Cada dos segundos una persona es desplazada de su lugar de origen, lo que significa que más de 40 mil personas al día se están moviendo de manera forzada alrededor del planeta...”.
No existen datos certeros en México de cuántas víctimas tenemos por el desplazamiento...en 2019 hubo más de 8 mil personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado, la mayoría d por actos de violencia de grupos armados, lo que da una cifra histórica acumulada de aproximadamente 346 mil personas afectadas.
Hace más de 7 meses el 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó por 95 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
La legislación busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en México, y establece atribuciones y la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos.
Con dicha ley se ordena la creación del Programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en México.
En mayo del 2016, la CNDH publicó el primer “Informe especial sobre desplazamiento interno en México”, en el cual se resaltó que la mayoría de las víctimas de esta problemática son personas que huyen de la presencia del crimen organizado, de extorsiones, conflictos internos permanentes y operaciones militares, entre otras causas.
Un año antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe ‘Situación de los derechos humanos en México (2015)’ emitió algunas de las siguientes recomendaciones al Estado mexicano en materia de desplazamiento interno: Crear una ley sobre desplazamiento interno que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno y que cuente en el ámbito federal con una institución que sea responsable de proteger a las víctimas”, se lee en el dictamen avalado por los diputados.
La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación.
El senado lo recibió el documento un día después 30 de septiembre de 2020, y lo turnó a Turno: Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Rescato la versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 29 de septiembre de 2020
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho:
El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, hoy está a su consideración un dictamen profundamente benéfico para el Estado mexicano, una propuesta tan necesaria y noble, que conoce colores partidistas y fue apoyada en su presentación por la coordinadora y coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, así como por su entonces presidenta.
Con la emisión de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, buscamos solventar una grave laguna jurídica que flagela a las personas desplazadas, haciendo a nuestro Orden Jurídico más responsable, garantista y comprensivo.
Este ordenamiento nos pone en la vía de cumplir obligaciones asumidas en el plano internacional, reduciendo la vulnerabilidad que enfrentan las personas que, por diversas razones, se han visto orilladas a abandonar su hogar, patrimonio y normalidad para partir a un futuro en que la única certeza es el miedo que los acompaña.
Hasta hoy, nuestro marco jurídico ha tolerado situaciones que arrebatan a las personas de su entorno. Han incurrido en omisiones que se traducen en negar los derechos de quienes se han visto desplazados y ha fallado en su obligación de proteger a la ciudadanía, generando violaciones sistémicas a los derechos humanos.
El desplazamiento forzado es, en nuestra realidad y contexto, un fenómeno que ha cobrado importancia por su magnitud, pues ha dejado en la indefensión a un número alarmante y creciente de personas.
La nueva ley propuesta comprende y reconoce las múltiples causas que la generan, que van desde conflictos armados, violencia familiar, discriminación, xenofobia, intolerancia religiosa, situaciones de violencia cotidiana, desastres naturales o emergencias sanitarias. A partir de este reconocimiento se generan mecanismos de atención que buscan revertir, remediar o reparar, según sea el caso.
Las diversas circunstancias que van aparejadas al desplazamiento, desde la dilapidación por extrema necesidad del patrimonio de las personas, la pérdida de sus medios de sustento, o la carencia de vivienda, por repasar algunos ejemplos.
A la vez, busca prevenir y sancionar los delitos que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de recuperar la paz y tranquilidad que dejaron en el camino.
Es una ley que busca generar soluciones duraderas, que va desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantía de no repetición.
Este proyecto recupera y adapta a nuestra realidad las estrategias de atención definidas en diversos instrumentos internacionales, entre los que sobresalen la Declaración de Cartagena, sobre refugiados de 1984 y los Principios Rectores del Desplazamiento Interno o Principios Deng, pautas que se han ido perfeccionando con la experiencia de cada Estado, que ha aportado las mejores prácticas.
Estamos pues, ante un momento de definiciones, que bien podría ser reconocido en el futuro con el punto paradigmático en la solución de este problema. No podemos ya postergar ni seguir atendiendo este fenómeno por la vía del cumplimiento de atinadas y, por su naturaleza, reaccionarias recomendaciones de nuestras y nuestros ombudsman locales y nacional.
Es momento ya de contar con datos, indicadores, estrategias, mecanismos y soluciones para este fenómeno. Todas estas herramientas las contiene la ley que estamos por discutir.
Con la aprobación de esta ley –estoy segura que así será–, acercaremos a nuestro México a la par, basada en la tolerancia y el derecho que con tanta urgencia necesitamos todos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Badillo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar las posturas de sus grupos parlamentarios, a continuación daré el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a los siguientes diputados y diputadas. Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. En el Partido Verde Ecologista de México creemos en el valor de las instituciones nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos.
Hoy, estamos por votar la emisión de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, norma novedosa en el ordenamiento jurídico mexicano y con cuya publicación nos acercaremos a proteger y garantizar por primera vez, de manera coordinada y organizada, los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado interno.
Esta ley es definida como, este desplazamiento –perdón– es definido como la situación en la que las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas de manera expresa o tácita a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia actual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal, internacionalmente reconocida.
Al no haberse cruzado estatal, internacionalmente reconocida esa frontera, podemos distinguirlos de las personas en tránsito extranjeras o migrantes. Sin embargo, ambos grupos vulnerables comparten la misma tragedia de perder propiedad privada, vivienda, domicilio, lugar de pertenencia, familia, por factores fuera de su control y que obedecen más a fenómenos cuyo origen en ocasiones tienen que ver no con la autoridad que afronta o deja de afrontar, sino con eventos que provocan este fenómeno.
Las víctimas de desplazamiento forzado interno se han visto obligadas a dejar posesiones, origen, con tal de salvar su vida, su libertad y escapar de factores que apuntan a consecuencias comunes. El riesgo de perder la libertad y la vida, la falta de visibilidad y de identificación social como víctimas y, hasta antes de la aprobación de esta norma, de vivir el desplazamiento sin una política pública sólida y con la estructura suficiente para atender un fenómeno con consecuencias devastadoras.
La importancia de las leyes generales radica en la capacidad de coordinación, el respeto a las competencias y la integración de fuerzas, para trabajar de manera armónica, en pos de un objetivo común por los tres órdenes de gobierno, lo que refleja claramente en el nombre de la ley y de sus tres mandatos: prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
Organismos especializados, nacionales e internacionales, desde hace décadas han ofrecido al Estado mexicano crear una ley sobre desplazamiento interno, que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno emitidos en el quincuagésimo cuarto periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el 11 de febrero de 1998.
Tales recomendaciones y principios rectores son atendidos en esta nueva ley al vincular, tanto a la federación como a las entidades federativas en el ejercicio de sus atribuciones y facultades en el ámbito de su competencia, reconociendo y visibilizando a la población en situación de desplazamiento forzado interno, buscando concretar una política de solución y atención al desplazamiento forzado interno, atendiendo a la realidad de un problema complejo poco visto y muchas veces mal entendido.
El desplazamiento forzado interno y su atención-prevención ya han sido regulados parcialmente en normas estatales. Incluso el gobierno federal cuenta con algunas atribuciones otorgadas a órganos pertenecientes a la Secretaría de Gobernación, como el Consejo Nacional de Población o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Sin embargo, es evidente que no se ha robustecido lo suficiente para implementar una política de atención primaria e inmediata, como son medidas de atención urgentes a las víctimas de este fenómeno.
En un país en el que sufrimos y vivimos conflictos agrarios, armados, comunales y de propiedad, en el que estamos expuestos continuamente a desastres asociados a fenómenos naturales o en casos muy específicos en ciertas entidades federativas, en el cual continúan prácticas de segregación motivadas por razones culturales, sociales o de otra índole, las víctimas del desplazamiento forzado requieren de este tipo de normativas.
Por ello, es menester atender a este fenómeno que hemos dejado por muchas décadas, ante la falta de una norma clara que distribuyera facultades, competencias y las bases de coordinación para apoyar a las víctimas.
Finalmente, buscamos un país en el que las autoridades tomen en serio el rol de atención, prevención y reparación de esta ley de orden público y aspiren a garantizar la generación, implementación de soluciones...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se ha acabado su tiempo, compañera diputada.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: –Termino–...que, de ser posible, permitan el regreso al reasentamiento y la reintegración a sus lugares de los que fueron desplazados, a su origen, a su historia. Por lo anterior, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villafuerte Zavala.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta Cámara constituye, sin duda, un primer gran paso para la atención de uno de los fenómenos más graves que se han producido en nuestro país, debido al incremento de los índices delictivos y, consecuentemente, de la violencia.
Este es sin duda un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, y a pesar de que existe una preocupación real por este fenómeno, no existe una política eficaz destinada a la atención de quienes, orillados por la violencia que experimentan en su vida diaria, abandonan sus hogares y pertenencias para salvaguardar su vida y la de su familia.
Es por ello que resulta urgente la realización de un diagnóstico pormenorizado que nos indique no solo el número de personas que han sido desplazadas, sino también las causas, los lugares de origen y de llegada, el tiempo por el que fueron víctimas, así como las condiciones en las que viven en los lugares de arribo.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a nivel mundial la cifra de personas víctimas de desplazamiento forzado era, en 2019, de 79.5 millones de personas desplazadas, 45.7 millones huyeron a otras zonas dentro de sus propios países, 4.2 millones esperaban el resultado de las solicitudes de asilo, mientras que 29.6 millones eran refugiados u otras personas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de su país, lo que representa una crisis humanitaria a la que los Estados no le han dado la importancia ni la atención que merece.
En México, durante 2019 hubo más de 8 mil personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, la mayoría de ellas por actos de violencia de grupos armados, lo que da una cifra histórica acumulada de aproximadamente 346 mil personas afectadas.
Esta es una situación que obliga a huir y abandonar el lugar de residencia y no solo genera necesidades en términos de vivienda y seguridad, sino que busca restablecer un proyecto de vida y el pleno ejercicio de sus derechos.
Las personas desplazadas internamente pueden necesitar apoyo económico, ayuda humanitaria, asistencia médica y psicológica, reposición de documentos, apoyo para la realización de trámites administrativos, restitución de tierras y propiedades, así como acceso a mecanismos de justicia y reparación.
Lo anterior, sin duda alguna, se ve agravado por la situación de México como país de tránsito hacia los Estados Unidos, fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos meses y que se ha manifestado en forma de caravanas de migrantes en búsqueda de un permiso para laborar en el país vecino y que en muchas ocasiones terminan quedándose en México, con las consecuencias humanitarias que esto significa.
La desintegración familiar, la pérdida patrimonial, la falta de oportunidades laborales, la pérdida de una educación sistemática, la afectación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, la vivienda y la salud, así como la ruptura de lazos sociales con sus comunidades de origen y la pérdida del arraigo cultural son algunas de las consecuencias que tiene el desplazamiento forzado interno.
Es en este acto que el Estado mexicano atiende las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de emitir a la brevedad una ley que atienda de manera integral el fenómeno que hoy nos ocupa. No hacerlo significaría la revictimización constante de quienes hoy son víctimas de este delito. Es por ello que celebramos el amplio consenso del que goza el dictamen que hoy nos ocupa, dado que se trata de una construcción colectiva de todos los grupos parlamentarios.
Esta nueva ley obliga a la integralidad de la atención del fenómeno. Establece los principios respecto a la asistencia humanitaria, la prevención y la atención prioritaria de la que deben gozar las personas en situación de desplazamiento forzado, sus derechos y las instancias encargadas de la implementación de estas políticas.
Es por todo lo anterior que, ampliamente comprometidos con los derechos humanos, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa su voto a favor del presente dictamen y empeña sus mayores esfuerzos para que la construcción de una política que nos permita la atención integral de este gravísimo fenómeno se plasme en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, cuando una familia o una persona vive insegura o está ubicada en zonas con conflictos armados, zonas de desastre, o su vida la desarrolla en un entorno de violencia generalizada y violación de derechos humanos, se ve orillada a dejar ese territorio, en búsqueda de una vida segura y con oportunidades.
Lo que acabo de describir se le ha denominado desplazamiento interno forzado. Y es que a nadie se le puede obligar a quedarse en territorios adversos. La condición humana demanda buscar un ambiente de seguridad para uno mismo y para su familia.
En Encuentro Social nos hemos pronunciado por defender los derechos sociales de las familias mexicanas, pero algo es cierto, la gran mayoría de la migración que se vive en México es por opción y no por obligación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha señalado, son más de 35 mil personas que huyen de sus lugares de origen porque no tienen un techo donde dormir. Huyen porque la presencia de grupos armados les arrebata una vida honrada y Tamaulipas es ejemplo de ello. Huyen porque quieren llegar a un lugar donde puedan vivir con tranquilidad. Huyen para dejar el abandono, la marginación y la pobreza.
Imaginemos lo que deben vivir una madre y un padre cuando en su municipio el crimen organizado está reclutando jóvenes sicarios o jovencitas para ser compañeras del narco. Se escucha horrible, sí, muy terrible, pero esa es la realidad. Comunidades de México viven así, familias en México hoy están pasando por eso.
Durante el periodo de 2009 a 2018, en México 338 mil 405 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos. Este no es el primer intento en legislar el desplazamiento forzado.
Legislaturas han ido y venido, y no se ha podido consensuar algo que es necesario aprobar. Para la cuarta transformación es crucial que atendamos los desplazamientos internos forzados con responsabilidad, con sensibilidad y, sobre todo, con justicia.
Los desplazamientos no son espontáneos, derivan fallidas políticas que detonó luchas de cárteles en diversos estados. Hoy, celebramos que todas las fuerzas políticas sumemos esfuerzos para votar a favor y aprobar una ley que le hace falta a México.
Las bondades de este dictamen se centran en garantizar los derechos sociales de las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Se delimitan las atribuciones y distribución de competencias entre la federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos para prevenir, atender y proteger, y así dar soluciones duraderas.
De igual manera, da pauta para la creación de un registro nacional de personas desplazadas, y se promueven acciones para fomentar la prevención y garantizar la atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas para proteger los derechos humanos durante un desplazamiento forzado interno.
Hoy, el Estado mexicano ofrecerá soluciones a todas estas familias que salen huyendo de sus casas, sin un plan y sin una ayuda, sin una protección, porque reiteramos, esto se ha convertido en una necesidad.
Era necesario ver luz en la recuperación de los espacios para fortalecer el Estado de derecho y evitar que existan desplazamientos, brotes de violencia, desestabilidad económica que creen problemas sociales que afecten a los menores de edad.
En Encuentro Social estamos a favor de proteger los derechos sociales de todas y todos los mexicanos, por eso acompañaremos este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sosa Ruíz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano e iniciante de la ley a discusión.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputada presidenta. El desplazamiento forzado interno es un fenómeno cuya previsión y tratamiento adecuado se ha ido postergando durante muchos años.
Esta situación ha prevalecido a consecuencia de fenómenos naturales y de algunos conflictos agrarios, lo que generaba la movilidad de personas o hasta una población completa. Dichos eventos no reconocidos, actualmente por el Estado mexicano, fueron más evidentes a partir del año 2000 a causa de diversas situaciones, entre otras, el crimen organizado y también los conflictos étnicos y raciales.
A nivel mundial, el desplazamiento forzado interno se ha originado principalmente por conflictos bélicos, políticos, religiosos y ocasionalmente por desastres naturales.
En nuestro país, desafortunadamente y durante las últimas administraciones, se ha negado dicho problema, donde en un principio se decían que eran daños colaterales o hasta nombrarlo como migración forzada y lo único cierto es que hoy en día tenemos miles de familias como víctimas que se les han transgredido sus derechos humanos en diferentes materias.
Por esta razón, vale la pena recordar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha sido un promotor en el reconocimiento de desplazamiento forzado interno como un problema real.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la pasada legislatura, presentó en los años 2016 y 2017 diversas iniciativas para que se legislara sobre estos hechos y que lamentablemente se quedaron en rezago legislativo.
Desde aquella época, Movimiento Ciudadano ha señalado la fragmentación de comunidades originarias y la movilidad forzada de familias que por amenazas o por miedo o violencia se vieron obligadas a escapar, abandonando sus posesiones y patrimonio o huir de sus lugares habituales, principalmente, a causa de la violencia y la inseguridad generalizada por el crimen organizado, secuestros o extorsiones.
Los estados que más han sufrido dicho fenómeno son las entidades de Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, pero, en casi todas se han presentado fenómenos que de alguna u otra manera han afectado a diversas partes de la población mexicana.
Esto ha traído como consecuencia que las víctimas carezcan de una plena protección física y psicológica, además de no contar con medios económicos y patrimoniales que den sustento digno de vida. Independientemente de los derechos que a los ciudadanos, como el acceso a la salud, vivienda, trabajo y educación, les da precisamente nuestra Constitución.
Hoy, damos paso decisivo en esta materia para reconocer el desplazamiento forzado interno en México como un problema y, en consecuencia, se propone el reconocimiento de diversos derechos para enfrentar este fenómeno social, en conjunto, con la coordinadora y los demás coordinadores de las fracciones parlamentarias de esta Cámara presentamos la presente iniciativa en materia de desplazamiento forzado interno que hoy aprobamos en el presente dictamen, donde se destacan:
Primero. La protección de garantizar los derechos humanos conforme a los principios constitucionales, donde el Estado debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos de las víctimas. Es decir, las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos para la recuperación, en la medida de lo posible, de sus posesiones, propiedades, documentos que hayan perdido a causa del fenómeno.
Segundo. Independientemente de su estatus migratorio, condición física, creencia religiosa, étnica o preferencia sexual, el Estado mexicano debe proporcionar asistencia humanitaria a sus necesidades básicas, conforme a lo establecido por los tratados internacionales y la presente ley, y en mayor razón cuando se trata de mujeres que han sufrido abuso físico o psicológico.
Tercero. Actualmente no existen datos certeros de cuántas víctimas de desplazamiento forzado interno hay en México, por lo que se propone en esta Ley General, un registro de identidad de personas desplazadas y la concurrencia que debe existir entre municipios, entidades federativas y la federación, es decir, una coordinación para la atención.
Por estas razones, las y los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen, a fin de promover y garantizar las condiciones mínimas de humanidad, imparcialidad y no discriminación en contingencia y por causa de desplazamiento forzado interno en nuestro país.
Este es un ejemplo de cómo se legisla en forma adecuada. Suscribimos todos los grupos parlamentarios, generamos una nueva Ley General y creamos nuevos derechos y nuevas posibilidades de su protección por todos los niveles de gobierno del Estado mexicano. Enhorabuena. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bravo Padilla.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores y a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso. Una de las problemáticas que a escala nacional se encontraba sin atender es el desplazamiento forzado interno, ya que no había sido prioridad dentro de la agenda política de los gobiernos anteriores.
Por tal motivo, alcanzó un escenario de gravedad en estados, como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, aunque también en otras entidades federativas, originado por diversas causas igualmente relevantes, recrudecimiento de la violencia de alto impacto, asociada al narcotráfico y al crimen organizado, conflictos sociales, territoriales, religiosos, interétnicos y políticos, discriminación e intolerancia, megaproyectos de infraestructura, disputas sobre los recursos naturales, así como desastres ambientales.
Este flagelo tiene sus primeros registros desde 1972. Sin embargo, un punto de inflexión en términos de desplazamiento forzado interno se dio con el levantamiento armado en Chiapas, a partir de 1994.
Las personas que son afectadas por este fenómeno se ven victimizadas de manera sistemática y se encuentran en condiciones de indefensión, ya que, al ser obligadas a abandonar sus lugares de residencia y actividades económicas habituales, pueden estar más expuestas a ser víctimas de otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones en algunos casos, pérdida de sus familiares, de sus medios de subsistencia, de documentos de identidad, de bienes patrimoniales y económicos. Además, que pueden quedar imposibilitados al acceso a los servicios básicos. Es decir, sus derechos fundamentales quedan completamente vulnerados.
Por tales motivos es necesario, en primer lugar, conceptualizar y dimensionar el fenómeno que se establezca en un marco legal, general, donde se establezcan las directrices de atención y prevención del desplazamiento interno forzado, señalando las diferentes dimensiones del fenómeno, tales como la temporalidad del desplazamiento, la dirección y el proceso de selección del lugar de destino, las distancias recorridas, las estrategias utilizadas por las familias, los cambios en la salud física y emocional. El acceso a recursos monetarios o de otra índole que permitan financiar y adaptarse al sitio de destino, así como el manejo de los bienes inmuebles que dejaron abandonados.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, celebramos que con la aprobación de esta iniciativa, el gobierno de México reconoce el fenómeno de desplazamiento forzado interno, tomando como base de política pública la prevención, la atención y establecimiento del acceso a soluciones duraderas a las personas que han atravesado por esta situación.
Esta ley toma en consideración los principios rectores, asimismo armoniza con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos humanitarios.
Es importante destacar que a través de sus 10 títulos, se contrarresta la evasión constante de responsabilidades de las autoridades para atenderlo en todos sus niveles de gobierno, teniendo así un Estado de certidumbre jurídica a través del mecanismo nacional y, que a través de soluciones duraderas se contempla que las personas en situación de desplazamiento forzado interno, tienen necesidades diferenciadas y que experimentan distintas situaciones de vulnerabilidad, tomando en cuenta los factores que dieron origen a esta situación.
Actuar a favor de la población internamente desplazada, no es un solo acto humanitario y coherente con derechos humanos, sino representa una estrategia para mantener el tejido social y la seguridad política de un Estado, ruta plasmada desde la cuarta transformación, y que el Partido del Trabajo respalda plenamente. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Roblero Gordillo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta.
El desplazamiento forzado interno permanece como uno de los saldos más grandes en la consolidación de los procesos democráticos de México y en el mundo. Este fenómeno social ha crecido en forma muy significativa en los últimos años por el incremento de conflictos armados, de guerras, de presencia de grupos del crimen organizado, así como el crecimiento desproporcionado de centros económicos.
De acuerdo con datos recientes de la ONU, en el mundo cada dos segundos una persona es desplazada de su lugar de origen, lo que significa que más de 40 mil personas al día se están moviendo de manera forzada alrededor del planeta.
Pese a los grandes retos que esto conlleva, hoy tenemos la gran oportunidad para reconocer y para corregir las políticas que lo han fomentado, íntimamente ligadas con la manera en la que construimos y diseñamos nuestras naciones.
Los flujos incalculables de migración han significado, en la mayoría de los casos, una clara exclusión para millones de personas y se han afianzado como un obstáculo estructural que se transforma en violaciones permanentes a los derechos humanos.
En el México contemporáneo el desplazamiento forzado se puede trazar con datos que en la década de los setenta, donde conflictos sociales que cruzaron desde la intolerancia religiosa, hasta la disputa por el territorio, o incluso por recursos esenciales para la vida como es el agua, han impactado la vida de miles de personas.
Sabemos que abandonar la tierra donde uno creció, donde creció tu familia y el lugar donde se encuentran las raíces más profundas de la identidad, nunca ha sido fácil. Sin embargo, ese panorama es mucho peor cuando se huye por razones ajenas a nuestra voluntad.
En nuestro país esto ha afectado a cerca de medio millón de personas, que dejaron atrás sus anhelos. En ese sentido, el Estado mexicano no puede permanecer ajeno.
En el PRI acogimos esta deuda desde el 2012, cuando en el Senado de la República, en nuestra fracción, impulsamos foros nacionales para atender esta problemática, y por ello hoy celebramos doblemente que lleguemos a este dictamen con la aprobación de todas las fuerzas políticas.
De aprobarse esta ley, descansará esencialmente en el artículo 1o. constitucional, para reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, con una clara distribución de competencias en los tres órdenes de gobierno y un sentido de federalismo cooperativo.
Seguro habrá soluciones satisfactorias y duraderas. Nunca más quedarán invisibles los rostros de tristeza de quienes abandonaron sus hogares, pues con el mecanismo nacional para prevenir, atender y generar soluciones en materia de desplazamiento forzado interno, se mandata a los gobiernos a activar acciones de protección de los derechos humanos.
Ahora se podrá identificar claramente con nombre, lugar, tiempo y razón mediante el Registro Nacional de Personas Desplazadas, a este fenómeno que debe ser combatido en todos los rincones de nuestro país.
Sin duda esta ley representará un nuevo reto de coordinación entre la federación, los estados y los municipios. Pero solo así podremos contar con la emisión objetiva de los avisos oportunos de riesgo, mismos que bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación serán fuente no solo de legalidad sino de legitimidad mediante los diagnósticos respectivos.
Hay que decirlo y hay que decirlo bien, es muy alentador que en estos momentos de crisis de los derechos humanos como los que atraviesa México surja una ley como esta, que no solo visibiliza el problema, sino además mandata una serie de medidas de asistencia humanitaria en cualquier evento de desplazamiento.
Esta ley no solo trata de la reparación de daños y soluciones duraderas, sino de hacer justicia en contra de quien sin fundamento y mediante actos violentos ocasione que las personas abandonen su hogar, por lo que se harán acreedores a penas de hasta 16 años de prisión.
Con esto hoy damos cuenta de que esta legislatura, además de sentirnos muy orgullosos por lo que hemos realizado, mantiene su firme compromiso con los derechos humanos de todas y todos sin excepción.
Finalmente, hacemos un llamado para que la creación de este Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno, administrado por la Secretaría de Gobernación y con presupuesto etiquetado, abra la conversación para reflexionar sobre la importancia de conservar otros fondos y fideicomisos que atiendan diversas asimetrías que afectan a todos los habitantes de este país. Por su atención, muchísimas gracias. Y por su voto a favor, también. Muy buenas tardes.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Álvarez García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Torres Graciano: Gracias, presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy nos ocupa, y que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobernación y Población, tiene como objeto uno de los temas que teníamos pendientes y que es de esos temas sensibles, bondadosos, que buscan garantizar los derechos humanos, avanzar en su protección y, sobre todo, cuidar a aquellos grupos con mayor riesgo de ser vulnerables por diversas circunstancias, y por ello es que logra el consenso de todas las fuerzas políticas.
Quiero dar algunos antecedentes. El primero es el que, precisamente, este dictamen es producto de una iniciativa que suscribieron varias diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos cabe destacar a los coordinadores de las diferentes fracciones.
Y también hay un antecedente que tiene que ver con un fenómeno que se dio en el mundo por años y que no había sido atendido, el tema, precisamente, el desplazamiento forzado que sufrían pueblos o grupos de personas por situaciones de violencia, por situaciones de desastre natural o porque eran forzados por grupos más fuertes que los obligaban a dejar su lugar de origen o de residencia habitual.
Creo que con este dictamen, que también busca atender lo que ya desde el año de 1998 suscribió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al establecer los principios rectores para garantizar, atender, prevenir y reparar integralmente el desplazamiento interno forzado, y que hoy retomando esos principios rectores, que en su momento el Alto Comisionado de la ONU expidió, pues hoy con esta ley se busca precisamente materializar estos principios y darles un alcance que realmente logre su objetivo.
Y es así como este dictamen, y esta propuesta de ley, pretenden reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado y en un estado de contingencia.
Crea mecanismos para hacer efectivos estos derechos. Crea un mecanismo nacional de operación, un fondo nacional para atender el problema y también un registro de personas desplazadas.
También, en este dictamen se pretende generar e implementar políticas para garantizar la prevención, la atención, protección y generación e implementación de soluciones duraderas. Entendiendo como solución duradera cuando las personas internamente desplazadas logran, por medios propios o por medidas establecidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno, satisfacer sus necesidades de asistencia y protección vinculadas a ese desplazamiento, y que puedan disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación por su condición de desplazamiento.
En lo que respecta a la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se señala que deberán sujetarse a los principios de certeza, de confidencialidad, del debido proceso, del respeto a la dignidad de la persona, a la buena fe, a la gratuidad, a la honradez y, sobre todo, cuidar el derecho del interés superior de la niñez, cuidar la legalidad y la unidad familiar, atribuciones que se establecen para estos tres órdenes de gobierno y también para los organismos autónomos que sean competentes en la materia.
Será importante reconocer que, en este mecanismo, que también establece la necesidad de un fondo, tenemos que atenderlo en la discusión del próximo presupuesto para el año 2021, que tenemos que dar los recursos suficientes para garantizar la efectividad de esta ley. Que no vaya a ser que con el pretexto de la austeridad le regateemos recursos y esta ley la convirtamos en un instrumento de letra muerta, como muchas veces sucede.
Ojalá que podamos considerar los recursos suficientes para atender este problema y, sobre todo, para atender a estos grupos de personas o de pueblos que por estas situaciones ajenas a su voluntad se ven en una situación que las hace vulnerables, que las hace, pues, un factor de atender por el Estado mexicano. Porque de lo contrario, tendríamos que decir que pues hicimos una ley más pero no solucionamos un problema. Para ello hay que ser eficaz y eficiente, y se va a requerir la implementación de la ley, y para ello va acompañada con los recursos suficientes.
Es preciso también resaltar que la comisión dictaminadora atendió esta iniciativa también con el mecanismo de parlamento abierto, donde convocó especialistas, a funcionarios, académicos para conocer y recoger sus opiniones y poder enriquecer este dictamen. Y es así como se llega a un dictamen que, repito, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobernación y que hoy estamos aquí discutiendo.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, manifestamos nuestro apoyo a este dictamen y a cualquier otra propuesta que en el futuro surja para atender y garantizar los derechos humanos para atender aquellos grupos de personas que se encuentran en situación vulnerable y para seguir avanzando en un Estado democrático que atienda...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Fernando Torres Graciano: ... las necesidades de los que menos pueden y de los que menos tienen. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Torres Graciano.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Beatriz Dominga Pérez López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos poblacionales que más afectan y transgreden los derechos humanos del pueblo de México.
Este fenómeno se presenta cuando las personas son obligadas a abandonar su hogar a causa de la violencia, la presencia de desastres naturales, la discriminación, el crimen organizado, entre otras razones.
De conformidad con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, de 2006 al 2018, 338 mil 400 personas fueron internamente desplazadas por la violencia que se vive en México.
Eso expone la gravedad del asunto y nos obliga, como órgano legislativo, a robustecer el marco normativo con el objetivo de contener, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, así como sus consecuencias.
El dictamen que hoy analizamos viene a sumar en esta tarea, pues su principal objetivo es el expedir una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. A la par, establece una coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y algunos organismos autónomos, encaminados a restaurar el tejido social y consolidar políticas públicas que disminuyan el flujo poblacional involuntario en México.
Quisiera resaltar de esta ley la creación de un mecanismo nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas, órgano que se encargará de estudiar, evaluar e implementar la política nacional de prevención y atención en la materia. Dicha política nacional deberá contener diagnósticos, líneas de trabajo, objetivos estratégicos, monitoreo e identificación de áreas de oportunidad para la correcta atención del desplazamiento forzado interno.
Con el mecanismo aseguramos que el desplazamiento forzado sea atendido de manera integral y escuche la pluralidad de las voces, permitiendo una mejor toma y ejecución de decisiones.
Asimismo, la ley que el dictamen propone expedir expresamente señala que toda persona desplazada tendrá derecho a recibir asistencia humana oportuna, respetando las necesidades específicas de acuerdo con su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otras.
Con esto, elevamos la norma jurídica a los máximos estándares internacionales en la materia, y abrimos paso a que las personas desplazadas involuntariamente tengan acceso a alimentos, agua, cobijo, vivienda, vestido y primordialmente asistencia médica y psicológica.
Quiero subrayar que la expedición de esta ley nos evidencia como un Poder Legislativo responsable y comprometido con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los grupos vulnerables desplazados forzosamente en el territorio mexicano.
Ahora, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se encontrarán obligadas a unir esfuerzos para crear escenarios benéficos para la población, que garanticen una disminución en los efectos negativos que representa el desplazamiento forzado interno.
Sin duda este dictamen impulsa un cambio importante para el comportamiento de la sociedad mexicana y sus autoridades. Los grupos vulnerables desplazados por la delincuencia ya no estarán desprotegidos ni serán ignorados por las administraciones públicas.
Estamos conscientes que la aprobación del dictamen es solo un paso más en el camino al fortalecimiento del tejido social y que hay mucho por hacer. De ahí que los invito a todos a votar a favor y reafirmar así la convicción de atender a los más desprotegidos para mejorar su calidad de vida. Nuca más un México sin nosotros. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas ante el dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión, en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por cinco minutos. Tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia presidenta. Conflictos armados, crimen organizado, secuestros, intimidaciones, cuestiones religiosas o políticas, despojo de tierras o fenómenos naturales, así como por violencia generalizada o violaciones de derechos humanos están ocasionando que miles de mexicanos abandonen sus comunidades.
Tener que escapar de tu hogar, olvidarte de tus raíces, dejar atrás a tus seres queridos y al patrimonio que por años trabajaste para construir es algo que como legisladores no podemos permitir.
Hoy, en nuestro país más de 338 mil personas han sufrido un desplazamiento forzado. Son miles de mexicanos que se están viendo obligados a abandonar sus lugares de residencia.
Ante esta problemática, desde el Poder Legislativo se presenta el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender, Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, como una respuesta ante este problema que tanto lastima a nuestro país.
Es una acción alineada a los diferentes marcos internacionales como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, los Principios Rectores del Desplazamiento Interno del Sistema de Naciones Unidas y los Principios sobre restitución de las viviendas y el patrimonio de las personas refugiadas y desplazadas.
Es también una acción apegada a las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de crear un marco normativo que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno y que cuente con un ámbito federal, con una institución que sea responsable de proteger a víctimas, para que cumpla con todas las obligaciones y compromisos internacionales.
El Poder Legislativo Federal ha buscado materializar, por años, lo que hoy estamos a punto de concretar, redactando un instrumento legal desde una perspectiva basada en el respeto a la integridad y los derechos de las personas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos.
Hasta el momento, no existen datos o instrumentos precisos para medir puntualmente este fenómeno en México, por lo consiguiente, el proyecto de decreto que nos ocupa crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas como una herramienta que dará certidumbre, a fin de generar datos concretos y con ello aplicar una política publica más enfocada al fenómeno. Acción que se verá reforzada por el programa nacional.
De igual manera, contará con una autoridad garante que protegerá los derechos de los desplazados, por lo cual se establece el mecanismo nacional, el cual será encabezado por la Secretaría de Gobernación como un órgano colegiado, y en el cual coadyuvarán más de 32 instituciones del Estado, con el fin de diseñar, evaluar y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno.
Por ser una Ley General se origina la concurrencia de atribuciones entre la federación, entidades federativas y municipios, con el propósito de alinearse y coordinarse con un mecanismo nacional, a fin de apoyar, coadyuvar y colaborar en tareas de prevención y atención al fenómeno.
Se propone a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como una unidad administrativa encargada del registro, atención y asistencia humanitaria, por su amplia experiencia y especialización.
Este dictamen es solo un primer paso para dar soluciones a quienes han sido desplazados, ya que los artículos transitorios del proyecto de decreto imponen más responsabilidades al Poder Legislativo, que tendrá que atender y dar seguimiento, como lo son: asignar anualmente recursos económicos para el Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno. Modificar la legislación penal, con la finalidad de tipificar el delito de desplazamiento forzado interno. Expedir la Ley General de Registros Civiles y renombrar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno.
Celebramos que la iniciativa que hoy se dictamina haya sido rubricada por los diversos coordinadores parlamentarios, dejando en claro que existe voluntad a resolver problemas y no que solo se discuten, se presentan soluciones consensuadas a los mismos. Por eso manifestamos nuestro sentir y compromiso común, haciendo a un lado discordias y privilegiar la unidad.
Hoy nos congratulamos por el diálogo que se dio, que dio paso al consenso para aprobar el dictamen, ya que será una herramienta que nos ayude, que nos ayudará a prevenir, atender y respetar íntegramente este fenómeno que victimiza de manera sistemática a miles de personas.
Por último, quisiera reconocer y dar reconocimiento especial a todas las personas, académicos de la sociedad civil organizada, activistas sociales y distintos sectores públicos interesados en este fenómeno, que participaron en la realización de este proyecto de decreto.
Estoy segura con esas aportaciones será posible transformar la realidad de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Prudencio González. Tiene la palabra el diputado Marcelino Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El diputado Rivera Hernández hablará a favor.
El diputado Marcelino Rivera Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para el Partido Acción Nacional los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia, son expresión concreta de dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos humanos no hay democracia.
De su pleno conocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho.
En la consecución de dicha finalidad, el día de hoy nos encontramos discutiendo un dictamen de especial trascendencia para la protección de las y los mexicanos que más requieren la protección del Estado, al ser presos de violencia física y psicológica, que no les permite cumplir con sus proyectos de vida.
Las personas que son objeto de desplazamiento interno son obligadas principalmente por la delincuencia organizada y la violencia a abandonar sus propiedades, su hogar, llenos de miedo y expectativas ante un futuro incierto, en el que solo buscan sobrevivir y ser felices.
La ONU, a través de los principios rectores de los desplazamientos internos, ha señalado como otras causas que motivan el desplazamiento forzado el evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes, naturales o provocados por el ser humano, la falta de medios de subsistencia, así como también puede ocurrir por racismo, intolerancia religiosa y discriminación.
Y quienes vivimos en población indígena sabemos que esa discriminación hacia los indígenas, muchas veces es por intereses económicos o muchas veces es por hacer obras faraónicas. Condiciones actuales parece que esta situación seguirá recrudeciéndose.
Aunado a lo anterior, como se reconocen las consideraciones del dictamen, en nuestro país ha existido una falta de registros de estos desplazamientos, lo cual es una muestra de la clara necesidad de fortalecer aquellas medidas que permitan contar con las herramientas necesarias que permitan atender y erradicar este tipo de situaciones.
Ante dicha situación, es momento que desde los tres órdenes de gobierno y desde los Poderes de la Unión correspondientes, comencemos a cumplir con nuestra obligación constitucional de proteger y garantizar el correcto ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos.
Por lo que la expedición de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, viene a reafirmar nuestro deber de vigilar el respeto de los derechos de educación, de vivienda, el derecho a la salud y un medio ambiente sano y sobre la protección de la vida y la integridad. Pero además, con este tipo de legislaciones avanzaremos en el propósito de prevenir y reaccionar sobre sus causas y efectos.
Por ello, cabe destacar que con la ley que está por expedirse, se retoman aspectos previstos en los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, así como aquellas recomendaciones de organismos internacionales y nacionales en el tema, lo cual es razón suficiente para estar a favor de su expedición.
Como aspectos a destacar en su contenido podemos mencionar la creación del mecanismo nacional para prevenir, atender, para generar soluciones en la materia y que estará integrado por diversas secretarías de Estado, las cuales estarán debidamente coordinadas por la Secretaría de Gobernación como la principal dependencia encargada de la movilidad de personas en el país, la cual deberá elaborar el programa nacional en la materia, y a cuya adscripción se encuentran tanto el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Por lo cual, conforme a esta reforma, se adhiere un área específica para atender el tema de desplazados. Asimismo, se establecen claramente las obligaciones en la materia que tendrán a su cargo las autoridades federales, estatales y municipales, así como los derechos de las personas que sufran dicha condición, que deberán ser respetados y garantizados por todas las autoridades.
Aunado a lo anterior destacamos que la creación del Fondo Nacional para la Atención del Desplazamiento Interno es importante, pero también congruentes tendremos que ser. ¿Por qué? Porque también proponemos en otro tema: eliminar el Fonden. Así creamos un fondo, preeliminamos el Fonden. Y recordemos que ese fondo también en los desastres naturales nos permite muchas veces tener crisis en nuestra comunidad y, a su vez, con esa crisis de desastre natural nos hace que nos desplacemos hacia otras regiones o lugares, así sean por temas naturales o catastróficos.
El día de hoy requerimos redoblar acciones como esta. Requerimos que desde el gobierno federal se pongan inmediatamente en marcha acciones contundentes para, principalmente, erradicar la comisión de delitos a cargo de la delincuencia organizada.
Ante ello, en el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, reiterando nuestra obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas que se encuentren en territorio nacional, convencidos de que todas las acciones encaminadas a proteger la vida y la dignidad humana deben ser privilegiadas por encima de proyectos de infraestructura innecesarios en todos los órdenes de gobierno. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rivera Hernández. Tiene el uso de la palabra, la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.
La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena hemos demostrado más de una vez nuestro apoyo a los más vulnerables, y esta no es la excepción.
En México, desafortunadamente, desde 1972, se han denunciado, por una parte, los desplazamientos ocurridos en pueblos indígenas por cuestiones religiosas, políticas o despojos de tierras; y, por la otra, desplazamientos de poblaciones rurales afectadas por la construcción de grandes obras de infraestructura y también por fenómenos naturales, como terremotos, huracanes e inundaciones que han afectado a poblaciones enteras.
Sin embargo, una causa del desplazamiento forzado en los últimos años ha sido la violencia de alto impacto, derivada del crecimiento de las redes del narcotráfico y el crimen organizado.
A pesar de que este fenómeno durante años ha obligado a las personas a huir de su hogar, no contamos con los instrumentos jurídicos para hacer frente al problema. No obstante que, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2015 y 2016, respectivamente, emitieron una serie de recomendaciones en materia de desplazamiento forzado interno.
Entre las recomendaciones mencionadas, la que nos compete es la creación de una ley sobre desplazamiento interno que establezca una institución responsable de proteger a las víctimas.
Estamos convencidos de que para hacer frente a un problema el primer paso es aceptar su existencia. Por ello, las y los diputados de Morena apoyaremos el dictamen que hoy se somete a votación. En principio, porque será un acto de reconocimiento manifiesto del Estado mexicano sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno, que por años había sido ignorado.
Pero, sobre todo, porque por fin contaremos con un marco legal que otorgará protección a los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, poniendo especial énfasis en la prevención, atención y reparación integrales.
No más violencia a los derechos humanos. Todas y todos debemos vivir en condiciones dignas y seguras. Proteger y garantizar los derechos humanos de la víctima, así como prevenir nuevos desplazamientos es la meta.
En unidad y con responsabilidad, votemos a favor del dictamen y otorguemos los instrumentos jurídicos para alcanzarla. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guerra Méndez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Toda vez que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, procederemos a la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
En primer lugar, se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados que se encuentren presentes emitan su voto. Después se llamará a las y los diputados en bloques, por grupo parlamentario, de menor a mayor, para que de igual manera registren su voto.
El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta que el último de los y las diputadas haya registrado su voto. Inmediatamente la Secretaría da cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las diputadas y los diputados que ya hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para dar paso al primer bloque. Se pide a la Secretaría que llame al primer bloque de diputadas y diputados integrantes por los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, y diputada y diputados sin partido, para que procedan a votar en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto en un solo acto.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se pide a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, y diputados y diputadas sin partido procedan a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañeras y compañeros diputados, atentamente les solicito a que quienes ya emitieron su voto se sirvan retirar del salón de sesiones. Recuerden que estamos en contingencia sanitaria y hay medidas de sana distancia y de seguridad para conservar la salud de las y los diputados, de nuestros colaboradores y, en general, de todas aquellas personas con las que interactuamos.
Sirvan, por favor, abandonar el salón de sesiones si ya hayan emitido su voto. Cuando concluya la votación llamaré a que se reintegren todas aquellas y aquellos diputados cuyos grupos parlamentarios los hayan designado para permanecer en el salón de sesiones. En tanto, por favor, abandonen este recinto una vez que hayan emitido su voto.
Pido a la Secretaría que llame al segundo bloque, integrado por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena para que procedan a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en un solo acto.
Asimismo, que la Secretaría realice las llamadas para que las y los diputados de los distintos grupos parlamentarios y diputados sin partido, puedan emitir su voto en este momento. Es el último bloque de votación. Proceda la Secretaría.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y a todas y todos las diputadas y diputados que falten por emitir su voto, procedan a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De acuerdo a la asistencia restan cuatro diputadas, diputados por emitir su voto. Atentamente solicito a la Secretaría realice un último llamado para que lo puedan emitir sabiendo que una vez cerrado el sistema de votación no se pueden admitir votos de viva voz. Adelante, la Secretaría.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se pide a las y los diputados que falten de emitir su voto procedan a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: se obtuvieron 395 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 395 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales..
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