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Periodista del NYT sale de Colombia tras publicación que compromete a fuerzas militares

Nicholas Casey, periodista encargado de cubrir la región Andina del New York Times
Nicholas Casey, periodista encargado de cubrir la región Andina del New York Times
Foto: Twitter de Nicholas Casey

El Tiempo,  Redacción Internacional*   19 de mayo 2019 , 06:56 p.m.
El jefe del buró de 'The New York Times' para la región andina, Nicholas Casey, abandonó Colombia después de que recibió “acusaciones falsas” tras la publicación el sábado del artículo ‘Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles’, en el que se denuncia que el jefe del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, habría dado la orden a sus tropas de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados, lo que pondría en riesgo la vida de civiles. 
“He tenido que tomar la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer (sábado) en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, dijo este domingo Casey a EL TIEMPO vía correo electrónico.
La senadora tuiteó un mensaje en el cual aparecían dos imágenes del reportero y este texto: “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las Farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el Ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”.

Casey aseguró que “este tipo de acusación es falsa, y grave dado la falta de seguridad que Cabal sabe encontramos en este país como periodistas”. El mismo 'The New York Times' le respondió a la senadora, diciendo que el medio informa de manera “precisa e imparcial”. 

“En Colombia hemos escrito historias muy duras sobre las Farc, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente informamos lo que dicen los documentos escritos por el Ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”, señaló.
En su artículo, el 'New York Times' señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando “otra encarnación” de los llamados “falsos positivos”, como se conoce el escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por la Fuerza Pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate.
El presidente Iván Duque aseguró que su gobierno tiene “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. 
Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que el artículo “está lleno de inconsistencias” y que en vista de que “se informa o se insinúa que hay servidores de la Fuerza Pública que consideran que recibieron una orden que eventualmente ha podido ser ilegal”, pidió a la Fiscalía investigar el caso.
Sobre las acusaciones de Cabal contra Casey, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) afirmó  en Twitter este domingo que "los señalamientos injustos de funcionarios o líderes políticos que vinculan a periodistas con acciones ilegales con el propósito de desacreditar su trabajo son muy peligrosos ya que pueden ser entendidos como instigaciones o apoyos a las agresiones en contra de la prensa".
"Como sucedió en el caso de Nick Casey, las estigmatizaciones suelen estar seguidas de agresiones contra los periodistas y, en algunos casos, de amenazas contra su vida", resaltó la Flip. 
En la noche de este domingo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la salida de Casey del país. “Ningún periodista tiene que salir de Colombia por escribir columnas en que nos critique. El gobierno @IvanDuque es respetuoso de la libertad de prensa y tiene suficientes argumentos para desvirtuar su artículo. Las posiciones individuales de terceros no son las nuestras”, tuiteó.
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Periodista del NYT sale de Colombia tras publicación que compromete a fuerzas militares
Por 24matins.es / AFP,  publicado el 19 mayo 2019 en 22h55::ç
El periodista Nicholas Casey denunció que el ejército colombiano estaba exigiéndole a sus tropas "duplicar" las bajas y capturas en combate, sin pedirles "perfección" ni total "exactitud" en el momento de "ejecutar ataques letales".© AFP Raul ARBOLEDA

El periodista del diario estadounidense The New York Times Nicholas Casey salió de Colombia tras recibir “acusaciones falsas” del oficialismo, debido a una publicación de su autoría que compromete a las fuerzas militares, informó este domingo el corresponsal.
“He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, señaló Casey en un mensaje enviado a la prensa.
En el reportaje “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales” publicado el sábado, el periodista denunció que el ejército colombiano estaba exigiéndole a sus tropas “duplicar” las bajas y capturas en combate, sin pedirles “perfección” ni total “exactitud” en el momento de “ejecutar ataques letales”.
La congresista Cabal, del partido político del gobierno, publicó en Twitter fotos del corresponsal y escribió “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con [la guerrilla de] las FARC en la selva ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”.
El mensaje se viralizó rápidamente y otros simpatizantes del partido derechista del presidente Iván Duque se sumaron a las críticas.
The New York Times le respondió a la senadora en la misma red social y consiguió casi el doble de réplicas.
“Informamos de manera precisa e imparcial (…) En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”, señaló.
Ante la polémica que se agitaba en redes sociales, el ministro de Defensa describió como “lleno de inconsistencias” el artículo, en una declaración en compañía del mandatario.
El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se pronunció temprano el sábado sobre el artículo del diario estadounidense.
“Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil”, señaló en Twitter.
Los llamados “falsos positivos” eran una práctica utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, padrino político de Duque, que consistía en la ejecución de personas a las que se hacía pasar por guerrilleros muertos en enfrentamientos.
Según HRW, “más de 3.000 civiles” habrían sido asesinados de esa forma en ese periodo. En total, 961 uniformados han sido condenados por ese delito, de acuerdo a la fiscalía.
Colombia, principal productor mundial de cocaína, vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, con un saldo de más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
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Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales
Por NICHOLAS CASEY 
The New York Times, 18 de mayo de 2019..;
Un soldado colombiano vigilaba la frontera con Ecuador en el departamento de Nariño, Colombia, el año pasado. Credit Fredy Builes/Reuters

El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales.
A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales.
Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
Los militares implementaron una estrategia similar para derrotar a los grupos rebeldes y paramilitares de Colombia a mediados de la década de los 2000, antes de que se firmara un acuerdo de paz histórico que finalizó con décadas de conflicto.
Pero esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos generalizados y desapariciones de civiles.
Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país, según las órdenes revisadas por The New York Times y tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas.
Las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El ejército de Colombia sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como “falsos positivos”.
Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces incluso vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos. Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de cuerpos, de acuerdo con los fiscales.
En largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos.
En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar.
Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000.

El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército colombiano, examinaba un conjunto de armas incautadas a los rebeldes caídos en combate. Credit Felipe Caicedo/Agence France-Presse — Getty Images
“Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, dijo uno de los oficiales, quienes hablaron con la condición de mantener su anonimato por temor a las represalias de sus superiores.
El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército de Colombia, reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes.
Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales.
“La amenaza criminal se incrementó”, dijo. “Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos”.
Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus instrucciones.
“La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere  superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”.

También reconoció que las órdenes instruyen a los comandantes para que realicen operaciones cuando todavía no están seguros de sus objetivos.

Sin embargo, el general Martínez argumentó que las instrucciones solo se referían a la planificación de las misiones, no a su ejecución.

“El respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante”, dijo. “Todo lo que hagamos tiene que estar en el marco de la ley”.

Pero la orden misma dice: “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables, dijeron dos oficiales.

Las nuevas órdenes indican un aumento en las campañas militares contra la guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia, un país que hace apenas dos años logró firmar un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero de la nación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.


La paz ha sido difícil de alcanzar. Muchos excombatientes han regresado a la lucha armada, mientras que otros grupos criminales y paramilitares han ampliado su control sobre diversas regiones del país.

El Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde que no ha firmado ningún un acuerdo de paz, ejecutó un atentado con un coche bomba en Bogotá en enero.
Colombia también está bajo la presión del gobierno de Donald Trump para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que ha tenido pocos progresos a pesar de los 10.000 millones de dólares de ayuda estadounidense que recibe el gobierno colombiano.

Para responder a las exigencias de Washington, el presidente Iván Duque, un líder conservador que hizo campaña contra el acuerdo de paz porque creía que era demasiado blando con los rebeldes, remplazó a los principales comandantes del ejército en diciembre pasado.

El gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia, según documentos publicados por Human Rights Watch, una organización de derechos humanos. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada.

Martínez dice que no participó en ninguno de los homicidios y que no está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Los homicidios ilegales conocidos como “falsos positivos” son un capítulo particularmente polémico en la historia reciente de Colombia. De 2002 a 2008, un estimado de cinco mil civiles o guerrilleros fueron asesinados fuera de combate, según las Naciones Unidas. Las autoridades sostienen que al menos 1600 soldados han sido condenados por delitos relacionados con las muertes ilegales.

Dos de los oficiales que hablaron con el Times dijeron que estaban activos durante la época de los asesinatos y fueron ascendidos de rango en períodos subsiguientes.

También dijeron que hubo un cambio importante cuando el general Martínez convocó a una reunión de sus principales oficiales en enero, un mes después de asumir el mando.

La reunión incluyó a los cincuenta principales generales y coroneles del país, quienes se reunieron en un hangar en las montañas afuera de Bogotá. Muchos estaban ansiosos por saber si habría cambios con el nuevo liderazgo.

Después de un descanso, los comandantes regresaron a las mesas donde encontraron un formulario para cada uno de ellos, dijeron los oficiales. El documento tenía el título de Planteamiento de Objetivos 2019 en la parte superior y había un espacio para que cada comandante firmara en la parte inferior.

El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente.

Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales.

Poco después, recibieron la misma orden del general Martínez por escrito.

“La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”, dicen las órdenes, que tienen su firma.

Soldados colombianos patrullaban las inmediaciones del Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia, en febrero, luego de las protestas por el cierre temporal de la frontera —ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro— para evitar que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela. Credit Luis Robayo/Agence France-Presse — Getty Images
Tres días después de la reunión cerca de Bogotá, un grupo de oficiales de inteligencia militar y comandantes regionales se reunieron en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, dijeron los oficiales.
Según los militares, en la reunión les dijeron que tenían “que hacer lo que sea”, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre bandas armadas rivales “para generar resultados”.

La sugerencia de trabajar con un grupo armado para derrotar a otro creó un silencio entre los asistentes de la reunión, dijo uno de los oficiales.

El 19 de febrero surgió un nuevo documento titulado Cincuenta Órdenes de Comando. Una instrucción exigía “operaciones oportunas y masivas” contra el enemigo.

Pero las instrucciones sobre el umbral requerido para ordenar ataques letales fueron el mayor cambio respecto de la política anterior, dijeron los oficiales.

En el pasado, argumentaron, las operaciones militares debían llevarse a cabo con al menos el 85 por ciento de la certeza del objetivo, después de una serie de reuniones entre los comandantes y los agentes de inteligencia para aprobar la estrategia. La nueva orden exigía un estándar más bajo.

Los oficiales afirman que, poco después, comenzaron a identificar asesinatos sospechosos o arrestos.

Uno de los oficiales citó un asesinato que un informe del ejército simplemente calificó como la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan del Golfo, el 25 de febrero. En el documento se decía que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que el combate terminó en una muerte y dos arrestos. Una pistola y un revólver fueron encontrados con los hombres.

El informe fue proporcionado al Times por un oficial que cree que es poco probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón de 41 hombres.

Quizás el asesinato más controversial desde que el general Martínez tomó el mando sucedió alrededor del 22 de abril, cuando el cuerpo de Dimar Torres, un excombatiente que había dejado las armas bajo el acuerdo de paz, fue encontrado en las afueras de un pueblo cerca de la frontera con Venezuela.

Un video tomado con un teléfono celular por los vecinos muestra el cuerpo de Torres con un disparo en la cabeza. Se puede escuchar a los campesinos gritando contra el ejército, acusando a los militares de actuar en nombre de grupos paramilitares.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, al principio dijo que Torres había muerto durante un forcejeo con un cabo del ejército, al que supuestamente intentaba desarmar. Pero, días después, el general a cargo de la región ofreció una disculpa pública.

Si bien el caso de Torres se ha convertido en una controversia nacional, los oficiales dijeron que es probable que otros asesinatos pasen inadvertidos.

Los militares hicieron una copia de una presentación de febrero que llevaba el título Días sin combate. En ella se enumeraban las brigadas y fuerzas operativas y se contaba el tiempo que habían pasado sin tener enfrentamientos. Según los oficiales, las instrucciones eran claras: aumentar las muertes, capturas y rendiciones.

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