Las columnas políticas, hoy lunes 29 de Julio de 2019

El Presidente López Obrador rechazó que en Tabasco se aliste una reforma para castigar con cárcel el bloqueo de obras y vialidades, pues, afirmó, lo que se busca es corregir el soborno y extorsión por obras de Pemex.
"Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabaja para Pemex se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar, 500 mil pesos a la semana, eso no, así no es la cosa", dijo en conferencia mañanera...
"Ojalá y el Gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche, como forma de Gobierno", subrayó.
Cuestionado sobre si la reforma es para evitar manifestaciones por la refinería Dos Bocas, López Obrador dijo que ese no es el propósito, pues la gente está "contenta" y no hay oposición a la obra.
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El Presidente afirmó que revisarán los sueldos que perciben los Servidores de la Nación y que no sabía de las condiciones precarias en las que laboran.
Se trata de 18 mil 500 personas que trabajan en condiciones precarias y sin seguridad social.
Hay que revisar cuánto están ganando, no tengo el dato (...) hay que ver sobre esos sueldos, procurar que ganen bien, nada más que ya no haya sueldos elevadísimos, hay que considerar cuánto gana un maestro, un médico, una enfermera, no por el hecho de ser funcionario público tiene que ganar más", dijo en conferencia.
"¿Usted sabía que trabajan en estas condiciones de precariedad?", se le preguntó.
"No, sabía que estaban trabajando y ellos vienen, muchos, de la lucha social, y están por convicción, por principios, pero de todas maneras vamos a revisar”.
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Subastarán casa de Zhenli Ye Gon en 95 mdp
La casa asegurada al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon será ofertada en 95 millones de pesos en la siguiente subasta que realizará el Gobierno federal en dos o tres semanas.
Ricardo Rodríguez, titular del SAE, informó que esta casa, donde estaban los millones en efectivo asegurados al empresario, está ubicada en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. 
"Es una casa bastante fifí, por así llamarlo", dijo el funcionario, luego de dar las características del inmueble, con mil 200 metros de terreno, poco más de mil 500 metros de construcción y elevador, y el cual fue transferido al SAE en 2012.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Rodríguez comentó que para vender esta casa sólo falta un requisito administrativo, que el Ministerio Público le escriba al Registro Público de la Propiedad.
Respecto al dinero en efectivo decomisado a Zhenli Ye Gon, Rodríguez detalló que los recursos fueron destinados a tres fuentes: al Poder Judicial, a la entonces Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.
Mmm.
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Reculan...Plantean modificar 'ley garrote' en Tabasco
El Secretario de Gobierno de Tabasco, Marcos Rosendo Medina, acordó con el Congreso del Estado modificar el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal ante la controversia de que presuntamente intenta inhibir las protestas pacíficas.
"La protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución, insisto, esta reforma al Código Penal es antiextorsión, en ningún momento es antimanifestación", afirmó.
"La mayor parte de las diputadas y diputados tenían una inquietud en torno a la redacción del Artículo 308 Bis", dijo.
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Bajo Reserva/EL UNIVERSAL..
Los millones de Morena 
Los dineros de Morena, que actualmente preside Yeidckol Polevnsky, son uno de los temas que están en el centro del debate en el proceso de relevo de la dirigencia nacional de ese partido. Aunque algunos de los aspirantes no se atreven a hablar del tema en público, en corto algunos de ellos, e incluso integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, señalan que hay falta de transparencia sobre el manejo de esas millonarias prerrogativas que este año serán de casi mil 600 millones de pesos. Nos comentan que varios morenistas se enteraron el domingo por EL UNIVERSAL que hasta ahora ha sido falsa la renuncia a la mitad de los recursos como se había prometido y que Morena ha recibido 941 millones de pesos. Además supieron que casi 400 millones de pesos deberían de estar ya en ejercicio del Instituto Nacional de Formación Política de ese partido, que aseguran opera en condiciones de pobreza franciscana. Él o la nueva dirigente de Morena no solo deberá poner orden y transparencia en los millonarios recursos del partido, sino también tendría que honrar la promesa de devolver la mitad de sus prerrogativas, pero aun así, quien se quede al frente del partido tendrá en sus manos el manejo de un nada despreciable presupuesto.
La multiplicación de los votos
Nos dicen que en la contienda interna por la dirigencia nacional a los morenistas les hace falta un ábaco, pues no hay manera de que salgan las cuentas. Nos hacen ver que por más que buscan, legisladores afines al coordinador en San Lázaro, Mario Delgado, no logran encontrar a los 70 diputados federales que dice gente del equipo de la aspirante a dirigente nacional Bertha Luján que apoyan su proyecto. En el listado de quienes han firmado el proyecto de unidad para la renovación de Morena, suman ya más de 200 de los 259 legisladores que conforman la bancada. Así que nos dicen que o algunos diputados están dobleteando sus respaldos o alguien busca enviar el mensaje de que hay división al interior del grupo parlamentario. Crece la tensión.
Colaboración contra el sargazo
¿Quién se apunta en la lista? Esta semana un relevante grupo empresarial mexicano da a conocer una estrategia de colaboración con el gobierno mexicano para evitar la llegada de sargazo a playas de la Riviera Maya. Nos explican que este proyecto integral pretende recolectar el alga marina desde altamar y hasta las playas públicas. Por medio de una barrera de más de 1.2 kilómetros de extensión se busca contener el sargazo antes de que llegue a las playas sin dañar el ecosistema: el programa, nos explican, contempla la recolección y transportación del alga para su disposición final con el fin de ser procesada como composta. La estrategia es financiada por Grupo Vidanta, del empresario y filántropo Daniel Chávez Morán, como una colaboración con los gobiernos federal, estatal y municipal. Habría que ver si algunas otras empresas se suman a este tipo de proyectos.
Sigue choque Monreal-Batres
Nos dicen que no hay que comprar totalmente la versión de que ha bajado de tono la disputa que mantienen el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el actual presidente del Senado, el también morenista Martí Batres, por el tema de la reelección del segundo. Nos aseguran que operadores de don Ricardo buscan impedir la reelección de don Martí. Seguidores de Batres sostienen que el senador suma apoyos para mantenerse en el cargo, pero que tiene enfrente a Monreal quien se ha convertido en un crítico de personajes del gabinete, del partido e incluso del gobierno capitalino. Así que nos hacen ver que la versión de que Monreal ha dejado de mantener oposición a la reelección de Batres es algo que está muy alejado de realidad.
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Delitos sexuales sin freno | Editorial El Universal
Gran parte de los delitos que se cometen en el país tienen un origen social. La marginación y la falta de oportunidades para obtener un empleo, por ejemplo, orilla a algunos jóvenes a enrolarse en bandas criminales. Otros, como los delitos sexuales, tienen sus raíces en concepciones erróneas respecto a la mujer y en actitudes machistas.
Respecto a estos últimos ilícitos, EL UNIVERSAL informa hoy que las denuncias por delitos sexuales en el país han aumentado en los últimos años. En el primer semestre de 2019 se iniciaron 25 mil 277 carpetas de investigación, cifra 17% mayor a la que se registró en igual periodo del año pasado. La tendencia ha sido a la alza desde 2015.
En estos delitos están incluidos: el abuso sexual y la violación, así como el acoso y hostigamiento sexuales. Nueve de cada 10 víctimas son mujeres, de las cuales 40% tienen menos de 15 años de edad. El 70% de los casos suceden en el hogar de la víctima, pero las unidades del transporte público se han vuelto el sitio donde mayormente se produce el acoso.
Quienes estudian este fenómeno delictivo coinciden en que hay diversos factores que contribuyen a su aumento, en primer lugar el rol que la visión masculina ha asignado a la mujer de objeto sexual, la revictimización que se hace de quienes presentan una denuncia, la poca sensibilización de los funcionarios que realizan las investigaciones y la impunidad en la que queda la mayoría de los casos. Datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refieren que solo 10 agresores por cada mil denuncias son consignados.
Los delitos sexuales contra las mujeres son de manera frecuente el preámbulo de mayor violencia contra la mujer y probablemente de la comisión de un feminicidio. Se vuelve necesario que ningún caso quede sin denunciar. Mientras la autoridad no reeduque a buena parte de sus funcionarios, los índices de denuncia continuarán bajos y los delitos incrementándose.
El problema tampoco se erradicará ni comenzará a disminuir si no se alcanza una coordinación plena de distintos sectores nacionales para contenerlo. En esta situación los estereotipos juegan un papel clave. Si se modifica la percepción hacia la mujer en los ámbitos familiar, educativo, gubernamental y empresarial, podrá comenzarse a notar un cambio; antes no.
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Templo Mayor/ Reforma
VAYA PARADOJA: si hoy en día Andrés Manuel López Obrador anduviera haciendo manifestaciones y plantones en Tabasco, el gobierno de Morena... ¡lo metería a la cárcel! Resulta incongruente que el gobernador Adán Augusto López, con la mayoría legislativa morenista, pretenda criminalizar las formas de lucha de quien los llevó al poder.
LA REFORMA supuestamente es para garantizar el libre tránsito, lo cual suena muy bien, pero en realidad busca blindar obras polémicas como la refinería de Dos Bocas. La ley que se aprobará hoy castiga con cárcel el bloqueo de obras y vialidades... como el plantón de AMLO en Paseo de la Reforma.
LÁSTIMA QUE ni caso tiene preguntarle al Presidente porque ya se sabe que va a responder que ya no es como antes, que a él no le avisaron, que él no sabía, que él no supo... y que él no quiere hacer nada al respecto.
A PROPÓSITO de monerías legislativas -¿o habría que decir morenías?- esta semana asumen sus curules los 25 nuevos diputados de Baja California y la gran pregunta es si continuarán con el atraco de la Ley Bonilla.
SI EL SALIENTE Francisco "Kiko" Vega no publica la reforma que amplió ilegalmente el mandato del gobernador electo, la nueva legislatura podría complacer a Jaime Bonilla en su capricho por tener un gobierno de cinco y no de dos años, que fue para el que lo eligieron los bajacalifornianos.
SI NO se publica, la ampliación del mandato quedaría sin efecto. Pero en cuanto se publique podría ser impugnada ante la Suprema Corte por ser inconstitucional. ¿Qué harán los flamantes diputados? Es pregunta de a millón de dólares.
EN ESTOS DÍAS Monterrey es noticia internacional tras conocerse cómo cientos de centroamericanos devueltos de Estados Unidos son prácticamente "tirados" en las centrales camioneras de esa ciudad y abandonados a su suerte.
LO QUE no sorprende pero sí indigna es la insensibilidad de las autoridades tanto locales como federales. El gobierno de Jaime "El Bronco" Rodríguez optó por guardar silencio y hacer como si no fuera su problema. Y por el lado del Instituto Nacional de Migración, sigue sin haber un titular en Nuevo León.
¡AH, CÓMO son maloras algunos analistas económicos! Luego de ver los contratos millonarios que anda entregando el gobierno federal sin mucha transparencia pero sí con harta discrecionalidad, hay quienes dicen que el Consejo Asesor Empresarial de AMLO parece más bien... ¡el Comité de Adquisiciones!

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Kiosko/ El Universal
Senador niega viáticos, pero anuncia megainforme
Quien no sale de una para enredarse en otra es el senador morenista por Oaxaca Salomón Jara Cruz, ya que, nos cuentan, todavía no termina de sacudirse los señalamientos por presuntamente recibir 150 mil pesos para asistir a un evento en Salina Cruz, cuando ya anda en medio de otra polémica. ese sentido, nos explican, aunque don Salomón no tardó en afirmar que los documentos en los que el edil del puerto, Juan Carlos Atecas (Morena), le autorizaba viáticos por dicha cantidad eran falsos, las críticas no se hicieron esperar y éstas escalaron después de que el morenista divulgó que tendría su propio informe en agosto próximo, para dar a conocer sus actividades legislativas. Así, nos comentan, el anuncio sólo le echó más leña al fuego, pues el senador eligió ni más ni menos que el auditorio Guelaguetza como sede del evento, por lo que sus detractores consideran que en los hechos, el eterno aspirante a la gubernatura oaxaqueña busca adelantar por mucho su promoción. ¡Ups!
¿Otro góber, entrometido en el Congreso?
En Baja California Sur, nos platican, ardió Troya luego de que legisladores de Morena acusaran al gobernador Carlos Mendoza (PAN) de meter las manos en el Congreso local. Ello, nos explican, supuestamente apoyado por diputados del PAN, PRI, PES y cuatro disidentes guindas para modificar la ley reglamentaria, arrebatando comisiones y mermando la mayoría morenista. Por este motivo, nos hacen saber, el líder local de ese partido, Alberto Rentería, afirmó que de fondo se encuentra la renuencia de esos diputados para bajarse el sueldo, la probación del presupuesto estatal y el afán del góber de que avalen sus iniciativas. Incluso, nos dicen, advirtió que interpondrán una controversia constitucional ante las aspiraciones de los rebeldes guindas de crear su propia bancada, también a nombre de Morena. Ver para creer.
Lideresa del PVEM se muda a gobierno morenista
Nos cuentan que la lideresa moral del PVEM en Guanajuato y ahora diputada federal con licencia, Beatriz Manrique Guevara, festejó con bombo y platillos su próxima incorporación al gobierno de Puebla como titular de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, bajo el mandato del morenista Miguel Barbosa. Con este movimiento, nos comentan, doña Bety deja prácticamente huérfanos a sus colegas verdes, tras 19 años de actividades partidistas en la entidad, al ser la primera vez que cambia la tribuna por la administración pública. Y a pesar de que a la abogada se le reconoce su posición crítica ante los gobiernos panistas, muchos se preguntan cómo le irá en la feria ahora que le toca estar del otro lado de la moneda.
Alcaldesa le da vuelta a estrategia de seguridad
La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón (MC), nos señalan, dio mucho de qué hablar al no sumarse a la creación de la Policía Metropolitana de Guadalajara por considerar que no se detallaban las aportaciones de recursos de los involucrados. Incluso, nos refieren, la clase política local interpretó la decisión de doña María como un revés a la administración estatal; sin embargo, el propio gobernador Enrique Alfaro aseguró que no existe una ruptura con la alcaldesa. Habrá que ver si en los próximos días la emecista se alinea con los ocho ediles que le dieron el sí a este nuevo organismo. Tiempo al tiempo, nos dicen.
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Sufragio efectivo, no reelección y no corrupción | Ricardo Monreal Ávila
El Universal
En 1924, Plutarco Elías Calles inició su mandato como presidente de México y ahí se quedó, al menos de manera fáctica, hasta 1934, mediante la imposición reiterada de sus sucesores. En 1928, Emilio Portes Gil ocupó interinamente la Presidencia, tras el asesinato de Álvaro Obregón. Dos años después, Pascual Ortiz Rubio fue electo y sería sucedido por Abelardo L. Rodríguez, que en 1934 entregó el gobierno al general Lázaro Cárdenas, quien puso fin a la influencia política del general Calles.
Calles era considerado “el jefe máximo de la Revolución”, de ahí que el periodo en el que se aferró al poder se denominara el Maximato. Esta práctica, con la que el presidente saliente tenía la potestad de nombrar a su sucesor, se transformó en una tradición dañina para la política mexicana. Durante años, el sufragio efectivo que Madero acuñó como consigna de la Revolución se deformó, en la práctica, a un dedazo efectivo con el que, sin necesidad de reelegirse, los presidentes seguían teniendo el poder, al ser ellos quienes, gracias a una disfuncional democracia, podían elegir al mandatario siguiente.
La elección del sucesor era de suma importancia para quien dejaba el poder, por varios motivos, pero tal vez el más importante era garantizar la supervivencia pospresidencial. Para esto se necesitaba colocar un soldado fiel en la Presidencia, que asegurara que los actos de corrupción cometidos por la administración saliente no fueran perseguidos. Así, el dedazo era una estrategia, sumamente obvia, para evadir la no reelección y evitar un proceso de rendición de cuentas.
El primer punto de quiebre de esta normalizada conducta se dio, probablemente, en la elección de 1994 cuando, debido a los trágicos y bien conocidos hechos, el candidato elegido por el presidente saliente no pudo ser su sucesor. En 2006, cuando por primera vez Andrés Manuel López Obrador compitió por la Presidencia, las malas prácticas que se venían arrastrando del pasado le arrebataron de manera injusta la victoria. En 2012, después de dos sexenios consecutivos del mismo partido en el poder, el uso de la maquinaria mediática y de todos los recursos posibles facilitó el triunfo del otrora partido hegemónico.
En 2018, México experimentó lo que probablemente pasará a la historia como la primera elección presidencial cuya legitimidad no es cuestionada. No hubo sospechas de fraude, el margen de victoria fue muy amplio, no se excedieron topes de campaña, no se hizo uso excesivo de tiempo aire y, lo más importante, no hubo coacción del voto. Las mexicanas y los mexicanos votamos libremente para apoyar un proyecto de nación esperanzador que por fin pudiera solidificar una democracia funcional, dejando atrás todas las malas prácticas que hasta hace muy poco evitaban su proceso de maduración.
El triunfo de la 4T proviene, así, de un verdadero proceso democrático y por ello goza de un nivel de legitimidad sin precedentes. Nuestra fidelidad con la democracia es reforzada con las acciones del Presidente, quien públicamente se ha comprometido con el sufragio efectivo, la no reelección y un combate real de la corrupción.
A pesar del claro compromiso que AMLO tiene con la democracia mexicana, hay quienes se afanan en tratar de desacreditarlo, intentando sembrar inquietud en torno al fantasma de las prácticas reeleccionistas disfrazadas de dedazos, que utilizó el régimen pasado. Esto no puede estar más alejado de la realidad. Quienes hemos acompañado al presidente desde hace décadas sabemos que sus principios democráticos son firmes.
Por eso, el ataque sistemático y sin sustento de aquellos que aseguran que el Presidente buscará reelegirse sólo demuestra que no le temen a la reelección: lo que realmente les preocupa es que ya no podrán acceder nuevamente al poder haciendo uso de las técnicas que anteriormente eran efectivas, porque las y los mexicanos se han apropiado de la democracia.
Andrés Manuel López Obrador no sólo no se reelegirá, sino que sentará las bases para que en los comicios futuros el común denominador sea el respeto a la democracia y la garantía del derecho que la ciudadanía tiene a decidir libremente.
Resulta paradójico que quienes reiteradamente intentan poner en la mesa la idea de la reelección del Presidente sean los mismos que minimizan los logros que esta administración está empezando a obtener. Si en realidad estuvieran convencidos de que los resultados no serán los esperados, entonces no tendrían nada de qué preocuparse, pues en el nuevo ambiente democrático de nuestro país la ciudadanía elegiría un cambio.
Por ello, las mentiras y difamaciones solamente ponen en evidencia la incomodidad que les genera competir en una verdadera democracia, pues en ese terreno, en el que realmente permite que las y los ciudadanos elijan lo que quieren, la 4T les lleva una significativa distancia de ventaja.
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Megacriminales/Manuel J. Jáuregui
Reforma, 29 Jul. 2019
La inseguridad en México, amigos, si antes preocupaba ahora apanica: los acontecimientos sangrientos ocurridos en la CDMX en la Plaza Artz, en la que dos israelíes fueron ejecutados en un restaurante es la punta del iceberg de la creciente presencia del crimen organizado en zonas en las que antes no osaba penetrar. Pero, además, de que nuestra delincuencia tiene nexos, asesoría y sociedad con criminales expertos IMPORTADOS.
Cuando menos uno de los asesinados, Benjamín Yeshurun Sutchi, era un ex agente de la MOSSAD (la temible CIA israelí), enviado a México para "ayudar" en el 2001 a la comunidad judía contra la ola de secuestros que sacudió a la Capital en esa época.
El tipo este se volteó, comenzó a trabajar con los hampones mexicanos y se convirtió él mismo en secuestrador, lavador y sicario, gozando -según afirman fuentes de la ya desaparecida AFI- de la protección de Genaro García Luna, a quien después el terco de Felipe Calderón nombró Secretario de Seguridad Pública en su sexenio haciendo caso omiso de las advertencias de Estados Unidos contra García Luna.
Ahora que el israelí ejecutado, Ben Sutchi, fue detenido en la CDMX en el 2005 y deportado a Israel, ya que allá había orden de aprehensión en su contra.
Cómo volvió este criminal a México pese a ser buscado -de nueva cuenta- es un misterio, pero pudiese indicar que gozaba aquí de protección por parte de elementos corruptos de las Policías local y federal.
A ello obedece, seguramente, que recién acontecida la ejecución, luego luego salieron los chotos locales con la piña de que había sido "un crimen pasional".
¡Patrañas!
Este tipo, que usaba varios seudónimos, entre ellos "Johny Ben", era un delincuente peligrosísimo, sangriento sicario y secuestrador.
Junto con malos elementos de la Policía de Morelos y de gente de la desaparecida AFI, se sospecha que tuvo que ver con los secuestros de Hugo Alberto Wallace y algunos otros muy sonados en aquella época.
Que en la CDMX, en lugares públicos, en horas pico opere impunemente un comando integrado por cuando menos media docena de elementos (dos adentro del restaurante y cuando menos cuatro afuera, con armas largas, realizando disparos en la vía pública) dice volúmenes respecto a la magnitud del problema de la inseguridad que se ha apoderado de México, sin que la autoridad parezca tener respuesta.
Ni a nivel local ni a nivel federal.
Afirma gente relacionada con el medio policiaco que al parecer la ejecución corrió por cuenta del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), que ha agarrado vuelo nacionalmente y está penetrando en la CDMX desplazando a otros grupos.
Puede pensarse que Ben Sutchi trabajaba para alguno de los grupos tradicionales siendo identificado por el CJNG como un pivote importante, de alta peligrosidad, que debía ser eliminado para allanar el camino que conduce al dominio total de la CDMX por este grupo criminal, CJNG, altamente violento y que -incluso- por vía de uno de sus miembros lanzó amenazas contra el Presidente mismo.
Este hecho violento que inquietó a la Nación entera debe tomarse como un aviso de lo precaria que es nuestra paz social, de lo osados que se han tornado los criminales al servicio de los cárteles, de lo inefectivos que resultan ser en los hechos nuestros cuerpos policiacos, pues del comando que operó en la Plaza Artz escaparon todos menos la presunta homicida, una mujer -obviamente inexperta- que carecía de la astucia, velocidad y agilidad para escapar hacia el coche que la esperaba y en el que huyeron los sicarios del comando enviado a ejecutar a los israelíes.
Queda claro que con exhortos, súplicas y mensajes de "pórtense bien" no se va a domar a los grupos criminales que han dado al traste con la paz en México. Se requiere más, como una Policía bien entrenada, pertrechada, incorruptible y confiable que haga su labor, apoyándose en un CISEN que SÍ SEPA y se entere de cuando entra a México un criminal peligroso, ya por nosotros mismos detenido anteriormente y expulsado del País.
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Lealtades perversas/Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma, 29 Jul. 2019
El sábado reciente La Jornada publicó una carta de los escritores David Huerta y Verónica Murguía. Responden a Marx Arriaga, director general de Bibliotecas del gobierno federal, quien comentó que la última dotación al acervo había sido en el 2012, "muchas veces con cierta carga ideológica, porque había textos de Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze". Transcribo el núcleo de la carta, porque merece la máxima difusión. "Hemos leído los libros de esos dos autores y tenemos nuestra opinión sobre ellos; pero eso no es lo importante: lo importante son las insinuaciones sobre la supuesta inconveniencia de esa 'carga ideológica' en algunos 'textos'. Eso apunta directamente a las vocaciones centrales de los censores e inquisidores de cualquier tiempo y lugar: la persecución y represión del pensamiento libre, incluido, naturalmente, el pensamiento de quienes no piensan como los gobernantes. (...) (R)esulta siniestra la vocación fascistoide de las declaraciones de Arriaga, un funcionario que traiciona la esencia del trabajo de un auténtico bibliotecario: velar por los libros y por el conocimiento, incluidos los 'textos' con cuyas ideas no comulga".
Lo que Huerta y Murguía describen como vocación inquisitorial va mucho más allá de los estantes. Esa velada intención de depurar el acervo bibliográfico de la nación del gorgojo literario muestra el deseo de sanear ideológicamente al país. Ese es el sello intelectual de este gobierno. Que las letras, la ciencia, el arte y la prensa se afilien decididamente a lo que llaman cuartatransformación. Cumplir el deber histórico es suscribir el anuncio de la nueva era, fustigar los horrores del pasado y las miserias de los enemigos. Se trata, es cierto, no de la proscripción de las ideas distintas, sino de un hostigamiento activo y permanente que comienza con la misa de todas las mañanas.
Son tiempos de definiciones, dice el Presidente. Y sólo hay dos sopas. No hay creación intelectual, esfuerzo científico o trabajo periodístico al margen de la epopeya en curso. No lo piensa solamente en términos políticos. Está convencido de que su liderazgo lo imanta todo. La disyuntiva le parece inescapable. Si no estás conmigo, es decir, si no estás con la Historia, estás en contra de la justicia, de la verdad y de la patria. Si no estás conmigo estuviste con los conquistadores y con Maximiliano, con los huertistas y los corruptos del neoliberalismo. Por eso la prensa debe respaldar su proyecto. ¡Portarse bien! Celebrar al Presidente para recibir, del magnánimo tutor, la estrellita en la frente.
En el ámbito de la ciencia se percibe también el embate de esta perversa noción de compromiso. De los brutales recortes a la ciencia se ha hablado mucho. La prestigiosa revista Science dedica a ello un artículo reciente que muestra una preocupación en la comunidad científica internacional por lo que sucede aquí. Pero el problema no es solamente la tijera sino la ideología. En el portal de la misma revista puede leerse un artículo de Antonio Lazcano, uno de los científicos más admirados en el país, quien, además de advertir de los peligros de la asfixia presupuestaria, nombra la amenaza de la politización. Al Conacyt le han montado una hache por ahí, pero, tal vez habría que agregarle una I: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ideológica: Conacyti. Ciencia y tecnología, siempre y cuando sirvan a la retórica del antineoliberalismo. La directora de ese organismo ha replicado la política pendenciera del presidente de la República. A su juicio, la ciencia mexicana necesita emanciparse de la perversa hegemonía de la ciencia occidental. Dejar atrás la ciencia neoliberal. Por ello habría que pensar de nuevo si nuestros científicos deben salir al extranjero a continuar su formación académica. Mejor quedarse aquí. En las universidades europeas y norteamericanas podrán estar la investigación de punta, las revistas más exigentes y las nuevas patentes, pero son, no debemos olvidarlo, nidos de pensamiento colonial.
El maniqueísmo presidencial quiere dejar su huella en todas partes. Pretende que su belicismo lo inunde todo. Sustituir la complejidad del pluralismo por la simpleza de un mundo binario y reemplazar los aprendizajes de la conversación con la fogosidad la cruzada.
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El asunto del Plan Nacional de Desarrollo (II)/ Carlos M. Urzúa
El Universa
Debe insistirse en ello: no se puede escribir a vuela pluma un Plan Nacional de Desarrollo. Tanto la Constitución como la Ley de Planeación establecen, de manera estricta, los lineamientos básicos que tienen que cumplirse para la elaboración del Plan. Para empezar, éste debe ser consensado de manera democrática. Es por ello que, como comentamos la semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mi cargo hasta el pasado 9 de julio, organizó de manera preparatoria más de siete decenas de foros de consulta ciudadana y más de ocho decenas de mesas sectoriales con especialistas, además de una consulta por internet.
Para continuar, como también se comentó en la entrega anterior, el Plan Nacional de Desarrollo requiere una estructura bien diseñada. Como ilustración de lo anterior, permítame entresacar un ejemplo del documento que pretendíamos que constituyera el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo eje general propuesto allí era el de Bienestar. El objetivo general de este eje se establecía como el “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios”.
Ya como objetivos específicos del segundo eje se listaban once: la atención prioritaria a grupos históricamente discriminados; el derecho a la educación; el derecho a la alimentación nutritiva y suficiente; el derecho a la salud; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho al agua potable en calidad y cantidad; el derecho a la vivienda digna; el derecho a la cultura; el derecho a la cultura física; el acceso a un trabajo digno con seguridad social; y el ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos. Más de un centenar de funcionarios de las dependencias correspondientes escribieron sobre las estrategias a seguir para la consecución de tales objetivos, así como sobre los indicadores de desempeño que pudieran emplearse para evaluarlas.
Pero muy cerca del 30 de abril, la fecha límite para mandar a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo propuesto, el Presidente informó a quien esto escribe que ese documento sería reemplazado por uno de su propia creación. Me atreví entonces a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de Estado no es, después de todo, más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a requerir para desocuparla.
Sin embargo, para mi sorpresa los dos documentos fueron enviados a la Cámara de Diputados pocas horas antes de finalizar del 30 de abril de 2019. Ambos aparecieron en la Gaceta Parlamentaria de ese día como Anexos XVIII y XVIII-Bis; este último, por cierto, con errores de formato pues fue enviada la penúltima versión y no la final. Sobra aventurar sobre la perplejidad que debieron haber tenido los diputados al recibir ambos documentos. Durante mayo y junio tal perplejidad debió haber persistido, mientras ellos se abocaban a verificar, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Planeación, cuál de los dos cumplía con “los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Al final decidieron que era el documento presidencial y éste apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.
Quizás piense usted ahora que la historia termina allí. Para quien esto escribe sí, pues renuncié a mi cargo tres días antes de la promulgación del plan del Presidente. Pero para el gobierno federal no, pues de acuerdo con la Ley de Planeación las dependencias y entidades federales tienen hasta seis meses para publicar, basadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales emanados de él. El único problema es que el Plan que ya fue promulgado no detalla nada al respecto.
Profesor titular del Tecnológico de Monterrey
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Inegi o Coneval: He ahí el dilema | Alberto Barranco
Columna Empresa
El Universal 
A despecho del “Se los digo y se los firmo” con que apuntaló el presidente Enrique Peña Nieto su campaña, dos años después de su gobierno el nivel de pobreza en el país apenas había disminuido ligeramente: de 53 millones 349 mil 902 en 2013 había llegado a 53 millones 341 mil 556 en 2014, lo que urgía a tomar una acción drástica
El golpe en el escritorio provocaría no la revisión de la efectividad de los programas sociales, sino lo más simple: cambiar la metodología para medir la pobreza.
A contrapelo de su autonomía, el Inegi buscó la vía para pintar de otro color las cifras, lo que encendió los focos rojos en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval.
Pese a que su autonomía estaba y está prendida con alfileres al no haberse aprobado aún las leyes secundarias sobre la reforma que la otorgó, el organismo logró detener la posibilidad del maquillaje.
Más tarde, el Coneval tendría un nuevo choque con el gobierno anterior al descalificar el programa social estelar creado a la llegada de Rosario Robles a la Secretaría de Desarrollo Social: “México sin hambre”.
Creado en 2005 a instancias del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, como una suerte de contraloría para medir el costo-beneficio de las partidas para programas sociales, el Coneval no sólo evalúa, sino diseña políticas públicas vía la investigación de los estándares que apadrinan el concepto de pobreza.
La posibilidad, esbozada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de fusionarlo al Inegi, levantó una espesa polvareda dado el énfasis, el impulso de su gobierno a los programas sociales.
La contradicción es evidente. Dada la multiplicación de las partidas de apoyo a los más desprotegidos, lo que le causó escozor a los sectores conservadores de la sociedad, el evaluar la efectividad del gasto constituye el mayor antídoto frente a la crítica.
Nadie, al margen de los rencores patológicos por la aplastante victoria del tabasqueño, podría calificar de demagógica la frase principal de campaña de éste en 2006: “Primero los pobres”.
Aunque el Inegi mide el marco cuantitativo con relación a los índices de pobreza desde diversas perspectivas, el Coneval lo hace desde el marco cualitativo, bajo la ecuación de pobreza, educación y salud.
La validez de los programas sociales no se mide sólo por el índice de pobreza del país, sino por la calidad de vida de quienes abandonan la estadística.
Así, aunque entre 2008 y 2016 creció en 3.9 millones el número de pobres del país, para llegar a 53 millones 418 mil 151, hete aquí que los ubicados en pobreza extrema descendieron 2.4 millones, para totalizar 9 millones 328 mil 582.
¿Medalla de oro para Rosario Robles?
¿Y el acceso a servicios de salud, educación y alimentación?
¿Destruir para construir?
Balance general
Aunque técnicamente, como lo reconocen Banorte y CitiBanamex, el país no ha entrado en fase de recesión, al prolongado descenso en el crecimiento se suma ahora el retroceso de 0.03% en mayo pasado.
Durante abril se había registrado un avance de 0.08%.
El panorama es de claroscuros. Mientras el sector de servicios registró un incremento de 0.77%, en paralelo al primario, cuyo salto fue de 0.7%, la derrota la sustenta la actividad industrial.
El descenso fue dramático: 4.66% en promedio, destacando el sector de construcción, con una caída de 6.25%.
Se diría, pues, que la parte del motor que no arranca es la actividad productiva, a contrapelo de una mayor dinámica del mercado interno.
Palomita de Coparmex
Convertida en la punta de lanza de la ofensiva radical de un sector empresarial contra el gobierno, la Coparmex debió reconocer, de cara a una encuesta, que los niveles de corrupción han descendido bajo el nuevo régimen.
Si el nivel detectado en julio del año pasado era de 41.7%, en el mes que corre llegó a 36.5%.
El 62% del marco que pervive apunta a trámites estatales y municipales.
A nivel federal el porcentaje es de 24%.
Aunque las voces se mantenían a nivel de susurro, la Coparmex había encendido los focos rojos ante los niveles de podredumbre alcanzados en el anterior sexenio.
Acorralan a Lozoya
Al margen de la detención de su madre en Alemania y de las nuevas pruebas acumuladas en su contra, la persistencia en la congelación de sus cuentas dictada por un juez coloca a Emilio Lozoya de espaldas al callejón.
En la desesperación, el exdirector general de Petróleos Mexicanos sigue filtrando señales de que podría llevarse de corbata a personajes como el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al propio expresidente Enrique Peña Nieto.
¿Espíritu democrático?
Descartada la posibilidad de una nueva reelección de su presidente, Gustavo de Hoyos, cuyo periodo termina en diciembre, se está planteando una reforma de estatutos que, de aprobarse, modificaría radicalmente la balanza electoral.
Estamos hablando de contabilizar un mayor número de votos a los centros del organismo al interior del país, con relación al número de afiliados.
Así, por ejemplo, Monterrey y Guadalajara podrían tener cinco sufragios y Tepic o Pachuca uno solo.
Naturalmente, la medida es discriminatoria y antidemocrática, contradiciendo el espíritu del sindicato patronal.
Crece Aleatica
Durante el segundo trimestre del año los ingresos por concepto de peaje en las carreteras concesionadas de Aleatica crecieron 9.9%, en tanto en términos anualizados lo hicieron en 8%.
Bajo el marco la utilidad neta consolidada de la firma creció 22.1%, para llegar a 2 mil 145 millones de pesos...
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Guatemala, ¿el nuevo muro contra migrantes? | Andrew Selee
El Universal
Es posible que el acuerdo del viernes [entre EU y Guatemala] haya reestructurado por completo el sistema de asilo en la región
“Jimmy Morales presta al país como depósito de migrantes”, dice el encabezado de Prensa Libre, un periódico importante de Guatemala, el sábado después de que el gobierno del presidente Morales firmara un acuerdo con el gobierno estadounidense para que Guatemala se haga cargo de todos los migrantes que desean pedir asilo en Estados Unidos.
Bajo este acuerdo, firmado el viernes, el gobierno estadounidense puede enviar a cualquier migrante que pida asilo en Estados Unidos, pero que haya pasado a través de Guatemala, de regreso a ese país para que se procese el trámite.
Ahora viene el segundo capítulo de la estrategia estadounidense. Habiendo logrado el acuerdo con Morales, a través de amenazas de suspender visas a los guatemaltecos e imponer aranceles a sus productos, la administración Trump pondrá sus ojos en México de nuevo para ver si puede presionar para un acuerdo similar, pero que sólo aplica a los guatemaltecos que piden asilo en Estados Unidos. Si Estados Unidos puede regresar los guatemaltecos a México y los nacionales de otros países a Guatemala, queda construido el muro de Trump contra el mundo sin poner un solo ladrillo.
Pero esta estrategia de Trump de cerrar el paso a la frontera de Estados Unidos yace sobre cimientos débiles. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló hace unos días que el presidente Morales no tiene las facultades para signar el acuerdo que acaba de firmar sin el consentimiento del Congreso de su país, algo que va a ser muy difícil de lograr.
Y habrá un sinnúmero de peticiones en contra del acuerdo en los tribunales estadounidenses también alegando que Guatemala no es un país seguro ni tiene un sistema de asilo capaz de procesar las aplicaciones para protección que recibiría bajo este acuerdo. Es probable, más no seguro, que los tribunales terminarán dejando sin efecto el acuerdo en un país o en el otro (o en ambos).
Y también queda la cuestión de voluntad. Guatemala está en medio de un periodo electoral y los dos candidatos presidenciales se han manifestado en contra de un acuerdo de esta naturaleza. ¿El próximo presidente (o presidenta) de Guatemala tendrá la voluntad política para implementar este acuerdo? La mayoría de acuerdos de tercer país seguro alrededor del mundo no funcionan como están diseñados, porque faltan los incentivos para su buena implementación, sobre todo un sentido de responsabilidad compartida, como ha mostrado mi colega Susan Fratzke, del Instituto de Políticas Migratorias, en un artículo reciente.
Es fácil ver cómo el gobierno guatemalteco saliente, sin nada que perder, aceptó el acuerdo, pero más difícil ver como un gobierno nuevo que entrará en funciones en unos meses lo hace, con toda la presión social en contra.
Es posible que el acuerdo del viernes haya reestructurado por completo el sistema de asilo en la región y que tendrá un impacto enorme en el flujo migratorio de Centroamérica hacia EU. Pero lo más probable es que esto haya sido uno más de los intentos ambiciosos, pero mal concebidos de la administración Trump para resolver la migración con un solo golpe.
En realidad, no hay una solución fácil ni única para hacer frente al alza de migración irregular hacia Estados Unidos. Más bien, se requiere de varias medidas más sutiles, dentro del marco de las leyes existentes, para disuadir a los migrantes irregulares sin limitar el acceso al proceso de asilo.
Y sería mucho más efectivo un esfuerzo de colaboración real con los países vecinos que el uso repetido del garrote para conseguir la voluntad de la administración Trump. Pero temo que no hay paciencia en la Casa Blanca para una estrategia más sutil y compleja, aunque sería mucho más efectiva.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
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Parar el piqueteadero/Denise Dresser
Reforma, 29 Jul. 2019
La historia no se repite, pero sí instruye, escribe Timothy Snyder en Sobre la tiranía: Veinte lecciones del siglo XX. La usurpación del poder y la elusión de la ley por parte de un grupo o un individuo para beneficio propio daña a la democracia. Y la nuestra es tan frágil que es imperativo alertar ante las amenazas, provengan de donde provengan, y eso incluye las acciones de un gobierno legítimo y popular. No pretendo argumentar que López Obrador está erigiendo una tiranía, pero sí asume posiciones que deberían preocupar; sí toma decisiones que deberían llevarnos a defender conquistas ahora amagadas desde el poder. Uno de esos triunfos es la evaluación autónoma e independiente de la política social para evitar su uso político-clientelar. Una de esos logros es la existencia del Coneval, que el Presidente ha contemplado desaparecer o estrangular presupuestalmente.
Embistiendo políticamente a la institución; acusándola de gastar mucho y producir poco; usando la información incompleta que le proveyeron para desacreditar a un órgano que ha demostrado profesionalismo e imparcialidad desde su creación. Coneval surgió como una demanda de la propia izquierda para que la sociedad pudiera contar con mediciones autónomas de la pobreza y evaluaciones independientes de los programas sociales. Para que no tuviéramos que depender sólo de lo que el Presidente dijera o sus subalternos presumieran. Para que no tuviéramos que conformarnos con cifras maquilladas o datos amañados o censos manipulados o padrones inexistentes. Y Coneval cumplió con su encomienda al evidenciar los problemas que tenía Progresa, las características clientelares de la "Cruzada contra el Hambre", la mala metodología utilizada por el INEGI durante el peñanietismo para "disminuir" el número de pobres. Coneval entendió, como lo dijo su exdirector, Gonzalo Hernández Licona, que "la evaluación de la política social no era de cuates".
Coneval lleva 13 años señalando lo bueno, lo malo y lo pendiente, con un presupuesto equivalente al 0.2 por ciento del gasto que hoy el gobierno destina a sus principales programas. Lo hace con una estructura burocrática pequeña, cuyos funcionarios están lejos de formar parte de la criticable "burocracia dorada". Lo hace sin filias ni fobias. Entonces o AMLO miente o le informaron mal. O AMLO tergiversa o alguien le proveyó verdades a medias. Si la cruzada presidencial contra el Coneval no se justifica por su costo o por su desempeño, la descalificación revela otra intención. Este gobierno no quiere ser evaluado, medido, comparado o criticado. Actuará como quiera el Presidente o como disponga Gabriel García, el coordinador de Programas Integrales del Desarrollo. Actuará con un ejército de 17,500 "Siervos de la Nación" y operadores de Morena levantando censos y distribuyendo recursos por doquier, con un costo de 2 mil 576 millones de pesos, más de cuatro veces el presupuesto del Coneval. Actuará sin querer que nadie revise el diseño o el impacto de los 13 programas prioritarios de AMLO, 11 de los cuales que no estarán sujetos a reglas de operación.
La 4T dice que transforma cuando restituye, dice que avanza cuando retorna. Nos regresa a los viejos tiempos que la izquierda denunciaba y luchó para cambiar; esa era pre-democrática cuando presidentes como Carlos Salinas manejaban la política social discrecionalmente desde Presidencia, para armar clientelas en vez de construir ciudadanos; ese tiempo torcido cuando el partido hegemónico no permitía la evaluación autónoma de su desempeño, porque sabía que no estaba combatiendo la pobreza sino lucrando electoralmente con ella.
Precisamente porque "por el bien de todos, primero los pobres", nos toca hacer una defensa robusta del Coneval. Para que la política social no sea determinada por los prejuicios del Presidente o el voto a mano alzada de los seguidores de AMLO. Para que sepamos si las Becas Benito Juárez -en las que se ha gastado ya más del doble de lo presupuestado- tienen la incidencia positiva que se prometió. Para que podamos medir y evaluar, auscultar y corregir. Como argumenta Snyder, las instituciones ayudan a preservar nuestra decencia pero no se protegen a sí mismas. Y por eso, aunque el graznar de los gansos sea ensordecedor, la voz de nuestra conciencia debe alzarse para defender a las instituciones que están piqueteando.