan, Acayucan y Las Choapas, entre otras cabeceras municipales– era controlada por Los Zetas, pero la detención en Cancún, Quintana Roo, de José Giraldo García, El Cubano, en marzo de 2018, frenó a la organización, cuenta un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública que solicita el anonimato.
Meses antes, a finales de 2017, fue capturado Hernán Martínez Zavaleta, El Comandante H –quien tenía el control de esa organización en Veracruz–. También fueron abatidos Elías Aguirre Sánchez, El Metro, jefe de “estacas” (espías) en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, y Bernardo Cruz Mota, El Niño Sicario.
Ahora, la Agencia de Investigación Criminal y la Procuraduría General de la República buscan a un jefe de sicarios de Los Zetas de origen sudamericano (presuntamente chileno), según un documento elaborado por el Agrupamiento Coatzacoalcos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) que menciona “17 objetivos específicos” de ese cártel.
Cuando Los Zetas perdieron fuerza en la región sur, el CJNG comenzó a posicionarse. El titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, asegura que ya tienen “plenamente identificados” a dos sicarios de ese cártel implicados en la matanza del viernes 19.
Y en las redes sociales los cibernautas mencionan por sus apoyos a dos presuntos jefes de plaza del CJNG: El Largarto y El Comandante 80.
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Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..
Un acta de nacimiento de 1970 revela otra mentira de Isabel Miranda/
RICARDO RAPHAEL
Isabel Miranda de Wallace se casó en primeras nupcias con Carlos León Miranda, su primo hermano. Juntos tuvieron un hijo: Hugo Alberto León Miranda. La evidencia está en el Registro Civil. Sin embargo, ella mintió al decir que su hijo, desaparecido el 11 de julio de 2005, era descendiente biológico de su segundo marido, José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Esta falsedad desbarata la hipótesis criminal con que se ha juzgado a los supuestos secuestradores del falso Hugo Alberto Wallace Miranda.
Tejupilco de Hidalgo, tierra caliente, comunica al Estado de México, Guerrero y Michoacán. De esta población es originaria la familia de Isabel Miranda Torres. Su abuelo Fausto fue arriero y su padre también, de adolescente.
La casa de los antepasados se ubica detrás de la escuela primaria Leona Vicario. A un par de cuadras de ahí corre la calle Independencia, también conocida como “el camino al cementerio”. Sobre esa vía ha habitado la familia León durante al menos cinco generaciones.
Isabel pasó su infancia admirando a las familias ricas de Tejupilco, sobre todo a ese otro apellido, que hizo fortuna gracias a la usura en la época de las tiendas de raya: cuando nació Isabel, en 1951, los León eran dueños del centro de la ciudad, del billar, de la fábrica de hielos, del mesón, de la farmacia y de medio Tejupilco.
Sesenta y ocho años después, una serie de entrevistas realizadas a varias personas de distintas generaciones –que conocen bien la historia de la gente originaria de la población– permiten reconstruir una parte desconocida de la biografía de Isabel Miranda, así como los intrincados vínculos entre las familias Miranda y León.
Cuenta un hombre mayor, de apellido Olivos –un mecánico que conoció de cerca a Fausto Miranda Benítez–, que el abuelo de Isabel quedó viudo muy joven y él solo sacó adelante a su descendencia, incluidos Fausto Miranda Romero y la tía Guadalupe.
Alfonso León Hernández, dueño de la tienda veterinaria, todavía guarda memoria de Guadalupe Miranda Romero: “Una mujer de piel clara, guapísima, con una gran personalidad”.
Guadalupe tenía 16 años cuando contrajo nupcias con Carlos León Sánchez: fue noticia muy comentada en su época que formaran familia la hija del arriero y uno de los herederos de la principal fortuna de Tejupilco.
La pareja tuvo cuatro descendientes: Carlos, Angelina, José y Elizabeth, todos de apellido León Miranda. Pero, porque los gallos y las mujeres, la irresponsabilidad y la vida liviana eran los vicios del marido de Guadalupe, aquella tía hermosa y aguerrida un día decidió mudarse a vivir a la Ciudad de México únicamente con sus hijos. Entonces la familia León ayudó a la joven divorciada a rehacer su vida.
Corrían los años cuarenta del siglo pasado cuando Guadalupe echó a andar varias loncherías, en las que instaló vitrolas de monedas. Descubrió cuán buen negocio era la renta de esos artefactos, así que habló con la competencia y mandó poner música en cuanto local cerrado le dio permiso. Años después conoció al arquitecto Eduardo Pérez de la Fuente, que en sus ratos libres ejerció de luchador profesional y compartió escenario con Wolf Ruvinskis. A su lado, Guadalupe continuó su vida.
En la tradición de los abuelos de sus hijos, Guadalupe invirtió las ganancias de su negocio en préstamos; cobraba réditos tan altos que algunos de sus clientes la acusaron de ser una agiotista.
Mientras Guadalupe prosperaba en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde se estableció con comodidad, su hermano Fausto Miranda Romero y la esposa de éste, Élfega Torres, dejaron Tejupilco para instalarse en la actual colonia Agrícola Pantitlán, uno de los primeros barrios de Ciudad Nezahualcóyotl.
Por aquellos años, en esa tierra salitrosa no había servicios y el polvo de las calles percudía la ropa. Con todo, Fausto, el joven arriero, se empeñó en dejar atrás los animales para dedicarse al transporte motorizado; más adelante se inclinó por el oficio de taxista.
Isabel tiene varios hermanos, entre ellos Heriberto Miranda Torres, comandante de la Policía Federal, y Roberto Miranda Torres, quien fue ministerio público. Pero, entre todos, ella fue la elegida por la tía: hacia 1966 Guadalupe Miranda Romero invitó a su sobrina Isabel Miranda Torres a vivir a su casa y también la apoyó para que se formara como secretaria ejecutiva.
Fue así como Isabel, con poco más de 15 años, dejó la periferia de la capital para irse a vivir a la céntrica colonia Roma. El estilo de vida de sus primos y de la hermana de su papá distaba mucho del que ella conoció en la casa familiar. Guadalupe Miranda había logrado convertirse en una verdadera León, vivía como los potentados de Tejupilco de Hidalgo.
El primero que obtuvo un título universitario en esa estirpe fue el hijo mayor de Guadalupe, el doctor Carlos León Miranda: un profesionista que festejó su logro enamorando a su prima hermana, 10 años más joven que él.
Una bomba estalló en la casa de la colonia Roma cuando doña Guadalupe abrió el cajón de una vieja cómoda y encontró el acta de matrimonio entre su hijo mayor, Carlos, y su protegida, Isabel, fechada el 14 de abril de 1969. Los primos se habían casado sin informar a nadie en Amecameca, Estado de México, porque Isabel esperaba un hijo que nacería seis meses después.
Esta información, que conoce bien el entorno del doctor León, se escondió durante demasiados años: Isabel Miranda –hoy públicamente conocida como la señora Wallace– tuvo un primer matrimonio con su primo hermano, el médico cirujano Carlos León Miranda, y con él engendró a un niño a quien nombraron Hugo Alberto. Existen las actas de matrimonio y de nacimiento para confirmar los testimonios.
El nombre verdadero
La identidad de la persona supuestamente descuartizada en un departamento de la calle Perugino, de la colonia Extremadura Insurgentes, la madrugada del 12 de julio de 2005, no respondería en realidad a Hugo Alberto Wallace Miranda, sino a Hugo Alberto León Miranda.
Por lo tanto, el señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz mintió ante la autoridad el miércoles 13 de julio de 2005, cuando acudió ante la Procuraduría General de la República para denunciar la desaparición de su hijo. Engañó también Isabel Miranda de Wallace cuando repitió decenas de veces que contrajo matrimonio con el señor Wallace en 1969 y que ese hombre es el padre biológico de Hugo Alberto.
La fractura de la familia Miranda
Aseguran los familiares del doctor León que, como consecuencia del matrimonio oculto, doña Guadalupe enfureció lo indecible. Desde su muy religiosa y conservadora visión del mundo, esa relación entre su hijo y su sobrina significaba un pecado imperdonable, lo mismo que el fruto de la unión.
La tía envió de nuevo a Isabel a vivir con su padre a la Calzada de Guadalupe 144, Ciudad Nezahualcóyotl, y prohibió a su hijo Carlos, que entonces tenía 28 años, aproximarse a su esposa. La capacidad de Guadalupe Miranda Romero para manipular a los integrantes de su familia sólo puede compararse, pasado el tiempo, con la de su sobrina Isabel.
Hugo Alberto nació en la Ciudad de México el domingo 12 de octubre de 1969. Tres meses después, el jueves 15 de enero de 1970, temiendo que el padre biológico no fuese a reconocer al niño, Fausto Miranda Romero y su hija acudieron a registrar al niño asignándole los mismos apellidos de la madre: Miranda Torres.
En esa primera acta de nacimiento aparece como padre Fausto Miranda, que en realidad era el abuelo, y como la madre Isabel Torres, quien engañando al juez omitió su apellido paterno. (Esta es la partida de nacimiento que Anabel Hernández dio a conocer en su reportaje del 31 de mayo de 2014 en el número 2215 de Proceso). Tal documento sería el primero de tres, conocidos hasta ahora, para entregarle identidad jurídica al hijo de Isabel Miranda.
Casi un año después de que naciera Hugo Alberto, Carlos León Miranda desobedeció a su madre y reconoció a Hugo Alberto León Miranda como su hijo legítimo, según consta en el acta de nacimiento expedida por la entonces delegación de Xochimilco el 10 de octubre de 1970. En esa ocasión los primos hermanos omitieron dar su apellido materno para evitar preguntas. Esta es la segunda partida de nacimiento en posesión del Registro Civil que corresponde a la misma persona.
Por esa misma fecha la señora Guadalupe Miranda Romero conoció a su nieto, pero aun así mantuvo firme su negativa. Desde entonces rompió relaciones con su hermano Fausto y el resto de la familia de Isabel.
A este drama familiar se sumó el encono que exhibieron Heriberto y Roberto, tíos de Hugo Alberto –quienes ya habían comenzado una carrera ruda dentro de la policía– en contra de su primo Carlos León; al parecer lo amenazaron de atacarlo si volvía a aparecerse por su casa sin asumir plenamente su paternidad y el respeto que merecía su hermana Isabel.
El silencio se instaló a partir de ese momento entre los padres de Hugo Alberto León Miranda, quien en sus primeros años de vida utilizó como propios los apellidos de su madre.
Al comienzo de la década de los setenta, la secretaria ejecutiva Isabel Miranda Torres obtuvo un puesto de trabajo en la escuela Aztlán, propiedad del mexicano de origen nicaragüense José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Éste, por entonces, estaba casado con la señora María Teresa Magallanes.
Sin embargo, la relación laboral pronto se volvió sentimental y, a pesar de los 12 años de diferencia que hay entre ambos, hacia finales de 1974 Isabel y Enrique enredaron sus vidas.
Cuando la tía Guadalupe se enteró de esta situación, exigió a su hijo Carlos León que demandara el divorcio, amenazándolo con desheredarlo si no accedía. El fin del vínculo matrimonial entre Isabel y su primo sobrevino un año después, al mismo tiempo que la hermana de Hugo Alberto había sido concebida: Claudia Wallace Miranda nació en 1975.
La gota de sangre de Perugino
La principal prueba en contra de la hipotética banda de Perugino es una confesión, no ratificada y probablemente obtenida bajo tortura, de Juana Hilda González Lomelí. Ningún juez serio habría sentenciado a 78 años de prisión a esa cantante del grupo Clímax atendiendo a esta sola pieza de evidencia.
Por eso son clave otros dos elementos, supuestamente hallados en el departamento de la calle de Perugino, donde vivió Juana Hilda hasta julio de 2005: una gota de sangre y una licencia de conducir.
Cabe subrayar que esta prueba apareció siete meses después de ocurrida la presunta desaparición de Hugo Alberto. Durante ese lapso, la autoridad rompió la cadena de custodia del lugar porque, después de realizar un primer cateo el viernes 15 de julio de 2005, no encontró ninguna evidencia relevante.
Esta fue la razón por la que el dueño recibió autorización oficial para rentar de nuevo el inmueble a otras personas.
Sorprendentemente, en el segundo cateo, realizado en febrero de 2006, los peritos de la procuraduría sí hallaron una gota de sangre en el sardinel del baño del apartamento que antes ocupó Juana Hilda. Según el análisis de laboratorio, ese material correspondió genéticamente a los mismos marcadores de ADN de José Enrique del Socorro Wallace Díaz.
¿Cómo es posible que, siendo Carlos León Miranda el verdadero padre biológico de Hugo Alberto León Miranda, la sangre referida estuviese relacionada con el segundo esposo de Isabel?
¿Sembró alguien esa evidencia para reforzar la declaración autoinculpatoria de Juana Hilda González Lomelí, conseguida por la autoridad a través de amenazas y violencia?
La otra prueba hallada, también siete meses después de la desaparición de Hugo Alberto en el mismo departamento de Perugino, es una licencia caduca de conducir a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. Si la primera prueba fue fabricada, ¿por qué no lo sería esta otra?
El poder de la familia Wallace
El señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz se divorció de la señora Magallanes y se casó con Isabel Miranda Torres en 1978. Tres años antes, cuando nació Claudia, la hija biológica de ambos, el señor Wallace reconoció también como hijo propio al primogénito de su segunda esposa.
En los hechos, Wallace y Miranda inventaron una identidad nueva para Hugo Alberto, que entonces acababa de cumplir los seis años: la tercera acta de nacimiento antes referida. El 19 de noviembre de 1975 desapareció por primera vez Hugo Alberto León Miranda y en su lugar surgió una ficción jurídica llamada Hugo Alberto Wallace Miranda.
Al tiempo que esto sucedía, Isabel dejó de ser la secretaria de su marido y se convirtió en una socia muy inteligente para los negocios, digna “heredera” de su tía Guadalupe. Hizo crecer las escuelas propiedad de Wallace y fundó también una empresa dedicada a la publicidad exterior, Showcase, que gracias a su astucia mercantil y también al crecimiento que ha tenido su figura pública, se convirtió –en su ramo– en una de las más importantes del país.
El poder económico de la familia Wallace Miranda ha tenido un peso grande sobre la investigación que la Procuraduría General de la República emprendió desde julio de 2005. El expediente relativo a la desaparición de Hugo Alberto León Miranda, alias Hugo Alberto Wallace, es un retrato fiel del estado lamentable en el que se encuentra la justicia mexicana, pero sobre todo de la complicidad corrupta que existe entre el poder económico y el Poder Judicial.
El falso caso Wallace, como lo llamó la periodista Guadalupe Lizárraga, se cae a pedazos desde el punto de vista del debido proceso, pero aún se sostiene porque la política respalda a Isabel Miranda.
Esta semana un grupo de senadores priistas, entre los que se encuentran Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Nubia Mayorga y Vanessa Rubio, así como el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promovieron un punto de acuerdo en la Cámara Alta para defender a Isabel Miranda de Wallace, la mujer que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente Felipe Calderón y la que también fue candidata a jefa de Gobierno de la ciudad por el Partido Acción Nacional en 2012.
En su argumentación, estos legisladores confirman lo que es obvio: que durante más de una década ninguna persona en México ha sido más influyente en el diseño de las políticas antisecuestro de la federación y las entidades. Su organización, Alto al Secuestro, es la principal calificadora del desempeño de las autoridades respecto a ese delito.
¿Cómo conciliar que, por una parte, la señora Miranda haya mentido a propósito de la verdadera identidad de su hijo y, sobre todo, de la filiación biológica paterna y, por la otra, que el Estado mexicano le haya conferido tanto poder?
¿Cómo explicar la prueba falsa de sangre sembrada en el departamento de Perugino, si el verdadero padre de Hugo Alberto es Carlos León Miranda? ¿Cómo es posible que una mujer premiada a nivel nacional por luchar a favor de los derechos humanos pueda eventualmente estar ligada a actos sistemáticos de tortura?
¿Qué hacer con una larga lista de ministerios públicos, policías, jueces y autoridades manipuladas en su desempeño a propósito del caso Wallace?
Estamos probablemente frente a uno de los grandes fraudes de la justicia mexicana, cuyas repercusiones no alcanzamos todavía a imaginar. Un caso digno de ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jael Uscanga Malagón han sido acusados a partir de evidencia fabricada.
González, Freyre y los hermanos Castillo recibieron ya una sentencia condenatoria muy larga, los otros tres todavía esperan a que un juez dicte una resolución pero ya pasaron más de una década tras las rejas.
Ellos no formaron parte de una banda de secuestradores. No hay, por lo pronto, evidencia solvente que confirme esa hipótesis; y las muy breves y pálidas pruebas que existían, se desmoronan hoy, igual que la reputación de doña Isabel.
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Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..
Catorce años de enredos marca Wallace/MATHIEU TOURLIERE...
Ya transcurrieron cerca de 14 años desde el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, cuyo cuerpo todavía no aparece, y cada vez se despedaza más la versión de su madre, María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace.
Desde 2014 han salido a la luz tres actas de nacimiento oficiales de Hugo Alberto; una de ellas incluso fue presentada ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para obtener una Clave Única de Registro de Población (CURP) en febrero de 2010, es decir, cinco años después del supuesto crimen.
Las actas prueban que Miranda de Wallace mintió en su declaración del 23 de julio de 2006 ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuando afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968, con quien procreé dos hijos de nombre Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”.
En el verano de 2014, las periodistas Anabel Hernández –en Proceso– y Guadalupe Lizárraga –en LosAngelesPress– revelaron que existía un acta de nacimiento distinta a la que Isabel Miranda presentó a la PGR para certificar que la única gota de sangre “encontrada” en el lugar de los hechos pertenecía a su hijo.
El acta mostró que Hugo Alberto no es hijo de Enrique Wallace –entonces pareja de Isabel Miranda– y evidenció que el peritaje que hizo la PGR sobre la gota de sangre no pudo arrojar un resultado positivo al cruzarla con el ADN de los supuestos progenitores. Y, sin embargo, en el peritaje la gota coincidió.
Esa gota de sangre, único elemento de prueba que Miranda y la PGR utilizaron para acusar y mandar a la cárcel a nueve personas, fue “encontrada” por peritos el 14 de febrero de 2006 en el baño del departamento ubicado en el número 6 de la calle Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes, donde la mujer asegura que su hijo fue descuartizado con una sierra eléctrica el 11 de julio de 2005.
Seis meses antes de la visita, el 13 de julio de 2005, peritos cepillaron el departamento y en el baño no encontraron más que ropa que se secaba en un tendedero colocado en la regadera, sin rastros de sangre. Los vecinos nunca escucharon ruidos de sierra eléctrica ni gritos.
Y no sólo eso: en el examen, la perito de la PGR determinó en un primer momento que la gota de sangre pertenecía a un individuo con dos cromosomas X, es decir, a una mujer. Cuatro meses después, la forense –llamada Yanet Rogel Montes– se justificó: afirmó que había cometido un error de dedo y que en realidad la muestra tenía cromosomas X/Y. Tiempo después, cuando se solicitó un nuevo peritaje, la PGR alegó que la gota ya no existía.
Con base en esa gota de sangre, que según la PGR coincidió con el ADN de José Enrique Wallace Díaz, las autoridades confirmaron la versión de Isabel Miranda Torres, según la cual su hijo Hugo Alberto Miranda Wallace fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda y Armando González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Jael Malangón Uscanga y George Khoury Layón.
Existe incluso un dictamen de autopsia ficticio, de acuerdo con el cual el hombre murió por “insuficiencia respiratoria, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión toracoabdominal”, firmado por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano. Es decir, la perito imaginó la autopsia de un cuerpo que hasta la fecha no ha aparecido.
Los siete imputados permanecen en la cárcel, donde cumplen penas de hasta 131 años de reclusión; tres siguen en espera de una sentencia. Todos denunciaron que fueron sometidos a sesiones de tortura entre 2006 y 2010, y varios señalaron que en ellas estuvo presente la propia Miranda de Wallace.
Ni una ni dos…
Para el Estado mexicano existen tres Hugo Alberto, todos nacidos el 12 de octubre de 1969 pero en lugares y de padres distintos. Sólo uno de ellos está oficialmente muerto.
Uno, Hugo Alberto Wallace Miranda, es producto de la exaspirante a jefa de Gobierno del DF –quien firmó como Isabel Miranda Torres– y del empresario José Enrique del Socorro Wallace Díaz y nació en Coatlinchan, en el municipio mexiquense de Texcoco. Su acta de nacimiento fue expedida el 19 de noviembre de 1975 en Texcoco (Proceso 1961).
Otro es Hugo Alberto Miranda Torres. Fue concebido por Jacinto Miranda Jaimez e Isabel Torres Romero –una identidad que se inventó Miranda Torres para simular que era cuatro años mayor–, y nació en el “Sanatorio Tuxpán” de la capital. El acta de nacimiento se expidió el 15 de enero de 1970 en la delegación Milpa Alta.
Y el tercero –el único verdadero– es Hugo Alberto León Miranda, hijo de Isabel Miranda Torres y de su primo Carlos León Miranda, con un acta registrada el 10 de octubre de 1970 en Xochimilco.
Según las autoridades mexicanas, Hugo Alberto Wallace Miranda falleció el 12 de julio de 2005, de acuerdo con el acta de defunción registrada en noviembre de 2013. Su padre, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, afirmó el 22 de julio de 2005 que lo ocurrido a su hijo “fue una desaparición”, ya que no podía decir que se tratara de un “secuestro”.
Hugo Alberto León Miranda, por su parte, sacó una CURP en febrero de 2010, y en el registro la Segob mencionó: “CURP certificada: implica que esta información fue verificada en el Registro Civil”.
Además, una de las tarjetas de crédito de Hugo Alberto sirvió el 20 de julio de 2005 para pagar cuentas de Liverpool Perisur y en el restaurante Los Arcos. Nadie pidió los videos para determinar quién usó la tarjeta (Proceso 1961).
Desde su celular salió un mensaje de voz, grabado en el teléfono de José García Sepúlveda en la madrugada del 1 de noviembre de 2005. El mensaje decía: “Qué onda. Mira, anda hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga. ¿Qué? Aquí, puto… Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?”.
Cuatro personas cercanas, entre ellos una mujer que fue su novia, aseguraron a la PGR que la voz era del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
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Pemex dobla las manos ante Mapfre.
Los deudos de Tlahuelilpan pueden exigir indemnización/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019.
Pemex se acostumbró a perder. Ahora, en el caso del seguro por daños que contrató con Mapfre –trasnacional reacia a pagar coberturas pactadas– se perfila una declinación de la empresa del Estado que la afectaría no solamente a ella, sino sobre todo a los familiares de las víctimas de la explosión del 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo. Así lo considera la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado, según la cual los deudos pueden hacer exigibles las indemnizaciones.
Con argumentos fuera de contrato para evitar la responsabilidad civil y un estimado que resulta por debajo de monto del deducible, la aseguradora Mapfre intenta evitar el reclamo por los daños en la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrido el 18 de enero pasado… y Pemex anticipa que podría abandonar la reclamación.
A través de una Nota Informativa, generada por Pemex y proporcionada a Proceso por la Presidencia de la República, se informa que la trasnacional española sólo acepta cubrir los daños al ducto, cuyo costo fijó en 500 mil dólares, por los cuales la petrolera debería desembolsar un millón de dólares por concepto de deducible.
En tanto, el ajustador consideró que los daños ambientales son muy inferiores al deducible correspondiente, que costaría 3.5 millones de dólares, por lo que la petrolera evitaría también la reclamación.
En su edición 2216, correspondiente al 20 de abril, este semanario dio a conocer la existencia de un seguro por el que Pemex pagó a Mapfre 546 millones de dólares y cuya póliza, en el capítulo específico de ductos, establecía un monto de aseguramiento por 250 millones de dólares.
De acuerdo con la mencionada Tarjeta Informativa, el reclamo del seguro, sin haberse hecho público, se realizó la misma noche del 18 de enero por concepto de “posibles daños que sufrieron las instalaciones de Pemex y su responsabilidad civil”.
Ese mismo día, Mapfre asignó al ajustador, la firma Matthews Daniel, que al día siguiente de la tragedia emitió un reporte preliminar, estableciendo lo siguiente:
Una estimación de daño físico, es decir, a las instalaciones, que anticipaba un monto inferior al deducible de un millón de dólares; por daños al medio ambiente, una suma inferior a los 2.5 millones de dólares contemplada en la póliza; por lo que toca a daños a terceros, el ajustador consideró que se trata de culpa o negligencia inexcusable de las víctimas.
Para el caso de las víctimas, el ajustador invoca –y Pemex considera poco probable que sea de otra manera– el Código Civil Federal, donde se establece el concepto de “agravación del riesgo” o “riesgo creado”.
Por lo anterior, la empresa a cargo de Octavio Romero concluye que el reclamo del seguro se encuentra en trámite y que, “en el caso del daño físico a la infraestructura, si el monto del daño rebasa el monto de los deducibles aplicables, no habría reclamo del seguro y se cerraría el proceso”.
El contrato opaco
A diferencia de años anteriores, el contrato no está disponible en las fuentes de acceso a la información pública gubernamental. De hecho, en las dos referencias que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre el asunto, los días 24 y 25 pasados, afirmó desconocer su existencia.
No obstante, con base en el historial de renovación desde 2004, la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado (ONRE) detectó que el clausulado es el mismo siempre, cuyo capítulo 2.12.2 establece el concepto de daño malintencionado, como aquel que provocan individuos ajenos al asegurado y por el que existen varios tipos de cobertura.
Se trata de los “Gastos de atención a la emergencia”, cuyo objeto es controlar las contingencias en lo ambiental, minimizar daños y gastos asociados. Además, “Gastos de defensa” por todo procedimiento legal o administrativo derivado del siniestro; “Gastos de limpieza”, por lo que corresponde a la remediación, reacondicionamiento o restauración del sitio”.
Asimismo, se establece la cobertura por “Lesión corporal”, que se define así: “… el término significa, donde quiera que se utilice, todas las lesiones físicas a terceros que sean seres humanos, incluida la muerte, enfermedad o incapacidad, así como cualquier lesión mental, ansiedad o shock sufrido por dicho ser humano que derive de dicha lesión física”.
En entrevista con Proceso, el presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas, se refiere también a las “exclusiones”, es decir, aquellas situaciones en las que la aseguradora no estaría obligada a cubrir los conceptos antes descritos y, para el caso, contenidas en la cláusula 2.12.2.2, y subraya el contenido del inciso C:
“(quedan excluidos de cobertura) siniestros por embargos u ocupación ilegal, a menos que estén ocasionados directamente por un evento de terrorismo, daños por huelguistas, conmoción civil, actos mal intencionados, alborotos populares, vandalismo y sabotaje”.
Esto es que, aun encuadrando en conmoción civil, actos mal intencionados, alboroto, vandalismo o sabotaje, los hechos de Tlahuelilpan sí están cubiertos por la póliza.
Inclusive, antes de que por la Tarjeta Informativa se supiera que Mapfre con su ajustador atribuían la responsabilidad a las víctimas, Guerrero Rojas advertía que, por su clausulado, el contrato no podía interpretarse a la luz del Código Civil (como efectivamente ocurre), pues el acuerdo de voluntades entre Pemex y Mapfre definía con claridad la cobertura y sus exclusiones.
Negligencia inexcusable
A manera de informe, la mañana del 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Palacio Nacional a la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social, Diana Álvarez Maury, funcionaria que se encargó de coordinar las ayudas en el siniestro de Tlahuelilpan desde el 18 de enero hasta la fecha.
Dependiente de Gobernación, Álvarez Maury informó a detalle lo que previamente, en entrevista con Proceso, había dado a conocer el coordinador estatal de Programas de Desarrollo, Abraham Mendoza Centeno. La diferencia fue que la subsecretaria informó que ya estaban implementados los programas, cuando el funcionario dijo que apenas estaban integrando los padrones.
Un día después, en la conferencia de prensa del miércoles 24, el presidente respondió, a una pregunta de este semanario, que desconocía la existencia del seguro pero que lo revisaría. Para el jueves 25, expuso que la aseguradora estaba ofreciendo “muy poco” pero se estaba haciendo el reclamo. Ahí mismo, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, expuso que el reclamo del seguro estaba en trámite.
En la Nota Informativa remitida a Proceso por Pemex, se establece también que el reclamo del seguro tenía carácter indemnizatorio, por lo que los gastos los asume la petrolera, los comprueba y entonces hace la reclamación.
Para la ONRE ese concepto es equívoco. Según Guerrero Rojas, la aseguradora debió enfrentar los gastos médicos de los lesionados de inmediato en instituciones privadas; también debió hacerse cargo de los actos y costos de resguardo y mitigación como se establece en el contrato; en tanto, queda pendiente transparentar la póliza y las coberturas a fin de demostrar si en efecto las víctimas tienen derecho al reclamo.
Lo ejemplifica así:
“Cuando ocurre un accidente automovilístico, se hace el llamado al seguro. La primero que preguntan es si hay lesionados y, en su caso, primero se da la atención con ambulancia y hospitalización, luego se determinan las causas. Lo mismo ocurre aquí”.
Doctor en derecho, especializado en seguros, Guerrero Rojas sostiene que no se puede atribuir la responsabilidad a las víctimas como pretende Mapfre –y dada la Nota Informativa, admite Pemex– pues su presencia en el lugar no acredita el daño.
Va más allá: por el tiempo que duró la fuga, no es sencillo determinar quién hizo la perforación, y legalmente, quienes estaban ahí llenando bidones lo hacían con un producto que ya no era recuperable, abandonado (en derecho, un bien mostrenco) que cualquiera podía tomar.
Además, insiste en que las víctimas tienen derecho a esos recursos aun bajo el supuesto de la culpa o negligencia inexcusable por la manera ya descrita en que fue redactado el contrato. Al respecto, menciona que el artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece la responsabilidad de indemnización al tercero afectado por un daño previsto en el contrato.
En tanto, las sumas pueden ser acumuladas, conforme al artículo 150 BIS del mismo ordenamiento, a partir de las cuales se alcanzaría alrededor de 5 millones de pesos por víctima que, con base en el artículo 147, debe ser considerada beneficiaria directa de la indemnización.
Por lo anterior, concluye que, al margen de lo que asuma Pemex en relación con los dictámenes de Mapfre y su ajustador, si las viudas y deudos de la explosión se deciden, pueden demandar, contar con asesoría jurídica y el asunto se resolverá definitivamente en tribunales.
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